El estado de emergencia que vive el país por cuenta de la pandemia mundial de coronavirus se siente en todas las actividades, y el ámbito jurídico no es una excepción. Acudiendo al artículo 215 de la Constitución Política, el presidente Iván Duque ha dictado disposiciones para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. En este especial puede encontrar las decisiones tomadas no solo por el Ejecutivo, también por la Rama Judicial y el Distrito Capital, con la posibilidad de descargar los decretos de este estado excepcional Noticias publicadas:
ÁMBITO JURÍDICO consultó a distintos especialistas en Derecho Laboral para que nos dieran su opinión sobre los recientes decretos expedidos por el Ejecutivo.
Consultamos a varios penalistas para conocer su opinión respecto al Decreto 546. Profesores colombianos y extranjeros advierte un “genocidio carcelario”.
Recordamos también varios conceptos del Ministerio del Trabajo en los que se han despejado algunas dudas en torno a esta materia.
Invitamos a distintos expertos para que analicen la normativa expedida de interés general para la población colombiana.
Distintos abogados especialistas en esta rama del Derecho opinan sobre el control automático de constitucionalidad que aplicará el alto tribunal a la normativa del Gobierno Nacional por la pandemia.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Decreto 881, del 25 de junio, adoptó medidas transitorias en materia de operaciones de comercio exterior y otras relacionadas para mitigar los efectos derivados de la emergencia sanitaria provocada por la propagación del coronavirus (covid-19).
El Gobierno prorrogó el término establecido en el artículo 1 del Decreto 527 del 2020, con el que estableció restricciones a la importación de alcohol carburante para no colapsar la industria azucarera, la medida irá hasta el 8 de julio de este año. El Ejecutivo, previa evaluación de los ministerios de Agricultura, de Minas y de Comercio, valorará la prórroga acorde a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y las medidas de confinamiento para su atención.
La prohibición de las exportaciones regulada en el Decreto 462 del 2020 no será aplicable a las operaciones correspondientes a situaciones jurídicas consolidadas, esto para las que se deriven de negocios jurídicos que se hayan celebrado antes de la entrada en vigencia de la norma, de conformidad con el numeral 4 del artículo 1° de la Resolución 445 del 2020. Estas circunstancias deberán acreditarse ante la Dian al momento de la exportación, con copia de los contratos, facturas, órdenes de pedido o de compra o documentos similares u homólogos que demuestren la existencia de la situación. En consecuencia, cuando se trate de la excepción antes indicada, la importación - exportación del Plan Vallejo y mercancía que haya ingresado a puerto, aeropuerto o depósito habilitado con destino a la exportación, antes de la entrada en vigencia de la norma, no requerirá la autorización del Ministerio de Comercio de que trata artículo 6° del Decreto 462 del 2020 y el artículo 7° de la Resolución 457 del 2020.
Para efectos de lo previsto en el artículo 23 del Decreto 285 del 2020, los términos establecidos para la presentación del estudio de demostración por parte de los usuarios de los sistemas especiales de importación - exportación de materias primas e insumos; de bienes de capital y de repuestos y de exportación de servicios se amplían por seis meses, únicamente para los estudios de demostración que deban presentarse durante la vigencia del año 2020. La ampliación del término también aplica a los saldos por demostrar que se deban presentar durante este 2020. En los programas de reposición, el plazo previsto en el artículo 9 del Decreto 285 para la presentación de las declaraciones de importación por parte del usuario para aceptación por parte de la Dian se amplía por seis meses. Las zonas francas permanentes, zonas francas permanentes especiales, usuarios operadores, usuarios industriales de bienes y/o servicios y usuarios comerciales presentarán un solo informe correspondiente al cumplimiento de actividades y compromisos a su cargo durante el periodo de enero a junio del 2020 hasta el 30 de julio del mismo año.
Por medio del Decreto 527, del 7 de abril, el Ministerio de Agricultura determinó que, por el término de dos meses, la importación de alcohol carburante tendrá lugar únicamente para cubrir el déficit en la oferta local frente a la demanda que se presente y cuando quiera que se requiera para el cumplimiento de los porcentajes de mezcla en las distintas zona del país, que son atendidas dentro del programa de oxigenación de las gasolinas colombianas. El volumen de alcohol de origen importado que haya sido autorizado y esté en tránsito o hubiese arribado a un puerto colombiano o esté almacenado podrá ser utilizado para efectos de la mezcla obligatoria con combustibles fósiles, durante la vigencia de la norma. El motivo de la medida es que no se colapse la industria azucarera, en el marco de la emergencia ocasionada por el coronavirus (covid-19).
Con el Decreto 523, ante la coyuntura mundial y mediante Decisión 805, la Comisión de la Comunidad Andina dejó sin efecto las decisiones 370, 465 y 535 y aquellas que las hayan sustituido, modificado o complementado sobre el Arancel Externo Común, y dejó a consideración de los países miembros la posibilidad de continuar aplicando el artículo 8 de la Decisión 370, el anexo 1 de la misma, y la Decisión 371, en la parte que corresponde a la aplicación del Sistema Andino de Franjas de Precios. Por lo anterior, Colombia tomó la decisión de suspender la aplicación del mencionado sistema para los siguientes productos: maíz amarillo duro (subpartida arancelaria 10.05.90.11.00); sorgo (subpartida arancelaria 10.07.90.00.00); soya (subpartida arancelaria 12.01.90.0000) y torta de soya (subpartida arancelaria (2304.00.00.00). La suspensión del sistema aplicará únicamente para los anteriores productos. Por último, se difiere el arancel aplicado a 0 % hasta el 30 de junio del 2020 para dichos productos, medidas prorrogables por tres meses adicionales previa valoración del Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios.
A través del Decreto 463, del pasado 22 de marzo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció un arancel del 0 %, ad valorem, para la importación de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos químicos, artículos de higiene y aseo, insumos, equipos y materiales requeridos para el sector agua y saneamiento básico, por el término de seis meses y con el fin de mitigar el impacto sanitario de la pandemia coronavirus (covid-19). De acuerdo con la norma, los productores e importadores de estos productos deben priorizar su distribución, venta al por mayor y al detal de manera controlada y en el orden previsto. Los ministerios de Salud y Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo establecerán los términos y condiciones aplicables a la disposición.
En el marco de la emergencia sanitaria declarada, y como parte de las medidas preventivas y de contención del coronavirus, el Gobierno determinó establecer el 0 % de arancel a la importación de 110 subpartidas de los sectores de la salud y la aviación. Así lo establece el Decreto 410, del 16 de marzo del 2020, en el que se identifica que del total, 18 subpartidas corresponden a medicamentos, insumos, aparatos, dispositivos y equipos del sector de la salud, esto con el propósito de facilitar su importación para que las entidades de salud puedan prestar sus servicios adecuadamente a la población, así como para la dotación de unidades de cuidados intensivos o intermedios neonatal, pediátrica o de adultos y salas de atención de enfermedad respiratoria aguda. Entre los bienes que cobija este decreto para el caso de la salud están, por ejemplo, oxígeno, compresas, jabones, gel antibacterial, máscaras especiales para la protección de trabajadores, guantes para cirugía, mascarillas para protección y cuna para cuidado intensivo con mecanismo de elevación eléctrico, entre otros.
Ante la coyuntura y el impacto económico de la pandemia coronavirus (covid- 19), la Dian, mediante Decreto 436 del 2020, indicó que para no generar traumatismos en la operación de comercio exterior se requiere tomar las siguientes medidas: (i) aumentar el periodo de vigencia de los usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores: la vigencia del reconocimiento e inscripción de estos se prorroga hasta el 31 de mayo del 2020. Este plazo se extenderá de manera automática mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria; (ii) garantías: los usuarios que a la fecha de entrada en vigencia del decreto tengan aprobada una garantía global como usuario aduanero permanente o usuario altamente exportador, con una vigencia igual o superior al 31 de mayo del 2020 y tres meses más, es decir, hasta el 31 de agosto, no deberán presentar otra garantía para continuar con su registro aduanero. Para los usuarios aduaneros permanentes o usuarios altamente exportadores que a la fecha tengan aprobada una garantía global que ampare dichos registros, con una vigencia inferior al 31 de mayo y tres meses más, deberán presentar ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero de la Dian una nueva garantía con un monto igual al de su última renovación, o la modificación de la garantía actual que los ampara como usuarios aduaneros, modificando el objeto y ampliando la vigencia de la garantía, según el caso.
Con el fin de tomar medidas preventivas y unir esfuerzos para contener los efectos de propagación de la pandemia global provocada por el covid-19 en el país, el Ministerio de Comercio expidió un decreto (411) con medidas transitorias para articular la normativa de las zonas francas con los lineamentos de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional (Resolución 385 del 12 de marzo del 2020, expedida por Minsalud). La norma permitirá, de manera temporal y hasta por el término que dure la declaratoria de la emergencia sanitaria, que los empleados de las zonas francas realicen su labor fuera del área declarada y el usuario operador deberá autorizar la salida de los equipos de telecomunicación necesarios para el contacto entre el trabajador y la empresa. Igualmente, la reglamentación dispone que para las zonas francas transitorias declaradas a la fecha y que se ven obligadas a suspender sus eventos feriales se establece que el periodo de declaratoria podrá ser prorrogado por una sola vez y hasta por 12 meses.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó las medidas y recomendación que rigen en la ciudad el día de hoy, 3 de julio, al adelantarse la segunda jornada del día sin IVA.
La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió dos nuevos decretos adoptando medidas transitorias para garantizar el orden público en varias localidades y dar continuidad al aislamiento obligatorio.
Para aliviar la situación económica de los deudores, los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás obligados pueden acceder a varios beneficios en impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes.
La Alcaldía Mayor de Bogotá profirió el Decreto 137, que amplía las fechas de presentación y pago de algunos tributos distritales, así como también autoriza el pago por cuotas.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció esta mañana que iba a derogar el parágrafo del Decreto 131 que, en sus palabras, generaba confusión respecto del registro obligatorio en la aplicación digital Gobierno Abierto de Bogotá (GABO) para poder movilizarse por Bogotá.
A través de las circulares externas 61, 62 y 63 del 2020, el Ministerio del Interior (Mininterior), en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsalud), dictó nuevas medidas para la prevención, control y mitigación del covid–19 en Cali, Bogotá y Cartagena.
La situación no ha sido fácil para los empresarios y profesionales que declaran y pagan el ICA y reteICA, por lo que se ampliaron estas fechas.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recordó a la ciudadanía las medidas que rigen para la nueva etapa de aislamiento obligatorio preventivo, que inicia hoy, entre las que se encuentra el uso obligatorio del tapabocas en todos los espacios.
La alcaldesa también explicó las determinaciones para garantizar la prestación del servicio público de transporte y la movilidad en la ciudad de Bogotá.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Salud, pone al servicio de la ciudad y la región central del país el centro hospitalario transitorio en el cual se atenderán pacientes de enfermedad general, de mediana y baja complejidad que no se encuentren enfermos de coronavirus (covid-19). Esta iniciativa tiene como propósito aliviar la capacidad de los hospitales y clínicas de la capital del país que actualmente están realizando expansiones a sus unidades de cuidados intensivos para atender la emergencia. Según el comunicado, el centro ya cuenta con 650 camas instaladas que se irán ocupando progresivamente, 200 de las cuales están listas para recibir los primeros pacientes. La primera fase del proyecto, que irá creciendo en capacidad y dotación de servicios según la demanda, también cuenta con 160 puntos de red de oxígeno, cinco estaciones de enfermería, 50 computadores con el software para manejar historia clínica electrónica, 43 duchas, 64 baterías sanitarias y 38 lavamanos. A través de esta iniciativa se brindarán servicios de medicina interna, pediatría, post-operatorios de cirugía general y ginecoobstetricia, con un equipo interdisciplinario de especialistas, médicos generales, enfermeros profesionales, auxiliares de enfermería, profesionales de la salud en nutrición, terapia respiratoria, fisioterapia, trabajo social, personal asistencial, administrativo y de servicios generales, entre otros servicios.
El sustento de muchos propietarios depende del pago de los cánones de arrendamiento; sin embargo, se les invita a que sean comprensivos y escuchen las propuestas de sus arrendatarios.
El Distrito Capital ha adelantado diferentes acciones para garantizar y preservar la vida y la salud de los habitantes de la ciudad expidiendo decretos de restricción a la movilidad ciudadana y medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Bajo este contexto, las autoridades de control y la ciudadanía pueden requerir información sobre las motivaciones de los actos expedidos, situación que amerita la conservación ordenada en archivos de la documentación y soportes de las decisiones adoptadas. La administración de Bogotá puso a disposición el Sistema de Información Régimen Legal de Bogotá para la difusión y publicación de los actos que se produzcan durante este periodo. Finalmente, la Secretaría Jurídica estará atenta a prestar la colaboración que se estime pertinente y adelantará un análisis sobre posibles litigios y medidas para prevenir el daño antijurídico.
La población en condición de vulnerabilidad del Distrito Capital podrá acceder a alojamiento temporal mientras dura la contingencia por coronavirus (covid-19), se trata de madres gestantes y lactantes, personas en condición de discapacidad, habitantes de la calle, trabajadoras sexuales y vendedores ambulantes, entre otros. Las entidades de la Administración de Bogotá deberán enviar una listado de ciudadanos sin ingresos para solventar su alojamiento a la Secretaría de Integración Social.
La Alcaldía de Bogotá, mediante decreto, determinó que los secretarios de despacho y los directores de los departamentos administrativos y de las unidades administrativas sin personería jurídica deberán establecer horarios flexibles de carácter transitorio y excepcional con la finalidad de contener la propagación del coronavirus (covid-19) y prevenir el aumento de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. En consecuencia, dispuso los siguientes turnos en cada entidad, los cuales deberán ser asignados de manera proporcional entre los servidores, garantizando la prestación del servicio: (i) de lunes a viernes en jornada de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. y (ii) de lunes a viernes en jornada de 10:00 a. m. a 7:30 p. m. o de lunes a viernes en jornada continua de 12:00 p. m. a 8:30 p. m.
A través del Decreto 088, la Alcaldía Mayor de Bogotá adoptó medidas complementarias en aras de mitigar el riesgo y controlar los efectos del coronavirus (covid-19) en los establecimientos educativos, para proteger la salud de los niños y adolescentes y garantizar la prestación del servicio mientras dure el riesgo de epidemia. En tal virtud, a partir del 16 de marzo las actividades académicas en los colegios públicos e Instituciones de educación en el distrito se llevarán a cabo mediante la modalidad no presencial. Ante ello, los estudiantes continuarán con sus procesos de aprendizaje desde sus hogares, bajo el cuidado y responsabilidad de sus padres, familiares, tutores y/o cuidadores. Por su parte, la Secretaría de Educación Distrital realizará todas las acciones tendientes a garantizar la prestación de este servicio público en las mejores condiciones de calidad y oportunidad. Además, deberá restablecer el suministro adecuado de alimentos bajo la forma, condiciones y características que no resulten incompatibles con la calamidad pública decretada. Conozca todas las disposiciones sobre este servicio en el documento adjunto.
El día 16 de marzo, la Alcaldía Mayor de Bogotá decretó la situación de calamidad pública en Bogotá, hasta por el término de seis meses, con ocasión de la situación epidemiológica causada por el coronavirus (covid-19), a través del Decreto 087. En tal sentido, y en aplicación del artículo 19 del Acuerdo Distrital 546 del 2013 y el artículo 61 de la Ley 1523 del 2012, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger) elaborará el “plan de acción específico”, que incluirá las actividades para el manejo de las afectaciones presentadas. Este plan será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
Los jefes de cada dependencia del instituto adoptarán las medidas necesarias y definirán las actividades que cumplirá cada uno de los funcionarios y contratistas
El pasado 22 de marzo, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 091, que modificó el Decreto 90, en relación con ampliar el plazo de la limitación a la libre circulación de vehículos y personas en la ciudad. Previamente se fijó esta limitación desde el 19 de marzo a las 23:59 horas hasta el 23 de marzo a las 23:59 horas, pero por medio de este decreto se determinó desde el día 19 de marzo a las 23:59 horas hasta el martes 24 de marzo del 2020 a las 23:59 horas. Así mismo, indicó que se permitirá el ingreso o tránsito de vehículos y personas a la ciudad de Bogotá, los días 23 y 24 de marzo, exclusivamente por razones de fuerza mayor, de reunificación familiar y descargue de mercancías diferentes a las exceptuadas en el Decreto 90, bajo unas reglas específicas que encontrarán en el documento adjunto.
El Director General del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) profirió la Resolución 002782, por la cual se suspenden los contratos y convenios interadministrativos, consultorías, contratos de obra de infraestructura e interventorías del instituto y se crean excepciones por motivos de salubridad pública. Así las cosas, durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, las consultorías y obras que se encuentren en ejecución en el área urbana y rural del Distrito Capital y sus respectivas interventorías se suspenden, desde el 25 de marzo al 13 de abril del 2020, inclusive. Salvo aquellos contratos que busquen atender situaciones de emergencia debido a eventos de la naturaleza, mitigar la inestabilidad técnica de otros elementos de la obra en ejecución, entre otros. Esta suspensión se efectuará de mutuo acuerdo con los contratistas e interventores y sus correspondientes supervisores y su trámite se efectuará por medios electrónicos, atendiendo los procedimientos internos existentes. De igual forma, se suspenden los convenios y contratos, en las mismas fechas antes indicadas, cuando no sea posible su ejecución, dadas las consideraciones explicadas. La suspensión de cada contrato y convenio se refiere a su ejecución física; por lo tanto, los trámites administrativos asociados a estos se podrán realizar de manera habitual, haciendo uso de los medios tecnológicos disponibles.
Impuesto predial: el plazo máximo con descuento del 10 % para el pago del impuesto predial unificado (predios residenciales y no residenciales) será el 5 de junio del 2020, el plazo sin descuento vence el 26 de junio del 2020.
Teniendo en cuenta lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 2 del Decreto 418 del 2020, sobre debida coordinación de medidas adoptadas con el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 90, que establece medidas transitorias para garantizar el orden público, con ocasión de la reciente declaración de calamidad pública.
Mediante comunicado, la Alcaldía de Bogotá hizo recomendaciones para la realización de actividades de hasta 500 personas y anunció sanciones por el incumplimiento del Decreto 81 del 2020, por el cual se adoptaron medidas sanitarias y acciones transitorias de policía por coronavirus. De acuerdo con el documento, a los organizadores de eventos que incumplan las medidas se les podrán imponer multas de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así: multas por violación a las disposiciones sanitarias de hasta 10 mil salarios diarios mínimos legales vigentes, multas especiales desde 151 y 800 salarios mínimos legales mensuales y otras medidas como amonestación, disolución de la actividad y suspensión de la misma. Adicionalmente, el incumplimiento de las resoluciones de policía que sean expedidas pueden encuadrar en el delito de fraude a resolución de policía y, por ende, dar lugar a prisión de uno a cuatro años y multa de 5 a 50 salarios mínimos
La Alcaldía de Bogotá, mediante Decreto 81, de ayer 11 de marzo, adoptó medidas sanitarias y acciones transitorias de policía dirigidas a mitigar el riesgo y controlar los efectos del coronavirus, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la declaración de pandemia global hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo con la norma, que rige durante dos meses, se ordena la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas, deportivas, políticas, entre otras, sean estas públicas o privadas, que concentren más de mil personas en contacto estrecho, es decir, a menos de dos metros de distancia entre persona y persona (vale mencionar que ante la declaratoria de emergencia nacional, la Alcaldía informó que se acoge al número establecido por el presidente Iván Duque de 500 personas). Así mismo, establece medidas de autocuidado personal y colectivo que deben adoptar los ciudadanos, como el lavado de manos cada tres horas y la organización de trabajo en casa de los empleados a los que les sea posible. Por último, se activó con carácter permanente el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
¿Es conveniente y constitucional mantener la prohibición del artículo 215 de la Constitución Política en términos absolutos cuando los indicadores de desempleo y de insolvencia empresarial apuntan hacia alzas inéditas en la historia de Colombia?
No es dable prometer a los ciudadanos la superación de la pandemia a cambio de su privacidad. Análisis de los profesores Roberto Gargarella y Jorge Ernesto Roa.
El deber de obtener el consentimiento para el tratamiento de la información personal es un derecho que debe ser respetado.
La baja participación femenina es problemática también por sus profundas repercusiones materiales y simbólicas.
¿Qué se avecina a partir de julio para los funcionarios judiciales, la comunidad jurídica, los abogados litigantes y para los usuarios de la administración de justicia en general?
¿Los decretos sobre confinamiento pueden calificarse como materialmente legislativos, para efectos de definir su control por parte de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado?
Puede que el covid-19 nos haya enseñado que el transporte masivo urbano de pasajeros no es la única solución posible, ni siempre la más conveniente.
Es necesario expedir medidas legislativas de excepción adicionales en materia contractual pública, para proteger el interés público en esta época de pandemia.
¿Cuáles son los contratos materiales que están siendo o que probablemente sean impactados o afectados por la crisis desatada por el covid-19?
es posible que el concepto de bioseguridad haya llegado para quedarse en los sectores marítimo y portuario.
Es previsible que la afectación que ha tenido el aparato judicial del Estado por los cierres obligados tendrá igualmente un efecto en el mundo de los negocios.
No se debe permitir que se adelante de manera arbitraria una modificación pensional, como la que se está planteando en el Decreto 558 del 2020, bajo el supuesto de una protección de los pensionados.
Nuestra Constitución exige que medidas como las de confinamiento obligatorio, que implican una grave restricción de derechos constitucionales, solo puede ser tomada a través de los poderes que otorga el artículo 215.
Nuestra invitación entonces es a poner en practica la flexibilidad establecida en las normas vigentes para crear herramientas útiles de gobierno corporativo.
Si bien al propietario del inmueble se le amplía su término para iniciar la acción, lo cierto es que el poseedor continúa sumando tiempo al ejercicio de su posesión sin limitante alguna.
El nuevo procedimiento con ocasión de la emergencia económica no es para ser usado masivamente y no es tan sencillo, sin que quiera esto decir que sea imposible
¿Cuál debe ser el manejo, tratamiento o disposición de los residuos sólidos mientras dure la pandemia?
Si bien la propagación del covid-19 puede ser fácilmente entendida como una situación imprevisible e irresistible, el reto del Estado se centrará en probar que la pandemia le hizo imposible cumplir la obligación con el inversionista.
Será una encrucijada para los administradores societarios que se aventuren a promover el ejercicio del derecho de inspección en estos tiempos de emergencia.
La pandemia debería servir para quitarle la máscara al populismo punitivo y dejar claro que el Derecho Penal no es la solución a todos nuestros problemas.
Ante problemas notorios de conectividad que se están sufriendo, se cuestiona sobre la validez y la oportunidad de pensar en un “derecho fundamental al acceso al internet”.
Es urgente expedir un decreto legislativo para la construcción o ampliación de clínicas y hospitales.
La propagación del covid-19 ha generado una crisis biológica de impacto global, cuya magnitud, según señalan algunos pensadores, tendrá incidencia sobre el modelo social, económico y político actual.
En épocas de pandemias se establecen categorías especiales de protección por la potencialidad de contagio masivo del virus y la posición de garante que tiene el Estado.
No deben descartarse las etapas de negociación o conciliación entre las partes con el fin de conservar el negocio jurídico en la mayor medida de lo posible.
Esperamos que el régimen de insolvencia colombiano esté listo para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria en próximos meses.
La crisis económica de las pequeñas y medianas empresas requiere soluciones gubernamentales directas.
¿Podrán los empresarios soportar indefinidamente el pago de una nómina improductiva?
Las medidas preventivas permiten un amplio margen de comunicación con la comunidad y es esto lo que logra la creación de una conciencia solidaria en el municipio.
La única forma de conjurar la crisis es actuar conjuntamente por la construcción de sociedades más igualitarias y por la disminución de las brechas sociales.
La Superfinanciera creó el Programa de acompañamiento a deudores – PAD, que contiene un conjunto de medidas complementarias en las que se combinan lineamientos prudenciales y de atención al consumidor financiero para el tratamiento de los deudores ante su nueva realidad económica y del cual se destaca lo siguiente: los establecimientos de crédito deben aplicar medidas focalizadas y estructurales para los deudores afectados por la coyuntura del covid-19, de acuerdo con el análisis que realice cada entidad, en las que reconozcan la nueva realidad económica del deudor y le permitan continuar con la atención de las obligaciones existentes durante la vida del crédito; se incluyen medidas especiales para la originación y la calificación por nivel de riesgo para las micro, pequeñas, medianas y demás empresas que se encuentren o lleguen a estar en procesos de reorganización y los establecimientos de crédito deberán implementar el PAD para los deudores que han visto afectados sus ingresos o su capacidad de pago como consecuencia del virus y como mínimo deberán tener en cuenta: (i) la reducción en el valor de la cuota, (ii) no se podrá aumentar la tasa de interés inicialmente pactada y (iii) podrán otorgarse nuevos períodos de gracia sin la posibilidad de capitalización de intereses y sin cobrar intereses por otros conceptos que se difieran como cuotas de manejo y seguros. Las vigiladas podrán iniciar la aplicación del PAD a partir del 1º de agosto y hasta el 31 de diciembre del 2020.
El Banco de la República remplazó las hojas 2-1, 2-5, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14 y 2-15, del 8 de mayo del 2020, de la Circular Reglamentaria Externa DEFI-354. Los cambios se realizan con el fin de: (i) acoger lo dispuesto en la Resolución Externa 16 del 2020 para permitir a Findeter la realización de operaciones de expansión transitoria con títulos de deuda pública y deuda privada; (ii) eximir a Fogafín del cumplimiento del requisito mensual del indicador de solvencia para actuar como agente colocador de OMA; (iii) establecer que el representante legal y el revisor fiscal de los agentes colocadores de OMA deberán informar al Banco de la República cuando la entidad incumpla alguno de los requisitos particulares de mantenimiento y (iv) reclasificar a Bancóldex como institución oficial especial, manteniendo la autorización para realizar las operaciones permitidas a los establecimientos de crédito.
Con ocasión al estado de emergencia económica, la Superintendencia Financiera consideró pertinente permitir una ampliación temporal al plazo máximo para que se realicen los registros ante las sociedades administradoras de sistemas de registro de operaciones. Así las cosas, estos proveedores de infraestructura deberán disponer lo necesario para que sus afiliados realicen el reporte de la información relativa a las operaciones sobre valores realizadas en el mercado mostrador (OTC), dentro de los plazos máximos que se indican en la Carta Circular 39 del 2020. Finalmente, la entidad indicó que tanto los administradores de sistemas de registro como sus afiliados deberán mantener la entrega de información completa y oportuna a los organismos de autorregulación del mercado de valores, con el fin de que estos mantengan un adecuado y oportuno monitoreo y vigilancia de las operaciones de intermediación que se ejecutan en el mercado bajo las condiciones temporales indicadas.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 1064 del 2020, los establecimientos de crédito tenían que modificar sus sistemas de amortización, lo cual, dada su complejidad operativa, comprendía meses de trabajo y su aplicación excedía los términos de los periodos de gracia otorgados a los beneficiarios de las coberturas a la tasa de interés de los programas Frech III - Contracíclico 2013 y Frech no VIS. Dado lo anterior, el Ministerio de Hacienda decidió modificar los parámetros establecidos la Resolución 1064. Así las cosas, hacen cambios en lo relacionado con las reglas adicionales y/o aclaratorias para efectos de realizar el intercambio de flujos derivados de la cobertura de tasa de interés, presentar las cuentas de cobro de la cobertura y determinar los siete años de vigencia de la misma.
Teniendo en cuenta que en los contratos de seguros la prima se define en función del riesgo cubierto, la Superintendencia Financiera expidió la Circular Externa 021 del 2020, mediante la cual se instruye a las compañías de seguros para que en los ramos que ofrecen evalúen la reducción del riesgo en los términos establecidos en el artículo 1065 del Código de Comercio, derivada de las medidas de aislamiento preventivo decretadas por el Gobierno Nacional para atender la emergencia sanitaria del covid-19.
El Ministerio de Hacienda acaba de establecer unas condiciones especiales para la emisión de valores en el segundo mercado por parte de empresas afectadas en el marco del estado de emergencia económica. Los títulos representativos de deuda que las sociedades por acciones simplificadas de que trata la Ley 1258 del 2008 emitan en el segundo mercado podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y negociarse en una bolsa de valores. El plazo máximo de estas emisiones será de hasta cinco años. Estas medidas estarán vigentes hasta por dos años calendario. El segundo mercado (SM) es un esquema de financiación creado por el Gobierno, según la Resolución 400 de 1995, hoy incluida en el Decreto 2555 del 2010.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del Decreto 761, reglamentó el artículo 118-1 del Estatuto Tributario y sustituyó los artículos 1.2.1.18.60., 1.2.1.18.61., 1.2.1.18.62., 1.2.1.18.63. Y 1.2.1.18.64 del Capítulo 18 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 del 2016, único reglamentario en materia Tributaria. Se fijó así el procedimiento para la determinación de los intereses no deducibles ni capitalizables. Entonces, y respecto al monto máximo de endeudamiento que genera intereses deducibles o capitalizables, se determinará tomando el patrimonio líquido determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior y multiplicándolo por dos. Tenga en cuenta que los intereses que no son capitalizables no podrán tratarse como deducibles ni como costo en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en ningún periodo gravable.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 767 del 2020, el cual modificó el numeral cuarto del artículo 2.5.3.1.4 del Decreto Único Reglamentario 1068 del 2015. Ello en lo relacionado con los criterios de fijación de honorarios para reuniones no presenciales de las juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas del orden nacional. Entonces, para la fijación de los honorarios de los miembros de estas corporaciones deberá tenerse en cuenta, de ahora en adelante, el siguiente criterio. Por las reuniones de juntas o consejos directivos no presenciales se pagarán los honorarios establecidos para las sesiones presenciales, previa modificación de los estatutos sociales o aprobación por parte de la asamblea general de accionistas, según corresponda.
Con la Resolución 0928 del 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social reguló la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias a los beneficiarios del programa Familias en Acción. De igual manera, con la Resolución 0934 del 2020, reglamentó la entrega de la transferencia monetaria a los participantes del programa Jóvenes en Acción.
Por medio del Decreto 562 del 2020, el Gobierno Nacional estableció la obligación para los establecimientos de crédito de invertir, en el mercado primario, en títulos de deuda pública interna denominados títulos de solidaridad (TDS). En desarrollo de lo anterior, el Gobierno expidió el Decreto 685 del 2020, con el cual se fijaron las características y plazos de suscripción en los TDS. En consecuencia, la Superintendencia Financiera impartió instrucciones al respecto para definir las condiciones aplicables para los cálculos del monto de la inversión obligatoria en TDS y definir el mecanismo para que los establecimientos de crédito acrediten el cumplimiento de la inversión obligatoria en estos. Por ejemplo, para el cálculo del total de los depósitos a la vista sujetos a encaje se deberá tomar el saldo diario contable reportado al 31 de marzo del 2020 por el respectivo establecimiento de crédito en las cuentas identificadas en la tabla que se define en la Circular Externa 019 del 2020, del Formato 443 (F.1000-119).
El otorgamiento de periodos de gracia a los deudores de créditos de vivienda o en contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés, en el marco de la situación de emergencia sanitaria, no es causal de terminación anticipada del mismo, precisó la Superintendencia Financiera.
El Ministerio de Hacienda consideró conveniente modificar la periodicidad de la consolidación de los acuerdos de pago por parte de la Adres, para que pueda proceder con la expedición y comunicación a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda de los actos administrativos que contienen dichos acuerdos, optimizando la oportunidad y favoreciendo el procedimiento posterior de reconocimiento de deuda y giro de los recursos. Igualmente, ajustó el plazo y las condiciones particulares para la suscripción de los acuerdos de pago para cada uno de los conceptos, giro previo y de acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la unidad de pago por capitación (UPC) del régimen contributivo. También se flexibilizó la periodicidad de la consolidación del valor de los acuerdos.
El Gobierno expidió el Decreto 685, del 22 de mayo del 2020, mediante el cual se ordena la emisión de títulos de deuda pública interna, denominados títulos de solidaridad (TDS), hasta por $ 9.811.300.000.000. De acuerdo con la norma, los recursos serán incorporados presupuestalmente como una fuente adicional para el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), el cual fue creado a través del Decreto 444 del 2020. En este sentido, el Gobierno dispuso que los títulos de solidaridad serán de libre negociación en el mercado, con tasa fija y tendrán un plazo de vencimiento de un año, a partir de la fecha de su expedición y podrán ser prorrogados, parcial o totalmente, de forma automática por periodos iguales a solicitud del Ministerio de Hacienda. De la misma manera, establece que “se expedirán en múltiplos de $ 100.000 y el valor mínimo del título principal será de $ 500.000 moneda legal colombiana”.
La UGPP estructuró un formulario tipo que contiene la información que deberá ser solicitada a los potenciales beneficiarios por las entidades financieras, a quienes se dirige la circular, y debe ser diligenciada en su totalidad en los formatos que cada entidad ponga a disposición de quienes se postulen al programa de apoyo al empleo formal - PAEF. Las entidades financieras podrán implementar y/o desarrollar las herramientas que consideren necesarias para el correcto diligenciamiento de la información. Sin embargo, se advirtió que no podrán incluir información diferente a la requerida, en tal sentido no se podrán suprimir, modificar o agregar campos. Además, la unidad determinó las directrices bajo las cuales realizará el intercambio de información con las entidades financieras.
La Dian informó que se adelantan los tres días sin IVA y se suspenderá el cobro del impuesto al consumo hasta diciembre, de tal manera que los restaurantes puedan tener la posibilidad de recuperar las pérdidas por la pandemia.
Con el Acuerdo 029 del 2020, el Icetex modificó el artículo 8° del Acuerdo 025 del 2017, para, entre otras medidas, ampliar la destinación y la cuantía máxima del crédito de sostenimiento para apoyar a los estudiantes que requieren adquirir productos y servicios necesarios para adelantar las actividades propias de su programa de educación superior, entre otros, libros, materiales, aparatos mecánicos, dispositivos electrónicos, computadores, software y/o servicios de conectividad a internet. También se reconocen otros instrumentos de garantía, adicionales al del deudor solidario, mediante los cuales se pueda avalar el pago oportuno del crédito educativo. Los resultados de la prueba de Estado Saber 11 no serán requisito para la adjudicación del crédito educativo para aquellos estudiantes que soliciten crédito en la convocatoria 2020-2 y que no pudieron presentar el examen el pasado 15 de marzo.
Por medio de la Circular Externa 07, del 17 de marzo del 2020, la Superintendencia Financiera impartió instrucciones para que las entidades financieras apliquen medidas que permitan mitigar los efectos directos e indirectos de la coyuntura que ha generado la propagación del coronavirus (covid-19).
La Superintendencia Financiera impartió los lineamientos que deberán aplicar las entidades que vigilada para la disponibilidad de servicios a través de sus sucursales, atendiendo las condiciones de seguridad tanto para trabajadores como para los consumidores financieros.
Con el propósito de reforzar el suministro adecuado de liquidez a la economía y apoyar la provisión de crédito que requieren las empresas y los hogares, en su sesión extraordinaria, la junta directiva autorizó al Banco de la República para efectuar operaciones transitorias de expansión (repos) con títulos de cartera por un monto de hasta $ 6,3 billones. Estos repos tendrán un plazo de seis meses y podrán acceder a ellos los establecimientos de crédito. La primera subasta se realizará el 14 de mayo del 2020 por $ 1 billón. Los cupos de las siguientes subastas se anunciarán a lo largo del desarrollo del programa. Se prevé realizar una subasta cada dos semanas, los días jueves, durante un periodo de tres meses. La junta también autorizó el acceso de Finagro a todas las facilidades de expansión transitoria disponibles. Por último, la junta introdujo cambios a los apoyos transitorios de liquidez (ATL). Se redujeron los descuentos (“haircuts”) aplicables a la cartera recibida en línea con el sistema de evaluación de riesgo crediticio de la Superintendencia Financiera.
Con la Resolución 1064 del 2020, el Ministerio de Hacienda modificó la Resolución 1263 del 2013 y la Resolución 0201 del 2016, relacionadas con las coberturas de la tasa de interés Frech - contracíclico 2013 y del programa Frech no VIS (Decreto 1068 del 2015). Igualmente, con la Resolución 1065 del 2020, creó el Comité de administración del fondo de mitigación de emergencias (Fome) y el Comité de garantías para enfrentar el virus. Con la Resolución 1066 del 2020, organizó el Comité de seguimiento a los mecanismos de dispersión de recursos del programa Ingreso Solidario. Por otra parte, la Resolución 1067 del 2020 definió los requisitos y procedimientos para la celebración de operaciones de crédito público por parte de la Nación, autorizadas en el artículo 6° del Decreto 519 del 2020. A su turno, con la Resolución 1068 del 2020, se reconoció como deuda pública de la Nación, en virtud del artículo 245 de la Ley 1955 del 2019, y ordenó el pago de las acreencias reconocidas por la Adres.
El Banco de la República remplazó las siguientes hojas del mes de marzo: 2-2 del 18; 2-3 del 23; 2-1 y 2-4 del 27 de la Circular Reglamentaria Externa DEFI-354 del 2020, correspondiente al asunto 2: “Control de riesgo en las operaciones de mercado abierto y en las operaciones de liquidez para el normal funcionamiento del sistema de pagos” del Manual corporativo del departamento de estabilidad financiera. Las modificaciones se realizaron con el fin de incluir los títulos de solidaridad (TDS) en la lista de títulos admisibles para las operaciones de mercado abierto y de liquidez para el normal funcionamiento del sistema de pago. En la norma, el Emisor presenta el conjunto de agentes, títulos admisibles y tipos de operaciones con los cuales está suministrando liquidez al mercado actualmente.
Hasta el 31 de diciembre de este año, se reducirá en un punto y medio porcentual (1,5) efectivo anual la tasa de redescuento de microcrédito, según definió la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Las entidades financieras que accedan al redescuento bajo estas condiciones deberán presentar, en un lapso no mayor a 60 días calendario, una certificación del representante legal que haga constar haber efectuado una reducción de cinco puntos porcentuales en las tasas establecidas para los microcréditos redescontables. Los demás términos y condiciones, establecidos en la Resolución 1 del 2016 y sus modificaciones, permanecerán inalterados y conservarán toda su vigencia y efecto.
El Ministerio de Salud anunció que con el fin de fortalecer la atención médica frente a la contingencia del coronavirus esa cartera expidió la Resolución 619, que permite la compra de cartera hospitalaria por $ 700.000 millones. La norma fija los términos, criterios, condiciones y plazos para la realización excepcional de compra de cartera a las EPS. El ministro, Fernando Ruiz, recalcó que la compra es directa y no a través del sistema financiero.
Con el fin de autorizar una nueva operación a la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter), el Ministerio de Hacienda profirió el Decreto 581. En tal virtud, desde la entrada en vigencia del decreto y hasta el 31 de diciembre del 2020, previa verificación de la Superintendencia Financiera, Findeter podrá otorgar créditos directos a empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales, mixtas y privadas vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Ello con fin de dotarlas de liquidez o capital de trabajo para conjurar los efectos de la emergencia declarada. Esta cartera, a través de la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, y con cargo a los recursos del Fome, invertirá en instrumentos de deuda, para que Findeter tenga recursos para financiar el otorgamiento de créditos. Esta financiación tendrá varias condiciones, como el plazo de hasta 40 meses; la tasa de remuneración de 0 % y forma de pago al vencimiento, entre otras.
Con el Decreto 562, el Gobierno creó una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública interna denominados títulos de solidaridad (TDS), cuyos recursos serán destinados a conjurar las consecuencias económicas y sociales de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia por el covid-19. Esta operación no afecta el cupo ni las autorizaciones conferidas por el artículo 1º de la Ley 1771 del 2015 y las normas que regulan la materia, y su emisión solo requerirá del decreto que fije su monto, plazo y condiciones para su suscripción. Los TDS serán títulos de deuda pública interna libremente negociables; tendrán un plazo de un año, contado a partir de la fecha de su emisión, prorrogable parcial o totalmente de forma automática por periodos iguales, hasta el año 2029, y devengarán un rendimiento que reflejará las condiciones de mercado de títulos de deuda a corto plazo.
En sesión extraordinaria, el día de ayer, la junta directiva del Banco de la República decidió inyectar liquidez permanente a la economía mediante la reducción del encaje de la siguiente forma: (i) disminución de tres puntos porcentuales del requisito de encaje sobre las exigibilidades cuyo porcentaje de encaje requerido actual sea de 11 % (cuentas corrientes, cuentas de ahorro etc). Es decir, el requisito de encaje para estas exigibilidades pasa de 11 % a 8 %; (ii) disminución de un punto porcentual del requisito de encaje sobre las exigibilidades cuyo porcentaje de encaje requerido actual sea de 4,5 % (CDT de menos de 180 días). Es decir, el requisito de encaje para estas exigibilidades pasa de 4,5 % a 3,5 %. Por otra parte, la junta autorizó la compra de TES en el mercado secundario hasta por $ 2 billones en lo que resta del mes de abril. Esta medida busca reforzar la liquidez del mercado de deuda pública y aumentar el suministro de liquidez. Al mismo tiempo, se autorizó al Banco de la República para intervenir en el mercado forward de TES con cumplimiento financiero. Con esto se pretende ofrecer cobertura contra el riesgo de desvalorizaciones fuertes a los participantes del mercado de TES y contribuir a la estabilidad del mismo. El Emisor anunciará oportunamente su intervención en este ámbito y publicará la regulación aplicable.
El incumplimiento acarreará las sanciones administrativas previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
A través de reciente circular, la Superintendencia Sociedades (Supersociedades) modificó el calendario para la presentación de estados financieros mientras culmina el aislamiento preventivo obligatorio, decretado por el Gobierno Nacional y que busca contener el contagio masivo del coronavirus (covid-19). La Supersociedades tomó la determinación de modificar el calendario para la presentación de los estados financieros de las empresas con corte al 31 de diciembre del 2019. De esta forma, la presentación prevista para iniciarse el próximo 14 de abril se iniciará desde el miércoles 29 de abril hasta el jueves 28 de mayo, de acuerdo a los dos últimos dígitos del NIT de la empresa, sin el número de verificación. Detalle el nuevo calendario en el documento adjunto a esta nota.
Con el Decreto 522, el Ministerio de Hacienda adicionó nuevamente el presupuesto general de la Nación de la vigencia fiscal de este año y efectuó su correspondiente liquidación. Esta operación se realiza por el valor de $ 3.250.000.000.000, que se adicionan al presupuesto de rentas y recursos de capital también para hacer frente a la emergencia y contrarrestar la extensión de sus efectos sociales y económicos, pues se requiere contar con autorizaciones amplias y suficientes en relación con el cupo de endeudamiento de la Nación, de forma que se permita acceder a distintas fuentes de financiamiento y garantizar la disponibilidad de recursos para financiar las apropiaciones presupuestales.
El Gobierno, el Ministerio de Comercio y Bancóldex, buscando brindar herramientas de liquidez que ayuden al sostenimiento de las empresas y la conservación del empleo, diseñaron una nueva solución de crédito preferencial que complementa la oferta publicada en días pasados con la línea Colombia Responde, que inicialmente cubría a sectores de turismo y aviación, por ser considerados los más afectados por la emergencia sanitaria, en las siguientes condiciones: la línea de crédito subsidiada se amplió con $ 350 mil millones y su disponibilidad se extendió a todos los sectores económicos. Los beneficiarios serán personas naturales y jurídicas, consideradas como micros, pequeñas, medianas o grandes empresas, de todos los sectores económicos, exceptuando tanto al sector agropecuario como a las empresas financiadas a través de la línea Colombia Responde.
Para afrontar la crisis por coronavirus y sus consecuencias es indispensable regular el trámite de presentación, verificación, viabilidad y aprobación de proyectos de inversión que guarden relación directa y específica con las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia, de forma tal que estas etapas se surtan de forma expedita y permitan a los municipios y departamentos conjurar la situación, así como atender sus efectos. Para lo anterior, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 513. Las disposiciones aplican para los proyectos de inversión y de calamidad pública departamental y municipal que sean presentados para financiación a través de recursos provenientes de asignaciones directas y del 40 % del Fondo de compensación regional del Sistema General de Regalías, después del 17 de marzo del 2020. Así mismo, el decreto aplicará para la verificación de requisitos de los proyectos que pretendan su financiación con recursos provenientes del 60 % del Fondo de compensación regional y del Fondo de desarrollo regional.
Mediante la Resolución 368, la Superintendencia Financiera adoptó medidas especiales para la atención al público y la prestación de servicios por parte de la entidad durante la emergencia sanitaria. La superintendencia explica que reanuda los términos en todas las actuaciones administrativas y jurisdiccionales que adelanta, con excepción de las actuaciones sancionatorias de las delegaturas y los procesos disciplinarios que adelanta la Oficina de Control Disciplinario, considerando las garantías de publicidad y contradicción de los sujetos procesales, así como el derecho a acceder a los expedientes. Por lo anterior, y con el fin de evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento social, la entidad solamente atenderá a las entidades supervisadas y al público en general a través de canales de atención virtual y telefónica.
La Superintendencia Financiera define las características mínimas de las políticas de apoyo a los afectados por covid-19.
Tras la decisión de la Superintendencia de Industria, y en línea con el objetivo de la medida impartida, la Superintendencia Financiera impartió instrucciones transitorias sobre la recolección o trata de datos biométricos utilizando huelleros físicos, electrónicos o cualquier otro mecanismo que permita el contagio del coronavirus a través de contacto indirecto. Pide a las entidades promover el uso de canales digitales para la realización de la mayor cantidad de trámites y transacciones de los consumidores financieros con el fin de reducir el uso de estos dispositivos, siempre que el servicio demandado por el consumidor lo permita. Las entidades deben adoptar los protocolos de limpieza y desinfección necesarios sobre estos dispositivos, de manera que se prevenga la propagación del virus y se propenda por la seguridad de sus clientes y funcionarios.
Según el Decreto 493, Con el Decreto 481, el Ministerio de Salud precisó lo correspondiente para determinar la cuantía presupuestal máxima en cada vigencia, que permita garantizar el pago del giro previo y/o acreencias por servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo, con servicio de deuda para el sector salud durante la vigencia 2020. A partir de este año, las resoluciones de reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante cada vigencia fiscal no podrán exceder el valor máximo que para cada vigencia determine el Confis. El Ministerio de Hacienda comunicará al Ministerio de Salud y a la Adres los valores autorizados. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional determinará el mecanismo para atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en cada resolución mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública.
Según el Decreto 493, el otorgamiento de periodos de gracia en capital e intereses en los créditos para adquisición de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés que se pacten entre los beneficiarios y la respectiva entidad en el marco de las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera mediante Circular Externa 007 del 2020 no se entenderá como causal de terminación anticipada de la cobertura. Las entidades que otorguen periodos de gracia en capital e intereses a los beneficiarios de las coberturas de tasa de interés deberán informar dicha circunstancia al Banco de la República, como administrador del Fondo de reserva para la estabilización de la cartera hipotecaria – Frech. De esta manera, el Gobierno adicionó los decretos 1068 del 2015, único reglamentario del Sector Hacienda, y el 1077 del 2015, único reglamentario del sector de vivienda.
Para que los afiliados a los fondos privados de pensiones y cesantías puedan retirar parcialmente sus ahorros cuando tengan una afectación temporal en sus ingresos, sin que haya cesado la relación laboral con su empleador, la Superintendencia Financiera emitió instrucciones que permitirán a los afiliados a los fondos privados acceder a recursos. Según precisa la entidad, la medida beneficia a todos los afiliados a los fondos de cesantías administrados por Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia. Una vez presentada la solicitud de retiro parcial de cesantías, esta tendrá efectos mientras permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia generada por la pandemia. Todo el proceso deberá hacerse preferiblemente a través de canales virtuales o remotos como sitios web, call center, sistema de audio respuesta, aplicaciones móviles (apps), entre otros. Para adelantar el trámite, los trabajadores deben adjuntar a la solicitud una certificación de disminución de ingresos que emita su empleador con la siguiente información (i) nombre o razón social del empleador junto con el tipo y número de identificación; (ii) nombre y apellidos del trabajador junto con el tipo y número de identificación; (iii) datos de contacto del empleador; (iv) salario devengado por el trabajador a 1º de marzo del 2020; (v) el monto de la disminución del ingreso mensual del trabajador y (vi) el periodo objeto de la reducción del ingreso.
El Gobierno expidió el Decreto 492, con el cual se establecen medidas para el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías y define disposiciones en materia de recursos, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica. Dichas disposiciones buscan respaldar la emisión de nuevos créditos con el fin de mantener activas las relaciones crediticias y financiar tanto a micro, pequeñas como a medianas empresas, así como a personas naturales que han dejado de percibir ingresos por su condición de trabajadoras independientes o desempleo. Las empresas sujetas a vigilancia de la Superintendencia Financiera o que desarrollen actividades conexas al servicio financiero que hagan parte de la Rama Ejecutiva del orden nacional, y que estén registradas a nombre de ministerios, departamentos administrativos y demás entidades del orden nacional, quedarán registradas y vinculadas a nombre de la Nación. Para fortalece el fondo, autoriza a la Nación y a las entidades estatales que hagan parte del Ejecutivo a realizar aportes de capital al FNG mediante cualquier mecanismo de fortalecimiento patrimonial. También se autoriza al ministerio para realizar los créditos adicionales y traslados del presupuesto general de la Nación destinados a atender los gastos ocasionados por el cumplimiento de este decreto.
A través del Decreto 473, el Gobierno modificó el Decreto 1068 del 2015, decreto único reglamentario del sector Hacienda, en lo relacionado con operaciones de crédito público cuya celebración no comprenda la financiación de gastos de inversión. La norma busca facilitar el acceso a fuentes de liquidez para solventar los gastos de funcionamiento de las entidades estatales de manera expedita y de carácter extraordinario, en virtud de los efectos adversos en los mercados financieros causados por la pandemia de covid-19, la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales y la devaluación del peso colombiano. Por ejemplo, la norma contempla líneas de crédito a entidades estatales diferentes a la Nación. Las entidades descentralizadas del orden nacional y las entidades territoriales y sus descentralizadas podrán celebrar créditos a través de acuerdos, convenios o contratos con entidades financieras nacionales e internacionales, organismos bilaterales y multilaterales y entidades estatales que pertenezcan al mismo grupo económico, cuyo fin sea obtener recursos para aliviar la presión originada en la reducción en los ingresos ordinarios.
Teniendo en cuenta la situación de coyuntura que vive el país, la Superintendencia de la Economía Solidaria impartió algunas instrucciones para garantizar la continuidad de servicios a los asociados por parte de las organizaciones vigiladas. Mediante Circular Externa 12, dirigida a representantes legales, miembros del consejo de administración o junta directiva y órganos de control de las organizaciones de la economía solidaria vigiladas, la superintendencia pidió establecer planes de acción a corto y mediano plazo para continuar su operación, teniendo en cuenta que no se puede determinar con certeza el tiempo de duración de la actual situación de contingencia. Estos planes deben consultar las medidas que expida el Gobierno, así como las normativas que apliquen en la región y/o jurisdicción donde operan las organizaciones vigiladas. Así mismo, les recomendó conformar un comité de atención de emergencias y mantener informado al consejo de administración o a la junta directiva, según corresponda, sobre la evolución de la situación y la efectividad en la aplicación de los planes de acción. Este comité deberá sesionar permanentemente y mientras se mantenga la situación de emergencia.
Por medio del Decreto 466, del 23 de marzo, el Ministerio de Hacienda modificó el Decreto 2555 del 2010, en lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Garantías. En primer lugar, la norma modifica el literal c) del artículo 10.2.1.1.1, sobre relación de solvencia, en el sentido de pasar de una relación mínima del 11 % al 9 %. Esta relación de solvencia se entiende como el valor del patrimonio técnico, dividido por la suma del valor de los activos y contingencias ponderados por nivel de riesgo, mas el saldo de la exposición a riesgo de mercado. En segundo lugar, modifica los conceptos que comprenden el patrimonio técnico, así como los valores que se pueden deducir del mismo. Por último, la disposición modifica lo que tiene que ver con la clasificación y ponderación de activos y contingencias, en cuanto a los valores que se deben agregar para el cálculo de las contingencias netas por emisión de garantías y otros.
A través del Decreto 468, el Ministerio de Hacienda autorizó nuevas operaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter) y al Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. (Bancóldex), en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 417 del 2020. Así las cosas, a partir de la entrada en vigencia de este decreto (23 de marzo) y hasta el 31 de diciembre del 2020, previa verificación de la Superintendencia Financiera del cumplimiento de los requisitos para la administración y gestión de los sistemas integrales de gestión de riesgos, Findeter y Bancóldex podrán otorgar créditos directos con tasa compensada dirigidos a financiar proyectos y actividades en los sectores elegibles para conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos en el territorio nacional. De igual forma, se adicionó el literal k) al numeral 1 del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual precisa que se otorgará, excepcionalmente, previa verificación de la superintendencia, créditos directos con tasa compensada y/o créditos sindicados con entidades de derecho internacional público dirigidos a financiar proyectos de inversión en los sectores elegibles, los cuales se otorgarán prioritariamente a los municipios de categoría 4, 5 y 6; departamentos de categoría 2, 3 y 4 y distritos bajo una condiciones especificas. Conozca todos los requisitos en el decreto adjunto.
Con la Circular Externa 007, la Superfinanciera impartió instrucciones prudenciales para mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, mediante Resolución 385 de 12 de marzo del 2020, para los deudores del sistema financiero. Con la Circular Externa 008, definió lineamientos relacionadas con el fortalecimiento de la gestión del riesgo operacional ante los eventos derivados de la coyuntura de los mercados financieros. Finalmente, con la Circular Externa 009, la entidad impartió instrucciones para focalizar los esfuerzos de las entidades vigiladas en la definición e implementación de acciones para mitigar los efectos de la coyuntura de los mercados financieros. Para conocer más detalles puede consultar los archivos adjuntos a esta nota.
Con ocasión de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno mediante Resolución 385, del 12 de marzo del 2020, sobre covid-19 (Coronavirus), es relevante recordar los canales dispuestos por la Superintendencia Financiera que facilitan la atención a las entidades vigiladas y al público en general sin necesidad del desplazamiento a la sede de la superintendencia. Línea gratuita nacional: 018000 120 100, consultas y quejas verbales; Centro de Contacto: (57 1) 307 8042, consultas y quejas verbales; formulario en línea para presentación de quejas: aquí. En este canal se podrán radicar, las 24 horas del día, los siguientes trámites: quejas contra entidades vigiladas; derechos de petición; consultas; solicitudes de información; quejas por servicio de la SFC; reclamos; sugerencias y denuncias, entre otros. La Superfinanciera también pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico notragueentero@superfinanciera.gov.co, a través del cual se podrá verificar la veracidad de cualquier información que circule en redes sociales relacionada con el funcionamiento del sistema financiero colombiano; igualmente, el canal está dispuesto para tener un contacto directo con la ciudadanía que le permita solucionar cualquier inquietud en corto tiempo sobre la actividad de nuestras entidades vigiladas.
Ante la caída del precio del petróleo y la volatilidad del dólar, los miembros de la junta directiva del Banco de la República, el Ministro de Hacienda y el Superintendente Financiero se reunieron para analizar la situación económica y financiera. Luego de analizar la información disponible, consideraron que los fundamentos de la economía del país son sólidos y permiten absorber los choques externos sin traumatismos severos sobre la actividad real y la estabilidad financiera.
Con la Resolución 1041 del 2020, el Ministerio de Salud adoptó el protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y prevenir la transmisión del coronavirus (covid-19) en las actividades desplegadas en el proceso de incorporación de soldados y conscriptos al Ejército Nacional, contenido en el anexo técnico que hace parte integral de la resolución. Este es complementario al adoptado mediante la Resolución 666, del 24 de abril del 2020, y a las demás medidas establecidas por sanidad militar de la respectiva jurisdicción y la Dirección de Sanidad de la institución.
Con la Resolución 0871, la Junta Central de Contadores reanudó los términos de las actuaciones administrativas, procesos disciplinarios y trámites de la entidad. El Tribunal Disciplinario reanudó, el 1° de julio, los términos de caducidad y prescripción de los procesos disciplinarios, al igual que adelantará las etapas procesales. La atención al usuario en Bogotá, para asuntos disciplinarios, será únicamente los días martes y jueves desde las 10:00 a. m. y hasta las 3:00 p. m., en jornada única, con un receso en la atención al público de 12:00 m. a 12:30 m. Con la expedición de la resolución se iniciará la impresión y entrega de las tarjetas profesionales o de registro en el territorio nacional, a través de las oficinas seccionales y la empresa de mensajería designada por la entidad, para lo cual se adoptará como término transitorio 60 días hábiles y no el previsto en el artículo 3 de la Resolución 000-1002 del 2017 y el artículo 10 de la Resolución 0973 del 2015.
El Ministerio de Salud estableció los requisitos sanitarios para la fabricación, comercialización, dispensación, entrega no informada, almacenamiento y transporte de medicamentos, productos fitoterapéuticos, dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico in vitro, así como para autorizar la fabricación de gases medicinales en IPS y disposiciones en relación con licencias de prácticas médicas y con el servicio farmacéutico en lugares de expansión de prestaciones de servicios de salud, todo esto para prevenir, mitigar, controlar y tratar la propagación y efectos del covid-19. Las medidas transitorias fijadas tendrán como plazo de vigencia el de la emergencia sanitaria. En el documento adjunto puede consultar en detalle la norma.
La Corte Constitucional declaró exequible la adición presupuestal por más de $ 9 billones prevista en el Decreto 572 del 2020, excepto los artículos 3, 4 y 5, por considerar que no superan el presupuesto de necesidad jurídica, ya que podrían haber sido expedidos por el Presidente de la República en uso de sus facultades ordinarias. Para el alto tribunal, la adición presupuestal decretada es constitucional en la medida que el Estado debe contar con suficientes recursos para poder mitigar los efectos negativos de la pandemia generada por el coronavirus (covid-19), valiéndose de distintas fuentes de financiación, como puede ser con la expedición de títulos de solidaridad (TDS). No obstante, la inconstitucionalidad mencionada obedece a que el Gobierno usó las facultades extraordinarias para liquidar la adición ordenada sin que ello fuera necesario, pues el acto de liquidación tiene una naturaleza eminentemente ejecutiva y, por ende, su naturaleza como control posterior está específicamente regulada, lo que no le permite al Ejecutivo escoger la naturaleza de las normas y el consecuente tipo de control. Entre otras posiciones, el magistrado Carlos Bernal Pulido presentó salvamento parcial de voto, por considerar que los artículos 3, 4 y 5 eran exequibles (M. P. José Fernando Reyes Cuartas).
La unificación de competencia para expedir protocolos de bioseguridad está encaminada a conjurar la grave situación generada por la pandemia de coronavirus (covid-19), ya que la creación de estos instructivos se dirige a controlar el contagio y minimizar los riesgos a los que se ve expuesta la población ante la reactivación de la economía, la sociedad y la administración pública con posterioridad al aislamiento preventivo obligatorio. De tal forma, la medida persigue materializar la obligación del Estado de preservar el derecho a la salud, al trabajo en condiciones dignas y a la vida de los residentes en el territorio nacional. Así las cosas, la Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 539 del 2020, por el cual se adoptaron medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia. Adicionalmente, el alto tribunal señaló que la norma no desconoce el principio de autonomía territorial, como quiera que responde al principio de coordinación con las autoridades regionales y locales al momento de autorizar la apertura de algunos sectores. La magistrada Cristina Pardo Schlesinger salvo su voto (M. P. José Fernando Reyes Cuartas).
La Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 528 del 2020, por el cual se dictan medidas para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del estado de emergencia declarado por la propagación del coronavirus (covid-19). Teniendo en cuenta que las condiciones de aislamiento restringen la actividad económica y comprometen la capacidad de pago y el cumplimiento de obligaciones por parte de los usuarios, el alto tribunal avaló la creación de estrategias para dar alivios financieros y, así mismo, asegurar la estabilidad financiera de los prestadores de estos servicios públicos, aun sin el pago oportuno del usuario. De otra parte, de acuerdo con el informe presentado por el Ministerio de Vivienda, según la cual en las vigencias 2017, 2018 y 2019, en promedio el 22% de los municipios del país no giró oportunamente los recursos destinados a cubrir los subsidios en materia de acueducto, alcantarillado y aseo, se estimó necesario oficiar a dicha entidad para que remita información detallada sobre el incumplimiento a los entes de control, con el fin de que adelanten las actuaciones a que haya lugar.
Si la entidad promotora, la Agencia de Nacional de Tierras, una entidad del nivel territorial o cualquier otra entidad del Gobierno Nacional encargada del proceso de adquisición de los predios para los beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural, dentro de los 12 meses siguientes a la asignación condicionada del beneficio, no acredita ante la entidad otorgante la adquisición del predio para los beneficiarios de su programa estratégico, habrá lugar a aplicar la condición resolutoria y, en consecuencia, se procederá con la reversión de las ayudas adjudicadas en los términos precedentes y se podrán efectuar las sustituciones a que haya lugar. Así se amplía el término de la condición resolutoria señalada en el parágrafo del artículo 2.2.1.5.5.2 del Decreto 1071 del 2015.
Con la Resolución 1050 del 2020, el Ministerio de Salud fijó los protocolos en cuanto al servicio de entrega para llevar para las actividades de expendio a la mesa de comidas preparadas; autoservicio de comidas preparadas; comidas preparadas en cafeterías; otros tipos de expendio de comidas preparadas; actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas. Consulte las normas en el archivo adjunto. Así mismo, con la Resolución 1054 del 2020, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus (covid-19) en los sectores aeroportuario y aeronáutico del territorio nacional, exclusivamente para el transporte domestico de personas por vía aérea.
La Superintendencia de Notariado y Registro expidió la Resolución 05020, por medio de la cual autoriza a las notarías del país a prestar el servicio en el horario en que lo hacía cada despacho antes de iniciar el aislamiento preventivo obligatorio. Esta medida empezará a regir a partir del 1º de julio y se mantendrá hasta el día 15 del mismo mes. De esta forma, se entiende como normalizado el servicio público notarial en el país. No obstante, para aquellas regiones del país en las que, a través de alcaldes o gobernadores, se decrete toque de queda el servicio se entenderá como suspendido y se restablecerá una vez sea levantada la medida local. Las notarías 79 y 80, que prestan el servicio en el Aeropuerto Internacional el Dorado, cumplirán con una jornada de lunes a domingo de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. para la 80 y de 1:00 p. m. a 6:00 p. m. para la 79. Respecto de las medidas de bioseguridad establecidas por la SNR, cada notario debe continuar implementándolas.
Migración Colombia adoptó el protocolo para el ingreso de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes que se encuentren en el exterior y deseen regresar al país vía terrestre por la frontera entre Colombia y Ecuador, por el puente Rumichaca. De igual manera, la norma abarca a los núcleos familiares de los anteriores, como son padres, hijos, nietos, etc., previa evaluación del consulado respectivo. Esta disposición se aplicará de igual forma para los nacionales ecuatorianos que soliciten el retorno a su país de origen.
El Gobierno expidió el Decreto 878 para ampliar el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 15 de julio y modificar algunos apartes del Decreto 847, que permitirá pilotos en establecimientos que venden comida al público.
El Invima modificó las medidas administrativas transitorias adoptadas con la Resolución 2020012926 frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19. Ahora, se permite la atención de más trámites y servicios a cargo de la entidad, reanudando la mayoría de los que se encontraban temporalmente suspendidos y que son relevantes para el proceso de reactivación gradual de los sectores productivos. Se resalta que se reanudan todos los trámites, procesos y actuaciones a cargo de la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, la Dirección de Alimentos y Bebidas, la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y productos de Higiene Doméstica y la Dirección de Operaciones Sanitarias. Igualmente, la norma señala las direcciones misionales de la entidad que adelantarán los trámites, procesos y actuaciones que se indican en la resolución, priorizando aquellos relacionados con la emergencia sanitaria.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) hizo extensivas las reglas transitorias definidas mediante las resoluciones 058, 064 y 108 del 2020 relacionadas con el pago del valor de la factura por concepto del servicio público domiciliario de energía eléctrica a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica en las zonas no interconectadas (ZNI). Las medidas aplican a las facturas correspondientes a los consumos de los meses de mayo, junio y julio. La opción tarifaria y cobro de un menor valor al aprobado para remuneración de las actividades de distribución y comercialización de las que tratan los artículos 11 y 12 de la Resolución 058 no serán aplicables a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica en las ZNI. La medición por consumos promedios solo será aplicable a aquellos usuarios regulados en ZNI cuya facturación se realice con base en la medición de individual de su consumo.
Teniendo en cuenta el crecimiento del contagio del virus, el Ministerio de Salud adoptó medidas específicas dirigidas a los entornos donde se produce gran afluencia de personas. No se podrán habilitar eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración durante el término de la emergencia sanitaria. “Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de dos metros, como mínimo, entre persona y persona”, indicó una reciente resolución del ministerio. También indica que se considera que existe afluencia cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento. Los responsables de los establecimientos cuya actividad haya sido habilitada y en los que se pueda generar numerosa presencia de personas deberán controlar estrictamente la entrada y salida de personas. El incumplimiento de esta medida sanitaria podrá dar lugar a la suspensión de actividades de establecimiento.
El Ministerio de Salud expidió la Resolución 0906 del 2020, con la cual modifica la Resolución 2389 del 2019 en relación con la entrada en operación de los servicios web y los plazos para el reporte de información de la afiliación al Sistema de Riesgos Laborales en el SAT. Por otra parte, expidió la Resolución 992 del 2020, con la cual modifica la Resolución 676 del 2020, en relación con la información a reportar y los canales dispuestos para ello en el marco del Sistema de Información para el reporte y seguimiento en salud a las personas afectadas por covid-19. Para conocer las resoluciones en detalle puede consultar los archivos adjuntos a esta nota.
En la medida en que los gobernadores y alcaldes permitan, dentro de su respectiva jurisdicción, el derecho de circulación de las personas en los mencionados casos y actividades descritos en el artículo 3° del Decreto 749 del 2020, los talleres u organizaciones de mantenimiento aeronáutico, las empresas de trabajos aéreos especiales y los centros de instrucción aeronáutica de tierra y de vuelo podrán operar conforme a las reglas definidas en la Resolución 1187 del 2020, expedida por la Aeronáutica Civil. Por ejemplo, la norma señala que las empresas de trabajos aéreos especiales operarán siempre y cuando en la aeronave solo vayan tripulantes de vuelo y tripulantes especialistas de trabajos aéreos y que los vuelos inicien y terminen en el mismo aeródromo. En los casos previstos en esta resolución, los planes de vuelo serán presentados exclusivamente por radio o a través de los medios informáticos establecidos por la Aerocivil.
Dado que algunos territorios en el país ya presentan un aumento significativo de la ocupación de unidades de cuidado intensivo intermedio y de unidades de cuidado intensivo adulto, pediátrico y neonatal por causa del covid-19, resulta necesario para el Gobierno una regulación transitoria y excepcional de estos servicios.
Desde una perspectiva de supervisión constructiva, la Superintendencia de Sociedades publicó un documento para brindar pautas a las entidades supervisadas en algunos aspectos que se consideran relevantes al momento de tomar decisiones, las cuales deben estar soportadas en un buen juicio profesional y en el reconocimiento de hechos económicos sobre la base de la mejor estimación posible debidamente soportada, toda vez que los mismos afectarán la información financiera al cierre del ejercicio en 31 de diciembre del 2019, el ejercicio del 2020 y los ejercicios siguientes, en la medida que prevalezcan las condiciones económicas propiciadas por el covid-19. Las recomendaciones versan sobre: hipótesis de negocio en marcha; inventarios; propiedad, planta y equipo; instrumentos financieros; pasivos e impuestos a las ganancias. Finalmente, la superintendencia precisa que el carácter de la guía es estrictamente pedagógico y no tiene por objeto contemplar ni resolver todas y cada una de las situaciones que se pueden presentar alrededor de los diferentes hechos económicos que ella refiere.
El Ministerio de las TIC, junto con la Agencia Nacional del Espectro (ANE), definieron, a través de la Resolución 148 del 2020, las condiciones técnicas y de operación para los transmisores de baja potencia que permiten la emisión de eventos que utilicen el espectro atribuido al servicio de radiodifusión sonora bajo la modalidad de uso libre. La medida facilita la realización de eventos como la proyección de películas con el debido distanciamiento social en espacios amplios, desde donde los usuarios podrán sintonizar el audio en sus vehículos. El uso de la banda atribuida a radiodifusión (88MHz - 108 MHz) es una alternativa para la difusión de emisiones sin afectar la convivencia del entorno cercano. En esta banda hay masificación de receptores, incluyendo los radios instalados en los vehículos, lo que facilita el acceso de la ciudadanía para disfrutar del contenido emitido, como los autocines que se reactivarán próximamente en el país. Los interesados en utilizar frecuencias deben diligenciar un formulario, a través del cual se ingresan las condiciones técnicas y de operación establecidas en la resolución, al igual que la información que permita identificar el lugar de emisión del evento y la persona que realiza la solicitud.
El Ministerio de Salud emitió el protocolo de bioseguridad dirigido a las actividades relacionadas con el entrenamiento y competencia de los futbolistas profesionales, dispuesto en la Resolución 993 del 2020. Aplicará a quienes se encuentren vinculados a los clubes agrupados por la Dimayor y reconocidos por la Federación Colombiana de Fútbol, sus entrenadores y el personal logístico mínimo necesario para la práctica deportiva. Con la Resolución 991, adoptó el protocolo para el manejo y control del riesgo de coronavirus en las actividades relacionadas con el entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento, profesionales y recreativos. Con la Resolución 958 se fijan las medidas para el manejo y control del riesgo de covid-19 en los procesos electorales realizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con la Resolución 957 se adopta el protocolo en las diferentes actividades de industrias culturales, radio, televisión y medios de comunicación detalladas en la clasificación internacional CIIU 59, 62 y 90. Por otra parte, con la Resolución 905 del 2020 fijó el protocolo de bioseguridad en las siguientes actividades del sector comercio CIIU 4665, CIIU 4690, CIIU 474, CIIU 4751, CIIU 4753, CIIU 4754, CIIU 4755; CIIU 4759, CIIU 4762, CIIU 4769, CIIU 4773, CIIU 4774, CIIU 4775, CIIU 478, CIIU 479. Con la Resolución 904 del 2020, definió las medidas para el manejo y control del riesgo del covid en el sector portuario exclusivamente para transporte de carga.
Conforme al marco normativo vigente y en atención a que existen diferentes fuentes de financiación para la prestación del servicio de educación para adultos, con el fin de dar claridad en relación con los procesos de formación para esta población en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19, el Gobierno modificó el numeral 4 de la Directiva 05, del 25 de marzo del 2020, en lo relacionado con la prioridad en la prestación del servicio, entendiendo que la prestación requiere de la mejor organización durante la pandemia. Por ejemplo, agregó que los procesos de formación para adultos que son atendidos con horas extras de docentes de la planta oficial que ya iniciaron su proceso de formación y cuyas personas están debidamente matriculadas deben ser garantizados hasta la culminación del ciclo en curso. Las nuevas contrataciones para adelantar los siguientes ciclos de educación de adultos se realizarán cumpliendo las condiciones legales definidas por la normativa que rige la materia, así como por las orientaciones que para tal fin ha expedido el Ministerio de Educación.
Con la Resolución 899 del 2020, el Ministerio de Salud fijó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus (covid-19) en las actividades económicas de edición, jurídicas y de contabilidad; administración empresarial; actividades de consultoría de gestión; investigación científica y desarrollo; publicidad y estudios de mercado; otras actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de alquiler y arrendamiento; actividades de empleo; actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verde); actividades administrativas y de apoyo de oficina; actividades de servicios de apoyo a las empresas; mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo; mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería; peluquerías y otros tratamientos de belleza y ensayos y análisis técnicos y centros de diagnóstico automotor. Con la Resolución 898 del 2020, se adoptó el protocolo para el sector de la construcción y obras a ejecutar en los hogares e instituciones habitadas (CIIU 4330). Y con la Resolución 900 del 2020 se adopta el protocolo de bioseguridad en el sector cultural colombiano, específicamente el museístico.
Con el fin de posibilitar el trámite de las solicitudes de actualización y/o novedad que impliquen cambios sustanciales de los datos consignados en el Registro Único de Víctimas y para los cuales se requiere necesariamente la presentación del formato de novedades, de forma excepcional y transitoria, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas estableció una ruta para dar viabilidad a la presentación de dicha solicitud, a través del correo electrónico, la cual se describe y detalla en la Circular 0018. En razón a ello se deberán realizar todas las gestiones posibles para llevar a cabalidad la implementación de la nueva ruta transitoria, emitida bajo los lineamientos establecidos en la Ley 1448 del 2011 y el Decreto 1084 del 2015. También advirtió que, si bien se trata de una medida de carácter transitorio y excepcional utilizada para el trámite de actualización de novedades, no garantiza en todos los casos una respuesta favorable al solicitante.
La figura, que se utiliza en varios países, le permite a la persona recibir esos recursos mensuales mientras sigue disfrutando de su casa hasta el último día de su vida.
Los alcaldes podrán solicitar a Mininterior autorización para implementar planes piloto en el transporte doméstico aéreo y permitirán planes piloto de atención al público en el sitio para locales y establecimientos gastronómicos.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) amplió las medidas adoptadas en los sectores de energía y gas para aliviar el impacto de la facturación en los hogares. Los usuarios residenciales de energía eléctrica y gas podrán diferir el pago de sus facturas de abril, mayo y junio. Los estratos 1 y 2 podrán prorrogar el pago del servicio hasta por 36 meses, mientras que los estratos 3 y 4 lo podrán hacer por un periodo de 24 meses. La tarifa del servicio de energía y gas se diferirá de manera automática en los estratos del 1 al 4 cuando el usuario no haga el pago de esta, y en ningún momento el comercializador podrá suspender el servicio sin antes haber ofrecido estas opciones de financiación. Además, mientras finalice la emergencia, las empresas prestadoras del servicio se abstendrán de incrementar la tarifa del consumo mínimo de energía de los usuarios que pertenezcan a los estratos 1 y 2. Las medidas también aplican para los usuarios de los estratos 5, 6 y para los usuarios comerciales e industriales con tarifa regulada. Los comercializadores de energía y gas estarán en la obligación de diferir el pago de sus facturas cuando el usuario manifieste su intención de aplicar a este beneficio.
La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) prorrogó hasta el 31 de agosto del 2020 el término de aplazamiento de las etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas en los procesos de selección que adelanta la entidad. También amplió la suspensión de términos en los procesos disciplinarios y de jurisdicción coactiva, hasta las cero horas del 1º de julio de este año. Como consecuencia de esta decisión, la CNSC interrumpió los términos de caducidad y prescripción en los procesos disciplinarios y de jurisdicción coactiva que adelanta. Por lo tanto, las dependencias deberán adoptar las medidas necesarias en las actuaciones que se encuentren en curso y en las que se computen términos para dar cumplimiento a lo dispuesto.
El Ministerio de las Tecnologías y de la Información (Mintic) publicó la Resolución 0903 del 2020, la cual dispone que, a partir del 1º de julio deL 2020, la contraprestación periódica única que deben pagar los proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pasará del 2,2 % al 1,9 % sobre los ingresos brutos causados por la provisión de redes y/o servicios de telecomunicaciones, excluyendo terminales. En el caso de los proveedores del servicio de televisión, la contraprestación periódica única a favor del fondo corresponderá al mismo porcentaje sobre los ingresos brutos causados por la provisión del servicio, incluyendo los ingresos por concepto de pauta publicitaria y terminales.
Con la Resolución 0889 del 2020, fue adoptado el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus (covid-19) en las actividades de elaboración de productos de tabaco (CIIU 12); actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales (CIIU 18) y otras industrias manufactureras (CIIU 32). Por otra parte, con la Resolución 0890 del 2020, se adoptó el protocolo de bioseguridad para el sector inmobiliario y propiedad horizontal. Con la Resolución 0891 se acogió el protocolo para el manejo y control del riesgo del virus en el funcionamiento de bibliotecas y con la Resolución 0892 se adopta protocolo bioseguridad para las entidades sector financiero, asegurador y bursátil vigiladas por la Superintendencia Financiera.
Con la Resolución 1129 del 2020, Migración Colombia estableció una tarifa transitoria para el cobro de los costos asociados por concepto de consulta y expedición de la información no sujeta a reserva legal. Por otra parte, con la Resolución 1230 del 2020, modificó los artículos 2°, 3°, 6° y 7° de la Resolución 1032 del 2020, que establece el protocolo para el regreso al país de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes permanentes que se encuentren en condición vulnerable en el extranjero y se dictan otras disposiciones.
Con la Resolución 20203040004125 del 2020, el Ministerio de Transporte adoptó e implementó las medidas de bioseguridad dadas por el Ministerio de Salud en la Resolución 666 del 2020, con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus (covid-19) en el ministerio. El protocolo aplica a todos los servidores públicos, contratistas, pasantes y visitantes en la sede central, direcciones territoriales e inspecciones fluviales del Mintransporte.
El Ministerio de Vivienda impartió directrices relacionadas con las condiciones que deben cumplir los interesados que requieran remodelaciones en inmuebles durante la vigencia del aislamiento preventivo obligatorio decretado en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus (covid-19). Precisa que el Decreto 749, a través de su artículo 3º, en el numeral 18, excepcionó la ejecución de obras de remodelación en inmuebles. Bajo esta perspectiva, las remodelaciones están exceptuadas del aislamiento preventivo obligatorio en el que se encuentra el país, en consecuencia, podrán realizarse bajo las siguientes condiciones: (i) las empresas y particulares que presten servicios de remodelación en bienes inmuebles deberán dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud para las actividades de remodelación y adecuación de bienes inmuebles y (ii) hasta el 1º de julio del 2020 no podrán realizarse obras de remodelación en inmuebles con destinación habitacional que se encuentren sometidos a propiedad horizontal.
Empezaron a llegar al país los primeros ventiladores adquiridos por el Gobierno Nacional para fortalecer la oferta de servicios de salud para la emergencia sanitaria causada por el covid-19. Es por eso que el Ministerio de Salud estableció los criterios y condiciones para la asignación, transferencia y entrega de estos equipos. En primera medida, los beneficiarios de la transferencia de los ventiladores serán las entidades territoriales departamentales y distritales, las cuales serán las encargadas de entregarlos a hospitales e IPS de su jurisdicción, según establece la Resolución 0846 del 2020. Los criterios para la entrega de estos equipos biomédicos serán de acuerdo con el plan de expansión presentado al ministerio atendiendo a criterios de necesidad para la adecuada y oportuna atención del virus. Sin embargo, cuando el Minsalud lo considere podrá hacer entrega directa de estos equipos a algún hospital u otro prestador. Para esto se tendrán en cuenta criterios epidemiológicos, es decir, el comportamiento del covid-19 en la región de influencia de la IPS, como también la evolución de los casos confirmados de hospitalizados en UCI.
Las prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo podrán diferir por un plazo de 36 meses el cobro de las facturas por concepto de cargos fijos y consumo, a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2, emitidas a partir de la expedición del Decreto 528 del 2020 y hasta el 31 de julio de este año, sin que pueda trasladarle al usuario final ningún interés o costo financiero por el diferimiento del cobro.
Dada la evolución negativa que se evidencia en la casi totalidad de los sectores productivos del país, se hace necesario modificar parcialmente el Decreto 492, del 28 de marzo del 2020, para ampliar los sectores a atender con el Fondo Nacional de Garantías, tales como comercio, servicios, industria, agroindustria y exportador, o a otros sectores o programas o a personas naturales o jurídicas que hayan sufrido efectos adversos en su actividad económica causados por la pandemia del coronavirus (covid -19). En ese sentido, el Decreto 816 del 2020 dotó al Gobierno de la facultad de administrar y direccionar los mecanismos para optimizar el uso del capital de propiedad estatal que hace parte del patrimonio del fondo.
Las operadoras de juegos de suerte y azar, de lotería tradicional o de billetes y los operadores concesionarios de apuestas permanentes podrán ofrecer al público incentivos con cobro del premio inmediato en dinero y/o especie, los cuales podrán ser comercializados de forma independiente del juego de lotería tradicional de billetes o de apuestas permanentes. Los incentivos son una modalidad autónoma de juego que no forman parte de la venta de lotería, en virtud de lo cual no serán objeto del impuesto de loterías foráneas y sobre premios de loterías (artículo 48 de la Ley 643 del 2001). Así mismo, el incentivo estará excluido de la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA). Durante los años 2020 y 2021, las empresas operadoras podrán realizar anualmente dos sorteos extraordinarios en diferente mes del año, en los términos de la normativa vigente. Los representantes legales de las empresas podrán celebrar acuerdos de pago por una sola vez con cada distribuidor de lotería, para incluir las obligaciones que se hayan constituido a su favor, en los meses de febrero, marzo y abril de este año.
El Ministerio de Hacienda, a través del Decreto 812, del 4 de junio, creó el registro social de hogares y la plataforma de transferencias monetarias, con el fin de atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad económica, en el marco del estado de emergencia económica causada por la pandemia del coronavirus (covid-19).
El Decreto 773 modifica la fecha de presentación del marco fiscal de mediano plazo para la vigencia fiscal 2020. Se debe recordar que este marco fiscal plasma la agenda de trabajo del Gobierno Nacional en el corto y mediano plazo, con el propósito de iniciar la discusión sobre los aspectos fundamentales de las finanzas públicas del país, en la que se incluya la agenda legislativa y las decisiones de gasto dispuestas por el Congreso.
Con la Resolución 0843 del 2020, el Ministerio de Salud orientó las medidas generales de bioseguridad, prevención, control y manejo de casos de covid-19 que deben adoptar el Inpec, la Uspec y la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano, durante el desarrollo de todas las actividades relacionadas con la vida en reclusión en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Esto acorde con los tipos de establecimientos, clasificación, regional o cualquier otro aspecto que consideren les permita la planeación y ejecución de estas actividades.
Es viable para enfrentar las causas del estado de emergencia que atraviesa el país por cuenta del coronavirus (covid-19).
Fueron expedidas dos directivas con orientaciones para las autoridades competentes en educación, así como para los establecimientos educativos oficiales y los rectores de los establecimientos educativos no oficiales.
El Ministerio de Salud expidió una circular para hacer precisiones sobre la utilización y financiación de dispositivos médicos, específicamente de ventiladores mecánicos, que no tienen autorización para su producción y comercialización en el territorio nacional. El artículo 12 de la Ley 23 de 1981 señala una excepción a la regla, ya que indica que el médico, en circunstancias excepcionalmente graves, puede usar un procedimiento experimental que se ofrezca como la única posibilidad para preservar la vida. Sobre lo anterior, el ministerio indica que las circunstancias excepcionales graves hacen referencia a aquellas en que se demuestre el riesgo latente para la vida y salud del paciente y no haya otra opción en el momento de brindar la tecnología en salud. Agrega que se requiere el consentimiento informado del paciente o de sus familiares, es decir, su aprobación luego del señalamiento de que se trata de una tecnología experimental, que no cuenta con autorización de la entidad competente y manifestando los riesgos para la salud que podría implicar el uso de estos. Por último, indica que estas tecnologías no pueden ser financiadas con los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Por medio de la Resolución 4243 del 2020, la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) habilitó la imposición y cotejo de huella dactilar exclusivamente para los casos contemplados por la ley. Es decir, para trámites relacionados con escrituras públicas, autorización para salida de menores del país, otorgamiento de poderes, cesión de derechos.
A través de la Circular Externa 67 del 2020, dirigida a los gobernadores y alcaldes del país, así como a las federaciones deportivas, comités olímpico y paralímpico colombiano, ligas deportivas, institutos de deportes y organismos del Sistema Nacional del Deporte, los ministerios del Interior y del Deporte fijaron directrices para el ejercicio de la práctica deportiva de que trata el Decreto 749 del 2020 frente a deportistas de alto rendimiento. Según la circular, el Ministerio del Deporte creó un modelo de reinicio gradual de los entrenamientos individuales, de acuerdo al nivel de riesgo de contagio (siendo 1 menor riesgo y 4 mayor riesgo). En este sentido, los deportistas de alto rendimiento que practiquen actividades catalogadas como nivel de riesgo 1 serán los primeros en retomar sus entrenamientos de manera individual y diferenciada. Es así como, de acuerdo con la clasificación del ministerio, corresponde a las disciplinas de: golf, tenis de campo, arquería, tiro deportivo, atletismo, canotaje, esquí, vela, surf, ciclismo de ruta, ecuestre, orientación, triatlón, levantamiento de pesas, actividades subacuáticas y natación en modalidad aguas abiertas, fútbol y patinaje. La circular aclara que están prohibidos los entrenamientos en forma grupal o cualquiera que implique aglomeración de deportistas o práctica de las actividades prohibidas señaladas en el artículo 5 del Decreto 749.
