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Penal


Delitos ambientales generan responsabilidad penal a su autor y a las autoridades que deben evitarlos: Fiscalía

03 de Diciembre de 2013

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Nota:
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Las personas que cometen delitos ambientales no solamente incurren en responsabilidad penal, también deben resarcir los daños que su conducta ha generado a la comunidad.

 

Así lo señaló el fiscal General de la Nación de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, durante una ponencia sobre valoraciones de costos ambientales, en la que advirtió  que las autoridades que no actúan a pesar de que están obligadas a hacerlo para evitar daños ambientales también incurren en responsabilidad penal.

 

Montealegre explicó que, según en el Derecho Penal moderno, cuando hay delito se tiene en cuenta no solamente la relación de causalidad entre hecho y consecuencia o ámbito de causalidad, sino que debe analizarse el llamado ámbito de responsabilidad.

 

“En el caso específico de los derechos ambientales, se define también qué persona o entidad está obligada a evitar o prevenir una conducta. Es ahí cuando nos referimos a la teoría del deber de garante, que trasciende la esfera de la culpa y empieza a abarcar el dolo”, agregó.

 

Igualmente, señaló que, por lo menos en Derecho Penal, no es imputable una conducta cuando afecta un riesgo permitido, es decir, cuando la persona (natural o jurídica) observa todos los reglamentos que dice la ley, si ha observado la norma técnica de producción y cuando ha tenido en cuenta la lex abilis o las leyes de las normas de un arte o profesión.

 

“Cuando la sociedad autoriza la generación de un riesgo a uno de sus miembros (fábricas, barcazas de carbón o petróleo, conducción de vehículos, explotación minera, etc), surge para esa persona  una obligación de evitar o morigerar la consecuencia de este acto. También ocurre lo mismo cuando no hay autorización gubernamental  para actuar”, agregó.

 

El otro caso, señaló,  es cuando las entidades encargadas de controlar la producción de estos riesgos no actúan. Así, explicó,  se le podría imputar el hecho delictivo no solo al tercero que crea el daño sino a quienes tenían la competencia institucional de evitar la realización de este delito y no actuaron.

 

Justamente, hace dos semanas,  la Fiscalía advirtió que la minería ilegal es un tema que entró a hacer parte de la política de priorización de la entidad. 

 

El ente acusador, a través de la Resolución 03438 del 2011, creó la Unidad Nacional de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, encargada de adelantar la investigación de los delitos que afectan el derecho a un medio ambiente sano o que deterioren o agoten injustificadamente los recursos naturales.

 

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