El estado de emergencia que vive el país por cuenta de la pandemia mundial de coronavirus se siente en todas las actividades, y el ámbito jurídico no es una excepción. Acudiendo al artículo 215 de la Constitución Política, el presidente Iván Duque ha dictado disposiciones para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. En este especial puede encontrar las decisiones tomadas no solo por el Ejecutivo, también por la Rama Judicial y el Distrito Capital, con la posibilidad de descargar los decretos de este estado excepcional Noticias publicadas:
A través del Decreto 463, del pasado 22 de marzo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció un arancel del 0 %, ad valorem, para la importación de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos químicos, artículos de higiene y aseo, insumos, equipos y materiales requeridos para el sector agua y saneamiento básico, por el término de seis meses y con el fin de mitigar el impacto sanitario de la pandemia coronavirus (covid-19). De acuerdo con la norma, los productores e importadores de estos productos deben priorizar su distribución, venta al por mayor y al detal de manera controlada y en el orden previsto. Los ministerios de Salud y Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo establecerán los términos y condiciones aplicables a la disposición.
En el marco de la emergencia sanitaria declarada, y como parte de las medidas preventivas y de contención del coronavirus, el Gobierno determinó establecer el 0 % de arancel a la importación de 110 subpartidas de los sectores de la salud y la aviación. Así lo establece el Decreto 410, del 16 de marzo del 2020, en el que se identifica que del total, 18 subpartidas corresponden a medicamentos, insumos, aparatos, dispositivos y equipos del sector de la salud, esto con el propósito de facilitar su importación para que las entidades de salud puedan prestar sus servicios adecuadamente a la población, así como para la dotación de unidades de cuidados intensivos o intermedios neonatal, pediátrica o de adultos y salas de atención de enfermedad respiratoria aguda. Entre los bienes que cobija este decreto para el caso de la salud están, por ejemplo, oxígeno, compresas, jabones, gel antibacterial, máscaras especiales para la protección de trabajadores, guantes para cirugía, mascarillas para protección y cuna para cuidado intensivo con mecanismo de elevación eléctrico, entre otros.
Ante la coyuntura y el impacto económico de la pandemia coronavirus (covid- 19), la Dian, mediante Decreto 436 del 2020, indicó que para no generar traumatismos en la operación de comercio exterior se requiere tomar las siguientes medidas: (i) aumentar el periodo de vigencia de los usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores: la vigencia del reconocimiento e inscripción de estos se prorroga hasta el 31 de mayo del 2020. Este plazo se extenderá de manera automática mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria; (ii) garantías: los usuarios que a la fecha de entrada en vigencia del decreto tengan aprobada una garantía global como usuario aduanero permanente o usuario altamente exportador, con una vigencia igual o superior al 31 de mayo del 2020 y tres meses más, es decir, hasta el 31 de agosto, no deberán presentar otra garantía para continuar con su registro aduanero. Para los usuarios aduaneros permanentes o usuarios altamente exportadores que a la fecha tengan aprobada una garantía global que ampare dichos registros, con una vigencia inferior al 31 de mayo y tres meses más, deberán presentar ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero de la Dian una nueva garantía con un monto igual al de su última renovación, o la modificación de la garantía actual que los ampara como usuarios aduaneros, modificando el objeto y ampliando la vigencia de la garantía, según el caso.
Con el fin de tomar medidas preventivas y unir esfuerzos para contener los efectos de propagación de la pandemia global provocada por el covid-19 en el país, el Ministerio de Comercio expidió un decreto (411) con medidas transitorias para articular la normativa de las zonas francas con los lineamentos de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional (Resolución 385 del 12 de marzo del 2020, expedida por Minsalud). La norma permitirá, de manera temporal y hasta por el término que dure la declaratoria de la emergencia sanitaria, que los empleados de las zonas francas realicen su labor fuera del área declarada y el usuario operador deberá autorizar la salida de los equipos de telecomunicación necesarios para el contacto entre el trabajador y la empresa. Igualmente, la reglamentación dispone que para las zonas francas transitorias declaradas a la fecha y que se ven obligadas a suspender sus eventos feriales se establece que el periodo de declaratoria podrá ser prorrogado por una sola vez y hasta por 12 meses.
El sustento de muchos propietarios depende del pago de los cánones de arrendamiento; sin embargo, se les invita a que sean comprensivos y escuchen las propuestas de sus arrendatarios.
El Distrito Capital ha adelantado diferentes acciones para garantizar y preservar la vida y la salud de los habitantes de la ciudad expidiendo decretos de restricción a la movilidad ciudadana y medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Bajo este contexto, las autoridades de control y la ciudadanía pueden requerir información sobre las motivaciones de los actos expedidos, situación que amerita la conservación ordenada en archivos de la documentación y soportes de las decisiones adoptadas. La administración de Bogotá puso a disposición el Sistema de Información Régimen Legal de Bogotá para la difusión y publicación de los actos que se produzcan durante este periodo. Finalmente, la Secretaría Jurídica estará atenta a prestar la colaboración que se estime pertinente y adelantará un análisis sobre posibles litigios y medidas para prevenir el daño antijurídico.
La población en condición de vulnerabilidad del Distrito Capital podrá acceder a alojamiento temporal mientras dura la contingencia por coronavirus (covid-19), se trata de madres gestantes y lactantes, personas en condición de discapacidad, habitantes de la calle, trabajadoras sexuales y vendedores ambulantes, entre otros. Las entidades de la Administración de Bogotá deberán enviar una listado de ciudadanos sin ingresos para solventar su alojamiento a la Secretaría de Integración Social.
La Alcaldía de Bogotá, mediante decreto, determinó que los secretarios de despacho y los directores de los departamentos administrativos y de las unidades administrativas sin personería jurídica deberán establecer horarios flexibles de carácter transitorio y excepcional con la finalidad de contener la propagación del coronavirus (covid-19) y prevenir el aumento de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. En consecuencia, dispuso los siguientes turnos en cada entidad, los cuales deberán ser asignados de manera proporcional entre los servidores, garantizando la prestación del servicio: (i) de lunes a viernes en jornada de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. y (ii) de lunes a viernes en jornada de 10:00 a. m. a 7:30 p. m. o de lunes a viernes en jornada continua de 12:00 p. m. a 8:30 p. m.
A través del Decreto 088, la Alcaldía Mayor de Bogotá adoptó medidas complementarias en aras de mitigar el riesgo y controlar los efectos del coronavirus (covid-19) en los establecimientos educativos, para proteger la salud de los niños y adolescentes y garantizar la prestación del servicio mientras dure el riesgo de epidemia. En tal virtud, a partir del 16 de marzo las actividades académicas en los colegios públicos e Instituciones de educación en el distrito se llevarán a cabo mediante la modalidad no presencial. Ante ello, los estudiantes continuarán con sus procesos de aprendizaje desde sus hogares, bajo el cuidado y responsabilidad de sus padres, familiares, tutores y/o cuidadores. Por su parte, la Secretaría de Educación Distrital realizará todas las acciones tendientes a garantizar la prestación de este servicio público en las mejores condiciones de calidad y oportunidad. Además, deberá restablecer el suministro adecuado de alimentos bajo la forma, condiciones y características que no resulten incompatibles con la calamidad pública decretada. Conozca todas las disposiciones sobre este servicio en el documento adjunto.
El día 16 de marzo, la Alcaldía Mayor de Bogotá decretó la situación de calamidad pública en Bogotá, hasta por el término de seis meses, con ocasión de la situación epidemiológica causada por el coronavirus (covid-19), a través del Decreto 087. En tal sentido, y en aplicación del artículo 19 del Acuerdo Distrital 546 del 2013 y el artículo 61 de la Ley 1523 del 2012, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger) elaborará el “plan de acción específico”, que incluirá las actividades para el manejo de las afectaciones presentadas. Este plan será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
Los jefes de cada dependencia del instituto adoptarán las medidas necesarias y definirán las actividades que cumplirá cada uno de los funcionarios y contratistas
El pasado 22 de marzo, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 091, que modificó el Decreto 90, en relación con ampliar el plazo de la limitación a la libre circulación de vehículos y personas en la ciudad. Previamente se fijó esta limitación desde el 19 de marzo a las 23:59 horas hasta el 23 de marzo a las 23:59 horas, pero por medio de este decreto se determinó desde el día 19 de marzo a las 23:59 horas hasta el martes 24 de marzo del 2020 a las 23:59 horas. Así mismo, indicó que se permitirá el ingreso o tránsito de vehículos y personas a la ciudad de Bogotá, los días 23 y 24 de marzo, exclusivamente por razones de fuerza mayor, de reunificación familiar y descargue de mercancías diferentes a las exceptuadas en el Decreto 90, bajo unas reglas específicas que encontrarán en el documento adjunto.
El Director General del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) profirió la Resolución 002782, por la cual se suspenden los contratos y convenios interadministrativos, consultorías, contratos de obra de infraestructura e interventorías del instituto y se crean excepciones por motivos de salubridad pública. Así las cosas, durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, las consultorías y obras que se encuentren en ejecución en el área urbana y rural del Distrito Capital y sus respectivas interventorías se suspenden, desde el 25 de marzo al 13 de abril del 2020, inclusive. Salvo aquellos contratos que busquen atender situaciones de emergencia debido a eventos de la naturaleza, mitigar la inestabilidad técnica de otros elementos de la obra en ejecución, entre otros. Esta suspensión se efectuará de mutuo acuerdo con los contratistas e interventores y sus correspondientes supervisores y su trámite se efectuará por medios electrónicos, atendiendo los procedimientos internos existentes. De igual forma, se suspenden los convenios y contratos, en las mismas fechas antes indicadas, cuando no sea posible su ejecución, dadas las consideraciones explicadas. La suspensión de cada contrato y convenio se refiere a su ejecución física; por lo tanto, los trámites administrativos asociados a estos se podrán realizar de manera habitual, haciendo uso de los medios tecnológicos disponibles.
Impuesto predial: el plazo máximo con descuento del 10 % para el pago del impuesto predial unificado (predios residenciales y no residenciales) será el 5 de junio del 2020, el plazo sin descuento vence el 26 de junio del 2020.
Teniendo en cuenta lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 2 del Decreto 418 del 2020, sobre debida coordinación de medidas adoptadas con el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 90, que establece medidas transitorias para garantizar el orden público, con ocasión de la reciente declaración de calamidad pública.
Mediante comunicado, la Alcaldía de Bogotá hizo recomendaciones para la realización de actividades de hasta 500 personas y anunció sanciones por el incumplimiento del Decreto 81 del 2020, por el cual se adoptaron medidas sanitarias y acciones transitorias de policía por coronavirus. De acuerdo con el documento, a los organizadores de eventos que incumplan las medidas se les podrán imponer multas de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así: multas por violación a las disposiciones sanitarias de hasta 10 mil salarios diarios mínimos legales vigentes, multas especiales desde 151 y 800 salarios mínimos legales mensuales y otras medidas como amonestación, disolución de la actividad y suspensión de la misma. Adicionalmente, el incumplimiento de las resoluciones de policía que sean expedidas pueden encuadrar en el delito de fraude a resolución de policía y, por ende, dar lugar a prisión de uno a cuatro años y multa de 5 a 50 salarios mínimos
La Alcaldía de Bogotá, mediante Decreto 81, de ayer 11 de marzo, adoptó medidas sanitarias y acciones transitorias de policía dirigidas a mitigar el riesgo y controlar los efectos del coronavirus, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la declaración de pandemia global hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo con la norma, que rige durante dos meses, se ordena la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas, deportivas, políticas, entre otras, sean estas públicas o privadas, que concentren más de mil personas en contacto estrecho, es decir, a menos de dos metros de distancia entre persona y persona (vale mencionar que ante la declaratoria de emergencia nacional, la Alcaldía informó que se acoge al número establecido por el presidente Iván Duque de 500 personas). Así mismo, establece medidas de autocuidado personal y colectivo que deben adoptar los ciudadanos, como el lavado de manos cada tres horas y la organización de trabajo en casa de los empleados a los que les sea posible. Por último, se activó con carácter permanente el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
Para afrontar la crisis por coronavirus y sus consecuencias es indispensable regular el trámite de presentación, verificación, viabilidad y aprobación de proyectos de inversión que guarden relación directa y específica con las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia, de forma tal que estas etapas se surtan de forma expedita y permitan a los municipios y departamentos conjurar la situación, así como atender sus efectos. Para lo anterior, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 513. Las disposiciones aplican para los proyectos de inversión y de calamidad pública departamental y municipal que sean presentados para financiación a través de recursos provenientes de asignaciones directas y del 40 % del Fondo de compensación regional del Sistema General de Regalías, después del 17 de marzo del 2020. Así mismo, el decreto aplicará para la verificación de requisitos de los proyectos que pretendan su financiación con recursos provenientes del 60 % del Fondo de compensación regional y del Fondo de desarrollo regional.
Mediante la Resolución 368, la Superintendencia Financiera adoptó medidas especiales para la atención al público y la prestación de servicios por parte de la entidad durante la emergencia sanitaria. La superintendencia explica que reanuda los términos en todas las actuaciones administrativas y jurisdiccionales que adelanta, con excepción de las actuaciones sancionatorias de las delegaturas y los procesos disciplinarios que adelanta la Oficina de Control Disciplinario, considerando las garantías de publicidad y contradicción de los sujetos procesales, así como el derecho a acceder a los expedientes. Por lo anterior, y con el fin de evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento social, la entidad solamente atenderá a las entidades supervisadas y al público en general a través de canales de atención virtual y telefónica.
La Superintendencia Financiera define las características mínimas de las políticas de apoyo a los afectados por covid-19.
Tras la decisión de la Superintendencia de Industria, y en línea con el objetivo de la medida impartida, la Superintendencia Financiera impartió instrucciones transitorias sobre la recolección o trata de datos biométricos utilizando huelleros físicos, electrónicos o cualquier otro mecanismo que permita el contagio del coronavirus a través de contacto indirecto. Pide a las entidades promover el uso de canales digitales para la realización de la mayor cantidad de trámites y transacciones de los consumidores financieros con el fin de reducir el uso de estos dispositivos, siempre que el servicio demandado por el consumidor lo permita. Las entidades deben adoptar los protocolos de limpieza y desinfección necesarios sobre estos dispositivos, de manera que se prevenga la propagación del virus y se propenda por la seguridad de sus clientes y funcionarios.
Según el Decreto 493, el otorgamiento de periodos de gracia en capital e intereses en los créditos para adquisición de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés que se pacten entre los beneficiarios y la respectiva entidad en el marco de las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera mediante Circular Externa 007 del 2020 no se entenderá como causal de terminación anticipada de la cobertura. Las entidades que otorguen periodos de gracia en capital e intereses a los beneficiarios de las coberturas de tasa de interés deberán informar dicha circunstancia al Banco de la República, como administrador del Fondo de reserva para la estabilización de la cartera hipotecaria – Frech. De esta manera, el Gobierno adicionó los decretos 1068 del 2015, único reglamentario del Sector Hacienda, y el 1077 del 2015, único reglamentario del sector de vivienda.
Para que los afiliados a los fondos privados de pensiones y cesantías puedan retirar parcialmente sus ahorros cuando tengan una afectación temporal en sus ingresos, sin que haya cesado la relación laboral con su empleador, la Superintendencia Financiera emitió instrucciones que permitirán a los afiliados a los fondos privados acceder a recursos. Según precisa la entidad, la medida beneficia a todos los afiliados a los fondos de cesantías administrados por Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia. Una vez presentada la solicitud de retiro parcial de cesantías, esta tendrá efectos mientras permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia generada por la pandemia. Todo el proceso deberá hacerse preferiblemente a través de canales virtuales o remotos como sitios web, call center, sistema de audio respuesta, aplicaciones móviles (apps), entre otros. Para adelantar el trámite, los trabajadores deben adjuntar a la solicitud una certificación de disminución de ingresos que emita su empleador con la siguiente información (i) nombre o razón social del empleador junto con el tipo y número de identificación; (ii) nombre y apellidos del trabajador junto con el tipo y número de identificación; (iii) datos de contacto del empleador; (iv) salario devengado por el trabajador a 1º de marzo del 2020; (v) el monto de la disminución del ingreso mensual del trabajador y (vi) el periodo objeto de la reducción del ingreso.
El Gobierno expidió el Decreto 492, con el cual se establecen medidas para el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías y define disposiciones en materia de recursos, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica. Dichas disposiciones buscan respaldar la emisión de nuevos créditos con el fin de mantener activas las relaciones crediticias y financiar tanto a micro, pequeñas como a medianas empresas, así como a personas naturales que han dejado de percibir ingresos por su condición de trabajadoras independientes o desempleo. Las empresas sujetas a vigilancia de la Superintendencia Financiera o que desarrollen actividades conexas al servicio financiero que hagan parte de la Rama Ejecutiva del orden nacional, y que estén registradas a nombre de ministerios, departamentos administrativos y demás entidades del orden nacional, quedarán registradas y vinculadas a nombre de la Nación. Para fortalece el fondo, autoriza a la Nación y a las entidades estatales que hagan parte del Ejecutivo a realizar aportes de capital al FNG mediante cualquier mecanismo de fortalecimiento patrimonial. También se autoriza al ministerio para realizar los créditos adicionales y traslados del presupuesto general de la Nación destinados a atender los gastos ocasionados por el cumplimiento de este decreto.
A través del Decreto 473, el Gobierno modificó el Decreto 1068 del 2015, decreto único reglamentario del sector Hacienda, en lo relacionado con operaciones de crédito público cuya celebración no comprenda la financiación de gastos de inversión. La norma busca facilitar el acceso a fuentes de liquidez para solventar los gastos de funcionamiento de las entidades estatales de manera expedita y de carácter extraordinario, en virtud de los efectos adversos en los mercados financieros causados por la pandemia de covid-19, la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales y la devaluación del peso colombiano. Por ejemplo, la norma contempla líneas de crédito a entidades estatales diferentes a la Nación. Las entidades descentralizadas del orden nacional y las entidades territoriales y sus descentralizadas podrán celebrar créditos a través de acuerdos, convenios o contratos con entidades financieras nacionales e internacionales, organismos bilaterales y multilaterales y entidades estatales que pertenezcan al mismo grupo económico, cuyo fin sea obtener recursos para aliviar la presión originada en la reducción en los ingresos ordinarios.
Teniendo en cuenta la situación de coyuntura que vive el país, la Superintendencia de la Economía Solidaria impartió algunas instrucciones para garantizar la continuidad de servicios a los asociados por parte de las organizaciones vigiladas. Mediante Circular Externa 12, dirigida a representantes legales, miembros del consejo de administración o junta directiva y órganos de control de las organizaciones de la economía solidaria vigiladas, la superintendencia pidió establecer planes de acción a corto y mediano plazo para continuar su operación, teniendo en cuenta que no se puede determinar con certeza el tiempo de duración de la actual situación de contingencia. Estos planes deben consultar las medidas que expida el Gobierno, así como las normativas que apliquen en la región y/o jurisdicción donde operan las organizaciones vigiladas. Así mismo, les recomendó conformar un comité de atención de emergencias y mantener informado al consejo de administración o a la junta directiva, según corresponda, sobre la evolución de la situación y la efectividad en la aplicación de los planes de acción. Este comité deberá sesionar permanentemente y mientras se mantenga la situación de emergencia.
Por medio del Decreto 466, del 23 de marzo, el Ministerio de Hacienda modificó el Decreto 2555 del 2010, en lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Garantías. En primer lugar, la norma modifica el literal c) del artículo 10.2.1.1.1, sobre relación de solvencia, en el sentido de pasar de una relación mínima del 11 % al 9 %. Esta relación de solvencia se entiende como el valor del patrimonio técnico, dividido por la suma del valor de los activos y contingencias ponderados por nivel de riesgo, mas el saldo de la exposición a riesgo de mercado. En segundo lugar, modifica los conceptos que comprenden el patrimonio técnico, así como los valores que se pueden deducir del mismo. Por último, la disposición modifica lo que tiene que ver con la clasificación y ponderación de activos y contingencias, en cuanto a los valores que se deben agregar para el cálculo de las contingencias netas por emisión de garantías y otros.
A través del Decreto 468, el Ministerio de Hacienda autorizó nuevas operaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter) y al Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. (Bancóldex), en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 417 del 2020. Así las cosas, a partir de la entrada en vigencia de este decreto (23 de marzo) y hasta el 31 de diciembre del 2020, previa verificación de la Superintendencia Financiera del cumplimiento de los requisitos para la administración y gestión de los sistemas integrales de gestión de riesgos, Findeter y Bancóldex podrán otorgar créditos directos con tasa compensada dirigidos a financiar proyectos y actividades en los sectores elegibles para conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos en el territorio nacional. De igual forma, se adicionó el literal k) al numeral 1 del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual precisa que se otorgará, excepcionalmente, previa verificación de la superintendencia, créditos directos con tasa compensada y/o créditos sindicados con entidades de derecho internacional público dirigidos a financiar proyectos de inversión en los sectores elegibles, los cuales se otorgarán prioritariamente a los municipios de categoría 4, 5 y 6; departamentos de categoría 2, 3 y 4 y distritos bajo una condiciones especificas. Conozca todos los requisitos en el decreto adjunto.
Con la Circular Externa 007, la Superfinanciera impartió instrucciones prudenciales para mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, mediante Resolución 385 de 12 de marzo del 2020, para los deudores del sistema financiero. Con la Circular Externa 008, definió lineamientos relacionadas con el fortalecimiento de la gestión del riesgo operacional ante los eventos derivados de la coyuntura de los mercados financieros. Finalmente, con la Circular Externa 009, la entidad impartió instrucciones para focalizar los esfuerzos de las entidades vigiladas en la definición e implementación de acciones para mitigar los efectos de la coyuntura de los mercados financieros. Para conocer más detalles puede consultar los archivos adjuntos a esta nota.
Con ocasión de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno mediante Resolución 385, del 12 de marzo del 2020, sobre covid-19 (Coronavirus), es relevante recordar los canales dispuestos por la Superintendencia Financiera que facilitan la atención a las entidades vigiladas y al público en general sin necesidad del desplazamiento a la sede de la superintendencia. Línea gratuita nacional: 018000 120 100, consultas y quejas verbales; Centro de Contacto: (57 1) 307 8042, consultas y quejas verbales; formulario en línea para presentación de quejas: aquí. En este canal se podrán radicar, las 24 horas del día, los siguientes trámites: quejas contra entidades vigiladas; derechos de petición; consultas; solicitudes de información; quejas por servicio de la SFC; reclamos; sugerencias y denuncias, entre otros. La Superfinanciera también pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico notragueentero@superfinanciera.gov.co, a través del cual se podrá verificar la veracidad de cualquier información que circule en redes sociales relacionada con el funcionamiento del sistema financiero colombiano; igualmente, el canal está dispuesto para tener un contacto directo con la ciudadanía que le permita solucionar cualquier inquietud en corto tiempo sobre la actividad de nuestras entidades vigiladas.
Ante la caída del precio del petróleo y la volatilidad del dólar, los miembros de la junta directiva del Banco de la República, el Ministro de Hacienda y el Superintendente Financiero se reunieron para analizar la situación económica y financiera. Luego de analizar la información disponible, consideraron que los fundamentos de la economía del país son sólidos y permiten absorber los choques externos sin traumatismos severos sobre la actividad real y la estabilidad financiera.
En el Conpes 3988, la política establece las acciones para transformar y complementar el enfoque del programa Computadores para Educar (CPE) para estructurar, articular y ejecutar las apuestas institucionales necesarias con el fin de impulsar la innovación en las prácticas educativas a partir de las tecnologías digitales. Lo anterior para el desarrollo de competencias en estudiantes de educación preescolar, básica y media del sector oficial. Para lograr este objetivo, las acciones de esta política se enmarcan en cuatro pilares: (i) aumentar el acceso a las tecnologías digitales para la creación de espacios de aprendizaje innovadores; (ii) mejorar la conectividad a internet de las instituciones educativas oficiales; (iii) promover la apropiación de las tecnologías digitales en la comunidad educativa y (iv) fortalecer el monitoreo y la evaluación del uso, acceso e impacto de las tecnologías digitales en la educación. Para efectos del cumplimento de los objetivos de esta política, las entidades involucradas gestionarán y priorizarán, en el marco de sus competencias y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, los recursos para la financiación de las estrategias que se proponen. La política tiene un costo total estimado $ 231.188 millones.
A traves de la Resolucion 502, el Ministerio de Salud adoptó los lineamientos para la prestación de servicios de salud durante la etapa de contención y mitigación de la pandemia por covid-19, los cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regímenes especial y de excepción. Estos se pueden consultar en la página web del ministerio, en el micro sitio coronavirus-documentos técnicos. Con la Resolución 536, el ministerio adoptó el plan de acción para la prestación de servicios de salud.
A través de un comunicado, la Aerovicil informó que temporalmente queda restringido el uso de drones, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica originada por el covid-19. Sin embargo, aclaró que solo se podrán usar este tipo de equipos para asistencia y prestación de servicios de salud, labores de misiones médicas y atención de emergencias, afectaciones viales y el funcionamiento de infraestructura crítica, entre otras actividades. La entidad recordó a los operarios de este tipo de equipos que su uso para el cumplimiento de las actividades excepcionadas anteriormente deberá estar sujeta a lo normado en el anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y al Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC 91).
Con la Resolución 522, el Ministerio de Salud estableció los requisitos para la importación y fabricación en el territorio nacional de reactivos de diagnóstico in vitro de metodología molecular en tiempo real (RT-PCR) para el diagnóstico del covid-19, pruebas y reactivos recomendados por la OMS y por autoridades sanitarias. Igualmente, el ministerio fijó los requisitos para los dispositivos médicos, equipos biomédicos y medicamentos declarados vitales no disponibles, requeridos para prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del virus. Por último, la norma hace referencia a las condiciones necesarias que permitan garantizar el almacenamiento de los productos importados de forma segura.
Con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud sin aumentar el riesgo de contagio por coronavirus (covid-19), Minsalud adoptó medidas para la atención domiciliaria durante la emergencia sanitaria. La Resolución 521 define la atención telefónica, virtual y domiciliaria con tres grupos prioritarios. El primero consiste en personas en aislamiento preventivo obligatorio, en especial mayores de 70 años o personas con patologías crónica de base; las personas con patologías de base controlada y riesgo bajo; también los que tienen patología de base no controlada o presentan riesgo medio o alto y mujeres gestantes. Serán habilitados los servicios de consulta telefónica, entrega a domicilio de medicamentos, toma de muestras de laboratorios y pruebas covid-19. “Su implementación se dará progresivamente para que logremos el resultado tan importante para los colombianos”, destacó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
Debido a la coyuntura del covid-19, fue ampliado el plazo para esta inscripción. Vale la pena recordar que la inscripción al RNT tiene una vigencia anual y debe hacerse dentro de los tres primeros meses de cada año, pero debido a la coyuntura nacional este plazo fue ampliado. Es primordial tener en cuenta que se deberá realizar una solicitud de renovación por cada uno de los registros que se tengan. Los prestadores de servicios turísticos también deben tener presente que el registro pasa a ser un acto de anotación sin cargue documental, por lo que no se tendrán cobros asociados al impuesto para cumplir con esta obligación. De no actualizarlo dentro del periodo señalado, este se suspenderá automáticamente hasta que se cumpla con dicha obligación. Para llevar a cabo este proceso se debe ingresar al siguiente link: .
Los precios promedio del listado de productos de primera necesidad serán publicados semanalmente por los ministerios de Comercio y Agricultura. El Dane hará seguimiento semanal al listado de productos de la canasta básica y medicamentos.
A través de medios virtuales, los ciudadanos podrán realizar procesos y trámites de conciliación, arbitraje, amigable composición e insolvencia de persona natural no comerciante, indicó la viceministra de Justicia, Juanita López Patrón,
La nueva política nacional 'Tecnologías para aprender' está dirigida a los estudiantes de educación preescolar, básica y media del sector oficial, y contempla cuatro desafíos: primero, aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas oficiales para la creación de espacios de aprendizaje innovadores, para diversificar e incrementar la dotación de tecnologías y mejorar su infraestructura eléctrica, entre otros. El segundo desafío propuesto es mejorar la conectividad a internet en las sedes educativas oficiales, para potenciar el uso de las tecnologías e incrementar el número de sedes conectadas. El tercer aspecto tiene que ver con la apropiación de las tecnologías en la comunidad educativa, para promover la innovación mediante el fortalecimiento del acompañamiento a los docentes, el desarrollo de estrategias para fomentar el uso en la comunidad educativa y la formulación de estrategias según el contexto y necesidades educativas de las regiones y los estudiantes. Por último, el nuevo documento plantea fortalecer el monitoreo y evaluación para la medición del uso, acceso e impacto de las tecnologías en las prácticas educativas y brindar herramientas concretas al programa para que el efecto que tenga en cada estudiante vaya mucho más allá del acceso a determinados dispositivos.