Una de las primeras medidas, que busca apoyar esa recuperación gradual y ordenada de la vida productiva, es la habilitación del transporte de pasajeros individual tipo taxi. Para su operación, de acuerdo a lo estipulado por la norma, los vehículos deben cumplir todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud para esta actividad, pues la prioridad es la protección de la vida y de la salud de los ciudadanos. Este servicio podrá ofrecerse por cualquier medio.
Este aislamiento preventivo, que regirá desde el 1° de junio, incluye 43 excepciones que buscan garantizar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los colombianos. Se autoriza apertura productiva de los servicios de peluquería, parqueaderos públicos para vehículos, museos y bibliotecas.
La presentación de estados financieros se iniciará desde el miércoles 3 y hasta el martes 30 de junio. Las empresas deberán presentar los estados financieros de acuerdo a los dos últimos dígitos del NIT, sin el número de verificación. Ese mismo calendario rige como plazo para la presentación de información financiera a fin de ejercicio 2019, para entidades empresariales en acuerdos de reestructuración o reorganización. Adicionalmente, también modificó los plazos para el envío del Informe 42 Prácticas Empresariales a 31 de diciembre del 2019, que permite conocer información sobre las prácticas empresariales y el gobierno corporativo de las empresas vigiladas. Además, se modificaron los plazos para que las empresas envíen los estados financieros consolidados y combinados a 31 de diciembre del 2019. En este sentido las matrices o controlantes deberán remitir esta información, a más tardar, el viernes 17 de julio del 2020. El plazo para la presentación de la información financiera de los equipos de fútbol con deportistas profesionales organizados como sociedades anónimas, con corte a 31 de diciembre del 2019, también se modificó. La nueva fecha máxima de entrega será el viernes 12 de junio del 2020.
El Ministerio de Salud y (Minsalud) indicó que los niños entre 2 y 5 años podrán realizar actividades al aire libre tres veces a la semana durante 30 minutos al día, a partir del 1º de junio.
A través de la Resolución 844 del 2020, el Ministerio de Salud prorrogó hasta el 31 de agosto la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, la cual podrá finalizar antes de esa fecha cuando desaparezcan las causas que le dieron origen. Esta norma también amplía el aislamiento y cuarentena preventiva para los mayores de 70 años, medida que cobijará además a los mayores de 60 años que residan en centros de larga estancia. Mientras que las actividades de los centros vida y día permanecerán parcialmente cerradas, a excepción de los servicios de alimentación que se seguirán prestando de manera domiciliaria. A su vez, el acto administrativo dictó otras medidas, como que las EPS y su red de prestadores de servicios de salud garanticen la atención en sus afiliados, priorizando la atención domiciliaria, la entrega de medicamentos a domicilio, seguimiento, teleorientación, telesalud, entre otras, con énfasis en población con 70 años o más o con comorbilidades. Así mismo, ordenó la implementación de los protocolos de bioseguridad que expida el Gobierno respecto de los sectores o actividades en los que se permita la libre circulación. Por último, se invita a los medios de comunicación a que difundan en beneficio de la ciudadanía la situación sanitaria y las medidas de protección para la población mayor, entre las que se contempla además del aislamiento preventivo, el permanente lavado de manos con agua y jabón, el distanciamiento de personas con síntomas respiratorios y el uso de tapabocas en las situaciones en que se requiera.
Conforme al artículo 6º del Decreto número 491 del 2020, continúan suspendidos los términos de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD), desde el 17 de marzo y hasta el día hábil siguiente a la superación de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud. Lo anterior sin perjuicio de que las autoridades administrativas continúen adelantando las acciones correspondientes dentro de los procesos, y realizando el seguimiento cuando sea posible, teniendo en cuenta el interés superior del niño y prevalencia de sus derechos. Para el efecto, se insta a los profesionales de las defensorías de familia a implementar herramientas tecnológicas disponibles para realizar estudios de caso, comités consultivos, proyección de actos administrativos, proyección de informes, actualización del SIM, entre otras actuaciones. Las autoridades administrativas en el marco de su autonomía podrán levantar la suspensión de términos o abstenerse de suspenderlos, en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos señalados en la Resolución 3507 del 2020.
Con la Resolución 0748 del 2020, se adopta el protocolo de bioseguridad para realizar el adecuado manejo de la pandemia en la industria manufacturera autorizada para la elaboración de productos alimenticios y elaboración de bebidas, industria petroquímica, química y sus relacionados, fabricación de otros productos minerales no metálicos y fabricación de productos metalúrgicos básicos. La Resolución 0749 del 2020 adopta el protocolo de bioseguridad para el comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, al por menor en establecimientos no especializados y al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados, así como el alojamiento en hoteles y actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas. Con la Resolución 0773 del 2020 se adopta el protocolo para el manejo y control del riesgo de la enfermedad en el sector pecuario, para las explotaciones avícolas, porcícolas, ganadera, equina, acuícolas, pesquero y predios productores de pequeñas especies y empresas productoras, importadoras, de almacenamiento, acondicionadoras y comercializadoras de insumos pecuarios; con la Resolución 0796 del 2020 se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención del coronavirus en el sector agrícola; con la Resolución 0797 del 2020 se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del virus en el sector de minas y energía y con la Resolución 0798 del 2020 se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo en los diferentes eslabones de la cadena logística del servicio de hospedaje que se preste al personal de la salud, de custodia y vigilancia de la población privada de la libertad y de las fuerzas militares y fuerza pública.
Se expidió el Decreto 689, del 22 de mayo del 2020, mediante el cual se amplía el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo, en el marco de la emergencia sanitaria y como medida para prevenir, contener y mitigar los efectos del covid-19 en el país. En este sentido, el artículo 1 de la nueva norma prorroga la vigencia del Decreto 636. Cabe recordar que la norma citada ordenaba el aislamiento de los habitantes hasta el 25 de mayo. De igual manera, con vigencia para este mismo periodo, el Decreto 636 contiene disposiciones en materia de ejecución y garantías para la medida de aislamiento, sectores exceptuados, protocolos de bioseguridad y disposiciones relacionadas con los municipios no afectados por covid-19.
Con el fin de mitigar los efectos de la emergencia en el sector de la construcción, y de manera particular respecto de los titulares de las licencias urbanísticas, el Ministerio de Vivienda tomó medidas en relación con su vigencia y decidió ampliar, automáticamente, por un término de nueve meses, la vigencia de las licencias que al 12 de marzo del 2020 estuvieran vigentes.
La Superintendencia de Transporte, previa coordinación con otras autoridades y socialización con el público, expidió la Circular 006 del 2020 con el propósito de evitar inconvenientes a los transportadores y los usuarios que se encuentran exceptuados para viajar en época del aislamiento. La circular requiere a las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, así como a las empresas de transporte especial, coordinar con las autoridades del lugar de destino antes de iniciar el respectivo desplazamiento: (i) si los vehículos podrán ingresar y (ii) si los pasajeros están autorizados para descender en el sitio. De otra parte, las autoridades y organismos de tránsito deben (i) atender las solicitudes de los empresarios, con el fin de coordinar sus despachos de vehículos y (ii) controlar el transporte ilegal e informal en su jurisdicción. Se debe tener en cuenta que las personas que pueden movilizarse a través del transporte terrestre son las exceptuadas por el Decreto 636/20 y que los empresarios deben adoptar los protocolos de bioseguridad en sus vehículos, conforme a la ley.
Con la Resolución 750 del 2020, el Ministerio de Salud estableció el procedimiento y los requisitos para presentar ante la entidad y ante los departamentos y distritos los proyectos de inversión en infraestructura física, equipo industrial de uso hospitalario o dotación de equipos biomédicos, y los considerados de control especial de oferta, que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud a la población afectada por el coronavirus (covid-19). Para conocer detalles puede consultar el archivo adjunto a esta nota.
La normativa excepcional que ha sido emitida como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, económica y social por la propagación del coronavirus (covd-19) no contempla la modificación o suspensión temporal de la obligación de investigar las desviaciones significativas que evidencien las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios al momento de preparar sus facturas. Por lo tanto, precisó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sigue rigiendo el artículo 149 de la Ley 142 de 1994, sobre revisión previa y, en ese sentido, las empresas pueden adelantar las visitas de comprobación que se deriven de esta obligación, incluso bajo la medida vigente de aislamiento preventivo obligatorio. La entidad recordó que el numeral 28 del artículo 3 del Decreto 593 del 2020 excluye expresamente de las restricciones a la movilidad a las personas encargadas de las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de servicios públicos.
Con el Decreto 680 del 2020, el Mintic adicionó un parágrafo transitorio al artículo 2.2.7.4.5. del Decreto 1078 del 2015, único reglamentario del sector, para aplazar los pagos que deben realizar los operadores del servicio de radiodifusión sonora comercial al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. “Los pagos, las autoliquidaciones y los acuerdos de pago fijados para el año 2020, que deben efectuar los operadores del servicio de radiodifusión sonora comercial, serán aplazados hasta el año 2021, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus (covid-19)”, puntualiza la norma. El ministerio fijará mediante resolución el cronograma de pagos respectivo.
Los planes de desarrollo territoriales (PDT) para el periodo 2020 - 2023 que no fueron presentados oportunamente se podrán someter a consideración de la respectiva asamblea o concejo hasta el día 15 de junio de este año y los que fueron presentados al 30 de abril del 2020, podrán ser objeto de modificaciones. Lo anterior con motivo de los efectos derivados de la pandemia del nuevo coronavirus (covid-19). Solamente si el mandatario respectivo se acoge a alguno de los plazos previstos, la asamblea o concejo deberá decidir sobre los planes hasta el 15 de julio. Para estos efectos, y si hay lugar a ello, el gobernador o alcalde convocará a sesiones extraordinarias a la correspondiente asamblea o concejo. Si transcurre ese lapso sin adoptar alguna decisión, el gobernador o alcalde podrá adoptarlo mediante decreto. Además, se fijan plazos excepcionales para la elaboración de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, estos se podrán adoptar el siguiente mes a la fecha de aprobación o adopción del respectivo PDT.
La Contaduría General de la Nación (CGN) instó e instruyó a todos los representantes legales y contadores de las entidades del sector público a dar estricta observancia a los lineamientos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública, para una correcta contabilización de los hechos económicos que se generen producto de los decretos expedidos en razón de los estados de emergencia económica, social y ecológica y que por su naturaleza tienen impacto en las cuentas públicas. Así mismo, informó que la CGN va a requerir información relacionada con la financiación y uso de los recursos destinados a la atención de la emergencia, por lo que a la fecha está elaborando un formulario adicional (covid-19) que se acompañara del instructivo correspondiente, para permitir a las entidades transmitir, a partir del segundo trimestre del año, el reporte correspondiente a nivel de subcuentas de todos los movimientos realizados que se generen con ocasión de la aplicación y observancia de los distintos decretos. Igualmente, solicitó a los jefes de control interno, o a quienes hagan sus veces en cada entidad, para que de manera objetiva evalúen permanentemente el cumplimiento de las normas contables.
Durante la emergencia sanitaria, ninguna EPS puede omitir las funciones indelegables del aseguramiento en salud, esto es, la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo y la prestación de los servicios por cualquier patología o situación de salud, así como la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario. Para lo anterior, las entidades deberán atender los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud en la Resolución 731 del 2020. Por ejemplo, les pide fortalecer las unidades básicas de atención, por medio de centrales de llamadas, correo electrónico, app, teleorientación y teleconsulta, atención domiciliaria y entrega de medicamentos a domicilio, en particular de los afiliados con mayor riesgo o vulnerabilidad.
El Ministerio de Minas expidió la resolución que establece las condiciones para la implementación del mecanismo de aporte voluntario por parte de usuarios residenciales de los estratos 4, 5 y 6 y los usuarios comerciales e industriales, cuyo programa se ha denominado “comparto mi energía”. Así, los usuarios podrán realizar aportes en su factura de energía eléctrica y gas destinado a las personas menos favorecidas. Es decir, los recibos incluirán una casilla para que las personas señalen si desean o no realizar un aporte voluntario solidario a los estratos 1 y 2. Si no se hace la contribución, el valor no podrá acumularse en los siguientes cobros y tampoco se contabilizará como una cuenta por cobrar. La resolución da un plazo de 10 días calendario para tener en estado operativo el mecanismo para iniciar con el recaudo del aporte.
Tras analizar las diferentes consultas de los prestadores, los suscriptores y/o usuarios sobre la aplicabilidad de las disposiciones contenidas en la Resolución 915 del 2020, la CRA expidió una nueva norma para modificar los siguientes aspectos: (i) modificar el concepto de tarifa final incluido en los artículos 2, 3 y 4 de la norma, con el fin de dar claridad sobre el valor objeto de pago diferido; (ii) señalar cuáles conceptos, incluidos en la factura, no son objeto de la medida de pago diferido; (iii) determinar cuáles son las facturas objeto de pago diferido; (iv) señalar las condiciones de aplicación de intereses sobre los montos dejados de pagar por los suscriptores y/o usuarios que incumplan el pago diferido; (v) dar claridad respecto de las tasas aplicables para la financiación de facturas objeto de pago diferido a los suscriptores y/o usuarios de estratos 1 al 4 y (vi) precisar el periodo de gracia e inicio del pago diferido.
Con la Resolución 740 del 2020, el Ministerio de Salud fijó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus (covid-19) en el sector médico veterinario, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de todas las actividades en consultorios, clínicas y hospitales, así como en la atención de urgencias veterinarias y en los casos de atención domiciliaria. Este protocolo es complementario al que se encuentra en la Resolución 666 del 2020 y a las demás medidas que los responsables de cada planta crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento está a cargo de la secretaría o entidad municipal o distrital.
Por medio del Decreto 662, del 14 de mayo, el Ministerio de Educación creó el Fondo Solidario para la Educación y adoptó medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por la propagación del covid-19, en el marco de la actual emergencia sanitaria. Los recursos de este fondo serán utilizados para apalancar el plan de auxilios educativos creado mediante el Decreto 467 del 2020, línea de crédito educativo para el pago de pensiones de jardines y colegios privados, línea de crédito para el pago de matrículas de jóvenes en condición de vulnerabilidad en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano y en instituciones de educación superior.
El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, el Fondo Nacional de Garantías (FNG) y la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), lanzó un paquete de líneas de crédito para aliviar la situación de jardines infantiles, colegios, universidades, padres de familia y estudiantes, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por causa de la pandemia de covid-19.
Como parte de las medidas adoptadas para apoyar a los sectores más afectados por la emergencia provocada por la pandemia del covid-19, el Ejecutivo emitió el Decreto 658 del 2020, que dispone acciones concretas para los agentes de telecomunicaciones que prestan servicios radiodifundidos y comunitarios. La norma aplaza, hasta el 2021, los periodos de pago de las contraprestaciones que deben hacer al Fondo único de tecnologías de la información y las comunicaciones los operadores de los servicios de televisión abierta radiodifundida, la radiodifusión sonora comunitaria y de interés público y la televisión comunitaria sin ánimo de lucro. De este modo, se generan condiciones para que estos medios, que han visto afectados sus ingresos por la disminución de la actividad económica, sigan operando y protejan el empleo que generan en todas las regiones del país.
El Gobierno expidió el Decreto 660, del 13 de mayo del 2020, con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo en todo el territorio nacional, para lo cual, bajo las orientaciones y autorización del Ministerio de Educación, durante la emergencia sanitaria, las semanas de trabajo académico se podrán organizar en periodos diferentes a los previstos de manera previa en el artículo 86 de la Ley 115 de 1994. Esto permite que el ministerio pueda atender eventuales necesidades de flexibilización del calendario académico del presente año escolar en los niveles de preescolar, básica y media que se identifiquen con las entidades territoriales certificadas para atender necesidades específicas que algunas regiones puedan requerir. La cartera impartirá orientaciones dirigidas a los alcaldes, gobernadores y los respectivos secretarios de educación para que cuenten con los elementos necesarios para valorar las eventuales necesidades de flexibilización del calendario académico para este 2020.
La Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) reanudó los trámites legales de algunas de las actuaciones jurisdiccionales de la entidad y prorrogó la vigencia de las medidas adoptadas en la Resolución 068, del 17 de marzo del 2020. Así, por ejemplo, reanudará desde hoy, 12 de mayo, los términos de los procesos que se adelantan ante la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la DNDA, de forma parcial y respecto de los cuales se haya contestado la demanda y surtido los traslados que se generan producto de la misma, para que el despacho se pronuncie sobre los asuntos que resten en la fase escritural como: excepciones previas, objeción al juramento estimatorio, llamamientos en garantía, entre otras.
A través de la Resolución 735, el Ministerio de Salud estableció los protocolos de bioseguridad para las diferentes actividades del comercio electrónico, con el fin de garantizar la protección a trabajadores, empleadores y familias frente a los riesgos que representa el covid-19. El protocolo va dirigido a centros de llamada, de contacto, de soporte técnico, de procesamiento de datos y de servicios compartidos, incluidos los business process outsourcing, así como a los servicios domiciliarios, mensajería y plataformas digitales. Su vigilancia y cumplimiento estará a cargo de la secretaría municipal o distrital. Por ejemplo, se establece que se debe disponer de un dispensador de alcohol glicerinado por cada 25 empleados en un área designada, de modo que se pueda hacer una adecuada higiene de manos, así como garantizar el cumplimiento del distanciamiento físico en zonas comunes que no debe ser inferior a los dos metros.
Con la expedición de la Resolución 3747, del 8 de mayo del 2020, la Superintendencia de Notariado y Registro levantó la suspensión de términos en 11 ORIP del país. Las oficinas que, a partir del 12 de mayo, volverán a abrir sus puertas al público son: Bogotá zonas norte, centro y sur; Medellín zonas norte y sur; Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga y Valledupar. El horario de atención al público será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. El registrador de cada ORIP deberá velar por el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, así como de las diferentes medidas para la prestación de servicio, entre ellas la restricción del número de usuarios en cada sede, que en ningún caso podrá ser superior a cinco. La atención para consultas jurídicas no podrá realizarse de manera presencial, para lo cual continúa habilitada la plataforma “Sistema Integrado de Servicios y Gestión – SISG”, a la cual se puede acceder a través de la página web institucional.
Se trata de una circular conjunta que pide promover estrategias internas de comunicación,en las cuales se recuerda la importancia de armonizar la vida laboral con la familiar y personal.
Los lineamientos dados por el Ministerio de Salud a los alcaldes de los municipios donde no se han presentado casos covid-19 abordan medidas en hogares, espacios comunitarios, sitios de trabajo y entornos institucionales con el objetivo de generar una mayor posibilidad de áreas comerciales e industriales con algunas restricciones. Dentro de estos lineamientos se encuentra que los mandatarios locales mantengan un puesto de mando unificado para vigilar el cumplimiento de los protocolos, así como sostener la prohibición de actividades que generen aglomeraciones como casinos, cultos, gimnasios, bailes y billares. "Los alcaldes son autónomos para establecer restricciones a la comunidad como "picos y cédulas" y el transporte terrestre debe reducir su oferta a la mitad de la capacidad para facilitar el distanciamiento y evitar que haya posibilidad de contagio", sostuvo el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Deben además fomentarse estrategias de distanciamiento físico en establecimientos comerciales y las peluquerías podrán entrar en funcionamiento con cita previa, además, usuario y peluquero deberán llevar elementos de protección.
Las sociedades portuarias marítimas, sociedades portuarias fluviales con vocación marítima, operadores portuarios, empresas de transporte marítimo y fluvial podrán seguir utilizando los dispositivos de autenticación biométrica. Para esos efectos, deberán adoptar mecanismos de desinfección frecuente del dispositivo, por lo menos, después de cada uso, así como de desinfección de manos luego del registro, por ejemplo, con alcohol glicerinado. Se deberá establecer un protocolo de esta actividad en el que se describirá, por lo menos, el tipo de agente desinfectante, rutina de limpieza, personal a cargo y supervisión del procedimiento, según determinó la Superintendencia de Puertos y Transporte en una reciente circular.
Fue expedido el Decreto 637 del 2020, mediante el cual se declara nuevamente el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional y por un término de 30 días calendario, con el fin de enfrentar la pandemia del coronavirus (covid-19). La norma, de cuatro artículos, firmada por el presidente Duque y los 18 ministros del gabinete, le permite al Ejecutivo adoptar, mediante decretos legislativos, todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Además, el Gobierno dispondrá de las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo. Según la norma, entre las motivaciones de la declaratoria está la protección de los puestos de trabajo, incluidos los formales, y también el sistema económico colombiano, afectados por la pandemia. En efecto, se señala que mediante la emergencia se busca “mitigar la crisis ante la inminente destrucción sistemática de los puestos de trabajo con el impacto negativo que esto conllevaría en la economía, no solo de las familias colombianas sino de todo el sistema económico colombiano”.
Mediante Circular Externa 20201000000204, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios publicó una guía sobre las medidas expedidas por el Gobierno, la cual permite hacer seguimiento a la aplicación de los alivios económicos a que tienen derecho los usuarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas combustible. La guía incluye las disposiciones sobre suspensión temporal de incrementos tarifarios, pago diferido de facturas, reconexiones de los servicios, aplicación de subsidios por parte de los entes territoriales, entre otros lineamientos obligatorios o de aplicación discrecional de los prestadores, gobernadores y alcaldes. Se detallan también los comportamientos esperados por estas para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos en este tiempo de crisis.
Teniendo en cuenta la epidemia del covid-19, el Ministerio de Salud, a través de la Resolución 679 del 2020, dictó los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en el sector de infraestructura de transporte. Con la Resolución 680 del 2020, la entidad adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus en el sector de agua potable y saneamiento básico. Estos protocolos son complementarios al que se encuentra en la Resolución 666 del 2020 y a las demás medidas que los responsables de cada planta crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento del mismo está a cargo de la secretaría o entidad municipal o distrital.
La población de calle, la cual se concentra en los principales centros urbanos del país y que alcanza las 32.000 personas según registros oficiales, es uno de los grupos vulnerables frente al covid-19. Por ello, el Ministerio de Salud emitió un lineamiento que reúne las acciones que deben realizar las entidades territoriales para la prevención, contención y mitigación del virus. Además, dichas entidades deben garantizar los servicios de salud y de asistencia social, como también realizar las acciones de prevención, detección y manejo de casos con presunción de infección del virus. Finalmente, las recomendaciones también están dadas a las EPS e IPS, las cuales deben incluir la afiliación de oficio para esa población, a fin de reducir los trámites para la afiliación.
El Ministerio de Salud, mediante Resolución 0677 del 2020, adoptó el protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del covid-19 para el sector transporte, el cual es de obligatorio cumplimiento tanto para los trabajadores como para las empresas del mismo. Se trata de una medida complementaria al protocolo general de bioseguridad previsto en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020, y con el fin que los operadores y conductores de la cadena logística de transporte de carga por vía terrestre y fluvial, conductores de servicio público terrestre, así como terminales de transporte, entes gestores y sistemas de transporte masivo y administradores de infraestructura asociada, cumplan diferentes medidas para prevenir la propagación del coronavirus. Entre las medidas generales se encuentra limpiar y desinfectar los sitios en los cuales los usuarios, trabajadores y demás personas pueden o han entrado en contacto directo con los medios de transporte público, tales como taquillas, sillas, ventanas, pasamanos, entre otros.
Mediante el Decreto 614 del 2020, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estableció los aspectos necesarios para que los habitantes del territorio nacional cuenten con canales oficiales de atención telefónica y móvil durante las emergencias sanitaras. La norma indica que CoronApp Colombia (CoronApp) es la única aplicación móvil oficial de acceso gratuito (zero rating) y la línea 192 es la línea de atención telefónica oficial. A través de estos medios, los ciudadanos podrán tener acceso a información actualizada y veraz sobre emergencias sanitarias, su evolución en el país y alertas de prevención, así como reportar, desde terminales móviles, un autodiagnóstico de su estado de salud.
Mediante el Decreto 609, del pasado 30 de abril, el Presidente de la República nominó a Adriana Lucía Jiménez Rodríguez como gerente de la subcuenta para la mitigación de emergencias covid-19, quien se podrá vincular mediante contrato. De igual manera, con el Decreto 619, designó a los cinco miembros de la junta administradora de la subcuenta, entre ellos: José Andrés O'meara, director de la Agencia Nacional de Contratación Pública y Saúl Pineda Hoyos, viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio.
La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) prorrogó la suspensión de términos en las oficinas de registro de instrumentos públicos (ORIP) del país, así como en las diferentes dependencias de la SNR, hasta el 4 de mayo del 2020. Es decir, continúa la interrupción en los trámites, procedimientos, actuaciones administrativas, disciplinarias y procesos registrales que se encuentren en curso. Igualmente, acatando los mandatos del Presidente de la República, atinentes a la activación de diferentes sectores de manera gradual y responsable, entre ellos el servicio público registral, la Supernotariado se encuentra trabajando en la adopción e implementación de protocolos de bioseguridad impartidos por el Ministerios de Salud, con el fin de proteger la salud de los funcionarios, contratistas de la entidad y de los usuarios.
El Ministerio de Salud informó que el Gobierno expidió la Resolución 681, de abril del 2020, que contiene los protocolos para los juegos de suerte y azar, uno de los sectores de la economía habilitados para reanudar labores gradualmente, y que aporta importantes recursos al sector salud. De acuerdo con la norma, quienes trabajan en este sector deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para la realización de actividades: (i) gozar de buena salud y no presentar enfermedades de riesgo para el covid-19 y (ii) acatar todas las instrucciones y recomendaciones que imparta Minsalud, basadas en el lavado frecuente de manos, uso de tapabocas y distanciamiento físico. Por su parte, las empresas, al momento del ingreso del personal a sus sedes, deben ejercer control de ingreso del personal, disponiendo que se laven las manos con agua, jabón y toallas de desechables, y ubicando alcohol glicerinado, mínimo, al 60 % en puntos estratégicos. Además, se dispondrán de horarios preferenciales para apostadores entre 60 y 69 años, como también de filas o turnos de acceso que eviten la aglomeración.
Mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, se aplazarán los procesos de selección que se estén adelantando actualmente para proveer empleos de carrera administrativa del régimen general, especial constitucional o específico que estén en etapa de reclutamiento o de aplicación de pruebas, los cuales serán reanudados una vez se determine superada la emergencia. No obstante, indicó el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el evento en que ya se hayan emitido listas de elegibles que estén en firme se efectuarán los nombramientos y las posesiones en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente. La notificación del nombramiento y el acto de posesión se podrán realizar haciendo uso de medios electrónicos. Quienes se posesionen estarán en etapa de inducción y el periodo de prueba iniciará cuando se supere la emergencia.
Los extranjeros que se encuentren en permanencia regular dentro del territorio colombiano podrán efectuar solicitud de visa ante la autoridad competente en Bogotá, a través de los medios electrónicos dispuestos para tal fin por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante la vigencia de la Resolución 1296, no se permitirá a extranjeros titulares de visa de visitante efectuar solicitudes del documento que signifiquen cambios de clase, pudiendo solamente solicitar la misma clase de la que es titular, siempre con arreglo a los requisitos establecidos en la Resolución 6045 del 2017 y al principio de discrecionalidad en el otorgamiento de estas. Igualmente, se suspende de forma provisional, y hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada, el procesamiento de solicitudes por parte de extranjeros con permanencia fuera del territorio colombiano. Los consulados de Colombia están impedidos de admitir durante el referido término tales trámites, indistintamente de su clase o actividad.
Desde hoy, 27 de abril, todas las notarías del país estarán prestando sus servicios de lunes a viernes, así lo dispuso la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) por medio de la Resolución 03525 del 2020. La entidad eliminó el cronograma de turnos con el que las notarías estaban atendiendo ciertos días de la semana. Sin embargo, el horario sigue siendo el mismo: 8:00 a. m. a 1:00 p. m. para aquellas que se encuentren en clima cálido y templado y 10:00 a. m. a 3:00 p. m. para las ubicadas en clima frío. También se habilitó la prestación del servicio los días sábados, para este caso las notarías continuarán con el cronograma de turnos que se fijó a inicio de año en la Resolución 617 del 2020. Respecto del servicio notarial en el aeropuerto internacional El Dorado, este se presta a través de las notarías 79 y 80. El horario será de lunes a domingo de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. para la notaría 80 y de 1:00 p. m. a 6:00 p. m. para la 79. Los notarios deberán continuar acatando las medidas de bioseguridad establecidas por la SNR a través de la Instrucción Administrativa 04 del 2020.
Las nuevas actividades en las que se permite el derecho de circulación de personas son seis y varios subsectores de manufactura pueden empezar a producir de nuevo, gradualmente y bajo el cumplimiento estricto de los protocolos.
La Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) estableció medidas regulatorias transitorias para el pago diferido de las facturas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y del servicio público de aseo. Para los usuarios residenciales de los estratos 1 al 4, el valor sujeto a pago diferido será el de la tarifa final por suscriptor asociado a la prestación de los servicios del periodo facturado. Para los estratos 5 y 6, usuarios industriales, comerciales y oficiales, que acuerden con las personas prestadoras el pago diferido, el valor sujeto a pago prorrogado será el de la tarifa final por suscriptor asociado a la prestación de los servicios del periodo facturado. Las medidas transitorias establecidas no aplican para otros cobros incluidos en la facturación, no provenientes de la prestación de los servicios ya mencionados.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en desarrollo de las directrices impartidas por el Gobierno en el Decreto 517 del 2020, dio una serie de orientaciones a los alcaldes del país que decidan asumir el pago de la prestación de los servicios de energía eléctrica y gas combustible a la población más vulnerable. En la Circular Externa 174, del 13 de abril del 2020, la Superservicios informó a los mandatarios locales que pueden hacer uso de las herramientas legales que les permiten gestionar recursos para asegurar la continuidad en la prestación de estos servicios, y asumir el pago total o parcial de los usuarios, mientras permanezca vigente la emergencia económica, social y ecológica que vive el país.
El Ministerio de Salud expidió la Resolución 666 del 2020, para adoptar el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, contenido en el anexo técnico que hace parte integral de la norma. Estas medidas deben ser desarrolladas por las empresas (públicas y privadas) con el apoyo de las ARL, precisando las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social, adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo. Dicho protocolo está orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad. La norma indica que para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la empresa debe capacitar a todos los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del virus y las maneras de prevenirlo. Igualmente, les solicita implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expidió la Resolución 5969 del 2020, por medio de la cual se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4º del Decreto 555 del 2020, se subroga la Resolución 5951 del 2020 y otras disposiciones. Así, por ejemplo, la CRC adiciona lo referente a la priorización del acceso de los usuarios a contenidos o aplicaciones durante la ocurrencia de pandemias. Adicionalmente, define reglas que deberán acatar los proveedores de redes y servicios de acceso a internet al aplicar la priorización de tráfico. Durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la OMS, con incidencia en Colombia, los proveedores que cuenten con más de 50.000 usuarios deberán reportar el comportamiento del tráfico de sus redes, de acuerdo con lo establecido en el anexo 2.9 parte b.
Así lo anunció Minsalud, quien también dijo que de $ 1.7 billones dispondrán las EPS para el pago de deudas con hospitales y proveedores por concepto de servicios y tecnologías incluidos en el plan de beneficios.
Con la Resolución 615, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus, y mientras esta dure, el Ministerio de Salud concedió facultades al Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) para que establezca procedimientos expeditos para que los productos sujetos a control y fiscalización, medicamentos de control especial y de monopolio del Estado puedan ser importados, fabricados, transformados distribuidos y dispensados, con el fin de garantizar su disponibilidad y acceso. Así mismo, le solicita establecer algunos requisitos que optimicen los trámites surtidos ante el FNE y los fondos rotatorios especiales.
Las certificaciones expedidas por los laboratorios y que se hayan otorgado sobre los sistemas de juego, plataformas de juego o integraciones de los diferentes elementos con las plataformas mantendrán su vigencia durante el tiempo que dure la emergencia económica, y hasta seis meses más, al cabo de los cuales se deberá presentar la renovación de las que se hayan vencido durante el lapso señalado. Vencido el término, las certificaciones deberán renovarse al vencimiento de cada anualidad, contada desde la última renovación, y ser presentada a Coljuegos en los plazos previstos en los requerimientos técnicos.
La nueva medida para la práctica de actividad física al aire libre empezará a regir desde el próximo lunes, 27 de abril. Tenga en cuenta lo siguiente: (i) solo podrán las personas mayores de 18 años y hasta los 70 años; (ii) las actividades podrán realizarse en un radio de un kilómetro del domicilio; (iii) el horario permitido es de 5:00 a. m. a 8:00 a. m.; (iv) las prácticas permitidas son: caminar, correr y montar en bicicleta; (v) las actividades al aire libre se practicarán de manera individual, no se permite el ejercicio grupal; (vi) se deberá guardar una distancia mínima de cinco metros entre cada persona; (vii) es indispensable portar kit sanitario, hidratación personal y el respectivo tapabocas; (viii) el lapso para la práctica de actividad no podrá ser mayor a una hora; (ix) la medida del "pico y género" aplicará normalmente en Bogotá. Los deportistas deben tener en cuenta las medidas adoptadas por las autoridades de su ciudad o municipio; (x) no se habilitarán canchas, parques recreodeportivos o biosaludables, gimnasios, ni escuelas deportivas; (xi) solo está autorizada la práctica deportiva a nivel recreativo, no de alto rendimiento y (xii) los gimnasios y las escuelas de formación deportiva permanecen cerrados.
El Ministerio de Salud estableció disposiciones relacionadas con la nominación, evaluación, aprobación y condición para la prescripción de medicamentos con usos no incluidos en el registro sanitario - UNIRS, requeridos para el tratamiento del covid–19. Entonces, el ministerio nominará ante el Invima los usos no incluidos en los registros sanitarios de los medicamentos que se requieran, basado en la información que provenga de la OMS o de cualquiera otra agencia sanitaria internacional. Posteriormente, el Invima tramitará y revisará, de manera expedita y prioritaria, los reportes entregados por el ministerio en los registros sanitarios; es de señalar que estos serán revisados sin el trámite previsto en los artículos 95 y 96 de la Resolución 1885 del 2018 y en los artículos 44 y 45 de la Resolución 2438 del 2018.
Con el fin de facilitar el proceso de registro y recaudo ordinario a las pruebas Saber TyT, el Icfes extendió hasta el miércoles 6 de mayo el plazo de inscripción a estas pruebas dirigidas a estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas. Así mismo, informó que el registro y recaudo extraordinario se podrá realizar el jueves 7 y viernes 8 de mayo. La decisión se toma ante el estado de emergencia económica derivado del covid-19 en todo el territorio nacional y a que se amplió el periodo de cuarentena hasta el domingo 27 de abril. El instituto espera que, con esta decisión, todos los interesados en presentar Saber TyT puedan culminar satisfactoriamente su proceso de inscripción.
El contralor general de la República, Felipe Córdoba, y el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, establecieron los lineamientos para la vigilancia fiscal y disciplinaria en el uso de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para financiar proyectos de inversión pública necesarios para atender los efectos que deja la pandemia del coronavirus en el país. En una circular conjunta, señalaron que los responsables fiscal y disciplinariamente de los proyectos de inversión, susceptibles de ser financiados con recursos de las asignaciones directas y del Fondo de Compensación Regional (40 %), serán los representantes de las entidades territoriales que deben aprobar proyectos de inversión y el representante legal de la entidad beneficiaria de los recursos del SGR. Las decisiones adoptadas por las entidades beneficiarias de los recursos del SGR y los miembros de los OCAD deben atender “las directrices, procesos, lineamientos, metodologías y criterios definidos por el DNP y la Comisión Rectora del SGR, incluyendo el registro oportuno de toda información y documentación respectiva en las plataformas SUIFP-SGR, GESPROY, SPGR y demás que sean dispuestas para tal fin”, señala la norma.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) suspendió las revisiones periódicas de la instalación interna de gas para la prestación del servicio público domiciliario, durante el estado de emergencia del covid-19. Además, los prestadores no podrán suspender el servicio a los usuarios por esta causa, incluso para aquellos cuyo plazo máximo para la realización de la revisión venza dentro del término de vigencia de la emergencia. Aquellos ciudadanos que aún no cuenten con el certificado de conformidad podrán volver a programar la revisión de su instalación y obtener dicha certificación dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine la declaratoria. El distribuidor de gas, además, deberá comunicar estas medidas a sus usuarios, quienes estarán en la obligación de dar aviso al prestador del servicio si descubren que algo en su instalación de gas puede poner en riesgo su vida o la de los ciudadanos en general.
Con el objetivo de asegurar la efectiva prestación de todas las actividades del servicio público de aseo, así como proteger a los actores que hacen parte de la cadena de recolección, transporte, disposición final, aprovechamiento y reciclaje, el Gobierno expidió lineamientos que orientan el manejo de dichos residuos en el marco del estado de emergencia generado por el coronavirus (covid-19). Por ejemplo, en caso de tener personas contagiadas o con síntomas, todos los residuos generados, mientras se mantenga la condición de aislamiento domiciliario, deberán ser depositados en doble bolsa de color negro muy bien cerrada, para que no sean susceptibles de aprovechamiento. En caso de no tener personas contagiadas, se deben separar los residuos domésticos en bolsas de color diferente, para proteger al operario y facilitar la actividad de aprovechamiento en línea con el código de colores, así: bolsas de color blanco en el depósito de residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón; bolsas de color negro para el depósito de residuos no aprovechables como el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida y bolsas de color verde en los municipios donde existan proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos se depositarán dichos residuos aprovechables como restos de comida, desechos agrícolas, etc. Igualmente, definió lineamientos para las empresas prestadoras del servicio público de aseo.
El mandatario indicó que los sistemas de transporte masivo no deben ser foco de propagación y, por lo tanto, operarán, no solamente con protocolos estrictos, sino que no deben tener una capacidad superior al 35 %.
El Ministerio de Educación expidió dos nuevas directivas, la 09 contiene disposiciones para garantizar la continuidad de las jornadas de trabajo académico en casa, entre el 20 de abril y el 31 de mayo de este año. Así, les recomienda a las instituciones seguir el calendario académico con estrategias pedagógicas flexibles para ser desarrolladas en el lugar de residencia. Con la 10, el ministerio fija orientaciones adicionales a colegios privados, a propósito de la prestación del servicio educativo durante la emergencia sanitaria por el covid-19, entre otras precisiones, la entidad recordó a los planteles que el pago de servicios de restaurante y transporte escolar es exigible a las familias que decidan tomarlos y el cobro de estos solo debe estar vinculado a las prestación efectiva de los mismos.
El Gobierno tomó algunas medidas en el sistema de protección a la vejez, en particular frente al pago de mesadas pensionales y de las anualidades vitalicias para los adultos mayores más vulnerables en razón a que la normativa actual es insuficiente para poder generar los mecanismos adecuados para responder a la precitada coyuntura derivada del coronavirus. Así, el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 582 del 2020, dirigido a beneficiar a los pensionados y los beneficiarios del servicio social complementario de beneficios económicos periódicos - BEP y los beneficiarios del Programa de Subsidio al Aporte a Pensión. La norma dispone que los afiliados al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión no perderán su condición de beneficiarios por la causal establecida en el numeral 4° del artículo 2.2.14.1.24. del Decreto 1833 del 2016, en caso de que no se efectúe el pago oportuno del aporte que les corresponde. En todo caso, los beneficiarios de dicho programa podrán realizar el pago extemporáneo del aporte no realizado en tal periodo, sin el cobro de intereses moratorios por medio de los mecanismos de recaudo exceptuados en la planilla PILA, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la cual se dé por terminado el citado estado de emergencia. Igualmente, el Gobierno hizo modificaciones a los requisitos para el pago de mesadas pensionales. Entonces, para la realización de los pagos personales de mesadas pensionales por medio de un tercero autorizado no se requerirá poder o autorización especial presentada ante notaría o funcionario público, por parte del pensionado mayor de 70 años.
La Superintendencia de Transporte conminó a las empresas de transporte habilitadas para que garanticen la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial, cumpliendo sus obligaciones legales frente al transporte terrestre de pasajeros extranjeros durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio. Se recuerdan las siguientes: (i) prestar el servicio en los términos establecidos por la normativa, para grupos de personas y un contrato previamente suscrito por la empresa y el contratante; (ii) no realizar operaciones de transporte público propias de modalidades como la de transporte colectivo, lo cual se considerará la prestación de un servicio no autorizado y será objeto de investigación administrativa por la Superintendencia de Transporte y (iii) dar cumplimiento a lo previsto en la Circular Conjunta 4, del 9 de abril del 2020, referente a las medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por covid-19. La entidad dispuso un espacio para que los usuarios puedan consultar cuáles empresas están habilitadas a nivel nacional, así como la región en la que habitualmente operan.
Durante el término que dure el aislamiento preventivo obligatorio de que trata el Decreto 531, todos los servicios prestados por los organismos de apoyo al tránsito, así como los trámites que ante ellos se efectúen quedarán suspendidos. Igualmente, los documentos de tránsito, incluyendo la licencia de conducción y el certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes cuya vigencia expire, se entenderán prorrogados automáticamente durante el tiempo que dure el aislamiento preventivo obligatorio, y hasta un mes después de finalizada esta medida. Los tiempos que estén corriendo para la reducción de multa prevista en el artículo 136 de la Ley 769 del 2002 se suspenderán también. Se reitera la autorización de operar el servicio público de transporte terrestre cuando sea con fines de acceso o prestación servicios de salud; y a personas de movilizarse que sean autorizadas en las actividades económicas permitidas, según el Decreto 531 del 2020 o aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Las terminales de transporte terrestre deberán prestar sus servicios durante el término de cualquier aislamiento preventivo obligatorio y considerando la oferta de operaciones autorizada por el centro de logística y transporte, pero en el caso en que se determine el cese de la oferta de operaciones de empresas de transporte intermunicipal no serán sancionadas. Las empresas habilitadas en la modalidad de pasajeros por carretera intermunicipal no serán sancionadas con cancelación de las rutas por el hecho disminuir el servicio autorizado en menos de un 50 %.
Los usuarios residenciales de energía eléctrica y gas, así como los usuarios comerciales e industrias con tarifa regulada que lo necesiten, podrán diferir el pago de sus facturas, debido a la emergencia por el covid-19. Así quedó establecido en las resoluciones 058 y 059 del 2020, expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Las nuevas medidas permiten a los usuarios diferir el pago de las facturas de abril y mayo hasta en 36 meses para los estratos 1 y 2, y hasta en 24 meses para los estratos 3 y 4, con la opción de un periodo de gracia que les permitirá iniciar el pago de las cuotas, a partir de agosto. Para los demás usuarios, el plazo puede ser acordado con la respectiva empresa. El usuario podrá decidir si se acoge a estas facilidades y el prestador del servicio está en la obligación de informarle las condiciones de aceptación de la opción de pago diferido, entre ellas, la tasa de financiación y las opciones de pago anticipado. La regla general es que el no pago de la factura por parte de los usuarios de los estratos 1, 2, 3 y 4 será señal de aceptación del diferimiento. Sin embargo, para los usuarios de estratos 5 y 6, así como para los usuarios no residenciales, antes de proceder a la suspensión del servicio por el no pago de la factura, el prestador del servicio deberá ofrecerles la opción de pago diferido. Adicionalmente, la Resolución 058 de 2020 de la Creg establece que, a partir de este momento, y por los próximos dos meses, las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica no podrán realizar incrementos del valor del costo unitario, es decir, el valor del costo por kilovatio hora.
