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Aborto legal y seguro es ley en Argentina. ¿Y qué pasará en Colombia?

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Aborto legal y seguro es ley en Argentina. ¿Y qué pasará en Colombia?

Mariana Ardila Trujillo

Miembro de la Dirección Legal de Women’s Link Worldwide, profesora de la Universidad Externado de Colombia

@LaMariArdila @Womenslink

 

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de Argentina entró vigor el 24 de enero. La norma despenaliza, porque modifica el Código Penal, de tal modo que la IVE no será delito cuando se haga hasta la semana 14 de gestación. Tampoco cuando el embarazo represente un riesgo para la vida o salud integral, o ha sido producto de una violación. Fuera de esas reglas, seguirá siendo delito. Adicionalmente, la ley legaliza, lo que significa que reconoce que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir si quieren acceder a la IVE y a recibir la atención médica necesaria en el sistema de salud, en las circunstancias mencionadas. Así, no solo es una conducta despenalizada, sino un derecho que debe ser garantizado. 

 

En Colombia, también hemos avanzado tanto en la despenalización como en la legalización. Hace casi 15 años, tenemos derecho a decidir y a acceder a una IVE en el sistema de salud cuando hay riesgo para la vida o la salud integral, por violación o malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Estas causales, despenalizadas por la Corte Constitucional (Sent. C-355/06), fueron además elevadas a derecho fundamental por jurisprudencia constitucional consistente, y reguladas por numerosas leyes, instrumentos de política pública y lineamientos del sector salud que buscan garantizar el acceso.

 

Ahora bien, mediante una demanda de inconstitucionalidad contra el delito de aborto, desde el movimiento Causa Justa le hemos propuesto a la Corte y al país un debate que tiene importantes diferencias con el argentino. La más grande es que estamos denunciando las violaciones a derechos fundamentales que genera cualquier uso del derecho penal en este campo, tanto para las mujeres más vulnerables como para el personal de salud. También, estamos poniendo en tela de juicio su efectividad para proteger la vida prenatal. En otras palabras, incluso un régimen como el argentino, mientras esté enmarcado en lo penal seguirá produciendo las mismas violaciones a la Constitución.  

 

En la demanda, y en las más de cien intervenciones de expertos que la apoyan, se demuestra que el uso del derecho penal es altamente disruptivo de la atención médica. El hecho de considerar el aborto un delito, así esté despenalizado por causales -o, como en Argentina, también con un régimen de plazos- genera estigma sobre un procedimiento médico, sin importar si está o no en las hipótesis despenalizadas y legalizadas. El estigma no distingue entre lo que está permitido o no, sino que lo permea todo, generando barreras para la prestación médica de aquello que es legal. Y este estigma no es cualquiera, sino uno avalado por el Estado. Canadá, Nueva York y, en Australia, el Estado de Queensland y el Distrito Capital, han eliminado el uso del derecho penal para el aborto, precisamente, por lo antedicho.

 

¿Eliminar el aborto del Código Penal significa que esté despojado de cualquier regla? No. Estas existen en normas sanitarias. Incluso, en Queensland y en Nueva York, existe, como ahora en Argentina, un régimen de plazos (22 y 24 semanas de gestación, respectivamente), combinado con un régimen de causales, pero, a diferencia de Argentina, está fuera del Código Penal. ¿Se incrementaron por esto los abortos? No.  

 

La otra diferencia es que en Argentina el cambio fue vía Congreso. Sin embargo, la evolución del aborto legal en el mundo muestra que ambos tipos de órganos (Legislativo y Judicial) intervienen. De hecho, antes de la actual ley, en Argentina el aborto se regía también por el famoso fallo FAL de la Corte Suprema, que subsiste. Un ejemplo reciente menos conocido es la decisión de la Corte Constitucional de Corea del Sur que, en el 2019, declaró inconstitucionales los artículos que penalizaban el aborto, a excepción de unas causales y estableció que el Parlamento debía modificarlos. La despenalización también fue hecha por cortes en Canadá y EE UU. Así, la intervención de la Corte Constitucional en Colombia, en el marco de sus competencias, no es ninguna rareza.

 

Finalmente, en cualquier discusión sobre un régimen de plazos, los órganos judiciales, legislativos o el Ejecutivo deben tener en cuenta que estos tienen que estar, insistimos, en regulaciones no penales y adecuarse a nuestra particular realidad, una de conflicto armado, migración masiva y un sistema de salud concentrado en grandes zonas urbanas que muchas veces les impiden a las mujeres llegar “a tiempo” al sistema de salud. La medida de cualquier posible plazo no debe ser la de la mujer de clase media en Bogotá. 

 

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