Ordenan implementar esquema de seguridad provisional a favor de un juez objeto de intimidaciones de las FARC (4:29 p.m.)

Al conceder la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal y familiar de un juez de la República, la Corte Constitucional le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) valorar nuevamente, de manera objetiva y razonada, la situación del funcionario público (objeto de intimidaciones contra su vida por parte del grupo guerrillero de las FARC) y determinar el grado de riesgo y la necesidad o no de que se adopten las medidas de protección para la defensa de su seguridad. Como medida provisional, mientras la entidad adelanta ese procedimiento, ordenó que se implemente un esquema de seguridad. El alto tribunal recordó que la noción de seguridad se proyecta en tres dimensiones distintas, como un valor constitucional, como un derecho colectivo y como un derecho fundamental (T-719 del 2003) (M. P. Jorge Iván Palacio).