Con el Decreto 580, el Gobierno definió los términos para que los alcaldes y gobernadores asuman parcial o totalmente el pago de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de sus ciudadanos, en el marco de la declaratoria de emergencia económica por la pandemia del coronavirus. Según explica la norma, hasta el 31 de diciembre de este año, los municipios y distritos podrán asignar a favor de los suscriptores residenciales de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo subsidios máximos del 80 % del costo del suministro para el estrato 1; 50 % para el estrato 2 y 40 % para el estrato 3, en la medida en que cuenten con recursos para dicho propósito. Para el efecto, los concejos municipales deberán expedir, a iniciativa del respectivo alcalde municipal o distrital, los respectivos acuerdos transitorios que implementen esta medida. En estos casos, las administraciones municipales deberán tener en cuenta las medidas de aislamiento contenidas en el Decreto 457 del 2020, o las normas que lo modifiquen, y realizar las reuniones virtuales necesarias para viabilizar estas modificaciones. Adicionalmente, deberán atender las condiciones para otorgar subsidios establecidos en la Ley 142 de 1994 y realizar auditoría a las facturas por déficit de subsidios presentados por los prestadores. Igualmente, el decreto establece la posibilidad que las entidades territoriales asuman total o parcialmente el costo de los servicios de los usuarios, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos con que cuenten y la necesidad de priorizar asignaciones para las personas de menores ingresos.
El Ministerio de Minas y Energía, por medio del Decreto 574, dispuso que el pago del canon superficiario previsto en el artículo 230 de la Ley 685 del 2001 podrá ser cumplido dentro de los 15 días hábiles siguientes al levantamiento de la medida de aislamiento obligatorio ordenada por el Gobierno nacional. Este aplazamiento en el pago del canon cobija a quienes se encuentren al día en los pagos y no generará intereses de mora, pero dichas sumas deberán ser actualizadas con el índice de precios al consumidor (IPC) desde el momento de su causación hasta la fecha efectiva de pago. Por otra parte, durante la emergencia, esta cartera podrá utilizar los recursos no comprometidos del programa de normalización de redes eléctricas con destino a la asignación y ejecución de proyectos nuevos o que ya estén ejecutándose del Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas rurales interconectadas y/o el Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no interconectadas. La norma también precisó que el fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá otorgar créditos a las empresas de servicios públicos domiciliarios con participación mayoritariamente pública, de conformidad con las condiciones y requisitos que establezca el fondo empresarial. Lo anterior con la finalidad de asegurar la continuidad en la prestación de dichos servicios públicos durante la vigencia de la emergencia sanitaria.
Durante el término de la emergencia sanitaria, se suspende un aparte del artículo 7 de la Ley 1532 del 2012, por medio de la cual se reguló el funcionamiento del programa Familias en Acción, sobre la verificación de cumplimiento de un conjunto de compromisos de corresponsabilidad, para que más población vulnerable pueda acceder a estos beneficios económicos sin cumplir todos los requisitos que regularmente prevé la norma. La configuración de estos supuestos no conllevará responsabilidad para quienes participen en la implementación de este programa. Por otra parte, el ICBF podrá crear centros transitorios para la protección integral de la niñez. Igualmente, se fija que quienes reciban las transferencias monetarias no condicionadas (beneficio económico) de manera fraudulenta incurrirán en las sanciones legales individuales a que hubiere lugar. La entidad garantizará los derechos de los menores de edad que se encuentren en estos lugares.
Por medio del Decreto 553, el Ministerio del Trabajo definió la transferencia económica no condicionada para los adultos mayores que se encuentran registrados en la lista de priorización del programa Colombia Mayor y la transferencia al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) administrado por las cajas de compensación familiar, en el marco del estado de emergencia económico, social y ecológico. Con los recursos que del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) se distribuyan a esta cartera se podrán financiar tres giros mensuales de $ 80 mil a la población en lista de priorización del programa Colombia mayor, beneficiando prioritariamente a la población de 70 años en adelante. Las personas adultas mayores en lista priorización que hayan sido beneficiarias del giro por compensación de IVA recibirán dos pagos por este valor y quienes no sean beneficiarios recibirán tres pagos, sin que ello implique que los primeros pierdan su turno en la lista de priorización. Frente a las transferencias para el Fosfec, la norma indicó que con los recursos que se asignen del Fome se autoriza al Mintrabajo para que realice transferencias de giros directos a las cajas de compensación familiar con destinación específica a la cuenta de prestaciones económicas del Fosfec. Lo anterior con el fin de apalancar la financiación de las prestaciones económicas para los trabajadores cesantes, contemplados en el artículo 11 de la Ley 1636 del 2013 y el artículo 6 del Decreto 488 del 2020. En el documento adjunto encontrará todas las determinaciones de estas transferencias.
Por medio del Decreto 579, del 15 de abril, el Ministerio de Vivienda estableció las anunciadas disposiciones relacionadas con el arrendamiento de bienes de uso habitacional y comercial, reajuste y prórroga de contratos, suspensión de desalojos, expensas comunes en propiedad horizontal, disponibilidad de recursos y preservación de empleos, entre otros temas, en el marco de la contingencia generada por la propagación del coronavirus (covid-19).
Para garantizar la operación de la televisión pública regional como servicio público esencial e instrumento para la promoción de la cultura, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tomó la decisión de ajustar, transitoriamente, el porcentaje de recursos que estos canales pueden destinar a su funcionamiento. Con el Decreto 554, por ejemplo, disminuyó los porcentajes mínimos de programación de producción nacional, con el que deben cumplir trimestralmente los operadores de televisión abierta y el concesionario de espacios en los canales de cubrimiento nacional. Es decir, en el caso de los canales regionales y estaciones locales dicha programación pasa de ser del 50 % al 20 % de la programación total. La medidas busca permitir que salvaguarden los recursos requeridos para continuar operando ante la ocurrencia de una situación calamitosa no prevista, generada por la pandemia del coronavirus (covid-19), que impida el normal desarrollo de la operación de los canales.
Con un nuevo decreto, el Gobierno reitera que los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión sonora, televisión y servicios postales, son servicios públicos esenciales. Por lo tanto, precisó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el Decreto 555, no se suspenderá su prestación durante el estado de emergencia. Así las cosas, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de redes requeridas para la operación. Este decreto rige desde hoy 16 de abril de 2020 y estará vigente mientras se mantenga la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del Decreto 559, del 15 de abril, creó una subcuenta denominada Mitigación de emergencias – covid-19, en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta subcuenta temporal (vigencia de dos años) tendrá por objeto financiar la provisión de bienes, servicios y obras requeridas para contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos adversos derivados del coronavirus (covid-19) en la población en condición de vulnerabilidad. Los recursos serán transferidos por el Minhacienda y los que provengan de donaciones nacionales e internacionales, los aportes o asignaciones públicas o privadas y demás fuentes que puedan ser administradas por intermedio del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La administración y ejecución de los recursos estará exenta de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones y multas.
Por medio del Decreto 552, del 15 de abril, el Ministerio del Trabajo adicionó recursos al Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), creado mediante el Decreto 444 del 2020, provenientes del Fondo de Riesgos Laborales, en calidad de préstamo y con el fin de conjurar la crisis generada por la propagación del coronavirus (covid-19) e impedir la extensión de sus efectos. Estos préstamos están exceptuados del régimen de autorizaciones de crédito público previsto en el Decreto 1068 del 2015 y se pagarán en las 10 vigencias fiscales subsiguientes a la fecha del primer desembolso, con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación.
Desde el pasado lunes 13 de abril, la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) habilitó puntos de radicación remota no presencial de escrituras en cinco oficinas de registro de instrumentos públicos (ORIP) del país, como parte del plan de contingencia dispuesto por la entidad para atender el estado de emergencia motivado por el covid-19. Esta opción aplicará solo para inmuebles inscritos en los círculos registrales de las ORIP habilitadas. Además, no podrán radicarse instrumentos públicos diferentes a actos sujetos a registro que hayan sido proferidos por las notarías facultadas. De forma paralela, la entidad anunció que el aplicativo de ‘Radicación Electrónica - Rel’ funcionará, sin restricciones, en las tres oficinas de registro de instrumentos públicos de Bogotá (zona centro, zona norte y zona sur), así como en las 80 notarías de la capital del país y en las ocho localizadas en los municipios aledaños. Las ORIP donde podrá adelantarse la radicación remota no presencial de escrituras públicas son Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín zona norte y Medellín zona sur. Igualmente, la Supernotariado expidió la Resolución 3325 del 2020, con la que prorroga la suspensión de términos de todas las ORIP del país. Esta medida se estableció el pasado 24 de marzo, a través de la Resolución 3130. De esta forma, se extiende la suspensión de términos de los trámites, procedimientos, actuaciones administrativas, actuaciones disciplinarias y procesos registrales que se encuentren en cursos en las ORIP, así como en las diferentes dependencias de la SNR.
La Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) había hecho presencia en 50 entidades territoriales, entre gobernaciones y alcaldías capitales, para realizar capacitaciones presenciales con el propósito de enseñarles a operar el SECOP II, un total de 659 funcionarios y colaboradores capacitados. Sin embargo, ante la declaratoria del estado de emergencia no se pudo capacitar a cinco entidades territoriales, las cuales necesitan esta formación. Las entidades que no fueron capacitadas podrán gestionar sus procesos de contratación en el SECOP I, hasta tanto las posibilidades permitan una preparación adecuada para la adopción y uso del SECOP II. Las entidades territoriales que no fueron capacitadas son: Gobernación del Chocó; Gobernación San Andrés; Alcaldía de Quibdó; Gobernación del Cauca y Alcaldía de Popayán. Las anteriores entidades deberán acordar con Colombia Compra Eficiente la formación para sus funcionarios por medios virtuales, en un plazo de dos meses, con el propósito de que gestionen en el SECOP II los procesos de contratación que inicien con convocatoria pública o invitación a contratar, a más tardar, el 1 de junio del 2020.
Suspensión por tres meses de los aportes a pensión, garantías para créditos de Mipymes y un aporte solidario por parte de funcionarios del Estado son solo algunos de los decretos anunciados por el presidente Duque que aún no se expiden.
El aplicativo de ‘Radicación Electrónica - Rel’ estará funcionando, sin restricciones, en las tres ORIP y las 88 notarías del círculo de Bogotá.
La Superintendencia de Servicios Públicos impartió nuevas recomendaciones a los alcaldes, gobernadores y prestadores de los servicios con el objetivo de que se garantice la movilidad y protección del personal que tiene a su cargo la operación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. Mediante Circular Externa 20201000000164, la superintendencia solicita a los gobernadores y alcaldes permitir la libre circulación de los vehículos, personal de operación y otros agentes asociados a la operación de los servicios públicos domiciliarios, en los casos en que se requiera garantizar la continuidad en su prestación. Igualmente, autoridades y prestadores deben coordinar las actividades relacionadas con transporte de materias primas, insumos químicos, equipos, materiales y elementos de trabajo; así como el traslado de personal a los sitios de intervención para la operación, mantenimiento o reparación de la infraestructura de servicios. Los prestadores, por su parte, deben asegurar la adecuada identificación de su personal y vehículos de trabajo, así como la protección necesaria para evitar el contagio por covid-19. Adicionalmente, se les solicita colaborar activamente con las autoridades en esta coyuntura nacional.
A través de la Circular 039, la Registraduría Nacional del Estado Civil amplió hasta el próximo 27 de abril la suspensión de la atención presencial en todas las sedes del país, como consecuencia de la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio producto de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19. Para la inscripción en el registro civil de nacimiento, la entidad reiteró que los padres podrán realizar de manera extemporánea este trámite. En el caso de una urgencia, gracias a una disposición conjunta con la Superintendencia de Notariado y Registro los declarantes que requieran adelantar este trámite de manera urgente podrán hacerlo en las notarías autorizadas para ejercer función registral, de acuerdo con los turnos establecidos para la atención de público. En materia de trámites de identificación, la entidad ratificó que los trámites de duplicados de documentos de identidad se podrán realizar a través de la herramienta PSE que está disponible en la página www.registraduria.gov.co. Esta plataforma tecnológica podrán usarla también quienes adelantaron el pago en entidades bancarias u operadores postales habilitados.
Teniendo en cuenta que el requisito de insinuación ante notario para las donaciones que excedan la suma de 50 salarios mínimos mensuales (artículo 1458 del Código Civil) resta celeridad a aquellas donaciones inmediatas que se quieran realizar y que estén dirigidas a la superación de la crisis ocasionada por la emergencia sanitaria de la enfermedad coronavirus (covid-19), el Ministerio de Justicia acaba de expedir el Decreto 545, con el cual suspende, temporalmente, dicha disposición. Con la medida se busca hacer el trámite más ágil y expedito y de esta forma ayudar a la población más vulnerable, según explica el Ejecutivo en la norma.
Las entidades quedan facultadas para contratar directamente a las personas extranjeras, naturales o jurídicas, que provean los bienes o servicios.
Durante el término de la emergencia sanitaria con ocasión del coronavirus (covid-19), el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) será la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas y sociales, con el fin de mitigar, controlar y evitar la propagación de la pandemia. Así lo precisó esta cartera al proferir el Decreto 539, con el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia. Esta norma asegura que durante este lapso los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida el Minsalud, en virtud de la facultad otorgada. También, la secretaría municipal o distrital o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, social o al sector de la administración pública del protocolo que ha de ser implementado, vigilará el cumplimiento de lo ordenado.
A causa de la pandemia de covid-19, Colombia suma varias muertes, por eso el Ministerio de Salud ha dispuesto lineamientos para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres. Las orientaciones reconocen una serie de medidas generales y específicas desde el momento de la muerte hasta la disposición final del cadáver, con el fin de disminuir el riesgo de trannmisión de la covid-19. Estas se encuentran dirigidas a las entidades y al personal responsable y competente. En principio, las orientaciones buscan que tanto el sector salud, funerario, las entidades territoriales y las autoridades locales realicen la coordinación, alistamiento y planeación, frente al manejo seguro y gestión del cadáver. Por ejemplo, señala el protocolo, que se encuentra en el micrositio de coronavirus en www.minsalud.gov.co, que una vez ocurre el fallecimiento el médico tratante de la IPS debe certificar la muerte e informar a los familiares para que estos a su vez coordinen el servicio funerario. Previo a esto se debe realizar el alistamiento del cadáver en el ámbito hospitalario, luego se lleva al depósito de cadáveres y allí será recogido por el servicio funerario para ser dirigido al cementerio.
El decreto expedido empieza a regir el 16 de abril y estará vigente mientras se mantenga la emergencia.
El presidente Iván Duque hizo importantes anuncios para aliviar los efectos en la economía de la emergencia nacional decretada por el coronavirus (covid-19), trató aspectos como los aportes a pensión de los trabajadores, garantías de créditos para mipyme y un aporte solidario por parte de funcionarios del Estado.
Así lo definió el Gobierno en un reciente decreto, el cual señala las condiciones y requisitos para la procedencia de dicho beneficio.
Se indican las actividades que se podrán ejercer durante el confinamiento, y si bien en el pasado decreto eran 34, ahora son 35, y se reorganizan las descripciones de algunas.
Mediante el Decreto 528, el Gobierno creó una disposición legal que permite a las prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo diferir por un plazo de 36 meses el cobro del cargo fijo y del consumo no subsidiado a los usuarios residenciales de estratos 1 y 2, por los consumos causados durante los 60 días siguientes a la declaratoria de la emergencia económica, sin que puedan trasladarle al usuario final interés o costo financiero por el diferimiento del cobro. Sin embargo, la norma advierte que lo anterior será obligatorio solo para los prestadores si se establece una línea de liquidez para estos a una tasa de interés nominal del 0 %, por el mismo plazo al que se difiere el cobro de dichos consumos. En caso de que alguno de los prestadores requiera la constitución de garantías, podrá utilizar para esto, entre otras, las siguientes: (i) la cesión de la porción no subsidiada de las cuentas por cobrar o facturas debidas por los usuarios de cualquier estrato; (ii) los subsidios causados o que vaya a recibir por la prestación del servicio y (iii) cualquier otro tipo de garantía suficiente para la entidad financiera, multilateral o bilateral que ofrezca la línea de liquidez.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Salud expidieron una circular conjunta con recomendaciones para que proveedores y operadores de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión sonora y de capacidad satelital, de televisión y servicios postales adopten medidas para contener el avance del covid-19. Al ser declarados como servicios esenciales por el Gobierno nacional, la mayoría de esas compañías siguen funcionando de manera presencial. Para más información, consultar la página del Ministerio de Salud www.minsalud.gov.co, específicamente en el micrositio denominado 'Nuevo coronavirus covid', o en la página de Mintic.
La Superintendencia de Puertos y Transporte estableció plazos especiales para el pago de la contribución especial de vigilancia que deben pagar los sujetos supervisados por la entidad para la vigencia fiscal del año 2020, con ocasión de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica por la propagación del virus covid-19 en el territorio nacional. “Se les concederá la posibilidad de pagar la primera y segunda cuota desde el 1º hasta el 31 de diciembre de este año”, puntualizó la noma. La forma y condiciones para el pago serán determinadas en el acto administrativo por medio del cual se fije la tarifa para la vigencia 2020.
Un nuevo decreto del Ministerio de Vivienda dispone que el cobro diferido de las facturas solo será obligatorio para las prestadoras de los servicios públicos de aseo, si se les establece una línea de liquidez.
El Ministerio de Minas, conjuntamente con los ministerios de Salud y del Trabajo, publicó una serie de medidas sanitarias y buenas prácticas a considerar por parte de las compañías que forman parte de los diferentes eslabones de la cadena logística y productiva del sector minero energético, con el fin de proteger a los trabajadores y comunidades ante la emergencia por el covid-19. La Circular Conjunta 01, del 6 de abril de 2020, plantea medidas de seguridad y salud en el trabajo relacionadas con el uso de utensilios mínimos de cuidado personal, la manipulación de herramientas de trabajo, los accesos y filtros de seguridad, los alojamientos y áreas de suministro de alimentos y el transporte terrestre de los trabajadores, entre otros. Para prevenir el contagio, la circular reitera la importancia de definir y promover una rutina de lavado de manos, con la técnica y duración recomendada de 40 segundos, para el personal que esté laborando tanto en trabajo remoto, como en centros de operación o en actividades externas, como mínimo cada dos horas. También recomienda adoptar esquemas operativos que, en desarrollo de los planes de continuidad, permitan disminuir el riesgo de contagio como horarios flexibles, esquemas de turnos y trabajo remoto cuando sea posible.
El presidente Iván Duque acaba de anunciar la decisión de ampliar el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 26 de abril, a las 11:59 p. m, es decir, por 14 días más. Para el caso de los colegios y universidades públicas será hasta el 30 de mayo. El jefe de Estado afirmó que “este aislamiento, que busca lo mejor de todos nosotros, es justamente para que nosotros podamos seguir salvando vidas, quebrándole el crecimiento exponencial a esta pandemia y que nosotros vayamos teniendo también mayores logros y vayamos fortaleciendo nuestras capacidades en el sistema de salud, nuestra capacidad de hacer pruebas y nuestra capacidad de articular cada vez más toda la red de prestadores del servicio de salud”. De acuerdo con Duque, la decisión de mantener el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 27 de abril también implica reforzar otras medidas que ya se han adoptado. Al respecto, indicó que el aislamiento para los adultos mayores de 70 años se mantiene hasta el 30 de mayo. Así mismo, los niños y jóvenes continuarán con el estudio en casa hasta el 31 de mayo.
Con el fin de fijar los criterios para la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la unidad de pago por capitación (UPC) del régimen contributivo, prestados hasta antes del 25 de mayo del 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) profirió el Decreto 521. Todas las disposiciones previstas en esta normativa aplican al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Minsalud, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), a la Superintendencia Nacional de Salud, a las entidades recobrantes, a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y a los proveedores de servicios y tecnologías en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Algunos de los recobros susceptibles de ser presentados al proceso de saneamiento por concepto de servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo son: i) las facturas que se encuentren radicadas ante la Adres y que no se ha dado a conocer el resultado de la auditoría, ii) las facturas que fueron radicadas ante la Adres y cuentan con resultado de auditoría donde se aplicó glosa total o parcial y iii) las facturas que no han sido radicadas ante la Adres, entre otras. Adicional a lo anterior, la norma establece los recursos destinados al saneamiento, su proceso de disposición, la depuración de las cuentas, entre otras determinaciones.
Con el fin de orientar a los alcaldes frente a sus iniciativas de prestar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo sin costo a poblaciones vulnerables, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarias presentó las consideraciones a tener en cuenta por las autoridades locales. Mediante la Circular Externa 144 del 2020, la superintendencia recordó a los alcaldes que, en caso de que sus administraciones planteen la prestación sin costo de estos servicios públicos a algunos sectores de la población, es necesario asegurar el pago, mediante subsidios u otras medidas, de los costos y gastos en que incurren los prestadores públicos mixtos o privados para proveerlos. Para tal efecto, la Ley 142 de 1994 señala a los alcaldes que, en su calidad de garantes de la prestación de estos servicios, están en capacidad de: disponer los recursos para el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos; apoyar financieramente a los prestadores de los servicios públicos y coordinar con los entes departamentales o con el orden nacional la gestión de recursos técnicos, financieros y administrativos, entre otros.
Mediante la Resolución 2999, el ICBF adoptó el anexo para la prestación del servicio de atención de la modalidad Mi familia, ante la declaración de emergencia sanitaria establecida por el Gobierno Nacional por causa del covid-19, de la dirección de familias y comunidades del instituto, el cual será de obligatorio cumplimiento hasta el 16 de abril de este año. La norma aclara que este término podrá ser ampliado según los lineamientos de salud pública que defina el Ejecutivo.
La Superintendencia de Servicios Públicos, mediante Circular Externa 134, del pasado 2 de abril, informó a prestadores, usuarios y público en general que a partir de la mencionada fecha se reanudaron los términos procesales de todas las actuaciones administrativas que lleva en curso. La norma indica, en todo caso, que se mantiene la suspensión de la atención presencial al público en todas las sedes del país hasta el próximo lunes 13 de abril. Las denuncias, quejas y reclamos serán atendidos a través de los canales telefónicos y virtuales dispuestos. Así mismo, para atender la notificación de las actuaciones administrativas a través de medios electrónicos, la entidad dispuso el correo electrónico sspd@superservicios.gov.co. Las peticiones serán atendidas en los términos del Decreto 491 del 2020, por el cual se establecieron medidas para proteger el empleo y fortalecer la atención de los funcionarios públicos y contratistas.
Con el Decreto 519, el Ministerio de Hacienda adicionó el presupuesto general de la Nación de la vigencia fiscal de este año y efectuó su correspondiente liquidación. El Gobierno explicó que la operación se realiza para hacer frente a la emergencia y contrarrestar la extensión de sus efectos sociales y económicos, ya que se requiere contar con autorizaciones amplias y suficientes en relación con el cupo de endeudamiento de la Nación, de forma que se permita acceder a distintas fuentes de financiamiento y garantizar la disponibilidad de recursos para financiar las apropiaciones presupuestales. Así las cosas, se adicionó el presupuesto de rentas y recursos de capital en la suma de $ 15.100.000.000.000, según se detalla en la norma.
La Superintendencia Nacional de Salud expidió la Circular Externa 006 del 2020, mediante la cual se imparten instrucciones adicionales a los vigilados frente al reporte de información que deben hacer a la entidad, atendiendo la coyuntura ocasionada por la emergencia sanitaria que atraviesa el país por causa del covid-19. En esta circular se adoptaron nuevas medidas transitorias a las que fueron determinadas en la Circular Externa 004 del 2020. Dentro de las nuevas medidas se establece que las entidades vigiladas que deban cumplir con el reporte de los archivos (información de estados financieros, dictamen de revisor fiscal, informe de gestión, proyecto de distribución de utilidades y publicación de estados financieros) se aplaza su envío hasta 5 días hábiles después de realizada la reunión extraordinaria de la asamblea en cada una de las entidades. Para los generadores de recursos se aplaza, hasta el 30 de junio del 2020, la entrega del catálogo de información financiera con corte a diciembre del 2019. Para los operadores de loterías se suspende el envío de los reportes de los anexos técnicos (informe de ventas y sorteo, informe de premios obtenidos por el público, premios pagados en el mes, resultados del sorteo y reporte de boletería vendida por sorteo), los cuales deberán volver a ser enviados en cuanto se reactiven los sorteos. También se impartieron nuevas instrucciones a las entidades promotoras de salud, las entidades adaptadas de salud, las instituciones prestadoras de salud y las entidades territoriales, entre otros.
El empleador tiene el deber de solicitar la autorización de la oficina del trabajo para dar por terminado el vínculo de las personas en situación de discapacidad.
Las familias que viven en arriendo tendrán que seguir honrando sus obligaciones, bajo las condiciones que acuerden las partes.
El listado de direcciones electrónicas (URL) a las que deben tener acceso ilimitado los usuarios está relacionado con servicios de salud, educación, atención de emergencias, protección de derechos y gobierno.
En el Conpes 3988, la política establece las acciones para transformar y complementar el enfoque del programa Computadores para Educar (CPE) para estructurar, articular y ejecutar las apuestas institucionales necesarias con el fin de impulsar la innovación en las prácticas educativas a partir de las tecnologías digitales. Lo anterior para el desarrollo de competencias en estudiantes de educación preescolar, básica y media del sector oficial. Para lograr este objetivo, las acciones de esta política se enmarcan en cuatro pilares: (i) aumentar el acceso a las tecnologías digitales para la creación de espacios de aprendizaje innovadores; (ii) mejorar la conectividad a internet de las instituciones educativas oficiales; (iii) promover la apropiación de las tecnologías digitales en la comunidad educativa y (iv) fortalecer el monitoreo y la evaluación del uso, acceso e impacto de las tecnologías digitales en la educación. Para efectos del cumplimento de los objetivos de esta política, las entidades involucradas gestionarán y priorizarán, en el marco de sus competencias y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, los recursos para la financiación de las estrategias que se proponen. La política tiene un costo total estimado $ 231.188 millones.
A traves de la Resolucion 502, el Ministerio de Salud adoptó los lineamientos para la prestación de servicios de salud durante la etapa de contención y mitigación de la pandemia por covid-19, los cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regímenes especial y de excepción. Estos se pueden consultar en la página web del ministerio, en el micro sitio coronavirus-documentos técnicos. Con la Resolución 536, el ministerio adoptó el plan de acción para la prestación de servicios de salud.
A través de un comunicado, la Aerovicil informó que temporalmente queda restringido el uso de drones, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica originada por el covid-19. Sin embargo, aclaró que solo se podrán usar este tipo de equipos para asistencia y prestación de servicios de salud, labores de misiones médicas y atención de emergencias, afectaciones viales y el funcionamiento de infraestructura crítica, entre otras actividades. La entidad recordó a los operarios de este tipo de equipos que su uso para el cumplimiento de las actividades excepcionadas anteriormente deberá estar sujeta a lo normado en el anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y al Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC 91).
Con la Resolución 522, el Ministerio de Salud estableció los requisitos para la importación y fabricación en el territorio nacional de reactivos de diagnóstico in vitro de metodología molecular en tiempo real (RT-PCR) para el diagnóstico del covid-19, pruebas y reactivos recomendados por la OMS y por autoridades sanitarias. Igualmente, el ministerio fijó los requisitos para los dispositivos médicos, equipos biomédicos y medicamentos declarados vitales no disponibles, requeridos para prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del virus. Por último, la norma hace referencia a las condiciones necesarias que permitan garantizar el almacenamiento de los productos importados de forma segura.
Con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud sin aumentar el riesgo de contagio por coronavirus (covid-19), Minsalud adoptó medidas para la atención domiciliaria durante la emergencia sanitaria. La Resolución 521 define la atención telefónica, virtual y domiciliaria con tres grupos prioritarios. El primero consiste en personas en aislamiento preventivo obligatorio, en especial mayores de 70 años o personas con patologías crónica de base; las personas con patologías de base controlada y riesgo bajo; también los que tienen patología de base no controlada o presentan riesgo medio o alto y mujeres gestantes. Serán habilitados los servicios de consulta telefónica, entrega a domicilio de medicamentos, toma de muestras de laboratorios y pruebas covid-19. “Su implementación se dará progresivamente para que logremos el resultado tan importante para los colombianos”, destacó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
Debido a la coyuntura del covid-19, fue ampliado el plazo para esta inscripción. Vale la pena recordar que la inscripción al RNT tiene una vigencia anual y debe hacerse dentro de los tres primeros meses de cada año, pero debido a la coyuntura nacional este plazo fue ampliado. Es primordial tener en cuenta que se deberá realizar una solicitud de renovación por cada uno de los registros que se tengan. Los prestadores de servicios turísticos también deben tener presente que el registro pasa a ser un acto de anotación sin cargue documental, por lo que no se tendrán cobros asociados al impuesto para cumplir con esta obligación. De no actualizarlo dentro del periodo señalado, este se suspenderá automáticamente hasta que se cumpla con dicha obligación. Para llevar a cabo este proceso se debe ingresar al siguiente link: .
Los precios promedio del listado de productos de primera necesidad serán publicados semanalmente por los ministerios de Comercio y Agricultura. El Dane hará seguimiento semanal al listado de productos de la canasta básica y medicamentos.
A través de medios virtuales, los ciudadanos podrán realizar procesos y trámites de conciliación, arbitraje, amigable composición e insolvencia de persona natural no comerciante, indicó la viceministra de Justicia, Juanita López Patrón,
La nueva política nacional 'Tecnologías para aprender' está dirigida a los estudiantes de educación preescolar, básica y media del sector oficial, y contempla cuatro desafíos: primero, aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales para la creación de espacios de aprendizaje innovadores, para diversificar e incrementar la dotación de tecnologías y mejorar su infraestructura eléctrica, entre otros. El segundo desafío propuesto es mejorar la conectividad a internet en las sedes educativas oficiales, para potenciar el uso de las tecnologías e incrementar el número de sedes conectadas. El tercer aspecto tiene que ver con la apropiación de las tecnologías en la comunidad educativa, para promover la innovación mediante el fortalecimiento del acompañamiento a los docentes, el desarrollo de estrategias para fomentar el uso en la comunidad educativa y la formulación de estrategias según el contexto y necesidades educativas de las regiones y los estudiantes. Por último, el nuevo documento plantea fortalecer el monitoreo y evaluación para la medición del uso, acceso e impacto de las tecnologías en las prácticas educativas y brindar herramientas concretas al programa para que el efecto que tenga en cada estudiante vaya mucho más allá del acceso a determinados dispositivos.
Cada caja de compensación familiar implementará los mecanismos virtuales y asesoría telefónica para acceder a estos beneficios.
Mediante Circular Externa 124, del pasado 27 de marzo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios emitió varias recomendaciones dirigidas a los prestadores bajo su vigilancia, que pueden tener en cuenta frente a la suspensión de términos de las actuaciones administrativas y la garantía de los servicios prestados. De acuerdo con la disposición, en el marco del estado de emergencia sanitaria, económica, social y ecológica, los prestadores de servicios públicos domiciliarios podrán suspender los términos de las actuaciones que adelanten en virtud de sus funciones administrativas. En lo que se refiere a la atención de peticiones, quejas y reclamos que versen sobre la protección de derechos fundamentales, estas deberán ser atendidas en los términos legales, con base en criterios de proporcionalidad y razonabilidad.
Durante el estado de emergencia, los operadores de estos servicios por suscripción no podrán generar cobro alguno asociado a intereses por mora por el no pago del servicio.
La Aerocivil estableció el procedimiento que debe ser aplicado a los pasajeros en transferencia o conexión y tripulaciones por todo el sector aeroportuario y el sector salud que tenga responsabilidades en su ejecución. Por ejemplo, las aerolíneas deben proporcionar la información necesaria con respecto a los elementos de protección personal con que deben contar los pasajeros. Si un via¬jero no los presenta al llegar a Colombia, estos serán suministrados por las aero¬líneas. Debe existir una fila única para tripulaciones en migración, con el fin de minimi¬zar el contacto de las tripulaciones con el resto de viajeros. Luego de completar el procedimiento migratorio, deberán dirigirse al área asig-nada para la valoración por parte de los servicios médicos, donde se tomará la temperatura, se hará anamnesis, se darán las indicaciones generales y se propor¬cionará el número de la secretaría de salud correspondiente para que si algún tripulante presenta sintomatología compatible con covid–19 sea reportado de manera inmediata.
En cumplimiento de las tareas asignadas con la expedición del Decreto 464 del 2020, la CRC estableció, mediante Resolución 5951 del 2020, nuevas medidas enfocadas en garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios de telefonía e internet, así como la prestación continua de estos servicios. Definió reglas transitorias de facturación y cobro según las cuales, durante el periodo de vigencia del estado de emergencia, los operadores de los servicios de telefonía, internet y televisión por suscripción no podrán generar cobro alguno asociado a intereses por mora por el no pago del servicio. La comisión aclaró que en todo caso esta facilidad temporal no implica la condonación de las sumas que se adeuden. También se fortalecieron las condiciones bajo las cuales se autoriza a los operadores que presten servicio de acceso a internet a realizar gestión sobre el tráfico que cursa por sus redes, reforzando de esta manera las reglas que fueron definidas por la Comisión desde el año 2011.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través de la Circular Externa 20, del 27 de marzo, estableció directrices para el apoyo al adulto mayor por el cierre de los centros vida y día y que estén fuera de programas asistenciales. La norma insta a los gobernadores y alcaldes para que realicen la entrega de alimentación domiciliaria a las personas adultas mayores más vulnerables en su territorio. Para ello, deberán realizar un registro de las personas adultas mayores usuarias de los programas de centros de larga estancia, centros vida y centros día, y de aquellas personas adultas mayores que se encuentran fuera de todo tipo de programas de apoyo.
La Superintendencia Solidaria impartió lineamientos para la atención virtual a los ciudadanos, mediante Carta Circular 09 del 26 de marzo. Así, los ciudadanos y partes interesadas podrán radicar sus derechos de petición, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias. La entidad dispuso en su sitio web una sede electrónica de radicación virtual (enlace). Adicionalmente, la superintendencia puso a disposición el correo atencionalciudadano@supersolidaria.gov.co, a través del cual el Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano y Correspondencia seguirá adelantando las gestiones necesarias para la debida recepción y radicación de las PQRSD en el sistema documental e-Signa.
El Ministerio de Salud, mediante Resolución 520, del 28 de marzo, estableció los requisitos sanitarios que deben ser tenidos en cuenta para la fabricación de antisépticos y desinfectantes de uso externo categorizados como medicamentos, para el uso durante la emergencia sanitaria del virus coronavirus (covid-19). Así, de acuerdo con la norma, (i) se debe presentar la solicitud de acuerdo con el formato establecido por el Invima; (ii) contar con autorización vigente otorgada por esta entidad para la fabricación de bebidas alcohólicas, productos fitoterapéuticos o cosméticos, en la línea de fabricación de líquidos o semisólidos, según corresponda; (iii) tener la fórmula cualicuantitativa del producto a fabricar y (iv) un boceto de etiquetas de envase y empaque (cuando aplique), con información relacionada con ingredientes activos, concentración, forma farmacéutica y vía de administración.
Según la circular conjunta, el registro de ambas situaciones se podrá realizar en las notarías autorizadas para prestar el servicio y de acuerdo a los turnos establecidos. A las inscripciones de recién nacidos que se realicen, durante el periodo de duración del aislamiento preventivo obligatorio, no se les hará impresión de huellas plantares del menor, ni se utilizarán los equipos biométricos. Adicionalmente y en cumplimiento de la Circular 031 del 2020, cuando la inscripción no pueda hacerse dentro del plazo legalmente señalado, los padres o declarantes podrán hacerlo posteriormente y no será tenido en cuenta como extemporánea. En el caso de las defunciones y cuando el deceso ocurra durante el aislamiento preventivo obligatorio y no pueda registrarse en el plazo legalmente establecido (dos días contados desde la ocurrencia del hecho), en el momento en que se haga el trámite no se considerará extemporáneo y, por lo tanto, no será obligatorio adjuntar la orden el inspector de policía. Así mismo, durante este periodo, para los eventos en los que se requiera, el fallecimiento podrá probarse con el certificado médico de defunción legalmente expedido, acompañado del certificado de vigencia de la cédula, en caso de ser mayor de edad.
El Ministerio de Educación indicó que las autoridades locales deben evitar que las instituciones que ofrecen educación para el trabajo y desarrollo humano realicen actividades que generen aglomeraciones. Para ello deben diseñar planes y estrategias que faciliten los estudios sin necesidad de la presencia de alumnos, hasta el próximo 30 de mayo. Lo primero que deben ordenar es ajustar el calendario académico y desarrollar el componente teórico mediante herramientas TIC, lo cual no implicará un cambio en el registro del programa. El periodo práctico se podrá aplazar a fechas posteriores al fin del periodo de emergencia sanitaria.
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 491 del 2020, y en el marco de la emergencia declarada por la pandemia del coronavirus (codiv-19), estableció nuevas medidas que protegerán el empleo y fortalecerán la atención de los funcionarios públicos y los contratistas. Se establece que la notificación o comunicación de los actos administrativos se realizará por medios electrónicos. Las entidades deberán habilitar buzones de correo electrónico para efectuar las notificaciones. Por otro lado, se amplía el periodo institucional de los gerentes de hospitales públicos en el país para atender la contingencia provocada por la pandemia del coronavirus. Otra de las medidas es el aplazamiento de los concursos de méritos y procesos de selección de empleos públicos que actualmente se estén adelantando en el servicio público. Se debe precisar que bajo ningún motivo las universidades públicas pueden suspender la remuneración o los honorarios a los docentes. De otra parte, aclara la normativa, no se suspenderán los contratos de prestación de servicios en el Estado.
Anoche se dio a conocer el Decreto 486, con las siguientes medidas: un incentivo económico para trabajadores del campo mayores de 70 años que tengan aislamiento obligatorio, para que tengan ingresos de subsistencia; acuerdos de recuperación y pago de créditos, para facilitar la producción de pequeños y medianos productores y la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura ejerza la contratación directa en materia logística y en actividades necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y el abastecimiento de productos e insumos agropecuarios.
El Ministerio del Trabajo presentó los siguientes lineamientos para ser considerados por el administrador fiduciario del Fondo de solidaridad pensional, alcaldes y gobernadores, con el fin de prevenir el contagio del coronavirus (covid-19) entre población adulta mayor. Respecto al proceso de pagos del subsidio directo, la entidad señaló que se deberá garantizar la permanencia de los dineros no cobrados de los meses de marzo, abril y mayo de este año hasta el día 30 de mayo del 2020. Durante la vigencia de declaratoria, se ordenó suspender la aplicación de las novedades de retiro por las causales de pérdida del subsidio dispuestas en el artículo 2.2.14.1.39 del Decreto 1833 del 2016. En consecuencia, se aplicarán solamente procesos de bloqueo preventivo hasta tanto los entes territoriales garanticen que se efectuó el debido proceso. Con el fin de evitar desplazamientos innecesarios, aglomeraciones y concentraciones en los sitios de pago y largas filas que puedan generar riesgo de contagio de esta población vulnerable, el ministerio recomendó a las alcaldías municipales y distritales establecer cronogramas especiales y definir estrategias, dentro de sus competencias, para distribuir a los adultos mayores, ya sea por nombre/apellido y/o número de cédula y/o lugar de residencia y/o edad, etc.
Ante la emergencia sanitaria declarada, la cual estará vigente hasta el 30 de mayo, y con el objetivo de aunar esfuerzos alrededor de la salud pública y el bienestar general, el Ministerio de Educación expidió la Directiva 04, del 22 de marzo del 2020, dirigida a instituciones de educación superior y aquellas autorizadas para ofrecer y desarrollar programas académicos de educación superior, en la cual entrega una serie de orientaciones para el desarrollo de los programas académicos con registro calificado en modalidad presencial, hasta el 30 de mayo del 2020. Así, por ejemplo, precisa que el uso de estas herramientas tecnológicas no implica el cambio de modalidad del programa y, por tanto, las instituciones que decidan hacer uso de las herramientas que ofrecen las TIC en este contexto no deberán solicitar la aprobación de cambio de programa al ministerio.
La Registraduría Nacional ordenó, desde el pasado 17 de marzo y hasta el próximo 13 de abril, el aislamiento preventivo obligatorio de los funcionarios de la entidad. En materia de trámites de identificación, la entidad indicó que los duplicados de documentos de identidad se podrán tramitar a través de la herramienta PSE, disponible en su página web. Además, quienes hicieron el pago en entidades bancarias u operadores postales habilitados también podrán hacer la solicitud en línea. Los padres podrán realizar de manera extemporánea el registro civil de nacimiento de los recién nacidos. Así mismo, recordó que el certificado de nacido vivo es válido para la inscripción y recordó que en las notarías se estará prestando el servicio registral y se podrá realizar este trámite ante cualquier urgencia.
A través de la Resolución 833, del pasado 24 de marzo, la Agencia para la Reincorporación y Normalización adoptó medidas para garantizar la continuidad de labores durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio. Los empleados públicos de la entidad cumplirán sus funciones en la modalidad de trabajo en casa, por lo que se suspende la atención presencial al público desde las 00:00 horas del 25 de marzo y hasta las 00:00 horas del 13 de abril, en todas las sedes. No obstante, la atención al usuario se deberá garantizar por cada uno de los jefes de dependencia y coordinadores de los grupos territoriales y puntos de atención, de manera virtual.
El Ministerio del Interior estableció las recomendaciones que deben atender los grupos étnicos, pueblos indígenas, comunidades NARP (negros, afrocolombianos, raizales y palenqueras) y el pueblo rrom, para prevenir, contener y mitigar los efectos del coronavirus (covid-19), teniendo en cuenta sus características socioculturales. De acuerdo con la norma, estas comunidades deben permanecer en sus territorios, con el fin de reducir la exposición al riesgo de contagio; limitar el acceso de personas ajenas, tales como turistas, visitantes de instituciones privadas o delegados de ONG, salvo casos de extrema necesidad. La norma obliga a contar con intérpretes que faciliten la comunicación efectiva de información.
