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“Hay que cumplir estrictamente la carrera judicial y detener el crecimiento de provisionales en la Rama”: Sergio Fajardo

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Sergio Fajardo (Archivo Particular)

 

Entre las propuestas esgrimidas en materia de justicia por Sergio Fajardo, candidato a la Presidencia de la República por la Coalición Colombia, se encuentra solucionar los problemas de acceso y efectividad de la justicia, dar estricto cumplimiento a la carrera judicial y crear una verdadera política criminal integral.

 

Este profesor antioqueño nació en Medellín, en 1956. Es matemático de la Universidad de los Andes, Doctor en Matemáticas de la Universidad de Wisconsin-Madison y ha sido profesor visitante de universidades de EE UU, Chile, Noruega y Venezuela, entre otros países. Fue Alcalde de Medellín y Gobernador de Antioquia.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuál es el principal problema de la justicia en el que enfocará sus esfuerzos?

 

Sergio Fajardo: Nuestra principal apuesta en el tema de justicia es solucionar los problemas de acceso y efectividad que afectan al ciudadano del común. Por tanto, nuestra prioridad será desarrollar acciones orientadas a derribar las barreras geográficas, económicas y culturales que hoy dificultan el acceso de una gran parte de los colombianos al sistema. Implementaremos estrategias para que la justicia llegue a todos los rincones del territorio por medio de un sistema judicial articulado y adaptado a las características regionales. Entre otras cosas, vamos a:

 

- Fortalecer el componente de justicia no formal o justicia comunitaria en las zonas rurales, dándole relevancia a conciliadores, las juntas de acción comunal y las jurisdicciones especiales.

 

- Reconfigurar las jurisdicciones territoriales, de tal forma que las personas puedan interponer sus solicitudes ante los despachos más próximos y de fácil acceso.

 

- Fortalecer la actual estrategia de casas de justicia en los municipios donde operan, con el fin de que exista una mayor coordinación que dé línea a su operación.

 

Á. J.: ¿Qué puntos concretos tendría una reforma a la justicia impulsada por su gobierno? ¿Qué cambios haría a los organismos de control y a las funciones electorales de las altas cortes?

 

S. F.: Reconocemos que, además de estas acciones, debemos adelantar una reforma a la justicia para modificar algunos componentes del sistema y devolverle la legitimidad a la Rama Judicial.

 

- Vamos a adelantar una reforma legal para establecer una Comisión de Aforados de rango legal que remplace la Comisión de Investigación y Acusación. Este órgano, integrado por miembros independientes, se encargará de la investigación de los magistrados de las altas cortes, el Presidente y el Fiscal General y, cuando así lo considere, presentará la acusación ante la plenaria de la Cámara de Representantes.

 

- Además, impulsaremos una reforma para cambiar el proceso de elección de los magistrados de las altas cortes. Para la Corte Constitucional, propondremos ampliar el periodo de los magistrados a 12 años, con el fin de que no se renueve en una gran proporción al mismo tiempo, sino que sea escalonada.

 

Á. J.: ¿Su gobierno promoverá una reforma a la tutela?

 

S. F.: Nuestra apuesta con respecto a la tutela, más que reformar este mecanismo, consistirá en tomar acciones proactivas desde el Gobierno que reduzcan la necesidad de los ciudadanos de recurrir al sistema de justicia a través de tutelas y otros mecanismos. Por ejemplo, desarrollaremos una política que obligue a las entidades del orden nacional a dar respuesta a los derechos de petición para evitar posteriores tutelas. Esta acción tendrá un impacto positivo en la congestión judicial y en el uso de este mecanismo. De la misma forma, estableceremos parámetros claros para reducir la necesidad de acudir a la tutela para asegurar el cumplimento del derecho a la salud.

 

Adicionalmente, trabajaremos con la Rama Judicial en la definición de reformas que acerquen los procedimientos en materia laboral, comercial y civil a las facilidades y acceso del procedimiento de la tutela. Queremos llevar los logros alcanzados por esta a otras áreas del sistema de justicia y aprovechar la experiencia del juez de tutela para agilizar y dinamizar los procesos de la justicia ordinaria.

