El Consejo de Estado señaló que los pagos moderadores que pueden reclamar las entidades promotoras de salud (EPS) se ajustan a la Constitución Política y constituyen una expresión de los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad. La corporación indicó que el cobro de copagos y cuotas moderadoras a personas de bajos ingresos está autorizado legalmente, siempre que se ajuste a la real condición de pago y no se limite el acceso a los servicios. De igual forma, aclaró que las significativas diferencias entre los regímenes contributivo, subsidiado y vinculado, reglamentadas por la Ley 100 de 1993, y los servicios de medicina prepagada, impiden equiparar la situación de los afiliados para efectos de exigir un tratamiento igualitario en torno a las tarifas por los servicios que ellas ofrecen (C.P. María Claudia Rojas Lasso).