El Consejo de Estado explicó que dentro de las decisiones de la administración se encuentran los “conceptos jurídicos indeterminados”, esto es, las relacionadas con una tipología de facultades discrecionales pero que, atendiendo a la naturaleza de la función, expresa una situación de mayor complejidad, situada más allá de la simple discrecionalidad. Un ejemplo de estas decisiones se refiere a la facultad de los cuerpos castrenses y de policía para el ascenso dentro de esas instituciones, pues por mandato constitucional estas tienen una estructura jerarquizada sometida a la jefatura del Presidente de la República, lo que impone elementos de confianza y seguridad nacional para la ejecución de políticas gubernamentales. Por lo tanto, precisó el alto tribunal, el acto administrativo expedido en función del “concepto jurídico indeterminado” tiene un control de contexto, es decir, por el entorno que presidió la decisión pero no por la decisión misma. Con estos argumentos, la Sección Segunda negó la nulidad de un oficio que había retirado a un coronel de la selección para optar al ascenso al grado superior (C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren).