Esto es lo aprobado en último debate de la reforma al Código de Extinción de Dominio (2:46 p.m.)

La iniciativa, recientemente aprobada en último debate por la plenaria del Senado, modificaría y derogaría varios artículos de la Ley 1708 del 2014 (Código de Extinción de Dominio), relacionados, principalmente, con la fase inicial del proceso a cargo de la Fiscalía, la enajenación temprana de bienes, las formas de notificación, el esquema de justicia premial, la carga de la prueba, entre otros aspectos, cuyo ajuste es indispensable para actualizar y armonizar el proceso de extinción de dominio con la política criminal vigente. El actual esquema del proceso de extinción de dominio está compuesto por dos etapas claramente diferenciadas. Una etapa inicial, cuyo trámite es competencia de la Fiscalía General de la Nación y una etapa de juzgamiento, cuyo curso es competencia del juez de conocimiento. En cuanto a la etapa inicial hay una fase de fijación provisional de la pretensión, la cual es una institución procesal que, según la iniciativa, no ha tenido un impacto positivo en términos de eficiencia desde el punto de vista de la estrategia del fiscal y desde la defensa del afectado. Así, la propuesta consiste en recortar aproximadamente 75 días de trámite que actualmente componen la notificación, traslado para oposición y límite para presentar el requerimiento de extinción de dominio, sin que ello implique la eliminación de la etapa de defensa y contradicción del procesado. El Legislativo tiene la posibilidad de regular procesos judiciales a partir de su facultad de configuración. Debe entenderse que el proceso de extinción de dominio es el resultado de un tipo de acción constitucional y patrimonial, y como tal no es factible pretender que su trámite esté integrado por los mismos elementos que componen el proceso penal o el disciplinario. Adicionalmente, la iniciativa propone la distribución del 100 % de los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio. Así, un 40 % se asignaría al Gobierno Nacional, un 25 % a la Rama Judicial, un 25 % a la Fiscalía General de la Nación y el 10 % restante a la policía judicial de la Policía Nacional. A este proyecto solo le resta la aprobación del informe de conciliación antes de ser enviado  a sanción presidencial.