Cada caja de compensación familiar implementará los mecanismos virtuales y asesoría telefónica para acceder a estos beneficios.
Mediante Circular Externa 124, del pasado 27 de marzo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios emitió varias recomendaciones dirigidas a los prestadores bajo su vigilancia, que pueden tener en cuenta frente a la suspensión de términos de las actuaciones administrativas y la garantía de los servicios prestados. De acuerdo con la disposición, en el marco del estado de emergencia sanitaria, económica, social y ecológica, los prestadores de servicios públicos domiciliarios podrán suspender los términos de las actuaciones que adelanten en virtud de sus funciones administrativas. En lo que se refiere a la atención de peticiones, quejas y reclamos que versen sobre la protección de derechos fundamentales, estas deberán ser atendidas en los términos legales, con base en criterios de proporcionalidad y razonabilidad.
Durante el estado de emergencia, los operadores de estos servicios por suscripción no podrán generar cobro alguno asociado a intereses por mora por el no pago del servicio.
La Aerocivil estableció el procedimiento que debe ser aplicado a los pasajeros en transferencia o conexión y tripulaciones por todo el sector aeroportuario y el sector salud que tenga responsabilidades en su ejecución. Por ejemplo, las aerolíneas deben proporcionar la información necesaria con respecto a los elementos de protección personal con que deben contar los pasajeros. Si un via¬jero no los presenta al llegar a Colombia, estos serán suministrados por las aero¬líneas. Debe existir una fila única para tripulaciones en migración, con el fin de minimi¬zar el contacto de las tripulaciones con el resto de viajeros. Luego de completar el procedimiento migratorio, deberán dirigirse al área asig-nada para la valoración por parte de los servicios médicos, donde se tomará la temperatura, se hará anamnesis, se darán las indicaciones generales y se propor¬cionará el número de la secretaría de salud correspondiente para que si algún tripulante presenta sintomatología compatible con covid–19 sea reportado de manera inmediata.
En cumplimiento de las tareas asignadas con la expedición del Decreto 464 del 2020, la CRC estableció, mediante Resolución 5951 del 2020, nuevas medidas enfocadas en garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios de telefonía e internet, así como la prestación continua de estos servicios. Definió reglas transitorias de facturación y cobro según las cuales, durante el periodo de vigencia del estado de emergencia, los operadores de los servicios de telefonía, internet y televisión por suscripción no podrán generar cobro alguno asociado a intereses por mora por el no pago del servicio. La comisión aclaró que en todo caso esta facilidad temporal no implica la condonación de las sumas que se adeuden. También se fortalecieron las condiciones bajo las cuales se autoriza a los operadores que presten servicio de acceso a internet a realizar gestión sobre el tráfico que cursa por sus redes, reforzando de esta manera las reglas que fueron definidas por la Comisión desde el año 2011.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través de la Circular Externa 20, del 27 de marzo, estableció directrices para el apoyo al adulto mayor por el cierre de los centros vida y día y que estén fuera de programas asistenciales. La norma insta a los gobernadores y alcaldes para que realicen la entrega de alimentación domiciliaria a las personas adultas mayores más vulnerables en su territorio. Para ello, deberán realizar un registro de las personas adultas mayores usuarias de los programas de centros de larga estancia, centros vida y centros día, y de aquellas personas adultas mayores que se encuentran fuera de todo tipo de programas de apoyo.
La Superintendencia Solidaria impartió lineamientos para la atención virtual a los ciudadanos, mediante Carta Circular 09 del 26 de marzo. Así, los ciudadanos y partes interesadas podrán radicar sus derechos de petición, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias. La entidad dispuso en su sitio web una sede electrónica de radicación virtual (enlace). Adicionalmente, la superintendencia puso a disposición el correo atencionalciudadano@supersolidaria.gov.co, a través del cual el Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano y Correspondencia seguirá adelantando las gestiones necesarias para la debida recepción y radicación de las PQRSD en el sistema documental e-Signa.
El Ministerio de Salud, mediante Resolución 520, del 28 de marzo, estableció los requisitos sanitarios que deben ser tenidos en cuenta para la fabricación de antisépticos y desinfectantes de uso externo categorizados como medicamentos, para el uso durante la emergencia sanitaria del virus coronavirus (covid-19). Así, de acuerdo con la norma, (i) se debe presentar la solicitud de acuerdo con el formato establecido por el Invima; (ii) contar con autorización vigente otorgada por esta entidad para la fabricación de bebidas alcohólicas, productos fitoterapéuticos o cosméticos, en la línea de fabricación de líquidos o semisólidos, según corresponda; (iii) tener la fórmula cualicuantitativa del producto a fabricar y (iv) un boceto de etiquetas de envase y empaque (cuando aplique), con información relacionada con ingredientes activos, concentración, forma farmacéutica y vía de administración.
Según la circular conjunta, el registro de ambas situaciones se podrá realizar en las notarías autorizadas para prestar el servicio y de acuerdo a los turnos establecidos. A las inscripciones de recién nacidos que se realicen, durante el periodo de duración del aislamiento preventivo obligatorio, no se les hará impresión de huellas plantares del menor, ni se utilizarán los equipos biométricos. Adicionalmente y en cumplimiento de la Circular 031 del 2020, cuando la inscripción no pueda hacerse dentro del plazo legalmente señalado, los padres o declarantes podrán hacerlo posteriormente y no será tenido en cuenta como extemporánea. En el caso de las defunciones y cuando el deceso ocurra durante el aislamiento preventivo obligatorio y no pueda registrarse en el plazo legalmente establecido (dos días contados desde la ocurrencia del hecho), en el momento en que se haga el trámite no se considerará extemporáneo y, por lo tanto, no será obligatorio adjuntar la orden el inspector de policía. Así mismo, durante este periodo, para los eventos en los que se requiera, el fallecimiento podrá probarse con el certificado médico de defunción legalmente expedido, acompañado del certificado de vigencia de la cédula, en caso de ser mayor de edad.
El Ministerio de Educación indicó que las autoridades locales deben evitar que las instituciones que ofrecen educación para el trabajo y desarrollo humano realicen actividades que generen aglomeraciones. Para ello deben diseñar planes y estrategias que faciliten los estudios sin necesidad de la presencia de alumnos, hasta el próximo 30 de mayo. Lo primero que deben ordenar es ajustar el calendario académico y desarrollar el componente teórico mediante herramientas TIC, lo cual no implicará un cambio en el registro del programa. El periodo práctico se podrá aplazar a fechas posteriores al fin del periodo de emergencia sanitaria.
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 491 del 2020, y en el marco de la emergencia declarada por la pandemia del coronavirus (codiv-19), estableció nuevas medidas que protegerán el empleo y fortalecerán la atención de los funcionarios públicos y los contratistas. Se establece que la notificación o comunicación de los actos administrativos se realizará por medios electrónicos. Las entidades deberán habilitar buzones de correo electrónico para efectuar las notificaciones. Por otro lado, se amplía el periodo institucional de los gerentes de hospitales públicos en el país para atender la contingencia provocada por la pandemia del coronavirus. Otra de las medidas es el aplazamiento de los concursos de méritos y procesos de selección de empleos públicos que actualmente se estén adelantando en el servicio público. Se debe precisar que bajo ningún motivo las universidades públicas pueden suspender la remuneración o los honorarios a los docentes. De otra parte, aclara la normativa, no se suspenderán los contratos de prestación de servicios en el Estado.
Anoche se dio a conocer el Decreto 486, con las siguientes medidas: un incentivo económico para trabajadores del campo mayores de 70 años que tengan aislamiento obligatorio, para que tengan ingresos de subsistencia; acuerdos de recuperación y pago de créditos, para facilitar la producción de pequeños y medianos productores y la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura ejerza la contratación directa en materia logística y en actividades necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y el abastecimiento de productos e insumos agropecuarios.
El Ministerio del Trabajo presentó los siguientes lineamientos para ser considerados por el administrador fiduciario del Fondo de solidaridad pensional, alcaldes y gobernadores, con el fin de prevenir el contagio del coronavirus (covid-19) entre población adulta mayor. Respecto al proceso de pagos del subsidio directo, la entidad señaló que se deberá garantizar la permanencia de los dineros no cobrados de los meses de marzo, abril y mayo de este año hasta el día 30 de mayo del 2020. Durante la vigencia de declaratoria, se ordenó suspender la aplicación de las novedades de retiro por las causales de pérdida del subsidio dispuestas en el artículo 2.2.14.1.39 del Decreto 1833 del 2016. En consecuencia, se aplicarán solamente procesos de bloqueo preventivo hasta tanto los entes territoriales garanticen que se efectuó el debido proceso. Con el fin de evitar desplazamientos innecesarios, aglomeraciones y concentraciones en los sitios de pago y largas filas que puedan generar riesgo de contagio de esta población vulnerable, el ministerio recomendó a las alcaldías municipales y distritales establecer cronogramas especiales y definir estrategias, dentro de sus competencias, para distribuir a los adultos mayores, ya sea por nombre/apellido y/o número de cédula y/o lugar de residencia y/o edad, etc.
Ante la emergencia sanitaria declarada, la cual estará vigente hasta el 30 de mayo, y con el objetivo de aunar esfuerzos alrededor de la salud pública y el bienestar general, el Ministerio de Educación expidió la Directiva 04, del 22 de marzo del 2020, dirigida a instituciones de educación superior y aquellas autorizadas para ofrecer y desarrollar programas académicos de educación superior, en la cual entrega una serie de orientaciones para el desarrollo de los programas académicos con registro calificado en modalidad presencial, hasta el 30 de mayo del 2020. Así, por ejemplo, precisa que el uso de estas herramientas tecnológicas no implica el cambio de modalidad del programa y, por tanto, las instituciones que decidan hacer uso de las herramientas que ofrecen las TIC en este contexto no deberán solicitar la aprobación de cambio de programa al ministerio.
La Registraduría Nacional ordenó, desde el pasado 17 de marzo y hasta el próximo 13 de abril, el aislamiento preventivo obligatorio de los funcionarios de la entidad. En materia de trámites de identificación, la entidad indicó que los duplicados de documentos de identidad se podrán tramitar a través de la herramienta PSE, disponible en su página web. Además, quienes hicieron el pago en entidades bancarias u operadores postales habilitados también podrán hacer la solicitud en línea. Los padres podrán realizar de manera extemporánea el registro civil de nacimiento de los recién nacidos. Así mismo, recordó que el certificado de nacido vivo es válido para la inscripción y recordó que en las notarías se estará prestando el servicio registral y se podrá realizar este trámite ante cualquier urgencia.
A través de la Resolución 833, del pasado 24 de marzo, la Agencia para la Reincorporación y Normalización adoptó medidas para garantizar la continuidad de labores durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio. Los empleados públicos de la entidad cumplirán sus funciones en la modalidad de trabajo en casa, por lo que se suspende la atención presencial al público desde las 00:00 horas del 25 de marzo y hasta las 00:00 horas del 13 de abril, en todas las sedes. No obstante, la atención al usuario se deberá garantizar por cada uno de los jefes de dependencia y coordinadores de los grupos territoriales y puntos de atención, de manera virtual.
El Ministerio del Interior estableció las recomendaciones que deben atender los grupos étnicos, pueblos indígenas, comunidades NARP (negros, afrocolombianos, raizales y palenqueras) y el pueblo rrom, para prevenir, contener y mitigar los efectos del coronavirus (covid-19), teniendo en cuenta sus características socioculturales. De acuerdo con la norma, estas comunidades deben permanecer en sus territorios, con el fin de reducir la exposición al riesgo de contagio; limitar el acceso de personas ajenas, tales como turistas, visitantes de instituciones privadas o delegados de ONG, salvo casos de extrema necesidad. La norma obliga a contar con intérpretes que faciliten la comunicación efectiva de información.
Mediante la Circular 01, el Ministerio de Cultura emitió las primeras directrices sobre la propagación del covid-19 en espacios de uso cultural: bibliotecas, casas de la cultura, museos, teatros, parques arqueológicos, archivos públicos, Instituto Caro y Cuervo y escuelas taller. En esa misma circular, el ministerio decidió el cierre total, a partir del 14 de marzo y hasta nuevo aviso, de los teatros y museos del país a cargo de esta cartera. Con la Circular 03, Mincultura entregó las mismas recomendaciones a los gobernadores, alcaldes, responsables de cultura de las entidades territoriales, resguardos indígenas y comunidades.
El Ministerio de Transporte dictó medidas sobre la prestación de este servicio público y su infraestructura dentro del estado de emergencia, económica, social y ecológica, a través del Decreto 482. Dicha normativa creó, durante el tiempo que dure la emergencia, el Centro de Logística y Transporte, adscrito a la cartera indicada y con capacidad técnica propia, pero sin personería jurídica, patrimonio, autonomía administrativa o financiera. Dentro de las funciones de este centro están, entre otras, asesorar las materias que correspondan a garantizar la prestación del servicio público de transporte durante el tiempo que dure la emergencia; adoptar las decisiones que permitan establecer las condiciones de transporte y tránsito a pasajeros, carga y demás asuntos excepcionales cuyo transporte y tránsito se permita en el país y velar por que el transporte de bienes objeto de abastecimiento se realice con los menores costos posibles y racionalizando los recursos del Estado y de quienes resulten involucrados en la prestación del servicio. La norma también permite operar transporte automotor en la modalidad de pasajeros por carretera intermunicipal con fines de acceso o de prestación de servicios salud y a personas que requieran movilizarse y sean autorizadas, en los términos del Decreto 457. También permite operar el servicio público de transporte masivo. De acuerdo con el análisis de movilidad, la oferta habilitada no podrá exceder en ningún caso 50 % de la oferta máxima que se tenga en cada sistema.