Mediante la Circular 01, el Ministerio de Cultura emitió las primeras directrices sobre la propagación del covid-19 en espacios de uso cultural: bibliotecas, casas de la cultura, museos, teatros, parques arqueológicos, archivos públicos, Instituto Caro y Cuervo y escuelas taller. En esa misma circular, el ministerio decidió el cierre total, a partir del 14 de marzo y hasta nuevo aviso, de los teatros y museos del país a cargo de esta cartera. Con la Circular 03, Mincultura entregó las mismas recomendaciones a los gobernadores, alcaldes, responsables de cultura de las entidades territoriales, resguardos indígenas y comunidades.
El Ministerio de Transporte dictó medidas sobre la prestación de este servicio público y su infraestructura dentro del estado de emergencia, económica, social y ecológica, a través del Decreto 482. Dicha normativa creó, durante el tiempo que dure la emergencia, el Centro de Logística y Transporte, adscrito a la cartera indicada y con capacidad técnica propia, pero sin personería jurídica, patrimonio, autonomía administrativa o financiera. Dentro de las funciones de este centro están, entre otras, asesorar las materias que correspondan a garantizar la prestación del servicio público de transporte durante el tiempo que dure la emergencia; adoptar las decisiones que permitan establecer las condiciones de transporte y tránsito a pasajeros, carga y demás asuntos excepcionales cuyo transporte y tránsito se permita en el país y velar por que el transporte de bienes objeto de abastecimiento se realice con los menores costos posibles y racionalizando los recursos del Estado y de quienes resulten involucrados en la prestación del servicio. La norma también permite operar transporte automotor en la modalidad de pasajeros por carretera intermunicipal con fines de acceso o de prestación de servicios salud y a personas que requieran movilizarse y sean autorizadas, en los términos del Decreto 457. También permite operar el servicio público de transporte masivo. De acuerdo con el análisis de movilidad, la oferta habilitada no podrá exceder en ningún caso 50 % de la oferta máxima que se tenga en cada sistema.
A través de una carta, el Presidente y el Secretario General del Senado de la República informaron que la iniciación de las sesiones ordinarias del presente periodo legislativo se aplazó para el día 13 de abril, con ocasión de la crisis producida por el coronavirus. Igualmente, señalaron que el Congreso de la República espera la expedición del decreto legislativo por parte del Gobierno, al amparo de la emergencia recientemente declarada, que habilite la realización de sesiones virtuales de plenarias y comisiones, dado que la normativa de la Ley 5ª de 1992 solo hace legalmente posible sesionar en forma presencial. “Toda actividad que se quiera realizar por fuera de estas condiciones carece de las formalidades y requisitos de la ley orgánica del reglamento interno del Congreso y sus cámaras y resulta improcedente por ilegal”, puntualiza la comunicación. También agradecieron todas las iniciativas y proyectos conducentes a la implementación de las sesiones virtuales con todos los requisitos de ley. Por su parte, la Cámara de Representantes suspendió desde el pasado 24 de marzo y hasta el 13 de abril las actividades de esta corporación, a través de la Directiva 03.
A través del Decreto 476, se facultó al Ministerio de Salud (Minsalud) para que durante el tiempo de la emergencia social, económica y ecológica del Decreto 417 proceda, entre otras cosas, a: flexibilizar los requisitos para la evaluación de solicitudes de registro sanitario, permiso de comercialización o notificación sanitaria obligatoria, según corresponda, y también los requisitos que deben cumplir los establecimientos fabricantes en relación con medicamentos, productos fitoterapéuticos, dispositivos médicos, equipos biomédicos y otros que se requieran para la prevención, diagnóstico o tratamiento del coronavirus (covid-19). Igualmente, a ajustar los requisitos para la habilitación del servicio farmacéutico en los establecimientos que se requieran. Estas reglas adoptadas tendrán vigencia hasta el término de la emergencia sanitaria. De igual forma, el decreto facultó al Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para que incorpore como vitales no disponibles aquellos medicamentos necesarios o relacionados con la prevención, diagnóstico y tratamiento del coronavirus o aquellos que se vean afectados por la cancelación o suspensión de la cadena de producción y comercialización a nivel mundial derivada de la pandemia, sin necesidad de la verificación de desabastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos y equipos biomédicos. También a tramitar de manera prioritaria las solicitudes de registros sanitarios nuevos o permisos de comercialización y renovaciones de medicamentos que se encuentren en normas farmacológicas, productos fitoterapéuticos y dispositivos médicos, entre otras actuaciones.
Mediante el Decreto 470, el Ministerio de Educación dictó medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del programa de alimentación escolar (PAE) y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica. La norma permite que el PAE se brinde a los niños y adolescentes matriculados en el sector oficial para su consumo en casa, durante la vigencia de la declaratoria. Las entidades territoriales certificadas deberán observar los lineamientos que para el efecto expida la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Alimentos para Aprender). Las secretarías de educación comenzarán a implementar la medida esta semana, mientras se hacen los ajustes respectivos en la contratación Además de municipios y distritos, también permitirá habilitar a los departamentos recursos de los criterios de equidad y calidad del Sistema General de Participaciones, para garantizar la continuidad del derecho a la educación durante el receso estudiantil a causa de la pandemia coronavirus. Los recursos de calidad serán girados directamente a los municipios y departamentos y no podrán ser utilizados para gastos de personal de cualquier naturaleza.
El Ministerio de Salud emitió recomendaciones para la detección temprana de covid-19 a través de una circular enviada a la Adres, las EPS, IPS y profesionales de la salud. La Circular 019 del 2020 recoge el consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-cov-2/covid-19 a través de recomendaciones unificadas que hablan, en principio, de la realización de pruebas rápidas para la detección de anticuerpos y así poder determinar la ruta de atención conforme a los lineamientos establecidos. "Este es un proceso de fast track con el Invima para que en dos días se pueda tener la aprobación de estas pruebas rápidas. A partir del 1º de abril, Colombia contará con por lo menos 350 mil pruebas semanales gracias a la gestión adelantada por el ministerio", aseguró el ministro Fernando Ruiz. A partir de la última evidencia disponible, estas no son pruebas diagnósticas, sino de detección. Es decir, "permiten la optimización de recursos ayudando a los profesionales de salud en la toma de decisiones en cuanto aislamiento, realización de prueba diagnóstica confirmatoria y tratamiento". Estas son capaces de indicar una posible infección reciente o en curso, pero son mucho más precisas descartando casos negativos. En caso de que la prueba rápida de detección de anticuerpos resulte positiva, se debe realizar la prueba confirmatoria con RT-PCR. Si esta también arroja un resultado positivo, se debe dar manejo de acuerdo a los lineamientos, protocolos y guías establecidas por Minsalud.
La Superintendencia de Salud ordenó levantar la restricción que, hasta la fecha, tenían 14 EPS del régimen subsidiado, como una de las medidas para garantizar la atención de la población que requiera los servicios de salud frente a la emergencia que vive el país por el covid-19. Las EPS a las que se les levanta la restricción de afiliación son: Comfachocó, Comfasucre, Comfamiliar del Huila, Dusakawi, Comfacundi, Convida, Capresoca, Savia Salud, Ambuq, Comparta, Comfamiliar de Cartagena y Bolívar, Ecoopsos, Asmet Salud y Emssanar. De acuerdo con la Resolución 1700, del 20 de marzo del 2020, la superintendencia indica que las EPS del régimen subsidiado, en coordinación con las IPS, “afiliarán al Sistema General de Seguridad Social en Salud a las personas que no estén afiliadas y requieran la prestación del servicio al régimen de salud que corresponda teniendo en cuenta su capacidad de pago”. Con esto se busca que si una persona en condición de vulnerabilidad y/o su núcleo familiar no cuentan con afiliación al sistema puedan acceder a estos servicios, teniendo en cuenta que, desde el 1º de enero del 2020, el concepto PPNA (población pobre no afiliada) cambió con el plan nacional de desarrollo.
El Ministerio de Educación dispuso que las entidades públicas del orden nacional y territorial utilicen saldos y excedentes de liquidez para ayudar a beneficiarios focalizados.
La Circular 06, del 19 de marzo del 2020, va dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes, jefes o representantes legales de las entidades de los niveles nacional y territorial, gobernadores, alcaldes distritales y municipales y, en general, a ordenadores del gasto de las entidades de los niveles nacional y territorial. Según corresponda, deben reportar a la CGR los actos administrativos que decreten urgencia manifiesta y respecto de la misma la información sobre los planes de emergencia a ejecutar mediante los recursos ordinarios y extraordinarios destinados por parte de la entidad territorial a la mitigación y control de la epidemia por el virus. En este reporte, deben hacer una discriminación de los recursos, las fuentes utilizadas y las acciones a desarrollar. También deben entregar información de los contratos suscritos en el marco del plan de intervenciones colectivas (PIC), con las empresas sociales del Estado y demás organizaciones, donde se especifiquen las acciones a ejecutar relacionadas con la atención, mitigación y control de la epidemia por covid-19.
En atención al estado de emergencia sanitaria, la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) adoptó medidas transitorias para el servicio público que se presta en las 195 oficinas de registro de instrumentos públicos (ORIP) del país y la atención al público en todas las dependencias. La entidad emitió la Resolución 03130 del 2020, por medio la cual suspende los términos, la prestación del servicio y la atención al público en estas oficinas a partir del 24 de marzo y hasta el 12 de abril del presente año. El día 13 de abril se reanudará el servicio público y la atención a usuarios. Por otra parte, la Supernotariado, a través de la Resolución 03133, estableció para estos despachos turnos de apertura al público en un horario de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. En aquellos círculos notariales en los se cuente con una o dos notarías, el notario tendrá la opción de escoger alguno de los siguientes turnos: lunes y miércoles; martes y jueves y lunes y viernes. En los círculos donde existen más de dos notarías se estableció un cronograma, según se detalla en la norma, en el que se designan los días de atención de cada despacho. La entidad también contempló que en aquellos eventos de urgencia inaplazable en los que el usuario requiera la prestación del servicio por fuera de los horarios establecidos, el notario deberá disponer y divulgar un medio de comunicación eficaz, en aras de satisfacer esta necesidad.
El Ministerio del Interior, mediante Circular Interna 18, del 12 de marzo, estableció directrices para el desarrollo transitorio de trabajo virtual de los servidores públicos de la entidad, con el fin de proteger la salud de los funcionarios y favorecer el desarrollo eficiente de las actividades encomendadas. De acuerdo con la norma, el jefe inmediato debe tener en cuenta los servidores que voluntariamente lo soliciten y que desempeñen actividades intelectuales, de manera que no se requiera obligatoriamente su presencia. Por su parte, los funcionarios deberán demostrar que tienen los medios tecnológicos y las herramientas seguras en su domicilio, además de asumir los costos por cargos de servicios públicos (energía, internet y agua, entre otros).
Las sumas que pagan periódicamente los padres de familia no constituyen elemento propio de la prestación del servicio educativo, recuerda el Ejecutivo.
El Ministerio de Educación dispuso que las entidades públicas del orden nacional y territorial con fondos en administración o convenios de alianzas establecidos con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) utilizarán los saldos y excedentes de liquidez en el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus, para el otorgamiento de una serie de ayudas a beneficiarios focalizados. Entre estos se encuentran, por ejemplo, el periodo de gracia en cuotas de créditos vigentes y solicitar la reducción transitoria de intereses al IPC, mientras dure la emergencia sanitaria. También se contempla la ampliación de plazos en los planes de amortización y el otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre del 2020. Finalmente, la normativa aclara que estos auxilios se mantendrán hasta agotar el monto de los recursos dispuestos para ello.
El Ministerio de Ambiente adicionó el Decreto 1076 del 2015, único reglamentario del sector, para señalar que mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus (covid-19) las autoridades ambientales competentes deberán priorizar y dar trámite inmediato a las solicitudes de concesiones de aguas superficiales y subterráneas presentadas por los municipios, distritos o personas prestadoras de servicio público domiciliario de acueducto, según corresponda. El Decreto 465 indica que dichas solicitudes deben estar destinadas a los sistemas de acueductos urbanos y rurales. Las que estén próximas a vencerse o que se venzan, mientras se mantenga la emergencia, se entenderán prorrogadas de manera automática y por el tiempo que dure la declaratoria, y a quienes se les haya vencido deberán solicitar la respectiva concesión. La norma también establece que los términos previstos para el trámite de las concesiones ser reducirán a una tercera parte. A los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto se les aplicará la tarifa mínima multiplicada por el coeficiente de uso respectivo.
El Ministerio del Interior, mediante Circular Externa 7933, del 21 de marzo, instó a los mandatarios locales a actuar de manera coordinada y adoptar y replicar en sus territorios las medidas de prevención, contención y mitigación desarrolladas por los equipos técnicos de las entidades del sector central. Así mismo, precisó que todo el aparato estatal debe enfocarse en adoptar medidas que conlleven a minimizar el pánico colectivo, ya que el desbordamiento del miedo masivo puede conducir a situaciones de caos y perturbación del orden público y el normal ejercicio de los derechos ciudadanos. En el texto se adjunta el explicativo desarrollado por la Policía Nacional, con el fin de informar a la ciudadanía y esclarecer dudas.
A través de la Circular Externa 21, del pasado 16 de marzo, el Ministerio del Interior emitió recomendaciones para que los concejos municipales y las asambleas departamentales puedan hacer uso de los instrumentos jurídicos existentes para socializar los planes de ordenamiento territorial, acudiendo a los medios electrónicos, tales como plataformas de las administraciones públicas, emisoras radiales, redes sociales y canales locales de televisión, con el fin de proteger la salud de los ciudadanos, concejales, diputados y demás servidores públicos que participen en el proceso, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada en todo el territorio nacional, declarada mediante Resolución 385 del 2020.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), con el fin de garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios a la ciudadanía, y de acuerdo con la directriz y lineamientos del Gobierno Nacional y la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, a través de la Resolución 911 del 2020, definió medidas regulatorias transitorias en beneficio de la población. Dentro de las órdenes que regirán desde el 18 de marzo está la suspensión temporal de los incrementos tarifarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, durante el periodo de emergencia sanitaria. Una vez finalizado este periodo, la prestadora podrá aplicar las variaciones acumuladas durante los siguientes seis meses. También se ordena que a los suscriptores residenciales que presenten corte del servicio, así como a los de conexión por fraude, se les provea el agua potable mediante medidas alternativas. También se incrementará la frecuencia de recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
Con el fin de atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento, bajo el marco del Decreto 417 del 2020, el Ministerio de Hacienda creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), como una cuenta sin personería jurídica de esta cartera. Según la norma, los recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización, del Fondo de Pensiones Territoriales y de los recursos asignados en el presupuesto general, entre otros, serán usados para atender necesidades adicionales de recursos que se generen por parte de las entidades que hacen parte presupuesto. De igual forma, el Decreto 444 indica que para efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a través de transferencia temporal de valores o depósitos a plazo; para proveer directamente financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional y proveer liquidez a la Nación, únicamente cuando los efectos de la emergencia se extiendan a las fuentes de liquidez ordinarias. Esta nueva norma también precisa que el Gobierno podrá invertir en instrumentos de capital y/o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas, incluyendo acciones con condiciones especiales de participación, dividendos y/o recompra. En el decreto adjunto encontrará todas las demás determinaciones sobre el tema.
A través del Decreto 461, el Gobierno nacional facultó a los gobernadores y alcaldes para que reorienten las rentas de destinación específica de sus entidades territoriales, con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 417 del 2020. En este sentido, precisa la normativa, para la reorientación de recursos no será necesaria la autorización de las asambleas departamentales o de los concejos municipales.
Los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión sonora, televisión y servicios postales, son servicios públicos esenciales. Por lo tanto, precisó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el Decreto 464, no se suspenderá su prestación durante el estado de emergencia. Así las cosas, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de redes requeridas para la operación. La norma establece reglas para los servicios de telecomunicaciones, en la modalidad prepago y pospago. En materia de comercio electrónico, dispone que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones podrán priorizar el acceso a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, páginas gubernamentales y del sector público, actividades laborales, educación y ejercicio de derechos fundamentales.
Por medio del Decreto 459, proferido el pasado 22 de marzo, se designó como ministro de Relaciones Exteriores ad hoc al ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo. Lo anterior para decidir y regular las medidas para enfrentar el coronavirus (covid-19) que generen impactos en el sector hotelero, agrícola (cañicultor y de frutas) y el farmacéutico, cosmético, agro veterinario, de dispositivos médicos, pañales y suplementos dietarios. También en relación con el proyecto de decreto que busca disponer medidas para atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata elDecreto 417 del 2020, preparado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Con el Decreto 439 del 2020, el Ejecutivo suspendió por el término de 30 días calendario, a partir de las 00:00 horas del lunes 23 de marzo de este año, el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano a pasajeros procedentes del exterior por vía aérea. Solo se permitirá desembarque para quienes vayan a hacer conexión en caso de emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, previa autorización de la Aeronáutica Civil y Migración Colombia, en el marco de sus competencias. Se exceptúan de la medida los tripulantes, personal técnico y directivo y acompañantes de empresas de carga de aérea, quienes deberán cumplir con el protocolo establecido por el Ministerio de Salud y la Aeronáutica Civil.
El Gobierno dio a conocer el Decreto 457, que ordena el aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes de Colombia, entre el 25 de marzo y hasta el 13 de abril del 2020.
El Gobierno, a través del Departamento Nacional de Planeación, expidió el Decreto 440, del 20 de marzo, y dictó medidas de urgencia en materia de contratación estatal, teniendo en cuenta la coyuntura que ha generado el coronavirus (covid-19). De acuerdo con la norma, las entidades públicas deberán implementar la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas a través de mecanismos electrónicos, lo que permitirá que los 232.000 contratistas del Estado y aproximadamente un millón de colombianos se beneficien con estos pagos. Así mismo, se decidió la continuidad de los procesos licitatorios para no paralizar la ejecución del gasto, la suspensión de términos en los procesos administrativos sancionatorios por presunto incumplimiento contractual y la posibilidad de reversar procesos licitatorios.
Las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto que cuenten con suscriptores residenciales en condición de suspensión y/o corte del servicio, con excepción de aquellos que fueron suspendidos por fraude a la conexión del servicio, realizarán, sin cobro de cargo alguno, la reinstalación o reconexión inmediata del servicio. En este sentido, aclara el Decreto 441, del 20 de marzo, los prestadores deberán asumir el costo de la reinstalación o reconexión, sin perjuicio de que puedan gestionar aportes de los entes territoriales. De otra parte, la disposición indica que los municipios y distritos deberán asegurar de manera efectiva el acceso al agua potable, mediante la prestación del servicio público de acueducto y/o esquemas diferenciales.
El Ministerio de Educación expidió la Circular 021, del 17 de marzo de 2020, dirigida a gobernadores, alcaldes y secretarios de educación, que contiene orientaciones a la planta de educadores y administrativos del sector y define el trabajo en casa para los docentes durante las semanas de desarrollo institucional, para la planeación pedagógica utilizada desde el 20 de abril, y ratifica la puesta en operación del banco de contenidos digitales "Aprender Digital: Contenidos para todos", a través de la plataforma Colombia Aprende. Todo lo anterior como medidas de prevención ante la propagación del coronavirus (covid-19). Así mismo, la entidad expidió la guía orientadora con algunas ideas sobre el cuidado y el autocuidado; cómo hacer del hogar un entorno seguro y protegido para las niños y adolescentes; la organización de este tiempo en casa y el acompañamiento a las actividades educativas en el hogar.
El Gobierno expidió el Decreto 420, con el cual establece instrucciones que deben ser tenidas en cuenta por los alcaldes y gobernadores en el ejercicio de sus funciones en materia de orden público, y dentro del marco de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus (covid-19). Igualmente, ordenó a los mandatarios regionales que prohíban el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, a partir de las 6:00 p. m. de hoy y hasta las 6:00 a. m. del día sábado 30 de mayo del 2020. Sin embargo, aclara que no queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes. También les pide prohibir las reuniones y aglomeraciones de más de 50 personas, por el mismo lapso de tiempo. Por otra parte, la norma indica que los alcaldes podrán ordenar el toque de queda de niños y adolescentes, a partir de la expedición de este decreto y hasta el 20 de abril del 2020.
“Vamos a garantizar los recursos que faciliten la provisión de servicios médicos, exámenes y liquidez para la red hospitalaria, buscando que el sistema de salud tenga el nivel de respuesta que se necesita para afrontar esta emergencia”, indicó el presidente Duque.
La dirección del orden público para controlar la propagación del coronavirus estará en cabeza del Presidente de la República, así lo enfatizó la ministra del Interior, Alicia Arango, al dar a conocer el Decreto 418.
Acudiendo al artículo 215 de la Constitución Política, el presidente Iván Duque anunció que declara el estado de emergencia. El Decreto 417 indica que solo podrá durar 30 días, prorrogables, pero no podrán exceder de 90 días en el año.
A través de la Resolución 001 del 2020, la Superfinanciera decidió suspender los términos procesales en la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, donde se incluyen las audiencias programadas, a partir de hoy 17 de marzo y hasta el 8 de abril del 2020, inclusive.
En atención a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno, la Superintendencia de Notariado y Registro adoptó medidas relacionadas con los turnos en las notarías y en las oficinas de registro de instrumentos públicos (ORIP).
La mayoría de las entidades del Estado han ido implementando diferentes planes para no afectar el servicio al público y brindar una forma segura de trabajar a sus funcionarios.
Este jueves, el presidente Iván Duque encabezó una reunión en el puesto de mando unificado (PMU) en la que se adoptaron rigurosas medidas para reforzar la fase de contención del coronavirus, la primera de ellas, y quizá la más fuerte, fue declarar la emergencia sanitaria. Al amparo de la declaratoria se ordenó: suspender el tránsito de cruceros por Colombia; eventos de más de 500 personas quedan cancelados; el Gobierno dará lineamientos a los hoteles para cumplir con aislamientos preventivos; en el sistema carcelario, por un periodo prudencial de 10 días, se suspenden visitas, hasta adoptar protocolos que permitan tener todas las medidas de salud; personas con síntomas no pueden hacer visitas y se suspenden las repatriaciones de privados de la libertad que venían a cumplir sus penas en el país. En las próximas horas se establecerán directrices para funcionarios públicos, de trabajo flexible, de trabajo virtual, para tomar una línea de liderazgo. Se invitará a las empresas a que adopten esos protocolos, conforme a los lineamientos de salud ocupacional y de salud en el lugar de trabajo. En los Centros Vida, donde están los adultos mayores del país, se va a adoptar el aislamiento preventivo, para tener una precaución adicional. Por otra parte, Duque anunció un paquete de medidas económicas para mitigar efectos en los sectores de turismo y aviación. En el archivo adjunto a esta nota puede consultar en detalle las medidas.
El Ministerio de Educación expidió la Circular 19, con orientaciones sobre la declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus (covid-19). Por otra parte, con la Circular 20 del 2020, dirigida a gobernadores, alcaldes y secretarios de educación, les recomendó adoptar las medidas correspondientes frente a la modificación de los calendarios académicos de educación preescolar, básica y media para el presente año como medida de prevención ante la propagación de la epidemia. Finalmente, con la Circular 23, definió manejo excepcional y temporal de trámites ante su Secretaría General.
Ante la presencia de la enfermedad coronavirus (covid-19), la Función Pública y los ministerios de Salud y del Trabajo expidieron instrucciones de intervención, respuesta y atención del virus, complementarias a las impartidas en la Circular 0017 del 2020 del Ministerio del Trabajo, aplicables principalmente a los ambientes laborales. En la norma se dan recomendaciones de estrategias para minimizar los efectos negativos en la salud de los servidores públicos, trabajadores y contratistas. Así mismo, les ordenó evaluar la adopción de medidas temporales: autorizar el teletrabajo; horarios flexibles, disminuir el número de reuniones, entre otras.
A través del Decreto 412, del 16 de marzo, el Ministerio del Interior decidió cerrar los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil, a partir de las 00:00 horas del 17 de marzo hasta el 30 de mayo del 2020. Así mismo, indicó que se debe continuar el cierre de los pasos terrestres y fluviales de frontera autorizados con Venezuela ordenado mediante Decreto 402 del 13 de marzo, hasta el 30 de mayo. La norma aclara que el tránsito aéreo no se verá afectado y que se exceptúan de su aplicación los tránsitos que deban realizarse por razones de caso fortuito o fuerza mayor y el transporte de carga.
El Ministerio de Salud publicó la Resolución 464, que estableció la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo para las personas mayores de 70 años, desde el 20 de marzo a las 7:00 a.m. hasta el 30 de mayo del 2020 a las 12:00 p.m. La norma explica que de manera excepcional podrán salir del lugar de residencia estas personas, únicamente para abastecerse de bienes de consumo y medicamentos; uso de servicios financieros; accesos a servicios de salud; por ejercicios de funciones públicas; servidores de elección popular y quienes realicen una actividad económica. La violación de dichas medidas dará lugar a las sanciones penales y pecuniarias previstas en el código Penal y 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 del 2016.
La sala especial de decisión del Consejo de Estado se abstuvo de avocar conocimiento del control inmediato de legalidad del Decreto 457. Cabe recordar que esta normativa ordenó el aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes de Colombia, entre las 00:00 a. m. del 25 de marzo y hasta la 00:00 a. m. del 13 de abril del 2020. Este alto tribunal indicó que si bien tiene competencia para fiscalizar esa norma vía una demanda de cualquier persona, este acto no es susceptible del control inmediato de legalidad, porque no se expidió como una medida de carácter general, en cumplimiento de la función administrativa y como desarrollo de un decreto legislativo. En tal sentido, al tratarse de un decreto ordinario, frente al que procede el medio de control de simple nulidad, de conformidad con el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cualquier persona puede cuestionar su legalidad (C. P. Guillermo Sánchez Luque).
Por medio del comunicado de la Sentencia C-178, la Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del Decreto 507 del 2020, por el cual se adoptaron medidas para favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos. Igualmente, declaró exequible el artículo 7º, en el entendido que las medidas adoptadas estarán vigentes durante el año siguiente a la declaratoria del estado de emergencia económica. Para el alto tribunal es indispensable condicionar su exequibilidad a que se entienda que el decreto estará vigente durante un año, contado desde su expedición, ya que la expresión “producirá efectos mientras perduren las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica” no determina con claridad el tiempo de su vigor. La magistrada Cristina Pardo salvo su voto y sus homólogos Diana Fajardo y Alberto Rojas lo hicieron parcialmente (M. P. Antonio José Lizarazo).
La Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 444 del 2020, que creó el fondo de mitigación de emergencias (Fome) y dictó disposiciones en materia de recursos, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica. Según el comunicado de la sentencia, este decreto satisface los requisitos formales y materiales previstos por la Constitución, la Ley Estatutaria de Estados de Excepción y la jurisprudencia constitucional. La corporación constató la compatibilidad de las disposiciones relativas a la creación del Fome, su naturaleza jurídica, su objeto y la regulación de su administración y liquidación con el principio de autonomía territorial, y el ejercicio del control fiscal por parte de la Contraloría General de la República. También consideró que la creación de este fondo es una medida necesaria, fáctica y jurídicamente, así como adecuada para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Por otra parte, concluyó que los préstamos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) no vulneran contenido normativo alguno. Los magistrados Cristina Pardo y Alberto Rojas salvaron el voto y su homólogo Alejandro Linares aclaró su voto (M. P. Carlos Bernal Pulido).
Por unanimidad, la Corte Constitucional llegó a la conclusión que el Decreto 565 del 2020 cumple con los juicios requeridos para que pueda ser considerado constitucional. Entre las razones señaladas por la corporación está que el Decreto 565 muestra que la emergencia económica generó un impacto en la economía muy singular que, por la fluctuación actual creada en los mercados, afectó a los portafolios BEP. Paralelamente, la medida planteada en la norma, opera no solo en conexidad con la declaratoria de emergencia, sino que responde a la necesidad de proteger efectivamente a ese grupo vulnerable de las fluctuaciones enunciadas, descritas puntualmente en la parte motiva de la norma (M. P. Gloria Stella Ortiz).
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 567 del 2020, que adoptó medidas para proteger los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes y les asignó a los procuradores judiciales de familia funciones para adelantar los procesos de adopción, como autoridades jurisdiccionales transitorias. Ello en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. En tal sentido, determinó que investir de funciones jurisdiccionales transitorias para adelantar estos procesos a los procuradores como medida de excepción constituye un desconocimiento de los principios definitorios del estado social de derecho, una alteración de las funciones constitucionales de la Procuraduría General de la Nación y una violación de cláusulas de derechos fundamentales. Así mismo, aseguró que las medidas no guardan equilibrio con la gravedad de los hechos que causaron la crisis, restringen y limitan derechos y garantías constitucionales y son excesivas en relación con la naturaleza de la emergencia. De igual forma, indicó que esta norma no contribuye a la satisfacción de los derechos fundamentales de la población. De hecho, podría poner en riesgo los derechos de los niños y adolescentes debido a la alteración de las competencias de los jueces. El magistrado Carlos Bernal Pulido presentó salvamento de voto y su homólogo Alejandro Linares se apartó de la decisión mayoritaria. También, los magistrados Diana Fajardo, Gloria Stella Ortiz, José Fernando Reyes y Alberto Rojas Ríos aclararon su voto y Antonio José Lizarazo se reservó la posibilidad de presentar una aclaración de voto (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
La Corte Constitucional determinó que las medidas de emergencia adoptadas en materia de contratación estatal con el Decreto 537 del 2020 cumplen con los debidos requisitos formales y materiales, en particular los de finalidad, conexidad material, motivación suficiente, no desconocimiento de la prohibición de arbitrariedad, no afectación de derechos fundamentales intangibles ni contradicción a norma constitucional alguna. Por ejemplo, la Corte señaló que la norma cumple el requisito de finalidad, puesto que las medidas están dirigidas a conjurar las causas que dieron origen a la declaratoria del estado de excepción y a impedir la extensión de sus efectos (M. P. Alejandro Linares Cantillo).
Por medio del comunicado sobre la Sentencia C-186, la Corte Constitucional dio a conocer la exequibilidad del Decreto 512 del 2020, que autorizó temporalmente a los gobernadores y alcaldes para realizar movimientos presupuestales, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Para este alto tribunal, el Decreto 512 cumple los requisitos formales establecidos en la Constitución y la facultad dada a los mandatarios locales para realizar adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales guarda relación directa con las causas que motivaron el estado de emergencia. Además, luego de citar varias disposiciones vigentes, precisó que durante un estado de excepción como el que atravesamos el Presidente de la República, en ejercicio de sus competencias legislativas extraordinarias, puede facultar a estos mandatarios para modificar el presupuesto de las entidades territoriales a su cargo, a fin de que estas puedan arbitrar los recursos indispensables para atender la problemática surgida, sin que se requiera la previa autorización de las asambleas departamentales o de los concejos distritales o municipales, según sea el caso. Sumado a ello, la corporación aseguró que esta medida tiene sustento en los principios de celeridad y eficacia que guían el desarrollo de la función administrativa y contribuye a la realización de los fines del Estado. Los magistrados Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo Schlesinger y Alberto Rojas Ríos salvaron su voto (M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo).
Salvo en lo relativo a la tarifa notarial para la capitalización, la Corte Constitucional declaró ajustadas a la Constitución las medidas adoptadas en materia de recursos de crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas, como para trabajadores independientes en el marco de la situación de emergencia y crisis por la pandemia del coronavirus. Así las cosas, el alto tribunal declaró exequible el Decreto 492 del 2020, salvo el artículo 8, que estableció la mencionada tarifa, por no superar el juicio de necesidad jurídica (M. P. Diana Fajardo).
Las medidas dispuestas en el Decreto 533 del 2020 para garantizar la continuidad del programa de alimentación escolar y la prestación del servicio de educación en el marco de la emergencia originada por la pandemia del coronavirus, según un pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional, cumplen los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución Política de 1991 (M. P. Diana Fajardo).
La Corte Constitucional constató que las medidas decretadas para garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones esenciales en las condiciones que ha impuesto la pandemia del coronavirus (covid-19) satisfacen plenamente los requisitos constitucionales fijados por la Carta Política de 1991. Lo anterior quiere decir que el alto tribunal respaldó en su integridad el Decreto 540 del 2020 (M. P. Diana Fajardo).
Ante la posible disminución en el número de miembros activos de la fuerza pública y la afectación del cumplimiento de sus funciones y, por ende, de la protección de los ciudadanos en las circunstancias generadas por la pandemia, la Corte Constitucional encontró que la prórroga del servicio militar, consignada en el Decreto 541 del 2020, es necesaria para garantizar los derechos de todos los colombianos y la declaró ajustada a la Constitución Política. Sin embargo, con el fin de precisar la aplicación en el tiempo de la medida, dado que no se pueden realizar nuevos procesos de incorporación de conscriptos, la sala resolvió condicionar la prórroga en el entendido de que solo se aplicará al personal que se encontraba en servicio al momento de la expedición del mencionado decreto y cuya fecha de licenciamiento se encontraba prevista para los meses de abril, mayo, julio y octubre del 2020. (M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo).
El Decreto 517 del 2020, que dictó disposiciones en materia de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, bajo el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el Decreto 417 del 2020, fue declarado exequible por la Corte Constitucional. Por medio del comunicado de la Sentencia C-186, esta corporación precisó que las medidas adoptadas resultan idóneas, necesarias y conexas con las causas que dieron lugar a la declaratoria de emergencia, dirigidas a garantizar la continuidad en su prestación en las condiciones impuestas para enfrentar la pandemia por covid-19, en particular de los sectores sociales más vulnerables. Además, superaron el juicio de incompatibilidad por cuanto el marco jurídico ordinario relativo a las cuestiones tarifarias y de subsidios de los servicios públicos de energía y gas domiciliario resultan incompatibles para implementarlas. Igualmente, recalcó que el uso de los criterios como el SISBEN, el estrato socioeconómico y el SUI para la determinación de los usuarios beneficiarios permite que las medidas resulten razonables por cuanto se dirigen a la población más gravemente afectada. El magistrado José Fernando Reyes Cuartas anunció la presentación de una aclaración de voto (M. P. Cristina Pardo Schlesinger).
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo del artículo 2 Decreto 460 del 2020, relacionado con las funciones jurisdiccionales conferidas a los procuradores judiciales. Ello porque no supera el juicio de conexidad interna, puesto que implica asignarle a la Procuraduría una función que ordinariamente está atribuida a los jueces y defensores de familia adscritos al ICBF y que, incluso de manera excepcional, ejercen los propios comisarios de familia. Se trata, por consiguiente, de la reasignación transitoria de una función ajena al ámbito regulatorio que se pretende en el decreto sub examine. Sobre este aspecto, la sala precisó que el objeto de regulación del decreto es la prestación ininterrumpida del servicio público, por lo que a través de la medida contemplada en el parágrafo se les usurpa una función a estas entidades del orden territorial para asignársela a un organismo del Estado que, si bien tiene funciones de intervención en los procesos judiciales, no resultan compatibles dichas funciones. Es preciso señalar que las demás disposiciones de la norma se declararon ajustadas a la Carta Política. El magistrado Carlos Bernal Pulido suscribió salvamento parcial de voto sobre la decisión al igual que sus pares Alberto Rojas y Cristina Pardo, pero estos últimos lo hicieron sobre temas puntales del artículo 1 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
La inversión obligatoria en títulos de deuda pública establecida como instrumento para ampliar las fuentes de liquidez que mitiguen el deterioro de las condiciones económicas y las consecuencias adversas generadas por la pandemia del coronavirus (covid-19), según un comunicado reciente de la Corte Constitucional, configura una limitación razonable y proporcionada a la libre empresa y a la propiedad que se justifica constitucionalmente. Esto quiere decir que el alto tribunal respaldó en su integridad el Decreto 562 del 2020 (M. P. Antonio José Lizarazo).
Las medidas de emergencia adoptadas para garantizar el derecho al mínimo vital de los dos grupos focalizados, adultos mayores y trabajadores cesantes, afectado por causa del aislamiento preventivo necesario para contener y mitigar la pandemia del coronavirus (covid-19) cumplen a cabalidad con los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución sobre los decretos de excepción. Así lo concluyó la Sala Plena de la Corte Constitucional luego de respaldar el Decreto Legislativo 553 del 2020 (M. P. Antonio José Lizarazo).
La Corte Constitucional condicionó el artículo 16 del Decreto 482 del 2020, que dictó medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del estado de emergencia decretado. Lo anterior bajo el entendido de que la suspensión del tope máximo de trabajo suplementario establecido para el personal de controladores de tránsito aéreo, bomberos y técnicos aeronáuticos, así como la flexibilización del uso de este recurso en caso de que alguno de ellos presente síntomas compatibles con el covid-19 solo aplica en el evento en que sea necesario para garantizar la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros y/o de carga. De igual forma, declaró exequibles los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de dicha norma. Según los argumentos de la Sala Plena relacionados con el artículo 16, la medida de levantar los topes de la jornada laboral y turnos de estos trabajadores era vaga e indeterminada, al punto que podría utilizarse de manera innecesaria y apartarse de su finalidad. Sin embargo, ello no acarrea la inconstitucionalidad, en tanto existen limitaciones que reducen esa apertura de la norma, las cuales sujetan a las autoridades administrativas que la aplican. Los magistrados Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo Schlesinger, Alberto Rojas Ríos, José Fernando Reyes Cuartas y Gloria Stella Ortiz Delgado presentaron salvamentos parciales y totales de voto (M. P. Alberto Rojas Ríos).
A través del comunicado sobre la Sentencia C-184, la Corte Constitucional dio a conocer la inexequibilidad del artículo 1º del Decreto 516 del 2020, que adoptó medidas para la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. De igual forma declaró exequibles los artículos 2º y 3º de la misma normativa. La disposición inconstitucional estaba relacionada con la reducción de la cuota de pantalla nacional durante el estado de emergencia y fue declarada así, en razón de que desconoció los juicios de finalidad, conexidad, necesidad fáctica, motivación suficiente y proporcionalidad que exigen estas medidas. Además, agregó que la medida estaba motivada en la necesidad de permitir a los canales de televisión emitir programas diferentes a los de producción nacional, ante la imposibilidad de generar productos nuevos. No obstante, el decreto no expuso las razones que llevaron al Gobierno Nacional a adoptar el porcentaje establecido en el decreto. Igualmente, la Sala Plena concluyó que la medida no era necesaria en tanto existían otras opciones evidentes y menos gravosas frente a los derechos a la cultura y la identidad nacional, para lograr el cumplimiento de la cuota de pantalla nacional. El magistrado Carlos Bernal Pulido salvó su voto y sus homólogos Gloria Stella Ortiz Delgado y José Fernando Reyes Cuartas aclararon el suyo. Por su parte, el magistrado Alberto Rojas Ríos consideró que la Corte debió pronunciarse sobre la afectación de los derechos sociales de los artistas, intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales y sus pares Luis Guillermo Guerrero Pérez y Cristina Pardo Schlesinger se reservaron la posibilidad de presentar una aclaración de voto (M. P. Jose Fernando Reyes Cuartas).
Por medio del comunicado sobre la Sentencia C-186, la Corte Constitucional dio a conocer la exequibilidad del Decreto 512 del 2020, que autorizó temporalmente a los gobernadores y alcaldes para realizar movimientos presupuestales, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.
Un auto de la Sección Tercera del Consejo de Estado resuelve, principalmente, inadmitir el trámite de control inmediato de legalidad sobre la Resolución 095 del 2020, expedida por Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Agencia ITRC). Las medidas de carácter general adoptadas mediante la mencionada resolución se circunscribieron a “suspender términos en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Agencia ITRC”. Concluyó el despacho que respecto de la resolución referida no procede el mencionado control en los términos del artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin perjuicio de que sobre la mencionada resolución se pueda adelantar el examen de su legalidad, a petición de parte y a través de otro de los medios de control previstos en la ley (C. P. Martín Bermúdez).
Por medio del comunicado de la Sentencia C-174, la Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 518 del 2020, que creó el programa ingreso solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Ello salvo la expresión “La configuración de estos supuestos no conlleva responsabilidad para quienes participen en la implementación de este programa”, contenida en el parágrafo 1 del artículo 1, el cual condicionó bajo el entendido de que la misma no constituye una cláusula de inmunidad o de irresponsabilidad para los servidores públicos, sino que alude a la necesidad de que la valoración del dolo o culpa grave, presupuesto de la eventual responsabilidad en los casos allí previstos, debe tener en cuenta las condiciones de apremio y urgencia en las que se enmarca la implementación del programa. Cabe precisar que el parágrafo condicionado precisa: “Aquellas personas que reciban las transferencias monetarias no condicionadas de que trata el presente artículo, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin y no lo informen a la autoridad competente, o las reciban de forma fraudulenta, incurrirán en las sanciones legales individuales a que hubiere lugar. La configuración de estos supuestos no conlleva responsabilidad para quienes participen en la implementación de este programa”. Así las cosas, el alto tribunal aseguró que el programa dirigido a las personas y hogares que no son beneficiarios de otros programas gubernamentales de entrega directa de recursos monetarios se explica y se justifica desde la perspectiva constitucional. Sin embargo, la referencia a la presunta ausencia de responsabilidad de los participantes del programa en los casos de recepción fraudulenta o sin sujeción a los requisitos legales no debe ser entendida como una cláusula de inmunidad o de irresponsabilidad de los servidores públicos encargados de la respectiva implementación. El magistrado Alberto Rojas Ríos aclaró su voto y su homólogo José Fernando Reyes se reservó la posibilidad de presentar una aclaración de voto (M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante reciente acuerdo, dispuso el cierre de los juzgados de ejecución de familia y la Oficina de Ejecución de Familia de Bogotá, por el periodo comprendido entre el 1 al 15 de julio del 2020. Ello teniendo en cuenta lo manifestado por la aseguradora de riesgos laborales de la Rama Judicial, la cual opinó que se debe mitigar y controlar el riesgo para servidores judiciales empleados y usuarios de la administración de justicia.
El establecimiento de un procedimiento abreviado para la devolución y/o compensación de saldos a favor de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y del impuesto de IVA y demás medidas tributarias correlativas no contradice ningún precepto constitucional. Así lo concluye un comunicado reciente de la Corte Constitucional luego de respaldar el Decreto 535 del 2020 (M. P. Gloria Ortiz).
La suspensión del requisito de insinuación de las donaciones superiores a 50 salarios mínimos legales cumple los requisitos constitucionales formales y materiales. Así lo concluyó la Corte Constitucional luego de respaldar el Decreto 545 del 2020, por ser una medida que tiene relación con la crisis sanitaria y social generada por la pandemia del coronavirus (covid-19). Pero también permite agilizar donaciones que realicen personas naturales o jurídicas destinadas a conjurar los efectos en el sistema de salud y mitigar los impactos negativos en la economía del país (M. P. Cristina Pardo).