 

“Para la Corte Constitucional, proponemos ampliar el periodo de los magistrados a 12 años, con el fin de que no se renueve en una gran proporción al mismo tiempo”

 

Á. J.: ¿Propondría alguna modificación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

 

S. F.: Yo estoy a favor del Acuerdo de Paz. Respeto la palabra empeñada, así como las decisiones del Congreso y de la Corte Constitucional. Reconozco que la Corte estableció los límites frente al Acuerdo y es la que debe hacer esa vigilancia. No me corresponde a mí como Presidente modificar la JEP u otros aspectos del Acuerdo de Paz. Ahora bien, en el proceso de implementación se debe poner la reconciliación como fin último, e intentar incorporar siempre a la mayoría de sectores, preservando la esencia de lo acordado.

 

En esta línea, como Presidente de la República, velaré porque la JEP sea un organismo que reporte públicamente sus avances, que no sea un organismo que funciona a espaldas de la sociedad, sino que continuamente informe avances de su gestión y que el ciudadano del común tenga acceso a esta información. La implementación de la JEP y la gestión de sus magistrados son una oportunidad para legitimar de nuevo el rol de los jueces en Colombia.

 

Pondré especial interés y énfasis en que las víctimas tengan la posibilidad de participar en los procesos que se lleven dentro de la JEP y que, efectivamente, sus voces sean escuchadas. Así mismo, velaré para que las sanciones que interpondrá el Tribunal de Paz cumplan con los parámetros de restauración a las víctimas y que no haya una contradicción entre estas sanciones y la participación en política de los exmiembros de las Farc. Por último, haré todos los esfuerzos para que la JEP llegue a los territorios más afectados por la guerra y para que la sociedad

 

Á. J.: ¿Cómo atacará la corrupción judicial? ¿Qué propone para mejorar el ingreso de buenos abogados a la Rama Judicial?

 

S. F.: En mi Gobierno, vamos a:

 

- Detener el crecimiento de funcionarios provisionales en la Rama y dar estricto cumplimiento a la carrera judicial.

 

- Promover la calidad en la prestación de los servicios de justicia y en la formación y educación jurídica. Proponemos un examen de Estado que habilite a los abogados para ejercer la profesión jurídica y que, en ese sentido, se filtre y controle acceso y el ejercicio profesional. Estos filtros se traducen en la introducción de requisitos legales para ejercer la abogacía. Además, trabajaremos en fortalecer la calidad ética de los abogados.

 

- Asegurar que los sistemas de información de la Rama Judicial sean manejados por una autoridad independiente y tengan metas claras. La información es la herramienta fundamental para saber qué funciona y qué no de la justicia y es el mejor antídoto para combatir la corrupción.

 

Sergio Fajardo (Archivo Particular)

 

 

Á. J.: ¿Es necesario fortalecer la defensa jurídica del Estado?

 

S. F.: Reconocemos los avances que se han hecho en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y trabajaremos por su fortalecimiento. En nuestro gobierno, vamos a aumentar la resolución alternativa de los conflictos para evitar el desgaste que implica la vía judicial. Además, vamos a priorizar la intervención jurídica con criterios de eficiencia, seleccionando eficientemente los procesos en los que se intervienen, de manera que correspondan a aquellos que tienen mayor probabilidad de éxito y que pueden significar más ahorro en caso de condena.

 

Por último, vamos a evitar el litigio mediante la prevención de las faltas. Dentro de las demandas con más altas pretensiones, se encuentran las referidas a errores de información en documentos públicos y a privación injusta de la libertad. En ambos casos, se trata de situaciones altamente prevenibles, si se aumenta y especializa el acompañamiento jurídico a las entidades.

 

 

Á. J.: ¿Cómo enfrentará esa percepción de impunidad que tiene la ciudadanía en general? ¿Qué hacer frente al hacinamiento carcelario?