A través de una carta, el Presidente y el Secretario General del Senado de la República informaron que la iniciación de las sesiones ordinarias del presente periodo legislativo se aplazó para el día 13 de abril, con ocasión de la crisis producida por el coronavirus. Igualmente, señalaron que el Congreso de la República espera la expedición del decreto legislativo por parte del Gobierno, al amparo de la emergencia recientemente declarada, que habilite la realización de sesiones virtuales de plenarias y comisiones, dado que la normativa de la Ley 5ª de 1992 solo hace legalmente posible sesionar en forma presencial. “Toda actividad que se quiera realizar por fuera de estas condiciones carece de las formalidades y requisitos de la ley orgánica del reglamento interno del Congreso y sus cámaras y resulta improcedente por ilegal”, puntualiza la comunicación. También agradecieron todas las iniciativas y proyectos conducentes a la implementación de las sesiones virtuales con todos los requisitos de ley. Por su parte, la Cámara de Representantes suspendió desde el pasado 24 de marzo y hasta el 13 de abril las actividades de esta corporación, a través de la Directiva 03.
A través del Decreto 476, se facultó al Ministerio de Salud (Minsalud) para que durante el tiempo de la emergencia social, económica y ecológica del Decreto 417 proceda, entre otras cosas, a: flexibilizar los requisitos para la evaluación de solicitudes de registro sanitario, permiso de comercialización o notificación sanitaria obligatoria, según corresponda, y también los requisitos que deben cumplir los establecimientos fabricantes en relación con medicamentos, productos fitoterapéuticos, dispositivos médicos, equipos biomédicos y otros que se requieran para la prevención, diagnóstico o tratamiento del coronavirus (covid-19). Igualmente, a ajustar los requisitos para la habilitación del servicio farmacéutico en los establecimientos que se requieran. Estas reglas adoptadas tendrán vigencia hasta el término de la emergencia sanitaria. De igual forma, el decreto facultó al Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para que incorpore como vitales no disponibles aquellos medicamentos necesarios o relacionados con la prevención, diagnóstico y tratamiento del coronavirus o aquellos que se vean afectados por la cancelación o suspensión de la cadena de producción y comercialización a nivel mundial derivada de la pandemia, sin necesidad de la verificación de desabastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos y equipos biomédicos. También a tramitar de manera prioritaria las solicitudes de registros sanitarios nuevos o permisos de comercialización y renovaciones de medicamentos que se encuentren en normas farmacológicas, productos fitoterapéuticos y dispositivos médicos, entre otras actuaciones.
Mediante el Decreto 470, el Ministerio de Educación dictó medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del programa de alimentación escolar (PAE) y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica. La norma permite que el PAE se brinde a los niños y adolescentes matriculados en el sector oficial para su consumo en casa, durante la vigencia de la declaratoria. Las entidades territoriales certificadas deberán observar los lineamientos que para el efecto expida la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Alimentos para Aprender). Las secretarías de educación comenzarán a implementar la medida esta semana, mientras se hacen los ajustes respectivos en la contratación Además de municipios y distritos, también permitirá habilitar a los departamentos recursos de los criterios de equidad y calidad del Sistema General de Participaciones, para garantizar la continuidad del derecho a la educación durante el receso estudiantil a causa de la pandemia coronavirus. Los recursos de calidad serán girados directamente a los municipios y departamentos y no podrán ser utilizados para gastos de personal de cualquier naturaleza.
El Ministerio de Salud emitió recomendaciones para la detección temprana de covid-19 a través de una circular enviada a la Adres, las EPS, IPS y profesionales de la salud. La Circular 019 del 2020 recoge el consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-cov-2/covid-19 a través de recomendaciones unificadas que hablan, en principio, de la realización de pruebas rápidas para la detección de anticuerpos y así poder determinar la ruta de atención conforme a los lineamientos establecidos. "Este es un proceso de fast track con el Invima para que en dos días se pueda tener la aprobación de estas pruebas rápidas. A partir del 1º de abril, Colombia contará con por lo menos 350 mil pruebas semanales gracias a la gestión adelantada por el ministerio", aseguró el ministro Fernando Ruiz. A partir de la última evidencia disponible, estas no son pruebas diagnósticas, sino de detección. Es decir, "permiten la optimización de recursos ayudando a los profesionales de salud en la toma de decisiones en cuanto aislamiento, realización de prueba diagnóstica confirmatoria y tratamiento". Estas son capaces de indicar una posible infección reciente o en curso, pero son mucho más precisas descartando casos negativos. En caso de que la prueba rápida de detección de anticuerpos resulte positiva, se debe realizar la prueba confirmatoria con RT-PCR. Si esta también arroja un resultado positivo, se debe dar manejo de acuerdo a los lineamientos, protocolos y guías establecidas por Minsalud.
La Superintendencia de Salud ordenó levantar la restricción que, hasta la fecha, tenían 14 EPS del régimen subsidiado, como una de las medidas para garantizar la atención de la población que requiera los servicios de salud frente a la emergencia que vive el país por el covid-19. Las EPS a las que se les levanta la restricción de afiliación son: Comfachocó, Comfasucre, Comfamiliar del Huila, Dusakawi, Comfacundi, Convida, Capresoca, Savia Salud, Ambuq, Comparta, Comfamiliar de Cartagena y Bolívar, Ecoopsos, Asmet Salud y Emssanar. De acuerdo con la Resolución 1700, del 20 de marzo del 2020, la superintendencia indica que las EPS del régimen subsidiado, en coordinación con las IPS, “afiliarán al Sistema General de Seguridad Social en Salud a las personas que no estén afiliadas y requieran la prestación del servicio al régimen de salud que corresponda teniendo en cuenta su capacidad de pago”. Con esto se busca que si una persona en condición de vulnerabilidad y/o su núcleo familiar no cuentan con afiliación al sistema puedan acceder a estos servicios, teniendo en cuenta que, desde el 1º de enero del 2020, el concepto PPNA (población pobre no afiliada) cambió con el plan nacional de desarrollo.
El Ministerio de Educación dispuso que las entidades públicas del orden nacional y territorial utilicen saldos y excedentes de liquidez para ayudar a beneficiarios focalizados.
La Circular 06, del 19 de marzo del 2020, va dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes, jefes o representantes legales de las entidades de los niveles nacional y territorial, gobernadores, alcaldes distritales y municipales y, en general, a ordenadores del gasto de las entidades de los niveles nacional y territorial. Según corresponda, deben reportar a la CGR los actos administrativos que decreten urgencia manifiesta y respecto de la misma la información sobre los planes de emergencia a ejecutar mediante los recursos ordinarios y extraordinarios destinados por parte de la entidad territorial a la mitigación y control de la epidemia por el virus. En este reporte, deben hacer una discriminación de los recursos, las fuentes utilizadas y las acciones a desarrollar. También deben entregar información de los contratos suscritos en el marco del plan de intervenciones colectivas (PIC), con las empresas sociales del Estado y demás organizaciones, donde se especifiquen las acciones a ejecutar relacionadas con la atención, mitigación y control de la epidemia por covid-19.
En atención al estado de emergencia sanitaria, la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) adoptó medidas transitorias para el servicio público que se presta en las 195 oficinas de registro de instrumentos públicos (ORIP) del país y la atención al público en todas las dependencias. La entidad emitió la Resolución 03130 del 2020, por medio la cual suspende los términos, la prestación del servicio y la atención al público en estas oficinas a partir del 24 de marzo y hasta el 12 de abril del presente año. El día 13 de abril se reanudará el servicio público y la atención a usuarios. Por otra parte, la Supernotariado, a través de la Resolución 03133, estableció para estos despachos turnos de apertura al público en un horario de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. En aquellos círculos notariales en los se cuente con una o dos notarías, el notario tendrá la opción de escoger alguno de los siguientes turnos: lunes y miércoles; martes y jueves y lunes y viernes. En los círculos donde existen más de dos notarías se estableció un cronograma, según se detalla en la norma, en el que se designan los días de atención de cada despacho. La entidad también contempló que en aquellos eventos de urgencia inaplazable en los que el usuario requiera la prestación del servicio por fuera de los horarios establecidos, el notario deberá disponer y divulgar un medio de comunicación eficaz, en aras de satisfacer esta necesidad.
El Ministerio del Interior, mediante Circular Interna 18, del 12 de marzo, estableció directrices para el desarrollo transitorio de trabajo virtual de los servidores públicos de la entidad, con el fin de proteger la salud de los funcionarios y favorecer el desarrollo eficiente de las actividades encomendadas. De acuerdo con la norma, el jefe inmediato debe tener en cuenta los servidores que voluntariamente lo soliciten y que desempeñen actividades intelectuales, de manera que no se requiera obligatoriamente su presencia. Por su parte, los funcionarios deberán demostrar que tienen los medios tecnológicos y las herramientas seguras en su domicilio, además de asumir los costos por cargos de servicios públicos (energía, internet y agua, entre otros).
Las sumas que pagan periódicamente los padres de familia no constituyen elemento propio de la prestación del servicio educativo, recuerda el Ejecutivo.
El Ministerio de Educación dispuso que las entidades públicas del orden nacional y territorial con fondos en administración o convenios de alianzas establecidos con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) utilizarán los saldos y excedentes de liquidez en el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus, para el otorgamiento de una serie de ayudas a beneficiarios focalizados. Entre estos se encuentran, por ejemplo, el periodo de gracia en cuotas de créditos vigentes y solicitar la reducción transitoria de intereses al IPC, mientras dure la emergencia sanitaria. También se contempla la ampliación de plazos en los planes de amortización y el otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre del 2020. Finalmente, la normativa aclara que estos auxilios se mantendrán hasta agotar el monto de los recursos dispuestos para ello.
El Ministerio de Ambiente adicionó el Decreto 1076 del 2015, único reglamentario del sector, para señalar que mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus (covid-19) las autoridades ambientales competentes deberán priorizar y dar trámite inmediato a las solicitudes de concesiones de aguas superficiales y subterráneas presentadas por los municipios, distritos o personas prestadoras de servicio público domiciliario de acueducto, según corresponda. El Decreto 465 indica que dichas solicitudes deben estar destinadas a los sistemas de acueductos urbanos y rurales. Las que estén próximas a vencerse o que se venzan, mientras se mantenga la emergencia, se entenderán prorrogadas de manera automática y por el tiempo que dure la declaratoria, y a quienes se les haya vencido deberán solicitar la respectiva concesión. La norma también establece que los términos previstos para el trámite de las concesiones ser reducirán a una tercera parte. A los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto se les aplicará la tarifa mínima multiplicada por el coeficiente de uso respectivo.
El Ministerio del Interior, mediante Circular Externa 7933, del 21 de marzo, instó a los mandatarios locales a actuar de manera coordinada y adoptar y replicar en sus territorios las medidas de prevención, contención y mitigación desarrolladas por los equipos técnicos de las entidades del sector central. Así mismo, precisó que todo el aparato estatal debe enfocarse en adoptar medidas que conlleven a minimizar el pánico colectivo, ya que el desbordamiento del miedo masivo puede conducir a situaciones de caos y perturbación del orden público y el normal ejercicio de los derechos ciudadanos. En el texto se adjunta el explicativo desarrollado por la Policía Nacional, con el fin de informar a la ciudadanía y esclarecer dudas.
A través de la Circular Externa 21, del pasado 16 de marzo, el Ministerio del Interior emitió recomendaciones para que los concejos municipales y las asambleas departamentales puedan hacer uso de los instrumentos jurídicos existentes para socializar los planes de ordenamiento territorial, acudiendo a los medios electrónicos, tales como plataformas de las administraciones públicas, emisoras radiales, redes sociales y canales locales de televisión, con el fin de proteger la salud de los ciudadanos, concejales, diputados y demás servidores públicos que participen en el proceso, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada en todo el territorio nacional, declarada mediante Resolución 385 del 2020.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), con el fin de garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios a la ciudadanía, y de acuerdo con la directriz y lineamientos del Gobierno Nacional y la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, a través de la Resolución 911 del 2020, definió medidas regulatorias transitorias en beneficio de la población. Dentro de las órdenes que regirán desde el 18 de marzo está la suspensión temporal de los incrementos tarifarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, durante el periodo de emergencia sanitaria. Una vez finalizado este periodo, la prestadora podrá aplicar las variaciones acumuladas durante los siguientes seis meses. También se ordena que a los suscriptores residenciales que presenten corte del servicio, así como a los de conexión por fraude, se les provea el agua potable mediante medidas alternativas. También se incrementará la frecuencia de recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
Con el fin de atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento, bajo el marco del Decreto 417 del 2020, el Ministerio de Hacienda creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), como una cuenta sin personería jurídica de esta cartera. Según la norma, los recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización, del Fondo de Pensiones Territoriales y de los recursos asignados en el presupuesto general, entre otros, serán usados para atender necesidades adicionales de recursos que se generen por parte de las entidades que hacen parte presupuesto. De igual forma, el Decreto 444 indica que para efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a través de transferencia temporal de valores o depósitos a plazo; para proveer directamente financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional y proveer liquidez a la Nación, únicamente cuando los efectos de la emergencia se extiendan a las fuentes de liquidez ordinarias. Esta nueva norma también precisa que el Gobierno podrá invertir en instrumentos de capital y/o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas, incluyendo acciones con condiciones especiales de participación, dividendos y/o recompra. En el decreto adjunto encontrará todas las demás determinaciones sobre el tema.
A través del Decreto 461, el Gobierno nacional facultó a los gobernadores y alcaldes para que reorienten las rentas de destinación específica de sus entidades territoriales, con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 417 del 2020. En este sentido, precisa la normativa, para la reorientación de recursos no será necesaria la autorización de las asambleas departamentales o de los concejos municipales.
Los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión sonora, televisión y servicios postales, son servicios públicos esenciales. Por lo tanto, precisó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el Decreto 464, no se suspenderá su prestación durante el estado de emergencia. Así las cosas, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de redes requeridas para la operación. La norma establece reglas para los servicios de telecomunicaciones, en la modalidad prepago y pospago. En materia de comercio electrónico, dispone que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones podrán priorizar el acceso a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, páginas gubernamentales y del sector público, actividades laborales, educación y ejercicio de derechos fundamentales.
