Principio de legalidad abarca obligación de configuración legislativa frente a tipificación del delito

El principio de legalidad es un presupuesto del Estado que constituye un límite al ejercicio del poder, en la medida que garantiza que todo precepto jurídico capaz de regular el comportamiento humano esté previamente definido en forma expresa, clara y precisa en la ley, sustentó la Corte Suprema de Justicia. (Lea: Explican características del postulado de legalidad dentro de un proceso penal)

Igualmente, trasladando tales previsiones al ámbito penal, el fallo argumentó que se tiene que dicho postulado abarca la obligación de configuración legislativa previa y expresa frente a la tipificación del delito y sus consecuencias jurídicas (nullum crimen sine praevia lege y nulla poena sine praevia lege, respectivamente), como respecto del juez natural y las reglas sustantivas y de procedimiento pertinentes (nemo iudex sine lege y nemo damnetur nisi per legale indicum, en su orden).

Además, la Sala Penal de la corporación indicó que esta garantía se constituye en un mecanismo indispensable para salvaguardar al ciudadano de la injerencia indebida, arbitraria e imprevisible del poder punitivo del Estado que pudiera afectar las libertades públicas. Así las cosas, propende por la protección de la seguridad jurídica y la igualdad de todas las personas ante la ley.

Por otro lado, también sustentó que esta prerrogativa constituye un imperativo categórico demarcado en los instrumentos internacionales, en nuestra Constitución Política y los estatutos sustantivo y adjetivo penales. (Lea:  Imponer pena accesoria superior al límite fijado en la ley trasgrede principio de legalidad)

En conclusión, en torno al deber de señalar anticipadamente la sanción a la que haya lugar, una vez derruida la presunción de inocencia de que es titular todo  individuo, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en sostener que aquella está sometida a los axiomas de reserva legal y tipicidad o taxatividad estricta (M. P. Eyder Patiño Cabrera).

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-9822018 (51163), Abr. 4/18.