Consejo de Estado pide al Gobierno hacer frente a la muerte sistemática de líderes sociales

Una acción de reparación directa encaminada a buscar la indemnización de los perjuicios que sufrió un dirigente social durante un atentado contra su vida, además del desplazamiento forzado al que fue sometido por grupos paramilitares, motivó a que la Sección Tercera del Consejo de Estado exhortara al Presidente de la República para que se adopte, con carácter urgente, un plan de acción con miras a proteger la vida de quienes se consagran a la promoción y defensa de los derechos humanos, como parte de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc. (Lea: Gobierno formula políticas públicas para protección de defensores de derechos humanos)

La corporación también instó al alto mandatario para que, dentro de sus competencias y en coordinación con el Defensor del Pueblo y el Director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, reglamente, de manera urgente, el nuevo Sistema de Prevención y Alertas Tempranas previsto en el referido acuerdo, de tal manera que sea posible procesar, verificar y analizar técnicamente la información relacionada  con las situaciones de vulnerabilidad y riesgo de quienes se consagran a la promoción y defensa de los derechos humanos.

El pronunciamiento fue hecho luego de que el alto tribunal evidenciara su preocupación por los 59 líderes sociales que fueron asesinados durante el 2016, 44 de los cuales fueron víctimas de atentados y 210 fueron amenazados (69 de manera colectiva), según el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Estadísticas

Durante el estudio del asunto sometido a consideración de la corporación, el magistrado Ramiro Pazos Guerrero encontró que en 1998 el Gobierno se había comprometido a proteger a la población civil y a los líderes sociales que fueron víctimas de torturas, asesinatos y desplazamiento forzado por parte de grupos armados en el sur de Bolívar y en el Magdalena Medio, lo cual quedó registrado en un acuerdo firmado entre el Ejecutivo y la Mesa Regional por la Paz, integrada por personas de la región afectada. (Lea: Gobierno reactiva mesa de garantías para defensores de derechos humanos)

Lo anterior significa que las entidades condenadas no solo debían tomar medidas para impedir que otras vulneraciones de derechos se concretaran después de la firma de dicho acuerdo, sino que, también, debía acabar con las estructuras criminales responsables de las amenazas y asesinatos, más aún si se tiene en cuenta que en estas participaban agentes estatales y actores armados, según investigaciones de las autoridades competentes.

La Sala consideró que si bien el Estado colombiano ha avanzado en materia de garantías de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos, las estadísticas citadas “son alarmantes y demuestran que este flagelo se ha incrementado progresivamente” (C. P. Ramiro Pazos).

Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 13001233100020010149201 (41187), 08/31/2017

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