 

S. F.: El país no ha contado nunca con una política criminal integral y de Estado. Esta ha fluctuado de acuerdo con las necesidades coyunturales. Cuando hay problemas fuertes de inseguridad se proponen leyes para encarcelar a la mayor cantidad de personas y cuando no hay cupo en las cárceles, se proponen leyes para excarcelar a las personas, reducir penas u otorgar beneficios penales. Vamos a formular una política criminal integral, a través del Consejo Nacional de Política Criminal, al que invitaremos como miembros permanentes a los representantes de las alcaldías y gobernaciones.

 

Nuestra propuesta en política criminal estará basada en cinco pilares: (i) Fortalecimiento del capital social para construir una cultura de paz, convivencia y de participación ciudadana. (ii) Prevención de las violencias y riesgos y atención integral de grupos vulnerables. (iii) Resolución pacífica de conflictos entre vecinos y ciudadanos. (iv) Mayores y mejores herramientas de coerción por parte de la policía y la Fiscalía. (v) Mayor efectividad en la judicialización y más eficacia en la resocialización.

 

La política criminal se centrará en tres problemáticas: el microtráfico, la extorsión y la lucha contra las bandas criminales. Estableceremos estrategias de apoyo logístico, planes subregionales de seguridad, territorialización de la seguridad y fortalecimiento de la institucionalidad y de los operadores jurídicos.

 

No podemos seguir permitiendo el hacinamiento en las cárceles de nuestro país. Muchas cárceles en grave estado de deterioro se encuentran en zonas urbanas de alta densidad. Propondremos su traslado a zonas que permitan una mayor capacidad, con mejor infraestructura, por fuera de áreas residenciales urbanas. Trabajaremos con municipios en esquemas asociativos que les permitan tener cárceles locales para sindicados y, de esta forma, descongestionar el sistema penitenciario nacional.

 

Á. J.: ¿Qué propone para reglamentar las consultas previas?

 

S. F.: La consulta previa es un derecho fundamental que tienen los grupos étnicos y vamos a respetarlo. Trabajaremos con estas comunidades para que este mecanismo constitucional revierta en atención efectiva a sus inquietudes y en beneficios reales.

 

Lideraremos directamente estos procesos de consulta. No nos parece correcto que empresas o contratistas negocien solas con las comunidades. Hace parte de nuestra visión sobre una presencia real y activa del Ejecutivo en los territorios. Con el acompañamiento y el liderazgo del Gobierno Nacional, podremos dinamizar estos procesos, brindando mayor seguridad jurídica a los diferentes actores involucrados.

 

“La política criminal se centrará en tres problemáticas: el microtráfico, la extorsión y la lucha contra las bandas criminales”.

 

Á. J.: ¿Cómo enfrentaría los reclamos de justicia por los delitos de alto impacto en los que la opinión pública en general pide sanciones como la cadena perpetua y la pena de muerte?

 

S. F.: No impulsaremos reformas de leyes que tengan como objetivo instaurar la cadena perpetua o la pena de muerte en Colombia. Estamos convencidos de que la solución a muchos de esos delitos para los que la opinión pública pide este tipo de medidas, realmente no se solucionan aumentando las penas. Lo que se necesita es una mayor eficacia del sistema judicial.

 

En nuestro gobierno incrementaremos el número de policías para la seguridad ciudadana. Se necesita mayor seguridad en el área rural y en las ciudades. Colombia no cuenta con el número adecuado de policías para la cantidad de sus habitantes. Proponemos un aumento de pie de fuerza que responda a las necesidades de vigilancia y patrullaje en lugares estratégicos de las ciudades.

 

Además, pasaremos de centrarnos en las capturas a enfocarnos en las condenas. El aumento de la eficiencia y el trabajo articulado entre los diferentes actores será el punto de partida en este asunto. La capacitación constante, el uso de tecnologías y la adquisición de competencias operativas guiarán este programa.

 

Promoveremos la participación ciudadana en la planeación de programas de seguridad local. Vamos a invitar a la ciudadanía a que desde las diferentes instancias locales participen en la construcción activa de los diferentes programas de prevención y atención de la seguridad en los barrios.

 

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