Las medidas de excepción adoptadas con el propósito de proteger el empleo y solventar en parte los efectos adversos que ha causado la pandemia del coronavirus (covid-19) para el desarrollo normal de las actividades laborales en todos los sectores, consignadas en el Decreto 488 del 2020, cumplen con los requisitos formales y materiales de validez constitucional. No obstante, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del retiro de cesantías que debe extenderse a los fondos públicos, como el Fondo Nacional del Ahorro, y precisó la vigencia de las medidas (M. P. José Fernando Reyes).
Por medio del comunicado de la Sentencia C-172, la Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 544 del 2020, que adoptó medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado global de bienes para mitigar la pandemia de coronavirus (covid-19). Lo anterior con excepción de la expresión “ni sucursal”, contenida en el parágrafo segundo del artículo 1º, el cual se declaró inexequible, en tanto dicha expresión no superó el juicio de necesidad jurídica. Para la Corporación, la aplicación del derecho privado para la adquisición en el mercado internacional de equipos médicos, mobiliario, reactivos de diagnóstico, dispositivos médicos, elementos de protección personal y medicamentos señalados en dicha norma, así como excluir determinados requisitos previstos en la legislación mercantil para la contratación con personas extranjeras constituyen medidas que cumplen los requisitos constitucionales de los estados de excepción. No obstante, eximir de tener sucursal en el país a las empresas extranjeras con las que se contraten para la adquisición de estos bienes no cumple con el requisito de necesidad jurídica o subsidiariedad. El magistrado Carlos Bernal Pulido suscribió salvamento de voto parcial y sus homólogos Luis Guillermo Guerrero y Antonio José Lizarazo se apartaron de la decisión de inexequibilidad. Por su parte, el magistrado Alejandro Linares aclaró su voto (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
El aplazamiento del examen de Estado y la inaplicación temporal de su presentación como exigencia para el acceso a la educación superior, según un comunicado reciente de la Corte Constitucional, resultan conformes a la Constitución y a La ley Estatutaria 137 de 1994. De esta forma, se declaró exequible el Decreto 532 del 2020. Encuentre más detalles de esta decisión en el documento adjunto a esta nota (M. P. Luis Guillermo Guerrero).
La aplicación de las reglas del régimen de derecho privado a la contratación estatal como medida para enfrentar la crisis originada por la pandemia de coronavirus es una medida que cumple con los requisitos constitucionales. Así lo concluyó la Corte Constitucional luego de respaldar el Decreto Legislativo 440 del 2020. En todo caso, termina el fallo, no significa que la contratación no se guíe por los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, ni que esté exenta de controles (M. P. Alejandro Linares).
La Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 1º, 2º, 6º y 7º del Decreto 519 del 2020, que adicionó el presupuesto general de la Nación de la vigencia fiscal 2020 y efectuó su correspondiente liquidación, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Igualmente, declaró inexequibles los artículos 3º, 4º y 5º por no haber superado el juicio de necesidad, ya que podían haber sido expedidos por el Presidente en uso de facultades ordinarias. La Corporación indicó que esta adición es para fortalecer el sistema de salud, brindar apoyo a la población desprotegida y contrarrestar la afectación de la estabilidad económica y social, por lo que es constitucional. No obstante, la liquidación dispuesta como medida de excepción no, toda vez que corresponde a facultades ordinarias del Ejecutivo. Los magistrados Carlos Bernal Pulido, Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares presentaron salvamento parcial de voto. Por su parte, su homólogo Antonio José Lizarazo Ocampo salvó voto (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
La Sala Plena virtual de la Corte Constitucional declaró inconstitucional el Decreto 487 del 2020, que suspendió términos, por la pandemia del coronavirus, en el trámite de extradición. Para el alto tribunal, esta norma genera una restricción desproporcionada a los derechos al debido proceso y a la libertad de las personas requeridas en extradición. Sin desconocer la importancia de los compromisos internacionales de Colombia en materia de cooperación judicial, la lucha contra el crimen, pero además la protección a la salud de los funcionarios públicos y en general las medidas para salvaguardar estos intereses, no se puede generar, dice el pronunciamiento, un escenario de desprotección y vulneración de derechos fundamentales para las personas inmersas en un trámite de extradición. Lo anterior toda vez que en materia penal dicha restricción conlleva un alto costo de la eficacia de sus mecanismos de defensa y de las causales legales previstas para el restablecimiento de la libertad.
El Decreto 806 adoptó medidas para que se use la tecnología en las actuaciones judiciales, con el propósito de agilizar los procesos y flexibilizar la atención a los usuarios, protegiendo su salud y la de los funcionarios de la Rama Judicial.
Por medio de un comunicado sobre la Sentencia C-169, la Corte Constitucional informó que condicionó el artículo 1º del Decreto Legislativo 461 del 2020, que autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para reorientar rentas y reducir tarifas de impuestos territoriales, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 417 del 2020. Lo anterior bajo el entendido de que esta facultad es para reorientar rentas de destinación específica: (i) no autoriza a gobernadores y alcaldes para modificar las leyes, ordenanzas ni acuerdos de creación o modificación de tales rentas y (ii) solo puede ejercerse mediante la modificación del presupuesto de la actual vigencia fiscal. De igual forma declaró la exequibilidad condicionada del artículo 2º, en el entendido de que la facultad para reducir las tarifas de los impuestos (i) no autoriza a gobernadores y alcaldes para modificar las leyes, ordenanzas ni acuerdos que las fijaron y (ii) dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal en caso de que no se señale un término menor. Finalmente, declaró la exequibilidad del artículo 3º, el cual establece que las facultades otorgadas a los gobernadores y alcaldes solo podrán ejercerse durante el término que dure la emergencia sanitaria. Las magistradas Diana Fajardo y Cristina Pardo salvaron su voto y su homólogo Alberto Rojas Ríos se apartó parcialmente de la decisión (M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo).
La Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 499 del 2020, que adoptó medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Ello atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado internacional de bienes para mitigar la pandemia de coronavirus (covid-19). Lo anterior con excepción de la expresión “ni sucursal” del parágrafo segundo del artículo 1º, que se declaró inexequible. A juicio de la corporación, la flexibilización de las reglas de contratación estatal previstas en el Decreto 499 es una medida que está unívocamente dirigida a la protección de la vida, la salud y la integridad de las personas, por tanto se ajusta plenamente a los postulados y reglas constitucionales. Sin embargo, eximir de tener sucursal en el país a las empresas extranjeras que se contraten para la adquisición de estos bienes no cumple con el requisito de necesidad jurídica o subsidiariedad que se exige de las medidas de excepción (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
Por medio del comunicado sobre la Sentencia C-169, la Corte Constitucional condicionó el artículo 1º del Decreto Legislativo 461 del 2020, que autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para reorientar rentas y reducir tarifas de impuestos territoriales, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 417 del 2020.
Por medio de un comunicado sobre la Sentencia C-161, la Corte Constitucional condicionó el artículo 1º del Decreto Legislativo 467 del 2020, que determinó auxilios para los beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), dentro del estado de emergencia, en el entendido que la medida denominada “periodo de gracia” prevista en el numeral primero no causa durante su vigencia intereses sobre los créditos. Así mismo, declaró exequibles los artículos 2º y 3º del decreto.
La medida no está directa y específicamente encaminada a conjurar las causas de la perturbación por el coronavirus ni a impedir la extensión o agravación de sus efectos, concluyó la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional, en un comunicado, informó que pasó el control automático de constitucionalidad el Decreto 464 del 2020, mediante el cual se declaran como servicios públicos esenciales los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión sonora, televisión y servicios postales durante el estado de emergencia. Así las cosas, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de redes requeridas para la operación. La norma establece reglas para los servicios de telecomunicaciones en la modalidad prepago y pospago (M. P. Luis Guillermo Guerrero).
A través del Decreto 804 del 2020, el Gobierno Nacional estableció una serie de medidas para la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención a cargo de los entes territoriales, en el marco del estado de emergencia económica producido por el coronavirus. De ahí que las entidades territoriales podrán adelantar la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a estos centros. Para avanzar en tales obras solo se requerirá la autorización de la autoridad municipal o distrital competente en materia de seguridad y convivencia.
A través de reciente acuerdo, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso el levantamiento de la suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país a partir del próximo 1 de julio. Desde el 17 de junio, conforme a las indicaciones de jefes de despachos o dependencias, los servidores podrán acudir a las sedes con el fin de realizar tareas de planeación y organización del trabajo, sin atención al público. Mientras dure la suspensión de términos, así como cuando esta se levante, los servidores de la Rama Judicial continuarán trabajando de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para prestar los servicios que requieren presencialidad en las sedes podrán asistir como máximo el 20 % de los servidores judiciales por cada despacho, secretaría, oficina, centro o dependencia en general. Finalmente, el acuerdo sostiene que las direcciones seccionales garantizarán el suministro a los servidores judiciales de los elementos de bioseguridad, tales como tapabocas, guantes y caretas, cuando menos, y el mantenimiento de las sedes y elementos de aseo requeridos. Encuentre las demás medidas para ingresar a las sedes judiciales en el documento adjunto a esta nota.
A través del Decreto 805 del 2020, el Gobierno Nacional creó un aporte económico temporal de apoyo a los trabajadores de las notarías del país, en el marco de la emergencia producida por el coronavirus. Encuentre las demás medidas del Ministerio de Justicia y del Derecho en el documento adjunto a esta nota.
El Ministerio de Comercio, a través del Decreto 772 del 2020, dictó una serie de medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, con el fin de mitigar los efectos de la emergencia económica en el sector empresarial. Entonces, las solicitudes de acceso a los mecanismos de reorganización y liquidación judicial respecto de los deudores afectados por la calamidad pública generada por el coronavirus (covid-19) se tramitarán de manera expedita por las autoridades competentes, considerando los recursos disponibles para ello. Y es que con el fin de atender la proliferación de procedimientos y trámites de insolvencia regulados en la Ley 1116 del 2006, el Decreto 560 del 2020 y esta normativa, la Superintendencia de Sociedades o la entidad competente podrá solicitar el diligenciamiento de formatos electrónicos como parte de la solicitud de admisión y la radicación electrónica de la solicitud y de la información. Encuentre las demás medidas en el documento adjunto a esta nota.
La circular interna precisó que cuando las necesidades del servicio así lo requieran, los servidores asistirán a sus lugares de trabajo para cumplir las funciones encomendadas por sus superiores
Con miras a atenuar los efectos del covid-19, el Decreto 434 amplió, hasta el 3 de julio del 2020, el plazo para efectuar actividades similares a la actualización de la información del registro nacional de bases de datos (RNBD) tales como renovación de la matrícula mercantil, el Runeol y demás registros que integran el registro único empresarial y social (RUES).
En atención a la decisión del Gobierno Nacional de extender el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo del 2020, la Corte Suprema de Justicia adoptó una serie de medidas especiales para el total restablecimiento de las funciones judiciales de la corporación, a partir del 8 de junio del 2020. Así, mantuvo vigente, hasta nueva orden, la autorización de trabajo en casa para los funcionarios y empleados que puedan desempeñar funciones desde su residencia con el uso de herramientas tecnológicas. De esta forma, el trabajo remoto será definido, coordinado y supervisado por los presidentes de las salas y jefes de despacho de magistrado, así como por los superiores inmediatos de dependencias y oficinas. Se fijarán turnos y horarios de trabajo presencial diferenciados para los servidores de la corporación que, en razón a la necesidad de continuidad del servicio por sus tareas, deban acudir a laborar al Palacio de Justicia o sus sedes habituales.
La Sala de Casación Laboral, mediante acuerdo, adoptó una serie de medidas para el trámite interno de asuntos de su competencia con el propósito de implementar el trabajo no presencial, en casa, remoto o a distancia y el uso de las tecnologías y herramientas telemáticas. La Sala resolverá todos los asuntos que son de su competencia de manera gradual, acudiendo para ello a las herramientas tecnológicas y/o telemáticas disponibles, conforme a la asistencia y asesoría que sobre estas materias brinda el sistema de gestión de calidad de la sala y las demás divisiones de la corporación, a partir del próximo 27 de mayo. Así mismo, se continuará con el escaneo y la descarga en medios magnéticos de los expedientes que se encuentran en la secretaría de la Sala, tanto de los recursos de casación que están en términos de traslado a las partes como de aquellos que vayan a estudio y decisión, conforme a la disponibilidad de herramientas tecnológicas y a la necesidad del examen de las piezas procesales y medios de prueba que los conforman.
En atención a la decisión del Gobierno Nacional de extender el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo del 2020, la Corte Suprema de Justicia adoptó una serie de medidas especiales para el total restablecimiento de las funciones judiciales de la corporación, a partir del 8 de junio del 2020.
Una providencia reciente de la Sala Civil de la Corte Suprema explica que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo, además de prorrogar la suspensión de términos judiciales hasta el pasado 26 de abril, extendió las excepciones de esta suspensión a “los procesos de adopción en los casos en los que se haya admitido la demanda”. De otro lado, el Gobierno Nacional, en el marco del estado de excepción, expidió el Decreto 567, por el cual “adoptó una serie medidas para proteger los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes y se asignaron a los procuradores judiciales de familia funciones para adelantar los procesos de adopción, como autoridades jurisdiccionales transitorias”. De manera expresa, con el Acuerdo PCSJA-2011546 del 2020, se ordenó levantar la suspensión de términos para los procesos de adopción, los cuales se adelantarán de manera virtual. Sin embargo, la Corte mostró su preocupación respecto a las funciones jurisdiccionales otorgadas por el Decreto 567 a los procuradores judiciales de familia. De manera especial le “preocupa que, una vez superadas o levantadas las suspensiones de términos para todos los procesos de adopción, los mencionados funcionarios sigan conociendo de algunos procesos de adopción. Lo anterior como parece desprenderse del parágrafo tercero del artículo 1° de dicha normativa”, agrega el fallo de tutela. Por lo anterior, ordenó al Ministerio Público remitir a los jueces de familia todos los procesos de adopción que actualmente estén conociendo los procuradores judiciales de familia (M.P. Francisco Ternera).
Atendiendo el estado de emergencia económica decretado por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus (covid-19), el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a través de la Resolución 471 del 2020, estableció como medida transitoria la suspensión de términos en las actuaciones administrativas y contractuales que se adelantan, y otras medidas administrativas, por motivos de salud pública. El Consejo de Estado realizó el respectivo control automático de legalidad a esta normativa y se convierte en el primero que se da a conocer. En cuanto a los requisitos de forma y competencia, dijo que el alto funcionario tiene la competencia legal de dirigir la entidad respecto de las actividades administrativas, de igual manera puede establecer normas y procedimientos internos necesarios para el funcionamiento y prestación de los servicios de la entidad. En cuanto al estudio de fondo, considera la corporación, la norma expedida por la ANI resulta idónea, necesaria y proporcional con la gravedad de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción. Así mismo, observa una especial correlación entre los fines buscados y los medios empleados para conseguirlo (C. P. Sandra Ibarra).
La alcaldesa Claudia López envió una carta a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, donde le solicita un concepto jurídico y apoyo para la coordinación interinstitucional en la atención de la población privada de la libertad en riesgo de contagio por coronavirus (covid-19).
El Consejo Superior de la Judicatura puso a disposición de los servidores y los usuarios de la administración de justicia, y especialmente a los abogados, un micrositio web para consultar la información sobre las medidas adoptadas para responder a la emergencia ocasionada por el coronavirus (covid-19).
El Consejo Superior de la Judicatura, el pasado 5 de mayo, expidió una circular indicando un protocolo de acceso a las sedes judiciales y otras medidas complementarias para la prevención del contagio del covid-19 de los servidores judiciales, contratistas de prestación de servicios y judicantes.
El Tribunal Superior Judicial de Barranquilla estudió si un postulado a la Ley de Justicia y Paz, que actualmente tiene 70 años y dos medidas de aseguramiento carcelarias vigentes, era merecedor de este tipo de detención. Entrevistamos al ponente de la decisión.
El Gobierno decidió prorrogar, hasta la finalización de la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, la suspensión de los términos del trámite de extradición previstos en la Ley 600 del 2000 y en la Ley 906 del 2004 y demás normas previstas en el ordenamiento jurídico. Estas medidas incluirán los términos que hayan empezado a correr respecto de notificaciones, recursos o solicitudes de revocatoria directa contra la resolución en que se concede o se niegue la extradición. Se debe tener en cuenta que la suspensión no cobijará los términos establecidos en el artículo 484 de la Ley 906, ni la facultad para cancelar las órdenes de captura y decretar libertades cuando estas se generen.
Este instrumento ofrece a alcaldes y administraciones locales un material gratuito de fácil acceso y comprensión,para poner en marcha mecanismos como la conciliación en equidad, la conciliación en derecho, la mediación escolar y la conciliación comunitaria.
A través de una circular interna, la Corte Constitucional adoptó un protocolo operativo de trámites electrónicos o digitales de los procesos judiciales y asuntos administrativos que se adelanten durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Dicho protocolo establece los pasos que se deberán adelantar en la construcción de los expedientes digitales por parte de los despachos de los magistrados y la Secretaría General de la Corte para el trámite electrónico y digital de más de seis actuaciones, que puede detallar en el documento adjunto a esta nota.
El Consejo de Estado determinó que todas las medidas administrativas de carácter general que se hayan expedido a partir de la declaratoria de emergencia originada por el coronavirus serán objeto de control inmediato de legalidad, sin necesidad de que se interponga demanda alguna. Según la corporación, incluso cuando la medida bajo estudio hubiera sido declarada inexequible por la Corte Constitucional, la jurisdicción ejercerá el control inmediato que le ordena la ley, con el fin de examinar la legalidad de la determinación mientras esta estuvo en vigencia. Esto implica que los decretos, resoluciones, circulares y demás actos de la administración que hayan expedido las autoridades a partir del 17 de marzo, cuando se decretó la emergencia, serán objeto de este juicio de legalidad, a pesar de que hayan sido dictadas en el marco de las facultades ordinarias de cada entidad (C.P. William Hernández).
Ahora, con el Decreto 564, el Gobierno determinó que los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para derechos, acciones, medios control o para presentar demandas ante la Rama la Judicial o tribunales arbitrales (sean de meses o años) se encuentran suspendidos desde el 16 marzo y hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga su reanudación.
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado ya se encuentran aplicando el control automático de constitucionalidad y de legalidad a esta normativa.
Los juzgados de familia y demás que administran depósitos de cuotas alimentarias atenderán las autorizaciones de pago de estos títulos siguiendo varias reglas.
A través del Decreto 487, y atendiendo la emergencia por el coronavirus (covid-19), el Gobierno nacional decidió suspender, a partir de ayer 27 de marzo, y por un término de 30 días calendario, los términos del trámite de extradición previsto en las leyes 600 del 2000 y 906 del 2004 y demás normas del ordenamiento jurídico. Se debe tener en cuenta que la suspensión no cobijará los términos establecidos en el artículo 484 de la Ley 906, ni la facultad para cancelar las órdenes de captura y decretar libertades cuando estas se generen.
La Corte Constitucional, en su Sala Plena virtual y de manera unánime, ordenó medidas cautelares para proteger a las personas que se encuentran en los centros de detención transitoria del país, dispuso el diseño y adopción de protocolos de atención en salud, con especial énfasis en las personas que tienen mayor riesgo de contagio del coronavirus (covid-19), previendo medidas especiales para quienes tengan sospecha de contagio. Determinó que era necesaria la identificación de la población en estos centros y a partir de allí fijar las medidas claras, precisas y específicas para contrarrestar la pandemia. Así mismo, estableció que en un término no mayor de ocho días debe garantizarse a las personas privadas de la libertad en los centros de detención preventiva el acceso a los servicios sanitarios, productos de aseo, alimentación diaria, así como agua potable permanente, bien a través del acueducto o de cualquier mecanismo que asegure su suministro, con el fin de protegerlos frente a este virus. Y enfatizó que estas medidas serán extensivas para todo el país. Como medida provisional, se ordenó a la USPEC y al Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad que, en el término dispuesto, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y bajo los lineamientos y apoyo del Ministerio de Salud y de cada una de las secretarías de salud de cada municipio o distrito respectivo, diseñen y adopten un protocolo de atención en salud en los centros de detención transitoria.
A pesar de la suspensión de términos en los procesos adelantados por la jurisdicción contencioso administrativa, el Consejo de Estado y los tribunales administrativos del país conocerán de los decretos de su competencia que dicten los gobiernos locales y Nacional en el marco del estado de emergencia decretado. Esto gracias al acuerdo por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura exceptuó de la medida de suspensión de términos al ejercicio de control automático de legalidad de los actos administrativos que dicten las autoridades. Lo anterior implica que la legalidad de estas normas nacionales podrá ser estudiada por el Consejo de Estado. A su vez, los tribunales administrativos de los distintos distritos judiciales del país podrán adelantar el juicio respectivo a los decretos que dicten las autoridades locales.
En el alto tribunal constitucional se asignaron ponentes de 14 decretos, todos relacionados con la emergencia producida por la pandemia de coronavirus (covid-19).
El pasado 22 de marzo, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso suspender los términos de las siguientes actuaciones administrativas que adelantan la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las direcciones seccionales, así: i) procesos administrativos de cobro coactivo, ii) procesos disciplinarios, iii) reclamaciones de depósitos judiciales y iv) procesos administrativos de reclamaciones salariales y prestacionales. Esta suspensión de términos administrativos rige desde el 24 de marzo y hasta el 12 de abril del 2020.
Por medio del Acuerdo PCSJA20-11527, y teniendo en cuenta que le corresponde a la Corte Constitucional realizar el control sobre las normas expedidas por el Presidente de la República, es necesario exceptuar estas actuaciones de la suspensión de términos que estableció transitoriamente el Consejo Superior de la Judicatura. Por ello, esta ultima corporación dispuso exceptuar de la detención de términos, adoptada en los Acuerdos PCSJA20-11517 y PCSJA20-11521 del 2020, las actuaciones que adelante el alto tribunal Constitucional con ocasión de la expedición de decretos expedidos por el presidente en ejercicio de las funciones del artículo 215 de la Carta Política.
La Corte Constitucional, en reciente auto, solicitó a la Presidencia de la República allegar las comunicaciones dirigidas a los organismos internacionales de la OEA y la ONU (secretarios generales) sobre la notificación de la declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica o de grave calamidad pública por la pandemia del coronavirus (covid-19), atendiendo lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 137 de 1991. En el documento adjunto encuentre las demás pruebas que fueron solicitadas por la Corte. Por último, se dispone de cinco días para que cualquier ciudadano envíe su intervención escrita sobre la constitucionalidad a la norma al correo despachoreyes@corteconstitucional.gov.co.
El Consejo Superior de la Judicatura dispuso prorrogar la medida de suspensión de términos judiciales en el territorio nacional adoptada mediante el Acuerdo PCSJA20-11521 y adoptar otras medidas por motivos de salubridad pública. En tal sentido, prorrogó la suspensión desde el 4 de abril hasta el 12 de abril de 2020 e indicó como excepciones: i) se dará prelación en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad, su recepción se hará mediante correo electrónico dispuesto para el efecto y para su trámite y comunicaciones se hará uso de las cuentas de correo electrónico y herramientas tecnológicas de apoyo. ii) En relación a la función de control de garantías, se atenderán asuntos como audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitudes de medidas de aseguramiento de detención; prórroga, sustitución y revocatoria de medida de aseguramiento cuya solicitud sea con persona privada de la libertad, siempre que las audiencias se puedan adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual; libertad por vencimiento de términos, siempre que las audiencias se puedan adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual, y control de legalidad posterior, siempre que las audiencias se puedan adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual. A partir de la fecha de publicación (22 de marzo) y hasta el 3 de abril del 2020, se exonera del reparto de acciones de tutela a los juzgados penales municipales con función de control de garantías y de ejecución de penas y medidas de seguridad en el país.
En relación con el Decreto 457 del 2020 , en el que se imparten instrucciones para la emergencia sanitaria generada por el coronavirus (covid-19) y el mantenimiento del orden público, desde el 25 de marzo y hasta del 13 de abril, según reciente circular del Consejo Superior, los servidores judiciales que atendiendo estrictamente las funciones que deban cumplir durante este periodo, es decir, que no se encuentren en suspensión de términos, y que tengan la necesidad de desplazarse se encuentran habilitados para su circulación. Y es que según dicho decreto se permite esta circulación para las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa de esta pandemia, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.
Para garantizar la salud de los servidores y los usuarios del servicio de administración de Justicia, como medida de prevención contra el coronavirus (covid-19) y debido al alto número de usuarios y servidores que ingresan a las sedes judiciales, el Consejo Superior de la Judicatura suspende los términos de la revisión eventual de tutelas en la Corte Constitucional del 17 al 20 de marzo del 2020. Los despachos judiciales no remitirán los expedientes de acciones de tutela a la Corte Constitucional hasta tanto se levanten las medidas adoptadas, concluyó el acuerdo.
El Consejo Superior de la Judicatura, a través de reciente circular, decidió ampliar el plazo de reporte de información y de indicadores del primer trimestre del 2020 en el aplicativo SIERJU, hasta el día 30 de abril del 2020; así mismo, se amplió el plazo para realizar los ajustes y novedades hasta el 15 de mayo del 2020.
Por medio del Acuerdo PCSJA20-11518, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso mantener las medidas de suspensión de términos procesales en los juzgados, tribunales y altas cortes entre el 16 y el 20 de marzo, exceptuando las acciones de tutela y los habeas corpus. Frente a las audiencias programadas en los juzgados de conocimiento con persona privada de la libertad indicó que se realizarán solo si se pueden llevar a cabo por medios virtuales. Así mismo, en relación con los juzgados de control de garantías, se realizarán las diligencias con persona privada de la libertad. En relación al trabajo en casa ordenó mantener la decisión que los funcionarios y empleados judiciales trabajen desde allí. Para ello, el magistrado, juez o jefe de dependencia definirá, en relación con su equipo de trabajo, las actividades que cumplirá cada uno de los servidores mientras dura esta medida y controlará su cumplimiento. Este acuerdo también fijó los turnos que deben cumplir los juzgados con función de control de garantías.
Con el fin de atender las medidas especiales dictadas por el Consejo Superior de la Judicatura para proteger a los servidores judiciales y a los usuarios de la justicia del contagio de coronavirus (covid-19), es necesario que, en cada una de sus jurisdicciones, los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura hagan seguimiento al cumplimiento de los mencionados acuerdos. En especial la suspensión de términos, sus excepciones y la implementación del trabajo desde casa, el cual constituye el eje de las medidas de prevención ordenadas por el Consejo Superior. En el evento de encontrar incumplimiento de las medidas deben realizarse los reportes, de forma inmediata, con el propósito de evaluar las acciones conducentes.
En el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 417 del 2020, para atender la emergencia sanitaria producida por el coronavirus (covid-19), el Gobierno Nacional (Ministerio de Justicia y del Derecho) ordenó, mediante Decreto 469 que la Sala Plena de la Corte Constitucional podrá levantar la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
El Presidente del Consejo de Estado expidió una circular con el fin de facilitar el cumplimiento de la función de conocer del control automático de legalidad frente a los actos administrativos proferidos por las autoridades nacionales durante el estado de emergencia declarado por el Gobierno, en los términos de los artículos 111.8 y 136 de la Ley 1437 del 2011. Entonces, los actos administrativos que expidan tales autoridades deberán ser enviados a la corporación judicial dentro de las 48 horas siguientes a su expedición al siguiente correo electrónico secgeneral@consejodeestado.ramajudical.gov.co.
Como otra de las medidas para limitar las posibilidades de propagación del coronavirus (covid-19), el Gobierno expidió el Decreto 460 del 2020. Esta norma pretende proteger a los más vulnerables que acuden a las comisarías de familia y a quienes se les debe asegurar el goce de sus derechos. Por ello, a partir de ahora, y de acuerdo con el decreto, el Ejecutivo dispone que las comisarías de familia deberán: prestar el servicio de manera ininterrumpida, para lo cual los alcaldes distritales y municipales deberán disponer de manera inmediata medios telefónicos y virtuales, con el fin que estos despachos brinden orientación sicosocial, asesoría jurídica y realicen audiencias, notificaciones y citaciones; realizar de forma virtual las audiencias de conciliación extrajudicial en derecho en asuntos de custodia, visitas y alimentos de niños, adolescentes y adultos mayores, salvo que las partes carezcan de acceso a la tecnología que así lo permita; prestar las funciones de policía judicial con apoyo de la Fiscalía General, que dispondrá de canales de articulación y orientación permanente para lograrlo; realizar campaña de prevención de la violencia intrafamiliar; adoptar medidas para que en la comisaría se permita el ingreso únicamente a la persona usuaria de los servicios y garantizar las condiciones de higiene óptimas. Más detalles los encontrará en la norma adjunta.
El país entero está tomando medidas para contener el coronavirus o covid-19; para el caso de la Rama Judicial, se suspendieron términos judiciales durante esta semana, con la posibilidad de su ampliación si la emergencia sanitaria continúa.
Para afrontar la amenaza del coronavirus o covid-19 en el país, el Consejo Superior de la Judicatura acaba de suspender términos por cinco días, del 16 al 20 de marzo, excepto en despachos de control de garantías y despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con personas privadas de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente.
El Consejo Superior de la Judicatura expidió una circular en la que informa al público las medidas que se adelantarán para la prevención del riesgo de contagio del coronavirus. Las más relevantes son la dotación de elementos protectores a funcionarios encargados de atender al público; poner a disposición del público surtidores de antibacterial para la limpieza de manos antes de realizar trámites; la desactivación de los lectores biométricos; la restricción de ingreso a personas con afecciones respiratorias o fiebre; la limitación de acceso de acompañantes; la organización de turnos laborales para evitar el uso del sistema de transporte masivo en horas de mayor congestión e incluso la autorización del trabajo domiciliario. De esta manera, se pretende priorizar el uso de herramientas tecnológicas para evitar desplazamientos y reuniones presenciales.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado adoptó medidas para contribuir a la contención del covid-19. De esta manera, estableció una modificación de la jornada laboral, la suspensión de audiencias programadas y la posibilidad de realizar home office a través de la asignación de trabajo por medios tecnológicos y excepcionalmente a través de medios físicos. Sin embargo, la Sección aclaró que estas precauciones no deberán tener afectaciones en el cumplimiento de las metas y, entonces, los funcionarios deberán asumir su trabajo con responsabilidad y disciplina, así como mantener una constante comunicación.
En más de 5.000 despachos judiciales se implementaron medidas para proteger a funcionarios, abogados y usuarios, explicó Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.
La emergencia sanitaria producida por el coronavirus (covid-19) ha cambiado la atención en la Rama Judicial y los términos en las altas cortes se encuentran suspendidos hasta el próximo 3 de abril. Ante este hecho inédito, presentamos las distintas modalidades virtuales que han informado estas corporaciones para garantizar la prestación de algunos servicios.
En un hecho inédito, causado por la epidemia de coronavirus que amenaza la salud pública nacional, mediante el acuerdo 1420 de hoy, 19 de marzo, la Corte Suprema de Justicia decretó el cierre de todas sus instalaciones, hasta el próximo 3 de abril.
El Ministerio de Hacienda expidió la Resolución 1361, que establece los parámetros para las entidades involucradas y futuros beneficiarios del Programa de apoyo al pago de la prima de servicios (PAP). De acuerdo con la resolución, será un único aporte estatal que corresponderá al número de empleados multiplicado por $ 220 mil para el pago de la prima de los trabajadores que ganen entre un salario mínimo y $ 1 millón. La Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP) contabilizará aquellos empleados aprobados en el Programa de apoyo al empleo formal (PAEF) que cumplan con la condición salarial anterior y para quienes se haya cotizado durante abril, mayo y junio. Al PAP podrán aplicar las personas naturales, jurídicas, consorcios y uniones temporales. Se podrá utilizar un mismo formulario y presentar las mismas certificaciones para la postulación a ambos programas, anexando una solicitud firmada por el representante legal o persona natural empleadora, en la cual manifiesta la intención de aplicar al PAP.
Teniendo en cuenta que la finalidad de la dotación es que el trabajador la utilice en las labores contratadas, carece de todo sentido el suministro de la misma durante la emergencia sanitaria generada por la propagación del coronavirus (covid-19), en caso de que los trabajadores no estén ejecutando sus labores durante un tiempo prolongado, pues la figura se justifica en aquellos trabajadores activos y que real y efectivamente prestan sus servicios al empleador, lo cual no sucede durante el aislamiento preventivo obligatorio, si estos no están laborando, precisó el Ministerio del Trabajo. De lo contrario, es decir, en el evento en que el trabajador esté laborando en la etapa de aislamiento obligatorio, en cualquiera de las alternativas laborales de protección al empleo sugeridas por el Gobierno no habría razón legal para el empleador de sustraerse al cumplimiento de la obligación.
Actualmente, casi cuatro millones de colombianos están en modalidades de trabajo en casa y teletrabajo.
El Ministerio del Trabajo, a través del Decreto 803 del 2020, creó el programa de apoyo para el pago de la prima de servicios para el sector agropecuario en el marco de la emergencia económica ocasionada por el coronavirus (covid-19). Los beneficiarios deberán contar con un producto de depósito en una entidad financiera. Vale decir que para efectos de este programa se entenderán como entidades financieras aquellas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la Superintendencia de la Economía Solidaria que tengan autorizado el ofrecimiento de productos de depósito.
Después de identificar que las necesidades financieras del sector privado se mantendrán en el tiempo debido a la pandemia, el Gobierno decidió ampliar el programa de apoyo al empleo formal (PAEF) por un mes más, para subsidiar las obligaciones laborales de los empleadores que cumplan con los requisitos por el mes de agosto del 2020. También aclaró quiénes no deberán cumplir con el requisito de aportar el registro mercantil para acceder al beneficio, así: las personas naturales y jurídicas titulares de la licencia de funcionamiento de establecimientos educativos no oficiales de la educación formal y las entidades sin ánimo de lucro que estén obligadas a presentar declaración de renta o, en su defecto, declaración de ingresos y patrimonio, así como información exógena en medios magnéticos por el año gravable 2019 y la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado. Estas entidades deberán presentar copia del RUT. Por último, precisó que los pagos o abonos en cuenta que realicen las entidades financieras por concepto de este aporte estatal no estarán sujetos a retención en la fuente.
Por medio del Decreto 801, el Ministerio del Trabajo (Mintrabajo) creó el auxilio económico a la población cesante, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica causado por el coronavirus (covid-19). Según la norma, este auxilio aplicará a trabajadores dependientes e independientes cesantes de las categorías A y B de los sectores público y privado, serán beneficiarios quienes hayan aportado a las cajas de compensación familiar por lo menos seis meses continuos o discontinuos en los últimos cinco años y que hayan perdido su empleo a partir del 12 de marzo del 2020. Hasta donde permita la disponibilidad de recursos, los trabajadores cesantes que hayan perdido su empleo, cumplan con los requisitos y no hayan sido beneficiarios del mecanismo de protección al cesante en los últimos tres años recibirán un auxilio económico mensual de $ 160.000, hasta por tres meses. Este auxilio será operado por las cajas de compensación familiar, que remitirán al Mintrabajo el listado de postulantes aprobados. Además, estos recursos serán considerados como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. También será inembargable y no podrá abonarse a ningún tipo de obligación del beneficiario con la entidad financiera. Esta disposición estará vigente por los 30 días siguientes al desembolso de los recursos. Conozca otras determinaciones en la norma adjunta.
Este auxilio será considerado como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios.
Cuando el trabajador desarrolla su función desde su domicilio o en lugar distinto a su sitio de trabajo, de forma ocasional y temporal, no es considerado como un teletrabajador, aun cuando realice sus funciones mediante tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), de manera que continúa con las mismas condiciones de su contrato laboral como si estuviera realizando su función de manera presencial.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante Decreto 771, del 3 de junio, dispuso una medida para garantizar el acceso a los servicios de conectividad, en el marco del estado de emergencia adoptado por el Gobierno Nacional por cuenta de la propagación del coronavirus (covid-19).
El Gobierno Nacional y sus diferentes ministerios siguen expidiendo, en tiempos de coronavirus, nueva normativa sobre diferentes materias. De esta forma, el nuevo Decreto 765 del 2020, del Ministerio del Trabajo, modifica el artículo 2.2.7.5.4.1. del Decreto 1072 del 2015, relacionado con el fortalecimiento de los principios de los presupuestos de las cajas de compensación familiar. De esta forma, los presupuestos de dichas cajas se regirán por cinco principios. Entre estos se encuentra que el presupuesto general deberá ser radicado antes del 28 de febrero de cada año, sin perjuicio de las modificaciones respectivas. Las modificaciones al mismo tiempo deberán radicarse dentro de los 10 días siguientes a su aprobación.
No es posible condicionar el cumplimiento de los fallos a las medidas ordenadas en medio de la pandemia, sino utilizar las plataformas digitales.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, ha previsto diferentes alternativas por las que pueden optar los empleadores con el fin de proteger el derecho al trabajo de sus empleados, bajo un principio protector y de solidaridad en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país por el coronavirus (covid-19).
Además, permitirá a las empresas que hayan perdido más de un 20 % de sus ingresos diferir el pago de la prima. A las personas a las que se les ha suspendido su contrato de trabajo se les realizará un giro del programa Ingreso Solidario.
A través de una directiva, el Ejecutivo solicitó a todos los representantes legales de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional priorizar e implementar el trabajo en casa con todos los servidores y contratistas de la entidad cuyas labores puedan ser desarrolladas por fuera de las instalaciones físicas de las oficinas, mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus (covid-19), para lo cual resultan igualmente pertinentes las directrices impartidas mediante la Directiva Presidencial 02 del 2020. En este orden, durante la vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, que se extenderá hasta el mes de agosto, las entidades públicas procurarán prestar sus servicios presenciales hasta con un 20 % de sus servidores y contratistas, de tal manera que el 80 % restante deberá realizar trabajo en casa, sin que se afecte la prestación de los servicios y el cumplimiento de funciones públicas. Las entidades que cumplan funciones o actividades estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria o para garantizar el funcionamiento de los servicios del Estado que deben prestarse de manera presencial no estarán sujetas a los porcentajes antes señalados.
El Gobierno expidió el Decreto 538 del 2020, con el cual se reguló la telesalud e incluyó al covid-19 como enfermedad laboral para trabajadores de la salud. En el artículo 12 de la norma se señala que el Ministerio de Salud podrá determinar si se requieren recursos adicionales para financiar las incapacidades por enfermedad general de origen común y por covid-19, de acuerdo con en el reporte de información que le suministren las EPS y las EOC. Para hacer operativo este artículo, se requiere que las EPS reporten la información de todas las incapacidades al ministerio. Para el efecto se expidió la Resolución 741 del 2020, por medio de la cual se solicita la información de las personas que se han incapacitado en la vigencia actual para poder determinar el requerimiento respectivo.
En reciente concepto, el Ministerio del Trabajo respondió a una consulta relacionada con la posibilidad de notificar a los trabajadores, en esta época de emergencia sanitaria, acerca del vencimiento del término del plazo del contrato de trabajo para proceder a su terminación.
Por medio del Decreto 677, del 19 de mayo, el Ministerio de Hacienda modificó el Decreto 639, del 8 de mayo, mediante el cual se creó el Programa de apoyo al empleo formal (PAEF), que busca subsidiar el equivalente al 40 % de un salario mínimo ($ 351.000) de los trabajadores de aquellas empresas que hayan visto reducida su facturación en un 20 %.
Durante la emergencia, las ARL deberán asumir los costos que se deriven de las pruebas de tamizaje y pruebas diagnósticas.
El Gobierno expidió el Decreto 639 del 2020, con el cual se crea el Programa de apoyo al empleo formal (PAEF), que subsidiará el equivalente al 40 % de un salario mínimo de los trabajadores de aquellas empresas que hayan visto reducida su facturación en un 20 %.
Durante el término que dure la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, los empleados públicos del Instituto Nacional de Salud (niveles profesional, técnico y asistencial), cualquiera que sea el grado de remuneración, podrán devengar horas extras, dominicales y festivos. El límite para este pago será de 100 horas extras mensuales. Si el tiempo laboral, fuera de la jornada ordinaria, superara dicho límite el excedente se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por cada ocho horas extras de trabajo. La autorización para laborar en horas extras solo podrá otorgarse cuando exista la disponibilidad presupuestal.
Uno de los sectores que reanudó actividades en el país fue el de construcción de edificaciones. Para ello, y teniendo en cuenta la epidemia de covid-19, el Ministerio de Salud, a través de la Resolución 682 del 2020, dictó los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en este sector. Este protocolo es complementario al que se encuentra en la Resolución 666 del 2020 y a las demás medidas que los responsables de cada planta crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento del mismo está a cargo de la secretaría o entidad municipal o distrital. Estas recomendaciones están acompañadas de otras que deben cumplir directamente los líderes de obra, por ejemplo, informar a través de los canales de la empresa de cualquier trabajador que presente síntomas respiratorios; evitar reuniones innecesarias; comunicar a los empleados de las medidas de prevención; definir turnos para disminuir la interacción social; establecer grupos de trabajo de obra, entre otras medidas.
Mediante la Circular 034 del 2020, el Ministerio del Trabajo señaló que las medidas tomadas en virtud de dichos decretos continuarán rigiendo mientras permanezcan los hechos dieron lugar a la emergencia. Por lo anterior, la cartera advirtió que no pueden ser negados los beneficios y prerrogativas en ellos contenidos; por su puesto, teniendo como base los requisitos y límites señalados en las normas. Igualmente, la entidad hace mención de los beneficios establecidos y que deben seguir vigentes mientras permanezca la declaratoria, entre ellos: retiros parciales de cesantías por disminución del ingreso mensual de los trabajadores y la destinación del 7 % de la cotización del Sistema de Seguridad Social en Riesgos Laborales para actividades de promoción y prevención.
Los ministerios de Salud, del Trabajo y de Vivienda impartieron orientaciones en materia de protección, dirigidas al personal que labora en proyectos del sector de la construcción de edificaciones (residenciales y no residenciales) que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, dentro de las actividades propias del proyecto, así como en su cadena de suministros y materiales, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por coronavirus (covid-19). Cada proyecto debe adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del virus en las zonas de influencia de los proyectos en ejecución y debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Dichos protocolos deben ser comunicados al Ministerio de Vivienda, al correo planCOVIDconstruccion@minvivienda.gov.co, antes del próximo 30 de abril del 2020. Los responsables de los trabajadores del sector deben: informar, en carteleras ubicadas en áreas de la edificación, los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el coronavirus; disponer suministros de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas, ingreso a ascensores (si aplica), y aquellas de alto tránsito en la edificación; establecer estrategias de trabajo que permitan el distanciamiento entre los trabajadores (dos metros) y establecer reglas de distanciamiento en el momento de consumir alimentos y bebidas.
A través de la Circular Conjunta 3, del pasado 8 de abril, los ministerios de Salud y Protección Social, Trabajo y Transporte disponen medidas de prevención y mitigación para reducir la exposición y contagio por el coronavirus (covid-19) para el personal que esté ejecutando proyectos de infraestructura de transporte e interventores. De acuerdo con la norma, para evitar la aglomeración de personal en las áreas y frentes de trabajo durante el desarrollo de actividades constructivas, de operación y mantenimiento, se proponen, entre otras medidas, establecer turnos de trabajo de máximo 10 trabajadores y, previo al inicio de actividades, verificar las buenas condiciones de salud de trabajadores y contratistas, evitar el ingreso de personal ajeno a la obra, que los desplazamientos sean para personas menores de 60 años de edad y el desarrollo de estrategias que disminuyan o eliminen actividades presenciales, tales como reuniones, pagos y entregas de turnos.
Con el Decreto 500, el Ejecutivo decidió incluir a las administradoras de riesgos laborales (ARL) de naturaleza pública en la orden para que destinen recursos de las cotizaciones en riesgos laborales para que se adelanten acciones promoción y prevención tales como la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico y acciones de intervención directa relacionadas con la contención, mitigación y atención del nuevo covid-19, enfocadas en personal directamente expuesto al contagio. Entonces, el 2 % para actividades de emergencia e intervención y para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes carácter preventivo y diagnóstico y acciones intervención directa relacionadas con la contención y atención del virus destinados a los trabajadores de sus empresas afiliadas, dirigidas a quienes estén directamente expuestos al contagio del virus, tales como los de la salud tanto asistenciales como administrativos y de apoyo, al igual que los trabajadores de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud; trabajadores de transporte aéreo, marítimo o terrestre; control fronterizo, cuerpo de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.
El Ministerio del Trabajo estableció lineamientos de capacitación, prevención y elementos de protección para el personal de servicios de domicilios. La circular va dirigida a entidades administradoras de riesgos laborales (ARL), empleadores, contratantes, plataformas digitales, trabajadores dependientes, trabajadores independientes, contratistas y personas que prestan el servicio de domicilios y entrega de bienes o mercancías. Las entidades, empresas, personas jurídicas y naturales que utilicen plataformas digitales o cualquier medio para realizar o interactuar con el servicio de domicilios deberán establecer e informar los mecanismos y forma adecuadas de entregar el producto en el domicilio a clientes, personas y empresas que solicitan el servicio, implementando modelos de “entrega sin contacto”, como dejar los artículos comprados en contenedores, empaques, recepción o sitio determinado para que los clientes los retiren personalmente y no exista contacto con la persona que presta el servicio de domicilio, reduciendo así el riesgo de contagio. De igual forma, quienes realicen el servicio deberán mantener una distancia mínima de dos metros en las filas donde entregan, pagan o reciben los bienes objeto del domicilio y, de igual forma, deberán reducir o eliminar las interacciones sociales innecesarias, en el marco de las medidas sanitarias indispensables para prevenir el contagio del virus.
El Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 488, con el cual permitirá a los empleados que no están recibiendo ingresos (por suspensión del contrato o licencia no remunerada), debido a la contingencia que enfrenta el país por el coronavirus (covid-19), retirar sus cesantías como medida de mitigación. “Se podrá retirar cada mes de su cuenta el monto que le permita compensar dicha reducción, con el fin de mantener su ingreso constante”. Esta disposición aplica únicamente para retiros de los fondos privados. En ese mismo sentido, el decreto establece que, durante la emergencia, el empleador podrá dar a conocer al trabajador, con al menos un día de anticipación, la fecha a partir de la cual le concederá vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas. Así mismo, el trabajador podrá solicitar, en el mismo plazo, que se le conceda el disfrute de vacaciones. También se permite que a los dependientes o independientes de las categorías A y B, cesantes, que hayan realizado aportes a una caja de compensación familiar, puedan obtener recursos por hasta $ 1.800.000. Las ARL destinarán recursos de las cotizaciones en riesgos laborales, para realizar actividades de promoción y prevención y de emergencia e intervención, dirigidas a los trabajadores que estén directamente expuestos al contagio del virus. Finalmente, se suspende durante la presente emergencia la renovación del certificado de supervivencia de los connacionales fuera del país, ante el Sistema General de Seguridad Social.
El Ministerio del Trabajo respondió una pregunta sobre la posibilidad de suspender los contratos de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, en relación con el contagio por coronavirus (covid-19). La entidad precisó que las contingencias de salud son diferentes a las situaciones que se originan en eventos de fuerza mayor o caso fortuito como causales para que proceda la suspensión del contrato de trabajo, de acuerdo con el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo (CST). Para efectos de dar aplicación de la fuerza mayor o caso fortuito, el fundamento jurídico debe ser legítimo. La sola disposición administrativa de cierre de empresa o suspensión de actividades preventiva no lo sería para la aplicación del artículo 466 del CST, sobre empresas que no son de servicios públicos y clausura de labores. Cabe agregar que esta cartera emitió la Circular 22, del pasado 19 de marzo, sobre fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de empleadores durante la emergencia sanitaria, en la que advirtió que no se ha emitido autorización alguna de despido colectivo de trabajadores ni de suspensión de contratos laborales. Adicionalmente, indica que la configuración o no de una fuerza mayor corresponde de manera funcional al juez de la República, quien determinará o no su existencia.
El Ministerio del Trabajo socializó la Circular 021, que contempla medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención del covid-19 y de la declaración de emergencia sanitaria en el país. Para tal efecto, el documento recoge el ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral, en el que expone alternativas como: el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada laboral flexible, las vacaciones anuales, anticipadas y colectivas y los permisos remunerados. Al tratarse de una situación ocasional, temporal y excepcional, es posible que el empleador autorice el trabajo en casa, en cualquier sector de la economía, modalidad diferente al teletrabajo, que no exige los requisitos que establece para este fin. El teletrabajo es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. De igual manera, se debe tener en cuenta que el salario del teletrabajador no podrá ser inferior al que se pague por la misma labor, en la misma localidad y por igual rendimiento al trabajador que preste sus servicios en el centro de trabajo. En cuanto a las vacaciones anuales, anticipadas y colectivas, se aclara que el trabajador tiene derecho a un descanso remunerado por haber prestado sus servicios durante un año, consistente en 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas, de conformidad con lo señalado en el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo.
A través de la Directiva Presidencial 02, del 12 de marzo del 2020, el presidente Iván Duque impartió instrucciones a los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial para que adopten medidas orientadas a atender la contingencia generada por el covid-19, a partir del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). En cuanto al trabajo en casa por medio del uso de TIC, el jefe de Estado indicó que estas entidades “deberán revisar las condiciones particulares de salud de los servidores públicos, así como las funciones y actividades que desarrollan, con el fin de adoptar mecanismos que permitan su cumplimiento desde la casa”. Agrega que para ello se podrá acudir a las nuevas tecnologías, “sin que esto constituya la modalidad de teletrabajo”. Respecto al uso de herramientas colaborativas, en la directiva, el mandatario solicita adoptar las siguientes medidas: minimizar las reuniones presenciales de grupo. Cuando sea necesario realizarlas, propender por reuniones virtuales mediante el uso de las TIC; acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales, para realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier tipo de evento masivo y adoptar las acciones que sean necesarias para que los trámites que realicen los ciudadanos den prioridad a los medios digitales.
La Circular 0018 del 2020, firmada por los ministros del Trabajo y de Salud, y por el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, indica que las entidades del sector público y privado, de acuerdo con las funciones que cumplen y la naturaleza de la actividad productiva que desarrollen, deben diseñar medidas específicas, redoblar los esfuerzos en esta nueva fase de contención del virus y tomar las siguientes acciones:
Ante la eventual llegada a Colombia de casos de enfermedad por el covid-19 (antes denominado coronavirus), y conforme a las instrucciones del Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo presentó los lineamientos mínimos a implementar en materia de prevención para la preparación, respuesta y atención que se debe aplicar de manera obligatoria en los ambientes laborales y demás actividades económicamente productivas.
Tras realizar diferentes visitas administrativas a establecimientos físicos y páginas web de proveedores de bienes y servicios y luego de advertir un incremento considerable en las denuncias presentadas ante esta autoridad, relacionadas con la jornada llevada a cabo el pasado 19 de junio, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a los proveedores de bienes y servicios que participen en las próximas jornadas de exención especial del IVA que cesen aquellas prácticas que vulneren los derechos de los consumidores. Por ejemplo, los proveedores de bienes y servicios deberán informar de manera clara si se ofrecerá o no el beneficio de exención del IVA a los consumidores. En caso afirmativo, indicar a qué productos les será aplicado el respectivo beneficio, el valor máximo de los productos para acceder a la exención y el límite de unidades que puede adquirir cada consumidor. Se deben informar las condiciones que aplican a las jornadas del “día sin IVA”, entre otras. Dentro de la orden se establece que se debe informar el precio de los productos que se comercialicen en las jornadas en que aplica la exención, bien sea de manera presencial, en comercio electrónico o en otra modalidad de ventas a distancia, atendiendo las reglas definidas por la SIC.
A través de dos circulares, la Superintendencia de Industria y comercio reordó que el Decreto 682 del 2020 no suspendió el derecho fundamental a la protección de datos personales, cuya normativa sigue plenamente vigente y es de obligatorio cumplimiento por los responsables y encargados del tratamiento de datos personales. Por lo tanto, solicitó a los comerciantes implementar las recomendaciones contenidas en los siguientes documentos de la SIC: Guía sobre el tratamiento de datos personales para fines de comercio electrónico y la Guía sobre el tratamiento de datos personales para fines de marketing y publicidad. Agregó que cuando se trate de dichos datos es importante informar al titular si esta se recolecta por mandato legal o porque el responsable o encargado la consideran necesaria para el funcionamiento de su negocio. Por otra parte, la SIC exhortó a las autoridades territoriales con funciones de protección al consumidor, para desplegar acciones de inspección y vigilancia articuladas, para identificar aspectos objeto de verificación, en aras de garantizar los derechos de los consumidores.
La Superintendencia de Sociedades presentó el nuevo reglamento que regirá el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio, introducido por el Decreto Ley 560 del 2020 como una herramienta extrajudicial de negociación expedita que complementa el régimen de negociación de emergencia en la Superintendencia de Sociedades para atender a deudores afectados por los efectos del covid-19.
La convocatoria a las reuniones no presenciales o mixtas deberá señalar los medios tecnológicos que serán utilizados.
Inicialmente, el Ministerio de Minas celebrará convenios o contratos con entidades financieras para crear líneas de crédito y garantías para fortalecer la actividad de los pequeños mineros. Además, determinará la metodología para distribuir las regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen prioritariamente entre los municipios que cuenten con mineros de subsistencia. Por otro lado, en este decreto se extiende el beneficio de pago diferido de los servicios de energía y gas; las comercializadoras podrán diferir hasta por 36 meses el costo del consumo básico o de subsistencia que no sea subsidiado a usuarios residenciales de estratos 1 y 2. Finalmente, la norma, que puede descargar en el archivo adjunto, contiene medidas de mitigación de los efectos económicos de la baja demanda de combustible para aviación.
La intención del Ejecutivo es facilitar la recuperación de los pequeños y medianos productores agropecuarios afectados por la emergencia sanitaria y promover liquidez en el campo colombiano. Así, el Banco Agrario y Finagro podrán celebrar acuerdos de recuperación y pago de cartera que incluyan la condonación de intereses corrientes y de mora, así como quitas de capital, en los límites fijados por el Ministerio de Agricultura. El Fondo de Solidaridad Agropecuario adquirirá a los intermediarios financieros la cartera de los productores que se beneficien de este decreto. Finalmente, la cartera podrá contratar de manera directa la logística y actividades necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y abastecimiento de productos e insumos agropecuarios en todo el territorio nacional.
El Ministerio de Comercio expidió el Decreto 797 para regular temporalmente la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de locales comerciales por parte de los arrendatarios.
El Ministerio de Comercio, a través del Decreto 772 del 2020, dictó una serie de medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, con el fin de mitigar los efectos de la emergencia económica en el sector empresarial.
A través de la Circular Externa 100-000011, se informa a deudores en negociación o en ejecución de un acuerdo de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades sobre la modificación de las fechas de entrega de la información trimestral en procesos de reorganización empresarial. La información financiera en el informe denominado “Acuerdos de Recuperación”, del trimestre comprendido entre el 1° de enero al 31 de marzo de este año, deberá ser enviada, a más tardar, el viernes 12 de junio de este año. También se modifica el plazo contenido en el numeral 4 de la Circular Externa 100-000006 del 2016, en el sentido que las personas admitidas a un proceso de reorganización, diferentes a las señaladas en el numeral anterior de esta circular, deberán enviar los estados financieros (numeral 5 del artículo 19 de la Ley 1116 del 2006) de la manera y en los plazos fijados en la nueva norma.
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor, ordenó a los proveedores de los servicios de mensajería expresa, postales de pago y al operador de correo postal oficial informar cuáles son las medidas a implementar en la prestación del servicio, ante el incremento de las reclamaciones recibidas por parte de los usuarios de servicios postales. Lo anterior a través de la Resolución 21906 del 2020, la cual busca garantizar la efectiva protección de los derechos de los usuarios, en el marco de la emergencia sanitaria, con base en las disposiciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Esta medida estará vigente hasta el 31 de mayo del 2020 y ordena informar a los usuarios lo siguiente: la cobertura con que cuentan; el horario de atención y de prestación del servicio que se encuentre disponible; el tiempo estimado de entrega del objeto postal; las tarifas; el procedimiento para la atención, trámite de las PQR y las solicitudes de indemnización; y en su página web y aplicaciones, si las tienen, informar la cobertura y el horario en los puntos de atención y prestación del servicio que se encuentren disponibles.
Se trata de una serie de recomendaciones, orientaciones técnicas y prácticas para que las empresas implementen medidas de higiene y desinfección que ayuden a cumplir los protocolos ordenados por el Gobierno en la Resolución 666 del 2020 y las resoluciones complementarias como la 675, las cuales hacen referencia a la reactivación de las actividades manufactureras y de comercio. El documento ayuda a identificar los principales vectores de contaminación y los puntos críticos en plantas de manufactura. Además, define los criterios para la selección y el uso de productos de limpieza y desinfección. También hace referencia a prácticas de higiene que se deben seguir en lo personal, así como en las áreas de trabajo, al igual que en los equipos, los utensilios y los vehículos de carga. En la guía se plantea cómo adelantar una adecuada gestión de residuos y se deja claro que la prioridad es la protección del trabajador.
La Superintendencia de Sociedades informó la modificación de los plazos para la presentación de los estados financieros de las empresas con corte al 31 de diciembre del 2019 y del informe de prácticas empresariales, los restantes informes se mantienen en las fechas informadas anteriormente. La presentación de estados financieros se iniciará desde el jueves 28 de mayo y culminará el viernes 26 de junio. Las empresas deberán presentar los estados financieros de acuerdo a los dos últimos dígitos del NIT, sin el número de verificación, en las fechas establecidas en la nueva norma. Cabe recordar que la presentación de los estados financieros aplica para las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales obligadas a presentar la información financiera. A su vez, esta modificación aplica para los estados financieros individuales y separados (grupos 1, 2 y 3).
Se entenderá que los acuerdos de colaboración entre competidores encaminados a atender la emergencia derivada por el brote del coronavirus (covid-19) o a superar las afectaciones que se seguirán para el sistema económico como resultado de esa emergencia observarán el requisito de producir mejoras en eficiencias, que es indispensable para considerar legítimos los esquemas de colaboración. En todo caso, los acuerdos de colaboración entre competidores deberán cumplir todos los demás requisitos que determinan su carácter legítimo, teniendo en cuenta la normativa aplicable y la doctrina de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia. Los agentes de mercado que realicen acuerdos de colaboración entre competidores en los términos fijados en la Resolución 20490 del 2020 deberán informar a la Delegatura para la Protección de la competencia sobre (i) realización del acuerdo de colaboración; (ii) los agentes de mercado que participarán en la dinámica; (iii) los productos y/o servicios que podrían ser afectados; (iv) el contenido específico del acuerdo de colaboración y (v) su duración, precisando el momento de inicio y de finalización proyectado.
Mediante Resolución 2020110005495 del 2020, la Superintendencia de la Economía Solidaria prorrogó la medida adoptada en la Resolución 2020SES004475, hasta el 30 de mayo, inclusive, en el término de la suspensión de las actuaciones procesales y el agotamiento de los recursos de las actuaciones administrativas que se deriven de los procesos del régimen administrativo sancionatorio y disciplinario adelantados por la entidad. Durante la suspensión, y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones, no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza, según las disposiciones indicadas en el Decreto 491 del 2020. Así mismo, dicha prorroga incluye la recepción de correspondencia de usuarios externos ante la ventanilla única de correspondencia, en la sede de la superintendencia. Para este fin se dispondrán todos los canales virtuales para recibir peticiones, consultas, correspondencia y demás solicitudes de la ciudadanía en general y de las organizaciones de la economía solidaria vigiladas.
Con el fin de aumentar la capacidad para atender los procesos de insolvencia que se adelanten con ocasión de la crisis económica causada por la emergencia sanitaria del coronavirus (covid-19), la Superintendencia de Sociedades anunció la apertura de una convocatoria extraordinaria para conformar la lista de auxiliares de la justicia en todo el país. El proceso inicia hoy, lunes 11 de mayo del 2020, con la apertura de inscripciones de los aspirantes (personas naturales), a través de un formulario que deberá ser diligenciado en la página web de la entidad y culminará el día martes 26 de mayo del 2020. El formulario de inscripción será el único canal habitado para recibir solicitudes. Adicionalmente, el aspirante deberá allegar los documentos correspondientes en formato PDF, cumplir con los demás requisitos de ley y los tiempos establecidos en la convocatoria.
Por medio de la Resolución 522, del 8 de mayo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincomercio) estableció los subsectores y cadenas respecto de los cuales gobernadores y alcaldes permitirán el derecho de circulación, con sujeción a la Resolución 139 del 2012, sobre clasificación de actividades económicas de la Dian.
Ante el incremento de las reclamaciones por parte de los usuarios de servicios de telefonía, internet y televisión por suscripción, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a todos los proveedores informar cuáles son las medidas implementadas para garantizar la efectiva protección de los derechos de sus clientes en el marco de la emergencia sanitaria y con base en las disposiciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. De esta forma, mediante Resolución 19012 del 2020, la Superindustria emitió varias órdenes administrativas a los proveedores de servicios de telecomunicaciones con el objetivo de garantizar que informen a través de los canales no presenciales de atención las normas expedidas por el regulador. La resolución señala que esta orden es de cumplimiento inmediato y contra ella no procede recurso alguno. Su incumplimiento dará lugar a la imposición de multas de hasta 1.000 smlmv.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reanudó parcialmente los términos de ley en el 98.9 % de los 18.493 procesos que se adelantan ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Los trámites que reiniciaron desde el pasado 1º de mayo del 2020 son: (i) los términos de aquellos procesos que se encuentran en curso ante la delegatura por violación a los derechos de los consumidores; (ii) aquellas demandas o trámites presentados, desde el 17 de marzo del 2020, por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones y para aquellos que se radicaron desde el pasado 1º de mayo. Estos procesos y trámites jurisdiccionales se tramitarán mediante el uso de las TIC habilitadas por la entidad, en concordancia con lo previsto en el artículo 3º del Decreto 491 del 2020. Los trámites que no reiniciaron son: (i) Los procesos que se encuentran en trámite por violación a las normas de competencia desleal e infracción a los derechos de propiedad industrial y (ii) los trámites de verificación del cumplimiento de sentencias, conciliaciones y transacciones celebradas en legal forma, en asuntos de violación a los derechos de los consumidores. Tampoco correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia.
La Superindustria ordenó a estas empresas adoptar medidas informativas que garanticen la adecuada prestación del servicio y la atención de los usuarios durante la emergencia por el covid-19.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició investigación administrativa en contra de siete operadores de boletería, por la posible omisión en el reporte de las medidas adoptadas frente a los consumidores que adquirieron boletas para asistir a los espectáculos públicos suspendidos con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria y la orden de aislamiento preventivo obligatorio. Según la SIC, la decisión se tomó luego de que la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, en atención a las competencias asignadas en materia de espectáculos públicos de las artes escénicas, requiriera a 31 operadores de boletería en todo el país, para que informaran las medidas adoptadas de cara a los consumidores, con ocasión de la imposibilidad de realizar dichos eventos. No obstante lo anterior, los operadores de boletería Applauso SAS, Bet Experience SAS, Grupo Chekiing SAS, Qubit Labs SAS, Easy Tickets SAS, Tu Taquilla SAS y Welcu Colombia SAS, no atendieron el requerimiento efectuado por esta superintendencia. Por lo anterior, mediante las resoluciones 17281, 17282, 17283, 17284, 17278, 17279 y 17280 del 2020, se imputaron cargos por no atender la instrucción contenida en el numeral 2.10.2 de la Circular Única.
La industria manufacturera es una de las que gradualmente sale en el país durante la emergencia sanitaria. Para ello, y teniendo en cuenta la epidemia de covid-19, el Ministerio de Salud, a través de la Resolución 675 del 2020, dictó los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en este sector. Este protocolo es complementario al que se encuentra en la Resolución 666 del 2020 y a las demás medidas que los responsables de cada planta crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento del mismo está a cargo de la secretaría o entidad municipal o distrital. Dentro de las medidas locativas dispuestas en el anexo técnico que señala puntualmente las acciones a tomar está diseñar en la empresa un área de recepción de insumos, así como generar barreras físicas en el área de recepción de facturas y correspondencia. Esto último podría ser una ventana que separe la persona que recibe de las que llevan correspondencia.
Mediante la Resolución 18812 del 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impartió una orden administrativa de carácter general a los propietarios de tiendas y almacenes de autoservicio para que dejen de realizar prácticas que vulneran los derechos de los consumidores. La medida se tomó luego de evidenciar que más de 1.400 denuncias recibidas, con ocasión de la emergencia sanitaria, tuvieron origen en posibles infracciones o inconformidades en las tiendas, entre las que se encuentran: incremento de precios en los productos de la canasta familiar (92,39 %); incremento de precios en tapabocas, antibacteriales o alcohol (5,78 %) y otras como acaparamiento, restricción de acceso a establecimientos de comercio por no usar tapabocas, venta atada, entre otras. Entre las órdenes impartidas, para cumplimiento inmediato, está la de retirar publicaciones que puedan inducir al engaño a los consumidores, en las que se atribuyan bondades que no corresponden con la realidad sobre productos asociados a la cura o la prevención del covid-19 y abstenerse de realizar estrategias promocionales anunciando tales bondades. Más detalles de la orden de la SIC en el documento adjunto a esta nota.
Con el fin de crear un sistema de recuperación empresarial que facilite la preservación de la empresa y el empleo, sin descuidar el crédito, y que abarque a todos los actores de la economía, el Gobierno nacional expidió el Decreto Ley 560 del 2020. Según esta normativa, se pretende generar diferentes opciones para que las empresas puedan acceder a mecanismos para salir adelante en esta crisis y preservar la organización y el empleo. Todo lo anterior quiere decir que el Decreto Ley 560 adopta medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, que tendrán vigencia de dos años y que se sustentan sobre cuatro pilares: creación de herramientas extrajudiciales de negociación expeditas; mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito; beneficios tributarios y suspensión de normas y obligaciones legales. El detalle de lo fijado lo puede consultar en el documento adjunto a esta nota.
Con el Decreto 560 se pretende generar opciones para que las empresas puedan acceder a mecanismos para salir adelante en esta crisis y preservar el empleo y la organización.
Mediante Carta Circular 10, del 3 de abril, la Superintendencia de la Economía Solidaria estableció los criterios y parámetros que deben ser tenidos en cuenta para la realización de las asambleas ordinarias en las entidades u organizaciones pertenecientes a este sector, con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la propagación del coronavirus (covid-19). De acuerdo con la norma, la entidad indicó que, atendiendo la regulación al respecto, se puede realizar la asamblea de forma presencial, no presencial o mixta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria. Si después de transcurrido este lapso la organización no ha convocado a la reunión ordinaria, los asociados podrán reunirse por derecho propio el primer día hábil siguiente al vencimiento de dicho plazo.
La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a Mercadolibre Colombia, Linio Colombia y OLX Colombia retirar de sus plataformas todas las publicaciones de productos que utilizan las palabras “covid-19”, “coronavirus” y otras similares o equivalentes. La anterior decisión se tomó con fundamento en lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 del 2011, y considerando que el Ministerio de Salud expidió el documento denominado “Abecé. Nuevo coronavirus (covid-19)”, en el cual indica que hasta ahora no existen productos o medicamentos capaces de evitar el contagio del virus o curar a quienes lo padezcan. Hasta el momento se han retirado 1.286 anuncios con esas características. Finalmente, la superintendencia hizo un llamado a todos los consumidores para que se abstengan de comprar productos que ofrezcan una cura contra el virus o anuncien contener propiedades que evitan su contagio.
La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 12169, del 31 de marzo, suspendió los términos de sus actuaciones administrativas sancionatorias o disciplinarias en curso, desde el 1 de abril y hasta la vigencia del estado de emergencia sanitaria, lapso durante el cual no correrán los términos legales, incluidos los de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración prevista de manera general en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las normas especiales aplicables a las actuaciones de la entidad. Así mismo, dispone la norma, quedará suspendido el trámite de control previo de integraciones previsto en la Ley 1340 del 2009. No obstante, la disposición exceptúa, entre otras, las actuaciones que, en el marco del estado de emergencia, se relacionen con la efectividad de derechos fundamentales, especialmente aquellos referidos con la garantía del habeas data, medidas cautelares, inicio de actuaciones en materia de protección al consumidor, reglamentos técnicos y metrología legal, así como la adopción de medidas cautelares y el inicio de actuaciones en materia de prácticas restrictivas de la competencia, relacionadas con la afectación de bienes y servicios en el marco de la emergencia y con el fin de conjurar la crisis.
La superintendencia ha recibido numerosas solicitudes sobre la posibilidad de acceder a algún tipo de alivio económico.
Con el fin de favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica, los medicamentos y dispositivos médicos, el Gobierno expidió el Decreto 507 para evitar la especulación de precios y prevenir conductas de acaparamiento durante el tiempo de emergencia económica. Con esta reglamentación, que tendrá vigencia mientras perduren las causas que motivaron la declaratoria, los ministerios de Salud, Comercio y Agricultura fijarán un listado de productos que serán sujetos de seguimiento por parte del Dane. Los agentes y actores de las cadenas de producción, distribución y comercialización de los productos deberán suministrar los datos de precios al departamento de estadística y esta realizar un reporte semanal para la Superintendencia de Industria y Comercio. En caso de hallazgos o diferencias relevantes, la SIC los reportará a los ministerios de Agricultura y de Comercio y a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, quienes evaluarán la pertinencia de medidas regulatorias adicionales de control de precios, contempladas en los artículos 60 y 61 de la Ley 81 de 1988. Por último, la norma también apoya la función de inspección, vigilancia y control de gobernadores y alcaldes, para que envíen un reporte a la SIC sobre las posibles variaciones atípicas de precios.
Con miras a atenuar los efectos del covid-19, el Decreto 434 del 2020 amplió, hasta el 3 de julio del 2020, el plazo para efectuar actividades similares a la actualización de la información del registro nacional de bases de datos (RNBD) tales como renovación de la matrícula mercantil, el Runeol y demás registros que integran el registro único empresarial y social (RUES). Por lo tanto, y en atención a que la obtención de datos para actualizar la información registrada en el RNBD implica, en algunos casos, el desplazamiento de personas a las sedes de sus empresas o entidades, la Superintendencia de Industria y Comercio considera necesario evitar que las personas circulen en el territorio nacional para dicho propósito. En virtud de lo anterior, la superintendencia decidió que extiende hasta el próximo 3 de julio del 2020 el plazo para actualizar la información registrada en el RNBD, ya que dicho término venció ayer. Según lo reglamentado en el Decreto 090 del 2018 y las normas expedidas por la Superindustria, a partir de este año, los responsables del tratamiento de datos personales tienen que actualizar anualmente la información registrada entre el 2 de enero y el 31 de marzo, sin perjuicio de que esta se haga dentro de los 10 días hábiles de cada mes cuando se realicen cambios sustanciales a la información registrada.
La medida se dirige a verificar conductas como el acaparamiento, las ventas atadas y la publicidad e información engañosa.
La Superintendencia de Sociedades, mediante Resolución 1101, de hoy 31 de marzo, adoptó medidas para garantizar la atención y la prestación de sus servicios en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país. De acuerdo con la norma, se ordena reanudar los términos de los procesos jurisdiccionales y las actuaciones administrativas que se adelantan ante las sedes de Bogotá y las intendencias regionales, a partir del 1 de abril del 2020. Frente a las actuaciones disciplinarias que actualmente se adelantan en primera y segunda instancia, los términos se mantendrán suspendidos hasta el 13 de abril, teniendo en cuenta que no hay aún acceso virtual o remoto a los documentos que conforman el expediente. Adicionalmente, la norma dispone que las audiencias, diligencias y todas las demás actuaciones relativas a los procesos jurisdiccionales que se tramitan ante la Delegatura para Procedimientos Mercantiles y la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia se realizarán a través de medios virtuales y tecnológicos, siempre que se cuente con las herramientas para ello.
Con miras a atenuar los efectos del covid-19, el Decreto 434 del 2020 amplió, hasta el 3 de julio del 2020, el plazo para efectuar actividades similares a la actualización de la información del registro nacional de bases de datos (RNBD) tales como renovación de la matrícula mercantil, el Runeol y demás registros que integran el registro único empresarial y social (RUES)..
El huellero es una de esas herramientas en dónde muchas personas colocan sus huellas dactilares y, por ende, se presenta una situación de contacto indirecto que podría facilitar el contagio del covid-19, razón por la cual es necesario impedir que se sigan utilizando ese tipo de mecanismos o procedimientos en tanto dure el estado de emergencia. Por lo tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió una circular para tomar medidas al respecto. Entonces, ordenó a todos los responsables y encargados de naturaleza pública o privada abstenerse de recolectar o tratar datos biométricos utilizando huelleros físicos, electrónicos o cualquier otro mecanismo que permita el contagio del coronavirus a través de contacto indirecto. Esto no aplica para el caso de los sistemas de identificación biométrica en los que el dispositivo es de uso personal e individual.
Con el fin de contener la propagación del coronavirus (covid-19), y atendiendo las recomendaciones del Gobierno, la Superintendencia de Sociedades amplió la suspensión de términos para los procesos jurisdiccionales que se adelantan en la entidad, en materia de procedimientos mercantiles y de insolvencia, efectiva desde hoy 25 hasta el 31 de marzo. La medida se hará efectiva para los procesos jurisdiccionales que se adelantan en las sedes de Bogotá y las intendencias regionales ubicadas en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales y Medellín, por lo que no habrá atención al público en el grupo de apoyo judicial en ninguna de las sedes. La entidad señaló que al término de este plazo se expedirán las decisiones sobre la continuidad de la medida. Cabe recordar que la superintendencia también había determinado la semana anterior la suspensión de términos en las actuaciones administrativas y disciplinarias que se adelanten en la entidad, entre el 18 de marzo y el 8 de abril del 2020. Dicha suspensión no aplica para las actuaciones en materia de contratación estatal. La Supersociedades recuerda a los usuarios sus canales de atención virtuales, que pueden ser usados durante esta temporada, con el fin de evitar los desplazamientos hasta sus sedes.
La Superintendencia de Sociedades explica el alcance del plazo previsto para la reunión ordinaria del máximo órgano social.
Para mantener la prestación de los servicios de comunicaciones en beneficio de los ciudadanos, la CRC estableció una mesa virtual de trabajo permanente con la industria para monitorear la adecuada prestación del servicio e identificar posibles soluciones a las situaciones que se presenten. Hasta la fecha, se han implementado las siguientes medidas: asignación de la numeración 192, línea habilitada desde el lunes 16 de marzo para que el Ministerio de Salud brinde orientación sobre las medidas de prevención y las acciones a seguir. Resolución CRC 5941, la cual i) suspendió, hasta el 31 de mayo, la obligación de disponer de las oficinas físicas como medio de atención al usuario de los operadores; (ii) modificó los horarios de atención de las líneas telefónicas y (iii) suspendió el bloqueo de los equipos móviles con IMEI sin formato, inválidos, no homologados, duplicados o no registrados en la BDA positiva, con el fin de garantizar la comunicación de todos los usuarios durante el tiempo de crisis. Por otra parte, la comisión autorizó la divulgación prioritaria de espacios institucionales de televisión, con información de interés público sobre las medidas de protección para la prevención del virus.
El Gobierno nacional, en el marco de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, y ante la alta demanda que se registra, restringió las exportaciones de 24 productos que son necesarios para prevenir y contener el contagio de coronavirus (covid-19) entre la población colombiana. Alcohol, jabón, papel higiénico, guantes de uso médico o de atención, medicamentos para uso humano, desinfectantes, paños y toallas húmedas, gel antibacterial, tapabocas de varios tipos y equipos médicos de varios tipos son algunos de los bienes que no se podrán exportar durante los próximos seis meses, según lo establece el Decreto 462, del 22 de marzo del 2020. Vale la pena decir que la decisión se adopta ante la alta demanda de esta clase de bienes, indispensables en estos momentos de coyuntura sanitaria, y con apego a la Constitución Política, la cual, agrega la normativa, garantiza la propiedad privada y derechos adquiridos, pero también establece que el interés público prima sobre el particular, por motivos de interés social o de utilidad pública.
Con el fin de garantizar la debida protección de la salud de todos los colombianos, y prevenir la propagación del coronavirus (covid-19), los ministros de Salud y Comercio, mediante la Resolución 453 del 2020, adoptaron medidas de control sanitario y clausuraron temporalmente establecimientos relacionados con el ocio y la diversión; de baile; de azar y entretenimiento y suspendieron los trabajos o servicios de actividades similares que impliquen la reunión de personas. La medida, que estará vigente hasta el próximo 15 de abril, obliga a cerrar discotecas, tabernas, bares, cervecerías y similares, así como casinos, bingos y similares. El ministro José Manuel Restrepo indicó que “son espacios donde el contacto entre las personas es mayor y por lo tanto son lugares que favorecen la propagación del virus covid-19, por eso es necesario clausurarlos temporalmente”. Sin embargo, explicó, aunque permanecerán cerrados al público podrán continuar ofreciendo los servicios de venta de comida y bebidas, a través del comercio electrónico, entrega a domicilio y/o recogiendo en puerta para llevar.
Por medio del Decreto 398, del 13 de marzo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamentó parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas de las personas jurídicas.
Ante la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Gobierno y la adopción de rigurosas medidas para reforzar la fase de contención del coronavirus o covid-19, y teniendo en cuenta que una de ellas fue prohibir eventos de más de 500 personas, surge la duda de si es prudente o no la realización asambleas generales de copropietarios o asambleas ordinarias de accionistas o juntas de socios.
Se trata del Decreto 858 del 2020, expedido en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, que solicitó medidas para proteger a las personas que se encuentran en los centros de detención transitoria del país.
El decreto pretende descongestionar los centros penitenciarios para evitar contagios y muertes por covid-19, conozca los beneficiarios, el procedimiento de excarcelación y a quiénes no cobijará la medida.
Ante la Comisión de Paz del Senado, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, confirmó que debido a que aún se está puliendo el borrador del proyecto no se ha dado a conocer la norma que busca otorgar detención domiciliaria transitoria a cerca de 10.000 privados de la libertad que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al covid-19. “Seguimos trabajando en el tema y la idea es que lo enriquezcamos porque queremos ofrecer un alivio real a los privados de la libertad más vulnerables”, dijo la funcionaria. Aseguró que llegaron al consenso que este debe ser un proceso transitorio, gradual y escalonado para no aumentar la congestión judicial. Igualmente, dijo que se ha recibido la solidaridad de entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y el Inpec. “Y esperaríamos que el CTI y la Policía nos pudieran ayudar a cuidar a los internos que reciban el beneficio transitorio de la detención domiciliaria”, añadió la titular de la cartera de Justicia al manifestar que lo que se espera es tomar pronto la mejor decisión para el país. Durante la sesión, la ministra indicó que lo que se está trabajando es una figura innovadora con el fin de que algunos de los privados de la libertad, previo cumplimiento de algunos requisitos y condiciones puedan acceder al beneficio.
A través de la Directiva transitoria 0009, el Inpec impartió instrucciones y asignó responsabilidades para atender las órdenes judiciales de detención, prisión domiciliaria o vigilancia electrónica ante la declaratoria de emergencia por el covid-19. Para agilizar tiempos de respuestas a las órdenes judiciales de dichas medidas, por ejemplo, deja sin efecto tres manuales de gestión del sistema relacionados con el tema. Además, la norma entregó misiones particulares a algunas dependencias, en el caso de la Oficina Jurídica le pide permitir la exclusión excepcional del registro biométrico cuando sea informado de posibles casos de contagio. A la Oficina de Comunicaciones le solicita divulgar a través de los canales de comunicación institucional, previa aprobación de la Dirección General, las acciones tomadas por el Instituto para minimizar tiempos de respuesta a las órdenes judiciales.
Mediante una resolución, el Ministerio de Justicia y el Inpec declararon el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria, medida dispuesta en el artículo 92 de la Ley 1709 del 2014, que modificó el artículo 168 de la Ley 65 de 1993, en todos los establecimientos de reclusión del orden nacional. La norma señala que el director del Inpec adoptará las medidas que se requieran en desarrollo del estado de emergencia. Igualmente, agrega que en el evento en que las causas que motivaron la declaratoria persistan al cabo de un año se prorrogará, previo informe al consejo directivo del instituto. Es oportuno aclarar que la medida se tomó tras los motines presentados en 13 cárceles del país en la noche del sábado. El Ejecutivo ha sido enfático en indicar que la decisión permite adoptar acciones por el coronavirus (covid-19), pero no excarcelaciones.
El Ministerio de Justicia, en conjunto con el Inpec, la Uspec y Fiduprevisora, ha establecido una serie de acciones que buscan proteger del contagio con covid-19 a la población privada de la libertad, así como al personal de guardia y administrativo que labora en centros penitenciarios. En las próximas horas, los profesionales de la salud implementarán el protocolo requerido para verificar las condiciones de salud de quienes ingresen a los centros penitenciarios; se instruye al Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad para que adquiera y suministre elementos de aseo como gel antibacterial y jabón, para el adecuado lavado y limpieza de manos; garantizar la disponibilidad de medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios y antihistamínicos en todos los establecimientos, y su entrega será constante; se debe iniciar el proceso de limpieza y desinfección de los establecimientos de manera periódica; dentro de los centros de reclusión se iniciarán jornadas de búsqueda activa para identificar aquellas personas con riesgos potenciales; se adelantarán campañas pedagógicas para la población privada de la libertad y se distribuirán volantes informativos para el autocuidado, entre otras. Igualmente, solicitó la solidaridad de los familiares de los internos para que utilicen medios virtuales y tecnológicos y limiten sus visitas. “De ahí la restricción de las visitas durante 10 días, tal como lo anunció el presidente Iván Duque Márquez”, indicó la ministra de Justicia, Margarita Cabello.
Ante la emergencia sanitaria suscitada por el covid-19 (coronavirus), el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que dispuso de un fiscal especializado que coordinará las investigaciones relacionadas con el posible incumplimiento y desatención de todas las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional y las autoridades de salud.
Los predios no residenciales (locales comerciales, hoteles, bares, restaurantes, colegios, universidades y dotacionales, entre otros) tiene un plazo diferente para acogerse al pago por cuotas
En reciente comunicado, la Corte Constitucional informó que declaró exequible el Decreto 561 del 2020, por el cual se dictan medidas transitorias en materia de cultura, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Según el fallo, el otorgamiento de incentivos económicos a los artistas, creadores y gestores culturales que demuestren su estado de vulnerabilidad como resultado de la pandemia o que estén en situación de discapacidad, con cargo a los recursos del impuesto nacional al consumo con destino a la cultura, se ajusta a la Constitución. Entre otros argumentos, la corporación precisó que el aislamiento preventivo obligatorio ha implicado el cierre temporal de todos los escenarios en los que habitualmente los artistas, creadores y gestores culturales hacen sus presentaciones en público, lo que ha limitado seriamente sus ingresos económicos. En esta medida, agregó, era necesaria la expedición de una norma con fuerza material de ley que modificara el artículo 512-2 del Estatuto Tributario, ya que este no incluye en la destinación del impuesto nacional al consumo para la inversión social en cultura el pago de ayudas económicas para garantizar la subsistencia de los artistas.
Las solicitudes de devolución y/o compensación de saldos a favor en el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas inadmitidas dentro del trámite de procedimiento abreviado, en los términos del Decreto 535 del 2020, modificado por el Decreto 807 del 2020, podrán subsanarse dentro del mes siguiente a su inadmisión y, de esta manera, continuar su trámite abreviado. De lo contrario, no podrán continuar de esta manera y se adelantarán conforme al procedimiento ordinario de devolución y/o compensación de saldos a favor de que trata el artículo 850 del Estatuto Tributario y demás disposiciones correspondientes. Así lo precisó la Dian, en reciente concepto, a través del cual realizó una interpretación normativa sobre la inadmisión de las solicitudes presentadas con fundamento en el procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de saldos a favor dispuesto por el Decreto 535.
Los alivios tributarios para el sector agropecuario previstos en el Decreto 573 del 2020 contribuyen a conjurar la crisis y evitar la expansión de sus efectos, lo cual es acorde con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria durante la emergencia causada por la propagación del coronavirus (covid-19). La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del decreto en mención, precisó que se trata de medidas idóneas y adecuadas a la consecución de la finalidad constitucional perseguida, constituyen medios necesarios en el contexto de la crisis de emergencia para beneficiar al sector productivo de alimentos y, con ello, garantizar la seguridad alimentaria de todo el país. Así mismo, señaló que la norma cumple con los requisitos formales y materiales de este tipo de decretos de excepción, porque busca enfrentar la perturbación económica en el sector agrícola, pesquero, forestal, agroindustrial y rural del país, en tanto tiene como objetivo prevenir una potencial amenaza a la seguridad alimentaria a través de alivios tributarios relativos al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Los magistrados Diana Fajardo, Cristina Pardo y Alberto Rojas Ríos salvaron parcialmente su voto, mientras que la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado lo aclaró.
