Para el procurador Alejandro Ordoñez, la comisión de la verdad no puede partir de un por qué de la violencia de las Farc como una respuesta a la existencia de una política estatal sistemática de violación a los derechos humanos (DDHH) y del derecho internacional humanitario; así lo expresó en una carta enviada al grupo de negociadores del Gobierno y del grupo insurgente en La Habana (Cuba). Según el jefe del Ministerio Público, no se puede permitir que este instrumento se convierta en la legitimación de los actos de barbarie y crímenes atroces de la organización guerrillera y tampoco puede dar lugar a que se renuncie a la persecución judicial a los máximos responsables de los delitos. Además, dice, el aparato jurisdiccional no puede depender de los señalamientos de esa comisión. Finalmente, advirtió que esos relatos no pueden constituir una verdad oficial, pues solo un ejercicio en el que se garantice la participación y contribución de todos los sectores sociales evitaría unas conclusiones que favorezcan a alguno de los actores del conflicto, sean las Farc o el Estado.