Por medio del Decreto 459, proferido el pasado 22 de marzo, se designó como ministro de Relaciones Exteriores ad hoc al ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo. Lo anterior para decidir y regular las medidas para enfrentar el coronavirus (covid-19) que generen impactos en el sector hotelero, agrícola (cañicultor y de frutas) y el farmacéutico, cosmético, agro veterinario, de dispositivos médicos, pañales y suplementos dietarios. También en relación con el proyecto de decreto que busca disponer medidas para atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata elDecreto 417 del 2020, preparado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Con el Decreto 439 del 2020, el Ejecutivo suspendió por el término de 30 días calendario, a partir de las 00:00 horas del lunes 23 de marzo de este año, el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano a pasajeros procedentes del exterior por vía aérea. Solo se permitirá desembarque para quienes vayan a hacer conexión en caso de emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, previa autorización de la Aeronáutica Civil y Migración Colombia, en el marco de sus competencias. Se exceptúan de la medida los tripulantes, personal técnico y directivo y acompañantes de empresas de carga de aérea, quienes deberán cumplir con el protocolo establecido por el Ministerio de Salud y la Aeronáutica Civil.
El Gobierno dio a conocer el Decreto 457, que ordena el aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes de Colombia, entre el 25 de marzo y hasta el 13 de abril del 2020.
El Gobierno, a través del Departamento Nacional de Planeación, expidió el Decreto 440, del 20 de marzo, y dictó medidas de urgencia en materia de contratación estatal, teniendo en cuenta la coyuntura que ha generado el coronavirus (covid-19). De acuerdo con la norma, las entidades públicas deberán implementar la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas a través de mecanismos electrónicos, lo que permitirá que los 232.000 contratistas del Estado y aproximadamente un millón de colombianos se beneficien con estos pagos. Así mismo, se decidió la continuidad de los procesos licitatorios para no paralizar la ejecución del gasto, la suspensión de términos en los procesos administrativos sancionatorios por presunto incumplimiento contractual y la posibilidad de reversar procesos licitatorios.
Las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto que cuenten con suscriptores residenciales en condición de suspensión y/o corte del servicio, con excepción de aquellos que fueron suspendidos por fraude a la conexión del servicio, realizarán, sin cobro de cargo alguno, la reinstalación o reconexión inmediata del servicio. En este sentido, aclara el Decreto 441, del 20 de marzo, los prestadores deberán asumir el costo de la reinstalación o reconexión, sin perjuicio de que puedan gestionar aportes de los entes territoriales. De otra parte, la disposición indica que los municipios y distritos deberán asegurar de manera efectiva el acceso al agua potable, mediante la prestación del servicio público de acueducto y/o esquemas diferenciales.
El Ministerio de Educación expidió la Circular 021, del 17 de marzo de 2020, dirigida a gobernadores, alcaldes y secretarios de educación, que contiene orientaciones a la planta de educadores y administrativos del sector y define el trabajo en casa para los docentes durante las semanas de desarrollo institucional, para la planeación pedagógica utilizada desde el 20 de abril, y ratifica la puesta en operación del banco de contenidos digitales "Aprender Digital: Contenidos para todos", a través de la plataforma Colombia Aprende. Todo lo anterior como medidas de prevención ante la propagación del coronavirus (covid-19). Así mismo, la entidad expidió la guía orientadora con algunas ideas sobre el cuidado y el autocuidado; cómo hacer del hogar un entorno seguro y protegido para las niños y adolescentes; la organización de este tiempo en casa y el acompañamiento a las actividades educativas en el hogar.
El Gobierno expidió el Decreto 420, con el cual establece instrucciones que deben ser tenidas en cuenta por los alcaldes y gobernadores en el ejercicio de sus funciones en materia de orden público, y dentro del marco de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus (covid-19). Igualmente, ordenó a los mandatarios regionales que prohíban el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, a partir de las 6:00 p. m. de hoy y hasta las 6:00 a. m. del día sábado 30 de mayo del 2020. Sin embargo, aclara que no queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes. También les pide prohibir las reuniones y aglomeraciones de más de 50 personas, por el mismo lapso de tiempo. Por otra parte, la norma indica que los alcaldes podrán ordenar el toque de queda de niños y adolescentes, a partir de la expedición de este decreto y hasta el 20 de abril del 2020.
“Vamos a garantizar los recursos que faciliten la provisión de servicios médicos, exámenes y liquidez para la red hospitalaria, buscando que el sistema de salud tenga el nivel de respuesta que se necesita para afrontar esta emergencia”, indicó el presidente Duque.
La dirección del orden público para controlar la propagación del coronavirus estará en cabeza del Presidente de la República, así lo enfatizó la ministra del Interior, Alicia Arango, al dar a conocer el Decreto 418.
Acudiendo al artículo 215 de la Constitución Política, el presidente Iván Duque anunció que declara el estado de emergencia. El Decreto 417 indica que solo podrá durar 30 días, prorrogables, pero no podrán exceder de 90 días en el año.
A través de la Resolución 001 del 2020, la Superfinanciera decidió suspender los términos procesales en la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, donde se incluyen las audiencias programadas, a partir de hoy 17 de marzo y hasta el 8 de abril del 2020, inclusive.
En atención a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno, la Superintendencia de Notariado y Registro adoptó medidas relacionadas con los turnos en las notarías y en las oficinas de registro de instrumentos públicos (ORIP).
La mayoría de las entidades del Estado han ido implementando diferentes planes para no afectar el servicio al público y brindar una forma segura de trabajar a sus funcionarios.
Este jueves, el presidente Iván Duque encabezó una reunión en el puesto de mando unificado (PMU) en la que se adoptaron rigurosas medidas para reforzar la fase de contención del coronavirus, la primera de ellas, y quizá la más fuerte, fue declarar la emergencia sanitaria. Al amparo de la declaratoria se ordenó: suspender el tránsito de cruceros por Colombia; eventos de más de 500 personas quedan cancelados; el Gobierno dará lineamientos a los hoteles para cumplir con aislamientos preventivos; en el sistema carcelario, por un periodo prudencial de 10 días, se suspenden visitas, hasta adoptar protocolos que permitan tener todas las medidas de salud; personas con síntomas no pueden hacer visitas y se suspenden las repatriaciones de privados de la libertad que venían a cumplir sus penas en el país. En las próximas horas se establecerán directrices para funcionarios públicos, de trabajo flexible, de trabajo virtual, para tomar una línea de liderazgo. Se invitará a las empresas a que adopten esos protocolos, conforme a los lineamientos de salud ocupacional y de salud en el lugar de trabajo. En los Centros Vida, donde están los adultos mayores del país, se va a adoptar el aislamiento preventivo, para tener una precaución adicional. Por otra parte, Duque anunció un paquete de medidas económicas para mitigar efectos en los sectores de turismo y aviación. En el archivo adjunto a esta nota puede consultar en detalle las medidas.
El Ministerio de Educación expidió la Circular 19, con orientaciones sobre la declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus (covid-19). Por otra parte, con la Circular 20 del 2020, dirigida a gobernadores, alcaldes y secretarios de educación, les recomendó adoptar las medidas correspondientes frente a la modificación de los calendarios académicos de educación preescolar, básica y media para el presente año como medida de prevención ante la propagación de la epidemia. Finalmente, con la Circular 23, definió manejo excepcional y temporal de trámites ante su Secretaría General.
Ante la presencia de la enfermedad coronavirus (covid-19), la Función Pública y los ministerios de Salud y del Trabajo expidieron instrucciones de intervención, respuesta y atención del virus, complementarias a las impartidas en la Circular 0017 del 2020 del Ministerio del Trabajo, aplicables principalmente a los ambientes laborales. En la norma se dan recomendaciones de estrategias para minimizar los efectos negativos en la salud de los servidores públicos, trabajadores y contratistas. Así mismo, les ordenó evaluar la adopción de medidas temporales: autorizar el teletrabajo; horarios flexibles, disminuir el número de reuniones, entre otras.
A través del Decreto 412, del 16 de marzo, el Ministerio del Interior decidió cerrar los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil, a partir de las 00:00 horas del 17 de marzo hasta el 30 de mayo del 2020. Así mismo, indicó que se debe continuar el cierre de los pasos terrestres y fluviales de frontera autorizados con Venezuela ordenado mediante Decreto 402 del 13 de marzo, hasta el 30 de mayo. La norma aclara que el tránsito aéreo no se verá afectado y que se exceptúan de su aplicación los tránsitos que deban realizarse por razones de caso fortuito o fuerza mayor y el transporte de carga.
El Ministerio de Salud publicó la Resolución 464, que estableció la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo para las personas mayores de 70 años, desde el 20 de marzo a las 7:00 a.m. hasta el 30 de mayo del 2020 a las 12:00 p.m. La norma explica que de manera excepcional podrán salir del lugar de residencia estas personas, únicamente para abastecerse de bienes de consumo y medicamentos; uso de servicios financieros; accesos a servicios de salud; por ejercicios de funciones públicas; servidores de elección popular y quienes realicen una actividad económica. La violación de dichas medidas dará lugar a las sanciones penales y pecuniarias previstas en el código Penal y 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 del 2016.
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado ya se encuentran aplicando el control automático de constitucionalidad y de legalidad a esta normativa.
Los juzgados de familia y demás que administran depósitos de cuotas alimentarias atenderán las autorizaciones de pago de estos títulos siguiendo varias reglas.
A través del Decreto 487, y atendiendo la emergencia por el coronavirus (covid-19), el Gobierno nacional decidió suspender, a partir de ayer 27 de marzo, y por un término de 30 días calendario, los términos del trámite de extradición previsto en las leyes 600 del 2000 y 906 del 2004 y demás normas del ordenamiento jurídico. Se debe tener en cuenta que la suspensión no cobijará los términos establecidos en el artículo 484 de la Ley 906, ni la facultad para cancelar las órdenes de captura y decretar libertades cuando estas se generen.
La Corte Constitucional, en su Sala Plena virtual y de manera unánime, ordenó medidas cautelares para proteger a las personas que se encuentran en los centros de detención transitoria del país, dispuso el diseño y adopción de protocolos de atención en salud, con especial énfasis en las personas que tienen mayor riesgo de contagio del coronavirus (covid-19), previendo medidas especiales para quienes tengan sospecha de contagio. Determinó que era necesaria la identificación de la población en estos centros y a partir de allí fijar las medidas claras, precisas y específicas para contrarrestar la pandemia. Así mismo, estableció que en un término no mayor de ocho días debe garantizarse a las personas privadas de la libertad en los centros de detención preventiva el acceso a los servicios sanitarios, productos de aseo, alimentación diaria, así como agua potable permanente, bien a través del acueducto o de cualquier mecanismo que asegure su suministro, con el fin de protegerlos frente a este virus. Y enfatizó que estas medidas serán extensivas para todo el país. Como medida provisional, se ordenó a la USPEC y al Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad que, en el término dispuesto, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y bajo los lineamientos y apoyo del Ministerio de Salud y de cada una de las secretarías de salud de cada municipio o distrito respectivo, diseñen y adopten un protocolo de atención en salud en los centros de detención transitoria.
A pesar de la suspensión de términos en los procesos adelantados por la jurisdicción contencioso administrativa, el Consejo de Estado y los tribunales administrativos del país conocerán de los decretos de su competencia que dicten los gobiernos locales y Nacional en el marco del estado de emergencia decretado. Esto gracias al acuerdo por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura exceptuó de la medida de suspensión de términos al ejercicio de control automático de legalidad de los actos administrativos que dicten las autoridades. Lo anterior implica que la legalidad de estas normas nacionales podrá ser estudiada por el Consejo de Estado. A su vez, los tribunales administrativos de los distintos distritos judiciales del país podrán adelantar el juicio respectivo a los decretos que dicten las autoridades locales.
En el alto tribunal constitucional se asignaron ponentes de 14 decretos, todos relacionados con la emergencia producida por la pandemia de coronavirus (covid-19).
El pasado 22 de marzo, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso suspender los términos de las siguientes actuaciones administrativas que adelantan la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las direcciones seccionales, así: i) procesos administrativos de cobro coactivo, ii) procesos disciplinarios, iii) reclamaciones de depósitos judiciales y iv) procesos administrativos de reclamaciones salariales y prestacionales. Esta suspensión de términos administrativos rige desde el 24 de marzo y hasta el 12 de abril del 2020.
Por medio del Acuerdo PCSJA20-11527, y teniendo en cuenta que le corresponde a la Corte Constitucional realizar el control sobre las normas expedidas por el Presidente de la República, es necesario exceptuar estas actuaciones de la suspensión de términos que estableció transitoriamente el Consejo Superior de la Judicatura. Por ello, esta ultima corporación dispuso exceptuar de la detención de términos, adoptada en los Acuerdos PCSJA20-11517 y PCSJA20-11521 del 2020, las actuaciones que adelante el alto tribunal Constitucional con ocasión de la expedición de decretos expedidos por el presidente en ejercicio de las funciones del artículo 215 de la Carta Política.
La Corte Constitucional, en reciente auto, solicitó a la Presidencia de la República allegar las comunicaciones dirigidas a los organismos internacionales de la OEA y la ONU (secretarios generales) sobre la notificación de la declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica o de grave calamidad pública por la pandemia del coronavirus (covid-19), atendiendo lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 137 de 1991. En el documento adjunto encuentre las demás pruebas que fueron solicitadas por la Corte. Por último, se dispone de cinco días para que cualquier ciudadano envíe su intervención escrita sobre la constitucionalidad a la norma al correo despachoreyes@corteconstitucional.gov.co.
El Consejo Superior de la Judicatura dispuso prorrogar la medida de suspensión de términos judiciales en el territorio nacional adoptada mediante el Acuerdo PCSJA20-11521 y adoptar otras medidas por motivos de salubridad pública. En tal sentido, prorrogó la suspensión desde el 4 de abril hasta el 12 de abril de 2020 e indicó como excepciones: i) se dará prelación en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad, su recepción se hará mediante correo electrónico dispuesto para el efecto y para su trámite y comunicaciones se hará uso de las cuentas de correo electrónico y herramientas tecnológicas de apoyo. ii) En relación a la función de control de garantías, se atenderán asuntos como audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitudes de medidas de aseguramiento de detención; prórroga, sustitución y revocatoria de medida de aseguramiento cuya solicitud sea con persona privada de la libertad, siempre que las audiencias se puedan adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual; libertad por vencimiento de términos, siempre que las audiencias se puedan adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual, y control de legalidad posterior, siempre que las audiencias se puedan adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual. A partir de la fecha de publicación (22 de marzo) y hasta el 3 de abril del 2020, se exonera del reparto de acciones de tutela a los juzgados penales municipales con función de control de garantías y de ejecución de penas y medidas de seguridad en el país.