Las solicitudes de devolución y/o compensación de saldos a favor de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre las ventas inadmitidas dentro del trámite de procedimiento abreviado, en los términos del Decreto 535 del 2020, modificado por el Decreto 807 del 2020, podrán subsanarse dentro del mes siguiente a su inadmisión y, de esta manera, continuar su trámite abreviado.
El vendedor o responsable deberá entregar la información relacionada con las ventas de los bienes exentos de IVA (artículo 4º del Decreto Legislativo 682 del 2020) realizadas los días 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio del 2020, conforme con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas del Formato 2669 Versión 1, definido en la Resolución 0064 del 2020, expedida por la Dian. La información deberá ser entregada, a más tardar, el 31 de agosto de este año. En el archivo adjunto a esta nota puede consultar la norma.
En aras de dar alcance a la interpretación expuesta en el Oficio 628, del 1° de junio del 2020, la Dian precisó que cuando los bienes cubiertos no sean enajenados por unidades el límite de tres no será aplicable. Este escenario ocurre cuando los productos cubiertos son enajenados por peso (100 gramos, 4 libras o 9 kilogramos de semillas y frutos para la siembra o abonos de origen animal, vegetal, mineral y/o químico). Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos dispuestos en el Decreto 682 del 2020, incluyendo el límite al valor en UVT señalado en el artículo 4°. Los bienes cubiertos son descritos de manera genérica y, en consecuencia, los que se encuentran comprendidos dentro de las descripciones consagradas en el artículo 3° de la norma quedarán amparados con la exención especial, siempre y cuando su precio de venta por unidad sea igual o inferior a los límites en UVT indicados en la reglamentación. A modo de ejemplo, únicamente la tubería que se encuentre determinada como parte del género “sistemas de riego” estará cubierta por la exención en el impuesto sobre las ventas, toda vez que califica dentro de dicho género. Lo anterior teniendo en cuenta que los beneficios son de aplicación restrictiva y se dan sobre los supuestos previstos expresamente en las normas; por ende, no es viable su extensión analógica para aplicarla a situaciones no previstas legalmente.
Durante los días sin IVA que estableció el Gobierno Nacional, con el fin de reactivar la economía en esta época de confinamiento por la propagación del coronavirus (covid-19), no es posible realizar ventas a crédito, teniendo en cuenta que el artículo 26 de la Ley 2010 del 2019 establece expresamente que la fecha del comprobante de pago o voucher por la adquisición de los bienes debe corresponder a la misma fecha del periodo en el cual se emite la factura electrónica, precisó la Dian. La consulta se refería a la validez de establecer ventas a crédito en los días sin IVA, recibiendo solamente pagos parciales con tarjeta crédito, débito u otros mecanismos de pago electrónico.
Los pagos o abonos en cuenta por concepto del aporte estatal del programa de apoyo al empleo formal (artículo 1° del Decreto 639 del 2020) que hayan realizado o realicen las entidades financieras a los beneficiarios tienen las siguientes características: (i) no están sujetos a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y (ii) constituyen, para efectos del impuesto sobre la renta, un ingreso gravable para el beneficiario de dicho programa. En este orden de ideas, el aporte será un ingreso fiscal para el empleador beneficiario del mencionado programa, el cual se cruza en un 100 % con el gasto de nómina en que incurre por ese trabajador que lo hace beneficiario del subsidio. Por otra parte, y respecto al empleado, este estará sometido a las reglas generales del impuesto sobre la renta y retención en la fuente por rentas laborales consagradas en el Estatuto Tributario y el Decreto 1625 del 2016. Respecto al impuesto sobre las ventas, el aporte monetario no se encuentra gravado con dicho impuesto, toda vez que no se realiza ninguno de los hechos generadores.
En un reciente concepto, la Dian explicó que si el cumplimiento de la actuación o de la obligación está dado en días calendario, meses o años se calculará cuántos días calendario hacen falta para que se cumpla el término o el plazo. A partir del día en que se levante la suspensión de los términos, estos se reanudarán por el equivalente a la cantidad de días hábiles o días calendario, según el caso, que le quedaban para cumplir la actuación o la obligación. No obstante, para todos los efectos se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal. Para finalizar se precisa que la Resolución 055 del 2020, en su artículo 1°, dispuso el levantamiento de la suspensión de términos en la Dian, a partir del 2 de junio del 2020.
Mediante la Resolución 0050, del 20 de mayo del 2020, el Director General de la Dian resolvió modificar el parágrafo segundo del artículo 8 de la Resolución 0030, de 29 de marzo del 2020, levantando la suspensión de términos para el trámite de recursos y solicitudes revocatorias directas interpuestos contra las decisiones adoptadas en relación con beneficios tributarios previstos en los artículos 100 y 101 de la Ley 1943 del 2018. Con la Resolución 0055, del 29 de mayo del 2020, la entidad levantó la suspensión de términos ordenada en la Resolución 0030 del 2020, prevista en el artículo 8º de la Resolución 30 del 2020, salvo los términos en materia aduanera allí señalados.
Según la nueva norma del Ministerio de Hacienda, se encuentran excluidas de IVA, hasta el 31 de diciembre de este año, las actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, para consumo en el lugar, cuando el Gobierno así lo autorice, o entregadas a domicilio. Esto es para actividades que se desarrollen mediante contratos de franquicia. También se encuentra excluida de IVA la prestación del servicio de hotelería y turismo. A partir del 1º de enero del 2021, solo será aplicable la exclusión para las zonas del régimen aduanero especial (numeral 26 del artículo 476 del Estatuto Tributario). De igual manera, la medida de exclusión transitoria del impuesto sobre las ventas beneficia la adquisición de materias primas químicas para la producción de medicamentos y la importación de vehículos automotores de servicio público o particular de pasajeros, así como los asociados al transporte de carga de más de 10.5 toneladas de peso bruto vehicular y el chasis con motor y la carrocería adquiridos individualmente para conformar estos vehículos. En este caso, según indica la norma, el beneficio irá hasta el 31 de diciembre del 2021.
La Dian definió la suspensión de actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa con la Resolución 0030 del 2020. Lo anterior sin perjuicio de las excepciones consagradas en dicha norma y sus resoluciones modificatorias. Igualmente, la entidad señala que las disposiciones consagradas en el numeral 1 del artículo 10 del Estatuto Tributario (E. T.) son aplicables en los términos previstos en la norma. Es decir, dichos términos no se encuentran suspendidos durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, toda vez que no se trata de actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Por lo tanto, y hasta que no se expida una ley que modifique o suspenda dichos términos, serán considerados residentes fiscales las personas naturales que permanezcan continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y salida del país, durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos.
En reciente concepto, la Dian explicó la aplicación de los tres días sin impuesto sobre las ventas (IVA), previstos en el Decreto 682, del 21 de mayo, como medida de reactivación económica, con el fin de generar seguridad jurídica y facilitar la aplicación del beneficio.
A través del Decreto 766, del 29 de mayo, el Ministerio de Hacienda autorizó la disminución del anticipo del impuesto sobre la renta para el ejercicio gravable 2020 a un porcentaje de 0 % como anticipo del año gravable 2020, en tanto que para otros sectores el porcentaje a aplicar como anticipo para el año siguiente será del 25 %.
Por el término de duración de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que deseen acceder al régimen de compañías holding colombianas (CHC) podrán presentar los documentos exigidos por el artículo 1.2.1.23.3.3 del Decreto 1625 del 2016, único reglamentario en materia Tributaria, a través del correo electrónico 215361_gestiondocumental@dian.gov.co. Si los documentos exigidos son emitidos en el exterior y debe adjuntarse la apostilla y/o consularización, este último requisito podrá ser presentado dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha del levantamiento de la declaratoria a la Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional de la Dirección de Gestión de Fiscalización en la dirección: carrera 7 No. 6c-54, piso séptimo.
Para aliviar los impactos económicos producidos por la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus (covid-19), el Gobierno expidió el Decreto 688, con el cual se establece, de manera transitoria, la tasa de interés moratoria que regirá hasta el 30 de noviembre del 2020 para el pago de las obligaciones administradas por la Dian y las obligaciones relacionadas con el Sistema General de la Protección Social, que son objeto de verificación por parte de la UGPP; además, se extendió el plazo para las terminaciones, conciliaciones y facilidades de pago.
El Gobierno acaba de expedir el Decreto 682, que reglamenta los tres días sin IVA (19 de junio, 3 julio y 19 de julio), el no pago de IVA para locales comerciales cerrados y la suspensión del cobro del impuesto al consumo hasta diciembre. Además de reiterar las fechas, el decreto aclara las categorías a las que se podrá acceder con este beneficio y el monto máximo: complementos de vestuario; vestuario; electrodomésticos; computadores y equipos de comunicaciones; elementos deportivos, juguetes y juegos; útiles escolares; bienes e insumos para el sector agropecuario. Igualmente, indica los requisitos para la procedencia de la exención. Por otra parte, la norma determina que, desde su vigencia y hasta el 31 de julio del 2020, se encuentran excluidos de IVA los cánones de arrendamiento mensual causado y facturado con posterioridad a la vigencia del decreto y los pagos mensuales por concepto de concesión de espacios, siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los requisitos fijados en el decreto. Por último, la norma dispone que las tarifas del impuesto nacional al consumo de que tratan los artículos 512-9 y 512-12 del E. T. se reducirán al 0 % hasta el 31 de diciembre de este año. En el archivo adjunto a esta nota podrá consultar la norma.
Un juzgado administrativo de oralidad de Cali amparó el derecho fundamental a la remuneración mínima vital y móvil de un juez de esta ciudad y ordenó a la Dirección de Administración Judicial inaplicar el Decreto Legislativo 568 del 2020, que creó el impuesto solidario covid-19 para los meses de mayo, junio y julio del 2020.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció los nuevos plazos para pagar los impuestos de Bogotá y darle un respiro a los contribuyentes, debido a la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio.
La Dian flexibilizó transitoriamente algunas disposiciones para la obtención del registro único tributario – RUT de los inversionistas extranjeros sin domicilio en Colombia obligados a cumplir deberes formales y de los prestadores de servicios desde el exterior, responsables del impuesto sobre las ventas - IVA, en el marco del estado de emergencia económica. Por ejemplo, cuando la inscripción en el RUT de dichos inversionistas se realice a través de apoderado, podrán aportar en copia simple los documentos previstos en los numerales 5 y 11 artículo del 1.6.1.2.11 del Decreto 1625 del 2016, en el idioma original, sin necesidad de apostilla ni traducción oficial. Los documentos fijados en la norma deberán ser aportados dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha del levantamiento de la emergencia. En cuanto a la inscripción en el RUT, mediante agente oficioso, la entidad señaló que podrán inscribir a los contribuyentes mencionados siempre que aporten los documentos ya indicados, con excepción del poder.
La Secretaría de Hacienda de Bogotá, a través de la Resolución 233, del 30 de abril, prorrogó la suspensión de términos en los procesos que adelantan las direcciones distritales de impuestos y de cobro de la entidad, desde el 4 de mayo hasta el 30 de mayo del 2020, fechas en las que no correrán los términos para todos los efectos legales.
La exención definida en el artículo 1º del Decreto 551 del 2020 no puede extenderse a bienes que no se encuentren expresamente señalados en dicha disposición normativa, tales como repuestos y materias primas de los bienes cubiertos. Por otra parte, la exención no otorga en ningún caso derecho a devolución y/o compensación. Sin embargo, los saldos a favor originados en la importación y en las ventas en el territorio nacional de los bienes cubiertos por dicha norma se podrán tomar o imputar contra los impuestos sobre las ventas generados por las operaciones gravadas de dichos bienes, esto una vez culmine la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud.
En reciente concepto, la Dian precisó el alcance de aplicación del Decreto 568, del pasado 15 de abril, por el cual se creó el impuesto solidario por el coronavirus (covid-19), con destinación específica para inversión social en la clase media vulnerable y en los trabajadores informales, respecto a salarios de los servidores públicos, honorarios y pensiones de $ 10 millones o más. Entre otros aspectos, la entidad señaló que el hecho generador del nuevo impuesto lo constituye el pago o abono en cuenta de salarios, honorarios o pensiones mensuales periódicos de $ 10 millones o más, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la norma, dentro del concepto de salario están comprendidos la asignación básica, gastos de representación, primas o bonificaciones o cualquier otro beneficio que reciben los servidores públicos como retribución directa del servicio prestado.
En el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria, y con el objetivo de facilitar el pago de los anticipos de los impuestos de renta y sobretasa a las entidades financieras, la Dian habilitó una nueva funcionalidad en el servicio de diligenciamiento. “Al iniciar el diligenciamiento de la declaración, encontrará el botón pago cuotas, a través del cual se generan los recibos correspondientes del anticipo a pagar, de acuerdo con el tipo de contribuyente y la obligación tributaria que tenga a cargo”, indica la entidad. En el caso de los grandes contribuyentes, con la opción número dos podrá pagar la primera cuota de la sobretasa a las entidades financieras y la segunda cuota del impuesto de renta. La segunda cuota de la sobretasa y la tercera cuota del impuesto de renta la pagarán con la presentación de la declaración de renta con la opción número tres. Para conocer más detalles puede consultar el archivo adjunto a esta nota.
Las comisiones por el servicio de garantías otorgadas por el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), focalizadas única y directamente para enfrentar las consecuencias adversas generadas por la pandemia covid-19, estarán excluidas del impuesto sobre las ventas (IVA) hasta el 31 de diciembre del 2021. Para la aplicación de la exclusión, al momento de facturar la operación el facturador deberá incorporar en el documento una leyenda que indique: “Servicio excluido - Decreto 417 del 2020”. De otro lado, la tarifa de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta por el pago o abono en cuenta correspondiente a las comisiones que por el servicio de las garantías focalizadas otorgue el FAG será del 4 %, hasta el 2021.
Para efectos de mejorar el flujo de recursos hacia el sector salud, a partir del mes de mayo y hasta el 31 de diciembre del 2020, la distribución y transferencia de recursos de juegos de suerte y azar novedosos se realizará en el mes siguiente a su recaudo y no de forma semestral, aplicando los porcentajes y demás disposiciones previstos en el artículo 40 de la Ley 643 del 2001. Así lo decretó recientemente el Ministerio de Hacienda, a través del Decreto 576 del 2020. Puede complementar el estudio de esta nueva normativa en el marco del estado de emergencia con el documento adjunto a esta nota.
El Ministerio de Hacienda, a través del Decreto 551 del 2020, adoptó nuevas medidas tributarias transitorias en el sector salud. En efecto, y durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, más de 200 productos y elementos médicos y clínicos estarán exentos del impuesto sobre las ventas, en la importación y en las ventas en el territorio nacional, sin derecho a devolución y/o compensación. Detalle cada uno de estos productos en el documento adjunto a esta página.
Los recursos del impuesto nacional al consumo con destino a cultura (artículo 512-2 del Estatuto Tributario), modificado por el artículo 201 de la Ley 1819 del 2016, girados de la vigencia 2019 y que a la fecha de expedición de este decreto no se encuentren ni comprometidos ni ejecutados y los que se giren durante la vigencia 2020 por parte del Ministerio de Cultura a los departamentos y el Distrito Capital deberán destinarse transitoriamente para contribuir a la subsistencia de los artistas, creadores y gestores culturales que demuestren su estado de vulnerabilidad. Los beneficiarios no podrán ser parte de los programas Familias en Acción, Colombia Mayor, BEP para creadores y culturales, Jóvenes en acción, Ingreso Solidario o de la compensación del impuesto sobre ventas - IVA. Como mínimo un 3 % del valor de las transferencias monetarias no condicionadas o incentivos económicos se destinarán a esta población.
El Ministerio de Hacienda creó el impuesto solidario por el coronavirus (covid-19), acudiendo al estado de emergencia económica, social y ecológica, a través del Decreto 568. En tal sentido, a partir del 1º de mayo y hasta el treinta (31) de julio del 2020 (un error de digitación que se repite en toda la norma) , se crea, con destinación específica para inversión social en la clase media vulnerable y en los trabajadores informales, el impuesto solidario por el covid-19, por el pago o abono en cuenta mensual periódico de salarios de $ 10 millones o más de los servidores públicos. (Lea: ATENCIÓN: Hay nuevos plazos para pagar impuesto de renta de grandes contribuyentes y personas jurídicas)
La norma explica algunas determinaciones, cuando el contribuyente es calificado de riesgo alto en materia tributaria
El Mintic también establece disposiciones temporales sobre adecuación de equipamientos de servicios de telecomunicaciones.
La CRC resolvió que el concesionario de espacios de televisión del denominado Canal UNO, los operadores del servicio de televisión abierta en sus modalidades privada nacional, local con ánimo de lucro, pública regional y pública nacional deberán implementar en al menos una emisión noticiosa al día la interpretación de lengua de señas colombiana para aquellas notas relacionadas con la evolución internacional y nacional del covid-19 en las que se comunique a la ciudadanía cualquier información que sea transmitida por las autoridades o que contenga recomendaciones médicas, o haga referencia a medidas a implementar o implementadas durante el estado de emergencia, así como los diferentes canales de atención dispuestos, los beneficios entregados y cualquier información que resulte esencial para mantener informada a esta población. Medida que deberá ser acatada dentro de los tres días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Resolución 5960 del 2020 y hasta el cese la declaratoria.
Cuando en el año gravable 2018 no hubo saldo a pagar, la segunda cuota de renta 2019 será equivalente a 0.
En razón a que los sectores económicos del país se han visto afectados en el desarrollo de sus operaciones por la emergencia declarada, el Ministerio de Hacienda acaba de modificar nuevamente el calendario tributario nacional. Así, con el Decreto 520, el Gobierno estableció nuevas fechas para la presentación y pago de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2019 de los grandes contribuyentes y personas jurídicas. El calendario para el pago de la segunda cuota es el ya definido en el Decreto 435 del 2020, mientras que las fechas para la presentación de la declaración de renta y el pago de la tercera cuota irán desde el 9 hasta el 24 de junio. Igualmente, fijó nuevas fechas para la presentación de la declaración de activos en el exterior para grandes contribuyentes y personas jurídicas. Para conocer más detalles puede consultar la norma en el archivo adjunto.
El Gobierno fijó nuevas fechas para la presentación y pago de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los grandes contribuyentes y personas jurídicas.
Además, el Director del DNP indicó que esta semana se espera poner en funcionamiento la primera etapa del programa Ingreso Solidario, el cual beneficiará a cerca de 3 millones de hogares que no están recibiendo ningún beneficio del Estado.
El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, afirmó que un millón de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad recibirán desde hoy una transferencia monetaria bimestral de $ 75.000, para mitigar el impacto económico y humanitario causado por la emergencia de la pandemia del coronavirus (covid-19). Agregó que estos recursos provienen de los valores que las familias vulnerables en Colombia pagaban al adquirir artículos y prendas de vestir. “Usando Colombia Mayor y usando Familias en Acción, los canales que ya sabemos usar y que el Estado ha diseñado, les vamos a devolver esos $ 75.000, cada dos meses, a un millón de hogares”, dijo. La primera devolución del IVA se hará entre hoy y los primeros días de abril, y de ahí en adelante cada dos meses: junio, agosto, octubre y diciembre. Se estima que este año la devolución costará cerca de medio billón de pesos. Igualmente, el DNP creo un sitio web donde explica en qué consiste el beneficio y además las personas pueden consultar si son beneficiarios del mismo: http://devolucioniva.dnp.gov.co/#. El funcionario recordó que esta semana se espera poner en funcionamiento la primera etapa del programa Ingreso Solidario, el cual beneficiará a cerca de 3 millones de hogares que no están recibiendo ningún beneficio del Estado. Para ello, el Gobierno Nacional creó una base de datos con el Sisbén, con el Pila, telecomunicaciones y sistema financiero. “Esas familias, que quedaron más expuestas al choque que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, efectivamente van a poder recibir $160.000 a partir del final de esta semana”, puntualizó el Director del DNP.
La Dian indicó que la suspensión de términos anunciada por la entidad hace referencia a los procedimientos administrativos, tributarios, aduaneros y cambiarios. En consecuencia, agregó la entidad, esto no aplica para las fechas determinadas en el calendario tributario, las cuales solo pueden ser modificadas a través de decretos. Es oportuno mencionar que, entre el 19 de marzo y el 3 de abril del 2020, la autoridad tributaria suspendió los términos en los procesos y actuaciones administrativas; como consecuencia, durante este lapso no habrá atención de público en las dependencias de las direcciones seccionales de impuestos, de aduanas y de impuestos y aduanas, delegadas y del nivel central.
Teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar espectáculos públicos y la consecuente afectación económica de la población dedicada a estas actividades, en el marco de la emergencia sanitaria originada en el coronavirus (covid-19), el Ministerio de Cultura, a través del Decreto 475, del pasado 25 de marzo, adicionó un parágrafo transitorio al artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, sobre destinatarios de la estampilla procultura. Así, la norma dispone que los gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales deberán realizar la apropiación y el giro de los recursos correspondientes a la seguridad social de los creadores y gestores culturales a más tardar el 30 de abril del 2020. De otra parte, la disposición estableció la destinación transitoria de los recursos de la contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes escénicas, hasta el 30 de septiembre del 2021, para apoyar al sector.
Teniendo en cuenta las solicitudes enviadas por los obligados a presentar la información exógena ante la Dian, la entidad indicó que es necesario establecer nuevas fechas de vencimiento para poder cumplir con la presentación de la información tributaria y cambiaria. Los grandes contribuyentes tendrán plazo para presentar la información según el último dígito de su identificación, hasta el 29 de mayo de este año, y las personas naturales y jurídicas, los dos últimos dígitos del NIT, hasta el 1º de julio. La información de que trata numeral 37.3 del artículo 37, correspondiente al impuesto de industria y comercio, deberá ser reportada a más tardar el último día hábil del mes de agosto de 2020. Puede consultar la norma en el archivo adjunto.
A traves de su cuenta en Twitter, el director de la Dian, Jose Andrés Romero, informó que hay nuevas fechas para reportar información exógena. Indicó, además, que están abiertos a seguir haciendo ajustes en la medida en que la situación lo requiera.
Con el Decreto 458 del 2020, se autoriza al Ejecutivo a realizar la entrega de una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. Con el fin de acelerar la entrega de la compensación del impuesto sobre las ventas (IVA), el Gobierno designó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como la entidad encargada de expedir la resolución con el listado de beneficiarios de la compensación, pues dicha entidad es la responsable de aplicar la metodología de focalización del referido mecanismo y la encargada de administrar el principal instrumento de focalización individual y a nivel de hogar del gasto social denominado Sisbén. El Dane deberá suministrar la información recolectada en censos, encuestas y registros administrativos a las entidades del Estado responsables de adoptar las medidas para el control y mitigación del covid-19, cuando estas lo soliciten para efectos de implementar otras disposiciones relacionadas con dicho virus.
Ante la emergencia decretada por el coronavirus (covid-19), y teniendo en cuenta que los sectores económicos del país se han visto afectados en el desarrollo de sus operaciones, el Gobierno decidió establecer nuevas fechas para la presentación y pago de algunas obligaciones tributarias con el Decreto 435. En impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes, los vencimientos de la segunda cuota irán entre el 21 de abril y el 5 de mayo de este año. Para personas jurídicas, en cuanto al pago de la primera cuota, se definió que será entre el 21 de abril y el 19 de mayo, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NIT. Igualmente, modificó los plazos para la presentación de la declaración anual de activos en el exterior de los grandes contribuyentes y personas jurídicas. Los responsables de IVA que desarrollen como actividad económica las previstas en la Resolución 139 del 2012 de la Dian, que además se describen en la norma, tendrán como plazo máximo para pagar la declaración del impuesto del bimestre marzo - abril, hasta el 30 de junio del 2020, igual sucede con el pago del cuatrimestre enero – abril. Por último, la entidad hizo cambios en las fechas previstas para el impuesto al consumo del bimestre marzo – abril (actividad económica prevista en la Resolución 139), quienes tendrán como plazo hasta el 30 de junio.
El Gobierno acaba de establecer los criterios para el reconocimiento y pago de la compensación a favor de la población más vulnerable (Decreto 419), para generar mayor equidad en el impuesto sobre las ventas (IVA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 2010 del 2019. En cuanto a la metodología de focalización, la norma señala que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) la aplicará teniendo en cuenta la entidad territorial y caracterización de los hogares beneficiarios (vale recordar que el documento Conpes con la estrategia ya está listo).
El Consejo Nacional de Política Económica y Social publicó el Conpes 3986, que define la estrategia para la implementación del mecanismo de compensación del impuesto a las ventas (IVA) a favor de la población más pobre y vulnerable. El documento incluye la selección y priorización de los hogares beneficiarios de la compensación y la consolidación de un esquema de pagos centralizado y a bajo costo. Este mecanismo consiste en la entrega de una suma fija cada dos meses, que será definida por el Ministerio de Hacienda y el DNP cada año, en términos de UVT. Adicionalmente, para la transferencia de los recursos se hará uso de los esquemas de pago de los programas que actualmente entregan transferencias condicionadas a dicha población, y a partir de 2021 se tendrán en cuenta otros programas sociales u otros mecanismos que beneficien a hogares de menores ingresos que no reciben transferencias monetarias. En esa medida, en el 2020 los pagos de la compensación se harán a través de las entidades financieras u otras entidades autorizadas que realicen la entrega de las transferencias de los programas Familias en Acción y el Programa Colombia Mayor. A partir del 2021, los pagos se realizarán a través de la plataforma del Ministerio de Hacienda.
Presidencia publicó el Decreto 397 del 2020, el cual establece un beneficio en la presentación y pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo para mitigar los efectos económicos del coronavirus o covid-19 en el territorio nacional. “Los sujetos pasivos de la contribución parafiscal para la promoción del turismo tendrán plazo para presentar y pagar las liquidaciones privadas correspondientes al primer trimestre del año 2020 hasta el 29 de julio del 2020”, indica la norma.
Teniendo en cuenta la coyuntura que ha generado el virus de coronavirus (covid-19), la Secretaría de Hacienda de Bogotá modificó el calendario tributario con el fin de beneficiar a los hogares de menores ingresos y evitar aglomeraciones. En materia de predial, amplió hasta el 4 de junio el plazo para que los contribuyentes de los estratos 1, 2 y 3 puedan pagar con 10 % de descuento y hasta el 24 de junio sin descuento. Para los demás predios residenciales y no residenciales, se mantienen las fechas inicialmente establecidas. Así mismo, se amplió el plazo para la declaración virtual del pago por cuotas, pasando del 31 de marzo al 30 de abril, pagando la primera cuota el 12 de junio. Frente a los vencimientos de los impuestos de industria y comercio y el de vehículos, manifestó que se mantienen las fechas previstas.
Por el término de duración de la emergencia económica, social y ecológica, el Gobierno determinó (Decreto 438), que estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA) en la importación y en las ventas en el territorio nacional los siguientes bienes, siempre y cuando se cumplan las especificaciones técnicas establecidas en el anexo que hace parte integral del decreto: nebulizador; báscula pesa bebés; monitor de signos vitales; electrocardiógrafo; glucómetro; tensiómetro; pulsoximetro; aspirador de secreciones; desfibrilador; incubadora; lámpara de calor radiante; lámpara de fototerapia; bomba de infusión; equipo de órganos de los sentidos; bala de oxígeno; fonendoscopio; ventilador; equipo de rayos x portátil; concentrador de oxígeno; monitor de transporte; flujómetro; cámara cefálica; cama hospitalaria y cama hospitalaria pediátrica. Los saldos a favor generados en las declaraciones tributarias del impuesto podrán ser imputados en las declaraciones de los periodos siguientes, pero en ningún caso podrán ser objeto de devolución y/o compensación. Así mismo, fijó las condiciones de aplicación de la exención del impuesto.
Por el cual se modifica el numeral 2 del artículo 2.2.8.4.4 del Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para fijar la contraprestación a cargo de los operadores postales por el periodo 2020 -2022.
Por el cual se liquidan los recursos adicionados mediante el Decreto Legislativo 519 del 2020 al Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020.
Se modifica el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del, coronavirus covid-19, y el mantenimiento del orden público.
Se establecen algunas disposiciones para el análisis de las operaciones de financiamiento previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 4, del artículo 5, y del artículo 15 del Decreto Legislativo 444 de 2020.
Se prorroga y se modifica el Decreto 527 de 2020.
Se adoptan medidas especiales para la protección y mitigación del impacto del COVID-19 en el sector cultura, en el marco del Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica, declarado mediante el Decreto 637 de 2020"
Se establecen las condiciones especiales para la emisión de valores en el segundo mercado por parte de empresas afectadas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del6 de mayo de 2020
Se establecen normas relaCionadas con la administración del Fondo Nacional de Garantías S.A. -FNG, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020
Se modifica el Decreto Legislativo 639 de 2020"'y"se disponen medidas sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020
Se ordena la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020"
Se modifica el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020
Se crea el Registro Social de Hogares y la Plataforma de Transferencias Monetarias y se dictan otras disposiciones para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad económica en todo el territorio nacional dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Se establecen medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la participación accionaría del Estado, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020
Se crea el patrimonio autónomo para el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres, con el fin de mitigar los efectos de la Emergencia Social, Económica y Ecológica".
Se autoriza al Fondo de Sosteníbilidad Financiera del Sector Eléctrico (FONSE) a realizar operaciones de crédito público para garantizar los procesos de toma de posesión a cargo del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios afectados por la emergencia sanitaria
Se adoptan medidas en el sector juegos de suerte y azar, con el fin de incrementar los recursos los recursos para la salud e impedir la extensión de los efectos de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, en el Marco dala emergencia Económica, Social y ecológica declarada por medio del Decreto 637 del 6 de mayo del 2020.
Se adoptan medidas tributarias y de control cambiarío transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020.
Se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020.
Se modifica la fecha de presentación del marco fiscal de mediano plazo para la vigencia fiscal 2020, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020.
Por el cual se dictan medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, con el fin de mitigar los efectos de la emergencia social, económica y ecológica en el sector empresarial.
Se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica.
Se modifica el numeral 4 del artículo 2.5.3.1.4. del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo relacionado con los criterios de fijación de honorarios para reuniones no presenciales de las juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas del orden nacional.
Se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de licencias urbanísticas.
Se prorroga la vigencia del Decreto 636 del 6 de· mayo de 2020 "por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público.
Se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 637 de 2020.
Se establece la exención especial del impuesto sobre las ventas para el año 2020 y se dictan otras disposiciones con el propósito de promover la reactivación de la economía colombiana, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Decreto 637 de 2020.
Se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020 - 2023, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se crea el Programa de apoyo al empleo formal -PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020.
Se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.
Se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus covid-19, y el mantenimiento del orden público.
Se corrigen errores formales en el Decreto Legislativo 538 de 2020, Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia de covid-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"
Se nomina al gerente de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias –covid-19
Se autoriza el pago de horas extras, dominicales y festivos a los servidores del Instituto Nacional de Salud
Se adiciona el artículo 2.5.2.2.1.21 al Decreto 780 del 2016 en relación con el uso transitorio, por parte de las EPS, de los recursos que tengan invertidos en títulos de deuda pública interna, títulos de renta fija y depósitos a la vista, que forman parte de la reserva técnica.
Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020 "Por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Justicia y del Derecho en materia de extradición, con ocasión del "estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" declarada en todo el territorio nacional, derivada de la Pandemia COVID-19.
Se implementan medidas para proteger los derechos de los pensionados, los beneficiarios del Servicio Social Complementario BEPS y los beneficiarios del Programa de Subsidio al Aporte a Pensión -PSAP en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus covid-19.
Se adoptan medidas para establecer un procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de saldos a favor de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas -IVA, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se implementa una medida temporal con el fin de proteger los derechos de los beneficiarios del Servicio Social Complementario, denominado Beneficios Económicos Periódicos BEPS, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se adoptan medidas especiales y transitorias para el sector de inclusión social y reconciliación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se adoptan medidas para crear una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de cultura en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica.
Se adoptan medidas para crear una Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -covid19-en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establecen las reglas para su administración, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se adoptan medidas para autorizar una nueva opera ión a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A -Findeter, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se dictan medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se designa un ministro de Relaciones Exteriores ad hoc.
Se adoptan medidas en eL sector de juegos de suerte y azar, para impedir la extensión de los efectos de la pandemia de Covid-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se adoptan medidas para mitigar los efectos económicos generados por la pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e infraestructura, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica.
Se adoptan medidas en materia de minas y energía, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se establecen medidas de carácter tributario en relación con el Fondo Agropecuario de Garantías, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020.
Se adoptan medidas para suspender temporalmente el requisito de insinuación para algunas donaciones, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se adoptan medidas para ampliar el acceso a las telecomunicaciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
SSe adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Adiciona el presupuesto general de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.
Se adoptan medidas para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se corrige un yerro en el Decreto 525 del 7 de abril de 2020.
Dictan medidas para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se regula el exceso de inventarios de alcohol carburante para prevenir el colapso de la producción de azúcar en el marco de la emergencia económica, social y ecológica.
Crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.
Dicta disposiciones en materia de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco del Estado de Emergencia Económica.
Adopta medidas para la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.
Por el cual se designa Secretaria Jurídica Ad-hoc de la Presidencia de la República para adelantar el trámite dispuesto en el numeral 9 del artículo 27 del Decreto 1784 de 2019, en relación con la revisión, estudio, formulación de observaciones y concepto del Proyecto de Decreto "Por el cual se dictan medidas de orden laboral, relacionadas con aplazamientos del pago de aportes parafiscales de algunos sectores de la economía, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica"
Con el fin de favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica, los medicamentos y dispositivos médicos, el Gobierno expidió el Decreto 507 para evitar la especulación de precios y prevenir conductas de acaparamiento durante el tiempo de emergencia económica.
"Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de causales de terminación anticipada de la cobertura de tasa de interés otorgada a deudores de crédito de vivienda y locatarios en operaciones de leasing habitacional"
Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Justicia y del Derecho en materia de extradición, con ocasión del "Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" declarada en todo el territorio nacional, derivada de la Pandemia COVID-19.
Por el cual se designa un ministro de Relaciones Exteriores ad hoc.
Por el cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se designa Secretario Jurídico Ad-hoc de la Presidencia de la República.
Por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Cultura, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo relacionado con operaciones de crédito público cuya celebración no comprenda la financiación de gastos de inversión.
Por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se autorizan nuevas operaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial S,A -Findeter y el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. -Bancoldex, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020.
Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el Fondo Nacional de Garantias S.A.
Por el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020.
Por el cual se prohíbe la exportación y la reexportación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, se dictan medidas sobre su distribución y venta en el mercado interno, y se adiciona el Decreto 410 de 2020.
Por el cual se dictan medidas para garantizar la prestación del servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se adoptan medidas para los hogares en condición de pobreza en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
"Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19"
Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 417 de 2020.
Por el cual se modifican y adicionan artículos de la Sección 2 del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19.
Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público.
Por el cual se dictan normas para la conservación del orden público, la salud pública y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifica el arancel de aduanas para la importación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.
Por el cual se modifican, sustituyen, y adicionan artículos de la Sección 2 del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria".
Por el cual se establece un beneficio en la presentación y pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo para mitigar los efectos económicos del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional.
Se modifica el parágrafo del artículo 2.2.1.5.5.2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con la asignación condicionada del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural.
Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de operaciones de comercio exterior y se dictan otras disposiciones para mitigar los efectos causados por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus covid-19.
Se adiciona el artículo 2.1.5.6 al Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con la afiliación de las personas que se encuentren detenidas sin condena o cumpliendo medida de aseguramiento en centros de detención transitoria.
Se reglamenta el Decreto Legislativo 560, del 15 de abril del 2020, a fin de atender los efectos de la Emergencia Económica, Social y Ecológica en el sector empresarial.
Se adoptan medidas para el sector de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica ordenada mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020.
Se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se crea un aporte económico temporal de apoyo a los trabajadores de las notarías del país en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Se establecen medidas para la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención a cargo de los entes territoriales y se adoptan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"
Se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios -PAP para el Sector Agropecuario, en el marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el Coronavirus COVID 19".
Se modifica el Decreto Legislativo 558 del 15 de abril de 2020 y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se crea el auxilio económico a la población cesante, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"
Se adoptan medidas para el flujo de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y mantener la afiliación al mismo de quienes han perdido la capacidad de pago, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Se adoptan medidas relacionadas con la suspensión del pago de la sobretasa del sector eléctrico en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por medio del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020
Se adoptan medidas para el sector minero-energético en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica ordenada mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020"
Se adoptan medidas transitOrias en matéria de arrendamiento de locales comerciales, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020
Se adoptan medidas en el sector agropecuario para atenuar los efectos económicos derivados de la enfermedad Coronavirus COVID-19 en los trabajadores y productores agropecuarios, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"
Se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020
Se dispone una medida para garantizar el acceso a servicios de conectividad en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.
Se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa para el primer pago de la prima de servicios, se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios PAP, y se crea el Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020.
Se adicionan el parágrafo 4 al artículo 1.6.1.13.2.11., el parágrafo 5 al artículo 1.6.1.1.3.2.12. y el parágrafo 2 al artículo 1.6.1.13.2.15., a la Sección 2 del Capítulo 13 qel Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
Se modifica el numeral 6 del artículo 3 y el artículo 5 del Decreto 1333 de 2019.
Se adoptan disposiciones transitorias en materia de sistemas especiales de importación -exportación, consumidor, turismo y zonas francas, para mitigar los efectos causados por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.
Se ordena la emisión de Títulos de Solidaridad -TDS, y se dictan otras disposiciones.
Se designa una ministra de Minas y Energía ad hoc.
Se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 2.2.7.4.5. del Decreto 1078 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para aplazar los pagos que deben realizar los operadores del servicio de radiodifusión sonora comercial al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Se designa un ministro de Relaciones Exteriores ad hoc
Se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 2020.
Se modifica el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020 y se disponen medidas sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal-PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020.
Por el cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales y se dictan otras disposiciones
Se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el coronavirus covid-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se designa un miembro de la junta administradora de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias covid-19.
Se dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la prestación del servicio educativo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se entrega una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se disponen medidas para garantizar la operación de los medios abiertos radiodifundidos y la televisión comunitaria en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.
Se adiciona el parágrafo 5 al artículo 1.6.1.13.2.12. de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
Por el cual se prorroga el proceso de liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión
Se acepta la renuncia de uno de los miembros de la Junta Administradora de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias covid-19.
Se adiciona el título 18 a la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para establecer los canales oficiales de reporte de información durante las emergencias sanitarias.
Se designa unos miembros de la Junta Administradora de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias –covid-19.
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público.
Se implementan medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se adoptan medidas transitorias en materia de turismo y registros sanitarios para las micro y pequeñas empresas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se designa un Ministro de Relaciones Exteriores ad hoc.
Por el cual se adoptan medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020.
Se adoptan medidas para la prestación del servicio de televisión abierta radiodifundida con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020.
Se define la transferencia económica no condicionada para los Adultos Mayores que se encuentran registrados en la lista de priorización del Programa Colombia Mayor y se define la transferencia al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante administrado por las Cajas de Compensación Familiar, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y se dictan otras disposiciones.
Se adicionan recursos al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, creado por el Decreto 444 de 2020, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y se dictan otras disposiciones.
Se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020.
Se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se adoptan medidas relacionadas con la creación de un apoyo económico excepcional para la población en proceso de reintegración en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica.
Se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020.
Por el cual se adoptan medidas para proteger los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes y se asignan a los procuradores judiciales de familia funciones para adelantar los procesos de adopción, como autoridades jurisdiccionales transitorias, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se adoptan medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado global de bienes para mitigar la pandemia coronavirus (covid-19)
Se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se adoptan medidas especiales en el Sector Defensa, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se dictan medidas para el ingreso de estudiantes a los programas de pregrado en instituticiones de educación superior, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Se designa una ministra de Relaciones Exteriores ad hoc.
Se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas en relación con la importación de materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya.
Se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público.
Designa una ministra de Relaciones Exteriores ad hoc para firmar proyectos de decretos legislativos, en el marco del estado de emergencia.
Se designa una ministra de Minas y Energía ad hoc para firmar proyectos de decretos legislativos, en el marco del estado de emergencia.
Adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco del Estado de Emergencia Eco;hómica, Social y Ecológica.
Se modifican y adicionan articulos de la Sección 2 del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
Por el cual el Presidente de la República determinó designar como ministro de Relaciones Exteriores ad hoc al ministro de Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo García.
Para afrontar la crisis por coronavirus y sus consecuencias es indispensable regular el trámite de presentación, verificación, viabilidad y aprobación de proyectos de inversión que guarden relación directa y específica con las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia, de forma tal que estas etapas se surtan de forma expedita y permitan a los municipios y departamentos conjurar la situación, así como atender sus efectos. Para lo anterior, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 513.
el Ejecutivo decidió incluir a las administradoras de riesgos laborales (ARL) de naturaleza pública en la orden para que destinen recursos de las cotizaciones en riesgos laborales para que se adelanten acciones promoción y prevención tales como la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico y acciones de intervención directa relacionadas con la contención, mitigación y atención del nuevo covid-19, enfocadas en personal directamente expuesto al contagio.
Por el cual se establecen medidas para el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías y se dictan disposiciones en materia de recursos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020.
En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional"
Por el cual se crea un incentivo económico para los trabajadores y productores del campo y se adoptan otras medidas para garantizar el permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económiqa, Social y Ecológica.
Por el cual se corrige un yerro en el Decreto 480 del 26 de marzo de 2020.
Por el cual se designa ministro del Interior ad hoc.
Por el cual se dictan medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19 y se dictan otras disposiciones, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, reglamentando el artículo 1770 de la ley 1955 de 2019, Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y el artículo 90 de la ley 1556 de 2012, modificado por el artículo 1780 de la Ley 1955 de 2019.
Por el cual se deroga el Titulo 9 de la Parte 13 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la política de precios de insumas agropecuarios.
Por el cual se dicta una medida para garantizar la continuidad de las funciones de la jurisdicción constitucional, en el marco de la Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de auxilio para beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
"Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19"
Por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para la importación de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos químicos, artículos de higiene y aseo, insumos, equipos y materiales requeridos para el sector agua y saneamiento básico.
Por medio del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y la reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020.
Por el cual se designa ministro de Relaciones Exteriores ad hoc.
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público.
Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020.
Por el cual se suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea.
"Por el cual se adoptan medidas aduaneras transitorias en relación con los usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores y se dictan otras disposiciones"
Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL ylos demás registros que integran el Registro Único Empresarial y Social RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional.
Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 y se adiciona el Capítulo 19 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.
Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.
Por el cual se toman medidas transitorias debido a la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19 con respecto al régimen de zonas francas.
Por el cual se adoptan medidas para la conservación del orden público.
Por el cual se adiciona el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, para reglamentar parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas, y se dictan otras disposiciones.
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