La mujer frente al envejecimiento: algunas reflexiones desde el derecho internacional

Isabel Goyes Moreno

Docente de la Universidad de Nariño

Integrante de ICON-S Colombia

La población mundial está envejeciendo. Se trata de una realidad innegable en países del primer mundo y empieza a ser visible en Latinoamérica. Para el año 2050, el 5 % de la población tendrá más de 80 años –dos billones de personas– (Bloom, D & Zucker, L., 2023) y el 16 % más de 65 años (ONU, 2021). Para Latinoamérica, se proyecta que, en el 2030, este grupo poblacional aumentará a 114,9 millones (Cepal, 2022). En el caso de Colombia, se estima que, al 2030, la población mayor se incrementará a 9.739.701 personas, cifra equivalente al 17,5 % de la población (Dane, 2022).

Frente a esta situación, en el derecho internacional se han adoptado los principios de independencia, participación, dignidad, cuidados y autorrealización, con el fin de garantizar una vejez activa y saludable (ONU, Resolución 46/91), y, a la par, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015).

Bajo estas directrices, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto la obligación de los Estados de garantizar los derechos a la alimentación, los accesos a la salud y al agua, y las prohibiciones de abandono o segregación (Yakye Axa v. Paraguay); también se ha resaltado la importancia de la celeridad en los procesos judiciales y en el tratamiento igualitario frente al Estado (García Lucero y otras v. Chile), y la indispensable concepción como sujetos de especial protección y su inclusión en las decisiones democráticas que pueden afectar sus derechos fundamentales, como se exige frente a la creciente desprotección del sistema de seguridad social (Poblete Vilches y otros v. Chile).

La mayoría de la población adulta, tanto en Latinoamérica como en Colombia, está conformada por mujeres, muchas de ellas en condición de pobreza. Al respecto, nuestra Constitución Política reconoce que las mujeres gozan de los derechos humanos, prohíbe cualquier discriminación basada en el sexo y ordena la protección especial a las personas mayores (C. P., arts. 13, 43 y 46). Así, a la garantía general de no poder ser discriminados ni marginados en razón de su edad, lo que reduciría el proceso democrático al privar la sociedad de contar con su experiencia y conocimiento (C. Const., Sent. T-252/17), se suma que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, 1981) y la Convención de Belem Do Pará (1994), forman parte del bloque de constitucionalidad y le exigen a Colombia la protección integral de las mujeres (C. Const., Sent. T-093/19).

Actualmente, como resultado de las presiones internacionales (Plataforma de Acción de Beijing) y el reclamo permanente de las organizaciones de mujeres, el Dane, el Instituto de Medicina Legal y el Sistema de Vigilancia en Salud Pública producen datos que permiten valorar las cifras de violencia basada en género a la luz de diversas variables.

En ese orden, una evaluación cualitativa de las estadísticas evidencia que: (i) las mujeres son las principales víctimas de todas las violencias, siendo generalmente los hombres y familiares sus agresores; (ii) esta violencia comienza entre los 0 y 5 años, se agudiza entre los 12 y 25 años, y permanece a lo largo de la vida de las mujeres; (iii) las mujeres adultas mayores no son la excepción, la violencia sicológica, física, sexual y económica creció en un 28,1 % desde el 2021, con el agravante de que el agresor, en el 99,86 % de los casos, fue un familiar.

Es posible considerar que superar los 65 años no es circunstancia de valoración y respeto, sino que se convierte en una variable que incrementa la violencia y la vulnerabilidad, la necesidad de cuidados y la carencia de recursos (solo el 18 % de esta población alcanza una pensión y, de este porcentaje, más del 60 % corresponde a hombres), así como la intolerancia y el hacinamiento, condiciones que convierten a este grupo social en objeto de violencia (Observatorio de Género de Nariño, 2020). Las sociedades se encuentran en un escenario de envejecimiento creciente que limita particularmente a la mujer, lo que contrasta duramente con los objetivos normativos que se han propuesto. Es necesario iniciar un diálogo sobre las obligaciones del Estado, la familia y la sociedad frente a los adultos mayores y la protección de su dignidad.