En relación con el Decreto 457 del 2020 , en el que se imparten instrucciones para la emergencia sanitaria generada por el coronavirus (covid-19) y el mantenimiento del orden público, desde el 25 de marzo y hasta del 13 de abril, según reciente circular del Consejo Superior, los servidores judiciales que atendiendo estrictamente las funciones que deban cumplir durante este periodo, es decir, que no se encuentren en suspensión de términos, y que tengan la necesidad de desplazarse se encuentran habilitados para su circulación. Y es que según dicho decreto se permite esta circulación para las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa de esta pandemia, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.
Para garantizar la salud de los servidores y los usuarios del servicio de administración de Justicia, como medida de prevención contra el coronavirus (covid-19) y debido al alto número de usuarios y servidores que ingresan a las sedes judiciales, el Consejo Superior de la Judicatura suspende los términos de la revisión eventual de tutelas en la Corte Constitucional del 17 al 20 de marzo del 2020. Los despachos judiciales no remitirán los expedientes de acciones de tutela a la Corte Constitucional hasta tanto se levanten las medidas adoptadas, concluyó el acuerdo.
El Consejo Superior de la Judicatura, a través de reciente circular, decidió ampliar el plazo de reporte de información y de indicadores del primer trimestre del 2020 en el aplicativo SIERJU, hasta el día 30 de abril del 2020; así mismo, se amplió el plazo para realizar los ajustes y novedades hasta el 15 de mayo del 2020.
Por medio del Acuerdo PCSJA20-11518, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso mantener las medidas de suspensión de términos procesales en los juzgados, tribunales y altas cortes entre el 16 y el 20 de marzo, exceptuando las acciones de tutela y los habeas corpus. Frente a las audiencias programadas en los juzgados de conocimiento con persona privada de la libertad indicó que se realizarán solo si se pueden llevar a cabo por medios virtuales. Así mismo, en relación con los juzgados de control de garantías, se realizarán las diligencias con persona privada de la libertad. En relación al trabajo en casa ordenó mantener la decisión que los funcionarios y empleados judiciales trabajen desde allí. Para ello, el magistrado, juez o jefe de dependencia definirá, en relación con su equipo de trabajo, las actividades que cumplirá cada uno de los servidores mientras dura esta medida y controlará su cumplimiento. Este acuerdo también fijó los turnos que deben cumplir los juzgados con función de control de garantías.
Con el fin de atender las medidas especiales dictadas por el Consejo Superior de la Judicatura para proteger a los servidores judiciales y a los usuarios de la justicia del contagio de coronavirus (covid-19), es necesario que, en cada una de sus jurisdicciones, los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura hagan seguimiento al cumplimiento de los mencionados acuerdos. En especial la suspensión de términos, sus excepciones y la implementación del trabajo desde casa, el cual constituye el eje de las medidas de prevención ordenadas por el Consejo Superior. En el evento de encontrar incumplimiento de las medidas deben realizarse los reportes, de forma inmediata, con el propósito de evaluar las acciones conducentes.
En el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 417 del 2020, para atender la emergencia sanitaria producida por el coronavirus (covid-19), el Gobierno Nacional (Ministerio de Justicia y del Derecho) ordenó, mediante Decreto 469 que la Sala Plena de la Corte Constitucional podrá levantar la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
El Presidente del Consejo de Estado expidió una circular con el fin de facilitar el cumplimiento de la función de conocer del control automático de legalidad frente a los actos administrativos proferidos por las autoridades nacionales durante el estado de emergencia declarado por el Gobierno, en los términos de los artículos 111.8 y 136 de la Ley 1437 del 2011. Entonces, los actos administrativos que expidan tales autoridades deberán ser enviados a la corporación judicial dentro de las 48 horas siguientes a su expedición al siguiente correo electrónico secgeneral@consejodeestado.ramajudical.gov.co.
Como otra de las medidas para limitar las posibilidades de propagación del coronavirus (covid-19), el Gobierno expidió el Decreto 460 del 2020. Esta norma pretende proteger a los más vulnerables que acuden a las comisarías de familia y a quienes se les debe asegurar el goce de sus derechos. Por ello, a partir de ahora, y de acuerdo con el decreto, el Ejecutivo dispone que las comisarías de familia deberán: prestar el servicio de manera ininterrumpida, para lo cual los alcaldes distritales y municipales deberán disponer de manera inmediata medios telefónicos y virtuales, con el fin que estos despachos brinden orientación sicosocial, asesoría jurídica y realicen audiencias, notificaciones y citaciones; realizar de forma virtual las audiencias de conciliación extrajudicial en derecho en asuntos de custodia, visitas y alimentos de niños, adolescentes y adultos mayores, salvo que las partes carezcan de acceso a la tecnología que así lo permita; prestar las funciones de policía judicial con apoyo de la Fiscalía General, que dispondrá de canales de articulación y orientación permanente para lograrlo; realizar campaña de prevención de la violencia intrafamiliar; adoptar medidas para que en la comisaría se permita el ingreso únicamente a la persona usuaria de los servicios y garantizar las condiciones de higiene óptimas. Más detalles los encontrará en la norma adjunta.
El país entero está tomando medidas para contener el coronavirus o covid-19; para el caso de la Rama Judicial, se suspendieron términos judiciales durante esta semana, con la posibilidad de su ampliación si la emergencia sanitaria continúa.
Para afrontar la amenaza del coronavirus o covid-19 en el país, el Consejo Superior de la Judicatura acaba de suspender términos por cinco días, del 16 al 20 de marzo, excepto en despachos de control de garantías y despachos penales de conocimiento que tengan programadas audiencias con personas privadas de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente.
El Consejo Superior de la Judicatura expidió una circular en la que informa al público las medidas que se adelantarán para la prevención del riesgo de contagio del coronavirus. Las más relevantes son la dotación de elementos protectores a funcionarios encargados de atender al público; poner a disposición del público surtidores de antibacterial para la limpieza de manos antes de realizar trámites; la desactivación de los lectores biométricos; la restricción de ingreso a personas con afecciones respiratorias o fiebre; la limitación de acceso de acompañantes; la organización de turnos laborales para evitar el uso del sistema de transporte masivo en horas de mayor congestión e incluso la autorización del trabajo domiciliario. De esta manera, se pretende priorizar el uso de herramientas tecnológicas para evitar desplazamientos y reuniones presenciales.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado adoptó medidas para contribuir a la contención del covid-19. De esta manera, estableció una modificación de la jornada laboral, la suspensión de audiencias programadas y la posibilidad de realizar home office a través de la asignación de trabajo por medios tecnológicos y excepcionalmente a través de medios físicos. Sin embargo, la Sección aclaró que estas precauciones no deberán tener afectaciones en el cumplimiento de las metas y, entonces, los funcionarios deberán asumir su trabajo con responsabilidad y disciplina, así como mantener una constante comunicación.
En más de 5.000 despachos judiciales se implementaron medidas para proteger a funcionarios, abogados y usuarios, explicó Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.
La emergencia sanitaria producida por el coronavirus (covid-19) ha cambiado la atención en la Rama Judicial y los términos en las altas cortes se encuentran suspendidos hasta el próximo 3 de abril. Ante este hecho inédito, presentamos las distintas modalidades virtuales que han informado estas corporaciones para garantizar la prestación de algunos servicios.
En un hecho inédito, causado por la epidemia de coronavirus que amenaza la salud pública nacional, mediante el acuerdo 1420 de hoy, 19 de marzo, la Corte Suprema de Justicia decretó el cierre de todas sus instalaciones, hasta el próximo 3 de abril.
Con el Decreto 500, el Ejecutivo decidió incluir a las administradoras de riesgos laborales (ARL) de naturaleza pública en la orden para que destinen recursos de las cotizaciones en riesgos laborales para que se adelanten acciones promoción y prevención tales como la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico y acciones de intervención directa relacionadas con la contención, mitigación y atención del nuevo covid-19, enfocadas en personal directamente expuesto al contagio. Entonces, el 2 % para actividades de emergencia e intervención y para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes carácter preventivo y diagnóstico y acciones intervención directa relacionadas con la contención y atención del virus destinados a los trabajadores de sus empresas afiliadas, dirigidas a quienes estén directamente expuestos al contagio del virus, tales como los de la salud tanto asistenciales como administrativos y de apoyo, al igual que los trabajadores de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud; trabajadores de transporte aéreo, marítimo o terrestre; control fronterizo, cuerpo de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.
El Ministerio del Trabajo estableció lineamientos de capacitación, prevención y elementos de protección para el personal de servicios de domicilios. La circular va dirigida a entidades administradoras de riesgos laborales (ARL), empleadores, contratantes, plataformas digitales, trabajadores dependientes, trabajadores independientes, contratistas y personas que prestan el servicio de domicilios y entrega de bienes o mercancías. Las entidades, empresas, personas jurídicas y naturales que utilicen plataformas digitales o cualquier medio para realizar o interactuar con el servicio de domicilios deberán establecer e informar los mecanismos y forma adecuadas de entregar el producto en el domicilio a clientes, personas y empresas que solicitan el servicio, implementando modelos de “entrega sin contacto”, como dejar los artículos comprados en contenedores, empaques, recepción o sitio determinado para que los clientes los retiren personalmente y no exista contacto con la persona que presta el servicio de domicilio, reduciendo así el riesgo de contagio. De igual forma, quienes realicen el servicio deberán mantener una distancia mínima de dos metros en las filas donde entregan, pagan o reciben los bienes objeto del domicilio y, de igual forma, deberán reducir o eliminar las interacciones sociales innecesarias, en el marco de las medidas sanitarias indispensables para prevenir el contagio del virus.
El Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 488, con el cual permitirá a los empleados que no están recibiendo ingresos (por suspensión del contrato o licencia no remunerada), debido a la contingencia que enfrenta el país por el coronavirus (covid-19), retirar sus cesantías como medida de mitigación. “Se podrá retirar cada mes de su cuenta el monto que le permita compensar dicha reducción, con el fin de mantener su ingreso constante”. Esta disposición aplica únicamente para retiros de los fondos privados. En ese mismo sentido, el decreto establece que, durante la emergencia, el empleador podrá dar a conocer al trabajador, con al menos un día de anticipación, la fecha a partir de la cual le concederá vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas. Así mismo, el trabajador podrá solicitar, en el mismo plazo, que se le conceda el disfrute de vacaciones. También se permite que a los dependientes o independientes de las categorías A y B, cesantes, que hayan realizado aportes a una caja de compensación familiar, puedan obtener recursos por hasta $ 1.800.000. Las ARL destinarán recursos de las cotizaciones en riesgos laborales, para realizar actividades de promoción y prevención y de emergencia e intervención, dirigidas a los trabajadores que estén directamente expuestos al contagio del virus. Finalmente, se suspende durante la presente emergencia la renovación del certificado de supervivencia de los connacionales fuera del país, ante el Sistema General de Seguridad Social.
El Ministerio del Trabajo respondió una pregunta sobre la posibilidad de suspender los contratos de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, en relación con el contagio por coronavirus (covid-19). La entidad precisó que las contingencias de salud son diferentes a las situaciones que se originan en eventos de fuerza mayor o caso fortuito como causales para que proceda la suspensión del contrato de trabajo, de acuerdo con el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo (CST). Para efectos de dar aplicación de la fuerza mayor o caso fortuito, el fundamento jurídico debe ser legítimo. La sola disposición administrativa de cierre de empresa o suspensión de actividades preventiva no lo sería para la aplicación del artículo 466 del CST, sobre empresas que no son de servicios públicos y clausura de labores. Cabe agregar que esta cartera emitió la Circular 22, del pasado 19 de marzo, sobre fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de empleadores durante la emergencia sanitaria, en la que advirtió que no se ha emitido autorización alguna de despido colectivo de trabajadores ni de suspensión de contratos laborales. Adicionalmente, indica que la configuración o no de una fuerza mayor corresponde de manera funcional al juez de la República, quien determinará o no su existencia.
El Ministerio del Trabajo socializó la Circular 021, que contempla medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención del covid-19 y de la declaración de emergencia sanitaria en el país. Para tal efecto, el documento recoge el ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral, en el que expone alternativas como: el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada laboral flexible, las vacaciones anuales, anticipadas y colectivas y los permisos remunerados. Al tratarse de una situación ocasional, temporal y excepcional, es posible que el empleador autorice el trabajo en casa, en cualquier sector de la economía, modalidad diferente al teletrabajo, que no exige los requisitos que establece para este fin. El teletrabajo es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. De igual manera, se debe tener en cuenta que el salario del teletrabajador no podrá ser inferior al que se pague por la misma labor, en la misma localidad y por igual rendimiento al trabajador que preste sus servicios en el centro de trabajo. En cuanto a las vacaciones anuales, anticipadas y colectivas, se aclara que el trabajador tiene derecho a un descanso remunerado por haber prestado sus servicios durante un año, consistente en 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas, de conformidad con lo señalado en el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo.
A través de la Directiva Presidencial 02, del 12 de marzo del 2020, el presidente Iván Duque impartió instrucciones a los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial para que adopten medidas orientadas a atender la contingencia generada por el covid-19, a partir del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). En cuanto al trabajo en casa por medio del uso de TIC, el jefe de Estado indicó que estas entidades “deberán revisar las condiciones particulares de salud de los servidores públicos, así como las funciones y actividades que desarrollan, con el fin de adoptar mecanismos que permitan su cumplimiento desde la casa”. Agrega que para ello se podrá acudir a las nuevas tecnologías, “sin que esto constituya la modalidad de teletrabajo”. Respecto al uso de herramientas colaborativas, en la directiva, el mandatario solicita adoptar las siguientes medidas: minimizar las reuniones presenciales de grupo. Cuando sea necesario realizarlas, propender por reuniones virtuales mediante el uso de las TIC; acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales, para realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier tipo de evento masivo y adoptar las acciones que sean necesarias para que los trámites que realicen los ciudadanos den prioridad a los medios digitales.
La Circular 0018 del 2020, firmada por los ministros del Trabajo y de Salud, y por el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, indica que las entidades del sector público y privado, de acuerdo con las funciones que cumplen y la naturaleza de la actividad productiva que desarrollen, deben diseñar medidas específicas, redoblar los esfuerzos en esta nueva fase de contención del virus y tomar las siguientes acciones:
Ante la eventual llegada a Colombia de casos de enfermedad por el covid-19 (antes denominado coronavirus), y conforme a las instrucciones del Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo presentó los lineamientos mínimos a implementar en materia de prevención para la preparación, respuesta y atención que se debe aplicar de manera obligatoria en los ambientes laborales y demás actividades económicamente productivas.
La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 12169, del 31 de marzo, suspendió los términos de sus actuaciones administrativas sancionatorias o disciplinarias en curso, desde el 1 de abril y hasta la vigencia del estado de emergencia sanitaria, lapso durante el cual no correrán los términos legales, incluidos los de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración prevista de manera general en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las normas especiales aplicables a las actuaciones de la entidad. Así mismo, dispone la norma, quedará suspendido el trámite de control previo de integraciones previsto en la Ley 1340 del 2009. No obstante, la disposición exceptúa, entre otras, las actuaciones que, en el marco del estado de emergencia, se relacionen con la efectividad de derechos fundamentales, especialmente aquellos referidos con la garantía del habeas data, medidas cautelares, inicio de actuaciones en materia de protección al consumidor, reglamentos técnicos y metrología legal, así como la adopción de medidas cautelares y el inicio de actuaciones en materia de prácticas restrictivas de la competencia, relacionadas con la afectación de bienes y servicios en el marco de la emergencia y con el fin de conjurar la crisis.
La superintendencia ha recibido numerosas solicitudes sobre la posibilidad de acceder a algún tipo de alivio económico.
Con el fin de favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica, los medicamentos y dispositivos médicos, el Gobierno expidió el Decreto 507 para evitar la especulación de precios y prevenir conductas de acaparamiento durante el tiempo de emergencia económica. Con esta reglamentación, que tendrá vigencia mientras perduren las causas que motivaron la declaratoria, los ministerios de Salud, Comercio y Agricultura fijarán un listado de productos que serán sujetos de seguimiento por parte del Dane. Los agentes y actores de las cadenas de producción, distribución y comercialización de los productos deberán suministrar los datos de precios al departamento de estadística y esta realizar un reporte semanal para la Superintendencia de Industria y Comercio. En caso de hallazgos o diferencias relevantes, la SIC los reportará a los ministerios de Agricultura y de Comercio y a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, quienes evaluarán la pertinencia de medidas regulatorias adicionales de control de precios, contempladas en los artículos 60 y 61 de la Ley 81 de 1988. Por último, la norma también apoya la función de inspección, vigilancia y control de gobernadores y alcaldes, para que envíen un reporte a la SIC sobre las posibles variaciones atípicas de precios.
Con miras a atenuar los efectos del covid-19, el Decreto 434 del 2020 amplió, hasta el 3 de julio del 2020, el plazo para efectuar actividades similares a la actualización de la información del registro nacional de bases de datos (RNBD) tales como renovación de la matrícula mercantil, el Runeol y demás registros que integran el registro único empresarial y social (RUES). Por lo tanto, y en atención a que la obtención de datos para actualizar la información registrada en el RNBD implica, en algunos casos, el desplazamiento de personas a las sedes de sus empresas o entidades, la Superintendencia de Industria y Comercio considera necesario evitar que las personas circulen en el territorio nacional para dicho propósito. En virtud de lo anterior, la superintendencia decidió que extiende hasta el próximo 3 de julio del 2020 el plazo para actualizar la información registrada en el RNBD, ya que dicho término venció ayer. Según lo reglamentado en el Decreto 090 del 2018 y las normas expedidas por la Superindustria, a partir de este año, los responsables del tratamiento de datos personales tienen que actualizar anualmente la información registrada entre el 2 de enero y el 31 de marzo, sin perjuicio de que esta se haga dentro de los 10 días hábiles de cada mes cuando se realicen cambios sustanciales a la información registrada.
La medida se dirige a verificar conductas como el acaparamiento, las ventas atadas y la publicidad e información engañosa.
La Superintendencia de Sociedades, mediante Resolución 1101, de hoy 31 de marzo, adoptó medidas para garantizar la atención y la prestación de sus servicios en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país. De acuerdo con la norma, se ordena reanudar los términos de los procesos jurisdiccionales y las actuaciones administrativas que se adelantan ante las sedes de Bogotá y las intendencias regionales, a partir del 1 de abril del 2020. Frente a las actuaciones disciplinarias que actualmente se adelantan en primera y segunda instancia, los términos se mantendrán suspendidos hasta el 13 de abril, teniendo en cuenta que no hay aún acceso virtual o remoto a los documentos que conforman el expediente. Adicionalmente, la norma dispone que las audiencias, diligencias y todas las demás actuaciones relativas a los procesos jurisdiccionales que se tramitan ante la Delegatura para Procedimientos Mercantiles y la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia se realizarán a través de medios virtuales y tecnológicos, siempre que se cuente con las herramientas para ello.
Con miras a atenuar los efectos del covid-19, el Decreto 434 del 2020 amplió, hasta el 3 de julio del 2020, el plazo para efectuar actividades similares a la actualización de la información del registro nacional de bases de datos (RNBD) tales como renovación de la matrícula mercantil, el Runeol y demás registros que integran el registro único empresarial y social (RUES)..
El huellero es una de esas herramientas en dónde muchas personas colocan sus huellas dactilares y, por ende, se presenta una situación de contacto indirecto que podría facilitar el contagio del covid-19, razón por la cual es necesario impedir que se sigan utilizando ese tipo de mecanismos o procedimientos en tanto dure el estado de emergencia. Por lo tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió una circular para tomar medidas al respecto. Entonces, ordenó a todos los responsables y encargados de naturaleza pública o privada abstenerse de recolectar o tratar datos biométricos utilizando huelleros físicos, electrónicos o cualquier otro mecanismo que permita el contagio del coronavirus a través de contacto indirecto. Esto no aplica para el caso de los sistemas de identificación biométrica en los que el dispositivo es de uso personal e individual.
Con el fin de contener la propagación del coronavirus (covid-19), y atendiendo las recomendaciones del Gobierno, la Superintendencia de Sociedades amplió la suspensión de términos para los procesos jurisdiccionales que se adelantan en la entidad, en materia de procedimientos mercantiles y de insolvencia, efectiva desde hoy 25 hasta el 31 de marzo. La medida se hará efectiva para los procesos jurisdiccionales que se adelantan en las sedes de Bogotá y las intendencias regionales ubicadas en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales y Medellín, por lo que no habrá atención al público en el grupo de apoyo judicial en ninguna de las sedes. La entidad señaló que al término de este plazo se expedirán las decisiones sobre la continuidad de la medida. Cabe recordar que la superintendencia también había determinado la semana anterior la suspensión de términos en las actuaciones administrativas y disciplinarias que se adelanten en la entidad, entre el 18 de marzo y el 8 de abril del 2020. Dicha suspensión no aplica para las actuaciones en materia de contratación estatal. La Supersociedades recuerda a los usuarios sus canales de atención virtuales, que pueden ser usados durante esta temporada, con el fin de evitar los desplazamientos hasta sus sedes.
La Superintendencia de Sociedades explica el alcance del plazo previsto para la reunión ordinaria del máximo órgano social.
Para mantener la prestación de los servicios de comunicaciones en beneficio de los ciudadanos, la CRC estableció una mesa virtual de trabajo permanente con la industria para monitorear la adecuada prestación del servicio e identificar posibles soluciones a las situaciones que se presenten. Hasta la fecha, se han implementado las siguientes medidas: asignación de la numeración 192, línea habilitada desde el lunes 16 de marzo para que el Ministerio de Salud brinde orientación sobre las medidas de prevención y las acciones a seguir. Resolución CRC 5941, la cual i) suspendió, hasta el 31 de mayo, la obligación de disponer de las oficinas físicas como medio de atención al usuario de los operadores; (ii) modificó los horarios de atención de las líneas telefónicas y (iii) suspendió el bloqueo de los equipos móviles con IMEI sin formato, inválidos, no homologados, duplicados o no registrados en la BDA positiva, con el fin de garantizar la comunicación de todos los usuarios durante el tiempo de crisis. Por otra parte, la comisión autorizó la divulgación prioritaria de espacios institucionales de televisión, con información de interés público sobre las medidas de protección para la prevención del virus.
El Gobierno nacional, en el marco de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, y ante la alta demanda que se registra, restringió las exportaciones de 24 productos que son necesarios para prevenir y contener el contagio de coronavirus (covid-19) entre la población colombiana. Alcohol, jabón, papel higiénico, guantes de uso médico o de atención, medicamentos para uso humano, desinfectantes, paños y toallas húmedas, gel antibacterial, tapabocas de varios tipos y equipos médicos de varios tipos son algunos de los bienes que no se podrán exportar durante los próximos seis meses, según lo establece el Decreto 462, del 22 de marzo del 2020. Vale la pena decir que la decisión se adopta ante la alta demanda de esta clase de bienes, indispensables en estos momentos de coyuntura sanitaria, y con apego a la Constitución Política, la cual, agrega la normativa, garantiza la propiedad privada y derechos adquiridos, pero también establece que el interés público prima sobre el particular, por motivos de interés social o de utilidad pública.
Con el fin de garantizar la debida protección de la salud de todos los colombianos, y prevenir la propagación del coronavirus (covid-19), los ministros de Salud y Comercio, mediante la Resolución 453 del 2020, adoptaron medidas de control sanitario y clausuraron temporalmente establecimientos relacionados con el ocio y la diversión; de baile; de azar y entretenimiento y suspendieron los trabajos o servicios de actividades similares que impliquen la reunión de personas. La medida, que estará vigente hasta el próximo 15 de abril, obliga a cerrar discotecas, tabernas, bares, cervecerías y similares, así como casinos, bingos y similares. El ministro José Manuel Restrepo indicó que “son espacios donde el contacto entre las personas es mayor y por lo tanto son lugares que favorecen la propagación del virus covid-19, por eso es necesario clausurarlos temporalmente”. Sin embargo, explicó, aunque permanecerán cerrados al público podrán continuar ofreciendo los servicios de venta de comida y bebidas, a través del comercio electrónico, entrega a domicilio y/o recogiendo en puerta para llevar.
Por medio del Decreto 398, del 13 de marzo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamentó parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas de las personas jurídicas.
Ante la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Gobierno y la adopción de rigurosas medidas para reforzar la fase de contención del coronavirus o covid-19, y teniendo en cuenta que una de ellas fue prohibir eventos de más de 500 personas, surge la duda de si es prudente o no la realización asambleas generales de copropietarios o asambleas ordinarias de accionistas o juntas de socios.
A través de la Directiva transitoria 0009, el Inpec impartió instrucciones y asignó responsabilidades para atender las órdenes judiciales de detención, prisión domiciliaria o vigilancia electrónica ante la declaratoria de emergencia por el covid-19. Para agilizar tiempos de respuestas a las órdenes judiciales de dichas medidas, por ejemplo, deja sin efecto tres manuales de gestión del sistema relacionados con el tema. Además, la norma entregó misiones particulares a algunas dependencias, en el caso de la Oficina Jurídica le pide permitir la exclusión excepcional del registro biométrico cuando sea informado de posibles casos de contagio. A la Oficina de Comunicaciones le solicita divulgar a través de los canales de comunicación institucional, previa aprobación de la Dirección General, las acciones tomadas por el Instituto para minimizar tiempos de respuesta a las órdenes judiciales.
Mediante una resolución, el Ministerio de Justicia y el Inpec declararon el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria, medida dispuesta en el artículo 92 de la Ley 1709 del 2014, que modificó el artículo 168 de la Ley 65 de 1993, en todos los establecimientos de reclusión del orden nacional. La norma señala que el director del Inpec adoptará las medidas que se requieran en desarrollo del estado de emergencia. Igualmente, agrega que en el evento en que las causas que motivaron la declaratoria persistan al cabo de un año se prorrogará, previo informe al consejo directivo del instituto. Es oportuno aclarar que la medida se tomó tras los motines presentados en 13 cárceles del país en la noche del sábado. El Ejecutivo ha sido enfático en indicar que la decisión permite adoptar acciones por el coronavirus (covid-19), pero no excarcelaciones.
El Ministerio de Justicia, en conjunto con el Inpec, la Uspec y Fiduprevisora, ha establecido una serie de acciones que buscan proteger del contagio con covid-19 a la población privada de la libertad, así como al personal de guardia y administrativo que labora en centros penitenciarios. En las próximas horas, los profesionales de la salud implementarán el protocolo requerido para verificar las condiciones de salud de quienes ingresen a los centros penitenciarios; se instruye al Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad para que adquiera y suministre elementos de aseo como gel antibacterial y jabón, para el adecuado lavado y limpieza de manos; garantizar la disponibilidad de medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios y antihistamínicos en todos los establecimientos, y su entrega será constante; se debe iniciar el proceso de limpieza y desinfección de los establecimientos de manera periódica; dentro de los centros de reclusión se iniciarán jornadas de búsqueda activa para identificar aquellas personas con riesgos potenciales; se adelantarán campañas pedagógicas para la población privada de la libertad y se distribuirán volantes informativos para el autocuidado, entre otras. Igualmente, solicitó la solidaridad de los familiares de los internos para que utilicen medios virtuales y tecnológicos y limiten sus visitas. “De ahí la restricción de las visitas durante 10 días, tal como lo anunció el presidente Iván Duque Márquez”, indicó la ministra de Justicia, Margarita Cabello.
Ante la emergencia sanitaria suscitada por el covid-19 (coronavirus), el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que dispuso de un fiscal especializado que coordinará las investigaciones relacionadas con el posible incumplimiento y desatención de todas las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional y las autoridades de salud.
Además, el Director del DNP indicó que esta semana se espera poner en funcionamiento la primera etapa del programa Ingreso Solidario, el cual beneficiará a cerca de 3 millones de hogares que no están recibiendo ningún beneficio del Estado.
El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, afirmó que un millón de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad recibirán desde hoy una transferencia monetaria bimestral de $ 75.000, para mitigar el impacto económico y humanitario causado por la emergencia de la pandemia del coronavirus (covid-19). Agregó que estos recursos provienen de los valores que las familias vulnerables en Colombia pagaban al adquirir artículos y prendas de vestir. “Usando Colombia Mayor y usando Familias en Acción, los canales que ya sabemos usar y que el Estado ha diseñado, les vamos a devolver esos $ 75.000, cada dos meses, a un millón de hogares”, dijo. La primera devolución del IVA se hará entre hoy y los primeros días de abril, y de ahí en adelante cada dos meses: junio, agosto, octubre y diciembre. Se estima que este año la devolución costará cerca de medio billón de pesos. Igualmente, el DNP creo un sitio web donde explica en qué consiste el beneficio y además las personas pueden consultar si son beneficiarios del mismo: http://devolucioniva.dnp.gov.co/#. El funcionario recordó que esta semana se espera poner en funcionamiento la primera etapa del programa Ingreso Solidario, el cual beneficiará a cerca de 3 millones de hogares que no están recibiendo ningún beneficio del Estado. Para ello, el Gobierno Nacional creó una base de datos con el Sisbén, con el Pila, telecomunicaciones y sistema financiero. “Esas familias, que quedaron más expuestas al choque que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, efectivamente van a poder recibir $160.000 a partir del final de esta semana”, puntualizó el Director del DNP.
La Dian indicó que la suspensión de términos anunciada por la entidad hace referencia a los procedimientos administrativos, tributarios, aduaneros y cambiarios. En consecuencia, agregó la entidad, esto no aplica para las fechas determinadas en el calendario tributario, las cuales solo pueden ser modificadas a través de decretos. Es oportuno mencionar que, entre el 19 de marzo y el 3 de abril del 2020, la autoridad tributaria suspendió los términos en los procesos y actuaciones administrativas; como consecuencia, durante este lapso no habrá atención de público en las dependencias de las direcciones seccionales de impuestos, de aduanas y de impuestos y aduanas, delegadas y del nivel central.
Teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar espectáculos públicos y la consecuente afectación económica de la población dedicada a estas actividades, en el marco de la emergencia sanitaria originada en el coronavirus (covid-19), el Ministerio de Cultura, a través del Decreto 475, del pasado 25 de marzo, adicionó un parágrafo transitorio al artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, sobre destinatarios de la estampilla procultura. Así, la norma dispone que los gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales deberán realizar la apropiación y el giro de los recursos correspondientes a la seguridad social de los creadores y gestores culturales a más tardar el 30 de abril del 2020. De otra parte, la disposición estableció la destinación transitoria de los recursos de la contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes escénicas, hasta el 30 de septiembre del 2021, para apoyar al sector.
Teniendo en cuenta las solicitudes enviadas por los obligados a presentar la información exógena ante la Dian, la entidad indicó que es necesario establecer nuevas fechas de vencimiento para poder cumplir con la presentación de la información tributaria y cambiaria. Los grandes contribuyentes tendrán plazo para presentar la información según el último dígito de su identificación, hasta el 29 de mayo de este año, y las personas naturales y jurídicas, los dos últimos dígitos del NIT, hasta el 1º de julio. La información de que trata numeral 37.3 del artículo 37, correspondiente al impuesto de industria y comercio, deberá ser reportada a más tardar el último día hábil del mes de agosto de 2020. Puede consultar la norma en el archivo adjunto.
A traves de su cuenta en Twitter, el director de la Dian, Jose Andrés Romero, informó que hay nuevas fechas para reportar información exógena. Indicó, además, que están abiertos a seguir haciendo ajustes en la medida en que la situación lo requiera.
Con el Decreto 458 del 2020, se autoriza al Ejecutivo a realizar la entrega de una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. Con el fin de acelerar la entrega de la compensación del impuesto sobre las ventas (IVA), el Gobierno designó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como la entidad encargada de expedir la resolución con el listado de beneficiarios de la compensación, pues dicha entidad es la responsable de aplicar la metodología de focalización del referido mecanismo y la encargada de administrar el principal instrumento de focalización individual y a nivel de hogar del gasto social denominado Sisbén. El Dane deberá suministrar la información recolectada en censos, encuestas y registros administrativos a las entidades del Estado responsables de adoptar las medidas para el control y mitigación del covid-19, cuando estas lo soliciten para efectos de implementar otras disposiciones relacionadas con dicho virus.
Ante la emergencia decretada por el coronavirus (covid-19), y teniendo en cuenta que los sectores económicos del país se han visto afectados en el desarrollo de sus operaciones, el Gobierno decidió establecer nuevas fechas para la presentación y pago de algunas obligaciones tributarias con el Decreto 435. En impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes, los vencimientos de la segunda cuota irán entre el 21 de abril y el 5 de mayo de este año. Para personas jurídicas, en cuanto al pago de la primera cuota, se definió que será entre el 21 de abril y el 19 de mayo, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NIT. Igualmente, modificó los plazos para la presentación de la declaración anual de activos en el exterior de los grandes contribuyentes y personas jurídicas. Los responsables de IVA que desarrollen como actividad económica las previstas en la Resolución 139 del 2012 de la Dian, que además se describen en la norma, tendrán como plazo máximo para pagar la declaración del impuesto del bimestre marzo - abril, hasta el 30 de junio del 2020, igual sucede con el pago del cuatrimestre enero – abril. Por último, la entidad hizo cambios en las fechas previstas para el impuesto al consumo del bimestre marzo – abril (actividad económica prevista en la Resolución 139), quienes tendrán como plazo hasta el 30 de junio.
El Gobierno acaba de establecer los criterios para el reconocimiento y pago de la compensación a favor de la población más vulnerable (Decreto 419), para generar mayor equidad en el impuesto sobre las ventas (IVA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 2010 del 2019. En cuanto a la metodología de focalización, la norma señala que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) la aplicará teniendo en cuenta la entidad territorial y caracterización de los hogares beneficiarios (vale recordar que el documento Conpes con la estrategia ya está listo).
El Consejo Nacional de Política Económica y Social publicó el Conpes 3986, que define la estrategia para la implementación del mecanismo de compensación del impuesto a las ventas (IVA) a favor de la población más pobre y vulnerable. El documento incluye la selección y priorización de los hogares beneficiarios de la compensación y la consolidación de un esquema de pagos centralizado y a bajo costo. Este mecanismo consiste en la entrega de una suma fija cada dos meses, que será definida por el Ministerio de Hacienda y el DNP cada año, en términos de UVT. Adicionalmente, para la transferencia de los recursos se hará uso de los esquemas de pago de los programas que actualmente entregan transferencias condicionadas a dicha población, y a partir de 2021 se tendrán en cuenta otros programas sociales u otros mecanismos que beneficien a hogares de menores ingresos que no reciben transferencias monetarias. En esa medida, en el 2020 los pagos de la compensación se harán a través de las entidades financieras u otras entidades autorizadas que realicen la entrega de las transferencias de los programas Familias en Acción y el Programa Colombia Mayor. A partir del 2021, los pagos se realizarán a través de la plataforma del Ministerio de Hacienda.
Presidencia publicó el Decreto 397 del 2020, el cual establece un beneficio en la presentación y pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo para mitigar los efectos económicos del coronavirus o covid-19 en el territorio nacional. “Los sujetos pasivos de la contribución parafiscal para la promoción del turismo tendrán plazo para presentar y pagar las liquidaciones privadas correspondientes al primer trimestre del año 2020 hasta el 29 de julio del 2020”, indica la norma.
Teniendo en cuenta la coyuntura que ha generado el virus de coronavirus (covid-19), la Secretaría de Hacienda de Bogotá modificó el calendario tributario con el fin de beneficiar a los hogares de menores ingresos y evitar aglomeraciones. En materia de predial, amplió hasta el 4 de junio el plazo para que los contribuyentes de los estratos 1, 2 y 3 puedan pagar con 10 % de descuento y hasta el 24 de junio sin descuento. Para los demás predios residenciales y no residenciales, se mantienen las fechas inicialmente establecidas. Así mismo, se amplió el plazo para la declaración virtual del pago por cuotas, pasando del 31 de marzo al 30 de abril, pagando la primera cuota el 12 de junio. Frente a los vencimientos de los impuestos de industria y comercio y el de vehículos, manifestó que se mantienen las fechas previstas.
Por el término de duración de la emergencia económica, social y ecológica, el Gobierno determinó (Decreto 438), que estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA) en la importación y en las ventas en el territorio nacional los siguientes bienes, siempre y cuando se cumplan las especificaciones técnicas establecidas en el anexo que hace parte integral del decreto: nebulizador; báscula pesa bebés; monitor de signos vitales; electrocardiógrafo; glucómetro; tensiómetro; pulsoximetro; aspirador de secreciones; desfibrilador; incubadora; lámpara de calor radiante; lámpara de fototerapia; bomba de infusión; equipo de órganos de los sentidos; bala de oxígeno; fonendoscopio; ventilador; equipo de rayos x portátil; concentrador de oxígeno; monitor de transporte; flujómetro; cámara cefálica; cama hospitalaria y cama hospitalaria pediátrica. Los saldos a favor generados en las declaraciones tributarias del impuesto podrán ser imputados en las declaraciones de los periodos siguientes, pero en ningún caso podrán ser objeto de devolución y/o compensación. Así mismo, fijó las condiciones de aplicación de la exención del impuesto.
Por el cual se designa Secretaria Jurídica Ad-hoc de la Presidencia de la República para adelantar el trámite dispuesto en el numeral 9 del artículo 27 del Decreto 1784 de 2019, en relación con la revisión, estudio, formulación de observaciones y concepto del Proyecto de Decreto "Por el cual se dictan medidas de orden laboral, relacionadas con aplazamientos del pago de aportes parafiscales de algunos sectores de la economía, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica"
Con el fin de favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica, los medicamentos y dispositivos médicos, el Gobierno expidió el Decreto 507 para evitar la especulación de precios y prevenir conductas de acaparamiento durante el tiempo de emergencia económica.
"Por el cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, y 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de causales de terminación anticipada de la cobertura de tasa de interés otorgada a deudores de crédito de vivienda y locatarios en operaciones de leasing habitacional"
Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Justicia y del Derecho en materia de extradición, con ocasión del "Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" declarada en todo el territorio nacional, derivada de la Pandemia COVID-19.
Por el cual se designa un ministro de Relaciones Exteriores ad hoc.
Por el cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se designa Secretario Jurídico Ad-hoc de la Presidencia de la República.
Por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Cultura, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo relacionado con operaciones de crédito público cuya celebración no comprenda la financiación de gastos de inversión.
Por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se autorizan nuevas operaciones a la Financiera de Desarrollo Territorial S,A -Findeter y el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. -Bancoldex, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020.
Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el Fondo Nacional de Garantias S.A.
Por el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020.
Por el cual se prohíbe la exportación y la reexportación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, se dictan medidas sobre su distribución y venta en el mercado interno, y se adiciona el Decreto 410 de 2020.
Por el cual se dictan medidas para garantizar la prestación del servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se adoptan medidas para los hogares en condición de pobreza en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
"Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19"
Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 417 de 2020.
Por el cual se modifican y adicionan artículos de la Sección 2 del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19.
Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público.
Por el cual se dictan normas para la conservación del orden público, la salud pública y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifica el arancel de aduanas para la importación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.
Por el cual se modifican, sustituyen, y adicionan artículos de la Sección 2 del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria".
Por el cual se establece un beneficio en la presentación y pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo para mitigar los efectos económicos del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional.
Por el cual el Presidente de la República determinó designar como ministro de Relaciones Exteriores ad hoc al ministro de Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo García.
Para afrontar la crisis por coronavirus y sus consecuencias es indispensable regular el trámite de presentación, verificación, viabilidad y aprobación de proyectos de inversión que guarden relación directa y específica con las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia, de forma tal que estas etapas se surtan de forma expedita y permitan a los municipios y departamentos conjurar la situación, así como atender sus efectos. Para lo anterior, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 513.
el Ejecutivo decidió incluir a las administradoras de riesgos laborales (ARL) de naturaleza pública en la orden para que destinen recursos de las cotizaciones en riesgos laborales para que se adelanten acciones promoción y prevención tales como la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico y acciones de intervención directa relacionadas con la contención, mitigación y atención del nuevo covid-19, enfocadas en personal directamente expuesto al contagio.
Por el cual se establecen medidas para el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías y se dictan disposiciones en materia de recursos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020.
En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional"
Por el cual se crea un incentivo económico para los trabajadores y productores del campo y se adoptan otras medidas para garantizar el permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económiqa, Social y Ecológica.
Por el cual se corrige un yerro en el Decreto 480 del 26 de marzo de 2020.
Por el cual se designa ministro del Interior ad hoc.
Por el cual se dictan medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19 y se dictan otras disposiciones, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, reglamentando el artículo 1770 de la ley 1955 de 2019, Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y el artículo 90 de la ley 1556 de 2012, modificado por el artículo 1780 de la Ley 1955 de 2019.
Por el cual se deroga el Titulo 9 de la Parte 13 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la política de precios de insumas agropecuarios.
Por el cual se dicta una medida para garantizar la continuidad de las funciones de la jurisdicción constitucional, en el marco de la Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de auxilio para beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
"Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del servicio público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19"
Por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para la importación de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos químicos, artículos de higiene y aseo, insumos, equipos y materiales requeridos para el sector agua y saneamiento básico.
Por medio del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y la reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020.
Por el cual se designa ministro de Relaciones Exteriores ad hoc.
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público.
Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020.
Por el cual se suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea.
"Por el cual se adoptan medidas aduaneras transitorias en relación con los usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores y se dictan otras disposiciones"
Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL ylos demás registros que integran el Registro Único Empresarial y Social RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional.
Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 y se adiciona el Capítulo 19 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.
Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.
Por el cual se toman medidas transitorias debido a la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19 con respecto al régimen de zonas francas.
Por el cual se adoptan medidas para la conservación del orden público.
Por el cual se adiciona el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, para reglamentar parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas, y se dictan otras disposiciones.
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