Chile: de la refundación a la reconfiguración

Édgar Hernán Fuentes-Contreras

Investigador posdoctoral de la Facultad de Derecho y de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes (Chile)

Si alguien tenía dudas respecto al sólido triunfo del rechazo al proyecto de Constitución para Chile en el 2022, los recientes resultados de las elecciones para la conformación del Consejo Constitucional expresan, abiertamente, que la postura previa no fue accidental. De hecho, muestra una tendencia en donde se pasa factura, tanto al Gobierno como a la Convención Constitucional, no siendo una mera cuestión pendular ni tampoco “ir más rápido que la gente”.

La similitud en las votaciones del pasado 7 de mayo da cuenta, entre otros aspectos, de que el diagnóstico para enfrentar el malestar de la sociedad no ha sido certero y que la euforia refundacional se ha ido desvaneciendo ante la sensación de que ciertos problemas se generan o se mantienen con o sin una nueva Constitución. Precisamente, mientras la clase política se ha ocupado de problemas que parecían resueltos, han dejado de lado otras necesidades y han descartado la diferencia entre lo urgente y lo importante. Así, se empeñaron en una hiperdemocratización que olvida que la ciudadanía es una dimensión de la vida política y cotidiana, pero no la única.

Debe recordarse que, en los últimos 924 días, parte de la población de Chile ha acudido nueve veces a las urnas: si se tiene como referencia la elección de octubre del 2020, un año después del “estallido social”, hay un promedio de una jornada electoral cada 102 días, aproximadamente (durante el año 2021, acudieron en cinco oportunidades a votar). Y aunque no se deje de creer en la democracia, existe un hastío y fatiga totalmente entendible, en especial, con el tema constitucional. Al final, ante la incapacidad de los elegidos de racionalizar y asimilar el querer e identidad de la población, el voto es el cobro a las promesas incumplidas y a las labores no desempeñadas. De ahí que no fuese extraño que existiese una asociación en la que el voto que se emitía era, también, una forma de mostrar la desaprobación al Gobierno y a sus procederes.

Desde luego, han aparecido lecturas que eluden la responsabilidad: por ejemplo, discuten el modo seleccionado para el nuevo proceso constitucional; hablan de la incertidumbre, de la crisis de inseguridad y de narcotráfico, de la cercanía de las elecciones con las fechas de menos actividad en Chile, etc.; solo que dichas lecturas no son plenamente consecuentes. Incluso, el Partido Republicano, que obtuvo 23 escaños de los 50, bien podría afirmar que no estaba de acuerdo con un nuevo proceso constitucional –liderando la idea de que los cambios se hiciesen a través del Congreso– y, con todo, los votos no dejaron de acompañarlos y supieron rentabilizar, en el periodo menos activo de Chile, su participación secundaria en el poder y en la anterior Convención.

En ese sentido, vuelve a ser relevante asumir que, también en democracia, hay que saber perder como hay que saber ganar, lo cual no es un tema menor: conformado el Consejo Constitucional aún queda un largo camino en el proceso. En efecto, los resultados de la reciente elección establecieron solo quiénes harán parte del Consejo Constitucional, el cual trabajará con base en el anteproyecto de Constitución que entregue la Comisión Experta el próximo 7 de junio, para así tener un texto para el plebiscito de salida el 17 de diciembre de 2023 –que podrá pasar eventualmente por el Comité Técnico de Admisibilidad, que tiene la facultad de revisar las normas aprobadas y su contrariedad con las bases institucionales establecidas en el Acuerdo por Chile del 12 de diciembre del 2022–.

En consecuencia, y aunque ya algunos sectores manifiestan (con irresponsabilidad) que se debe rechazar el proyecto que surja –estereotipando al mismo sin siquiera haber iniciado el proceso del Consejo y sin que se hayan resuelto las más de 900 indicaciones del primer borrador de la Comisión Experta–, el dilema constitucional de Chile pasa hoy, y lo hará en los siguiente meses, por la mesura y la prudencia: como bien advertía el profesor Antonio Carlos Pereira Menaut, en julio del 2021, que se “piense una Constitución para cuando gobierne su peor enemigo” y no una “Constitución de revancha” o asumible como plan de gobierno.

En suma, de las diferentes conclusiones que se pueden extraer de los recientes procesos vividos en Chile es que la Constitución tiene un poder limitado, socialmente hablando, para cambiar la realidad. Luego, lo esencial es que la Constitución se centre en lo que une y fortalece una identidad y en limitar el poder, reconociendo la constante, probable y necesaria reconfiguración electoral, que le es propia a los Estados democráticos.