Lo que deja, por ahora, el caso entre el senador Cepeda y el expresidente Uribe

En un auto inhibitorio de carácter reservado, de más de 200 páginas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir investigación penal en contra del senador Iván Cepeda por las conductas punibles de abuso a la función pública, calumnia, fraude procesal y falso testimonio en calidad de determinador.

Lo anterior por supuestamente entrevistarse, en septiembre del 2011, con unos internos de las cárceles de Itagüí y Cómbita con el fin de acusar al expresidente Álvaro Uribe Vélez de participar en varios delitos junto con grupos paramilitares.

El alto tribunal solicitó al magistrado ponente de la investigación que se tramita en contra del expresidente, por supuesta manipulación de testigos, rendir informe a la Sala Penal acerca del estado en que se encuentra dicha actuación.

Igualmente, ordenó investigar la filtración de información contenida en una actuación reservada, la cual tuvo como destinatario a Uribe, según lo trinó en sus redes sociales el 23 de diciembre del 2015.  Y solicitó al Inpec intensificar las medidas de seguridad en relación con Juan Guillermo Monsalve, Pablo Hernán Sierra y Carlos Enrique Areiza.

Ahora bien, si bien esta es la parte resolutiva de la polémica decisión, es necesario entender los pormenores que tiene este caso en la vida política del país. Relacionaremos los principales hechos que han marcado el desarrollo de este caso.

Todo empezó cuando el senador Cepeda radicó en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un escrito informando la situación de riesgo de los testigos Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve en relación a los presuntos vínculos de Uribe con la creación del “Bloque Metro”, grupo armado ilegal que operó en Antioquia en la década de 1990.

El 11 de abril del 2012, el mismo congresista realizó un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara, con la presencia del Ministro de Justicia y el Fiscal General de la época, respecto de las investigaciones que debían realizarse por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los municipios del nordeste antioqueño, especialmente en San Roque, para establecer la eventual responsabilidad de los hermanos Uribe Vélez, Santiago Gallón y Juan Guillermo Villegas.

También mencionó el testimonio de Juan Carlos Meneses, quien aseguró que Santiago Uribe ayudó a la conformación de un grupo armado denominado “Los 12 apóstoles”, caso que también se encuentra en estos momentos en investigación.

El 7 de mayo del mismo año, el congresista del Polo Democrático le informó al entonces fiscal Eduardo Montealegre incidentes relacionados con la seguridad de Juan Guillermo Monsalve, después de conocerse la entrevista que hizo con él.

En septiembre, Monsalve declaró ante las autoridades y explicó que el Bloque Metro se conformó a finales de 1996 y comienzos de 1997 en la hacienda Guacharacas, con la participación de Luis Alberto Villegas, Juan Guillermo Villegas, Santiago Uribe, Álvaro Uribe, Santiago Gallón, John Jairo Franco, quienes, principalmente, impartían las órdenes.

Dado todo el contexto anterior, la Sala realizó, en el auto, un recuento sobre las interceptaciones telefónicas que se realizaron al senador Uribe, llamando la atención sobre las comunicaciones que tuvo con Wilser Molina para indagarle por los motivos de la captura del alcalde de Amagá, “al tiempo que le expresó su preocupación porque Ancol estaba diciendo que él hizo el montaje de los testigos contra Cepeda”.

Y expresó su extrañeza debido a que, en principio, “pudiera admitirse que tales conversaciones implican la normal preocupación ante la manipulación de testigos que desmienten imputaciones de gravedad como la participación en delitos de lesa humanidad cometidos por grupos armados ilegales, o las normales inquietudes en torno a nuevos testimonios que incriminan a Uribe, como Gobernador de Antioquia, con la masacre del Aro, lo que pone de presente las llamadas es que (…) tenían conocimiento de la intervención de las comunicaciones, como fue expresado a través de sus propias redes sociales el 23 de diciembre del 2015”.

Así las cosas, consideró pertinente ordenar el impulso procesal de la investigación que cursa actualmente en la misma corporación judicial contra el senador del Centro Democrático, en vista de la importancia que revisten los testigos implicados en los casos estudiados y la eventual incidencia en las declaraciones de los mismos.

Lo cierto es que hoy el expresidente Uribe, junto a su abogado Jaime Granados, interpuso un recurso en contra de este este auto, con el fin de que se reabra la investigación en contra de Cepeda y se esclarezca su inocencia ante una supuesta manipulación de testigos. Dijo que en todo este caso se ha violado la garantía fundamental al debido proceso, no ha existido imparcialidad y hay un abuso de la función pública de las partes.

En los próximas semanas es probable que se resuelva este recurso y, además, que el magistrado ponente encargado de la investigación en curso en contra de Uribe revele, finalmente, en qué van todas las actuaciones tendientes a encontrar la verdad de este espinoso caso.