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28 de Marzo de 2024 /
Actualizado hace 10 horas | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Columnista Impreso

Posible revolución marxista sin disparar una bala

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Javier Tamayo Jaramillo

Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y tratadista

tamajillo@hotmail.com

 

Contexto sociopolítico: es entendible que todos estemos ocupados y preocupados por el resultado final de las elecciones presidenciales colombianas. Admito que ninguno de los dos candidatos me produce confianza, pues ambos son autoritarios. Uno, hombre odiador con inclinación a la creación permanente del conflicto enemigo-enemigo, como forma de lucha, que ya hartas grietas le ha causado a la paz del país. Acompañado de todo su programa revolucionario impredecible, pero imaginable. El otro, por su autoritarismo y charlatanería, muestra a un hombre violento, incapaz para ejercer sus funciones, en caso de ser elegido Presidente.

 

Además, un Presidente que no concentre en sí mismo el poder, porque depende de fuerzas políticas divergentes y contrarias a las suyas, solo presagia una corrupción peor que la actual, pues cada una de ellas únicamente busca beneficiarse de la corrupción mediante el pedazo de poder que se le entregue como contraprestación por su apoyo. Todo Presidente que dependa de un Congreso formado por fragmentos de diferente calaña ideológica y ética carece de poder real y está condenado al fracaso, salvo que adopte un populismo que, mediante la represión o la ilegitimidad política, simplemente sobreviva a su periodo, o que, violando la Constitución, mediante marchas que siempre finalizan con violencia, imponga un orden político que, en la práctica, desconozca el Estado social de derecho de corte pluralista. Venezuela, Cuba y Nicaragua son ejemplos. Y si, como sucede en Perú, el Presidente es un emergente que no sabe cómo se maneja un país, la cosa puede ser peor, pues la carroña multipartidista del poder manipula a ese títere, que, a su vez, aprovecha su posición para compartir las hieles de la corrupción.

 

Ante la corrupción actual, la única solución, así sea utópica, consiste en un sistema político en el que, partiendo del Estado social de derecho consagrado en la Constitución, el Gobierno, los partidos, el Parlamento y la justicia se pongan de acuerdo para que todos tengan unos derechos sociales mínimos, como la educación, la alimentación, la paz y la salud; que les permita a los individuos conseguir libertad y conocimiento para decidir sobre la construcción de una democracia pluripartidista con división de poderes; que, con esos mínimos sociales y políticos, la sociedad, mediante partidos organizados, tome conciencia política permanente, vigilando el respeto de sus derechos; que respete la alternancia en el poder de los partidos que compartan ese acuerdo de mínimos fundamentales; con una economía de mercado que no se apropie del poder mediante el control de los medios, más sus inagotables recursos, y una justicia que respete la Constitución, las leyes y las competencias de los tres poderes. 

 

Es decir, que haya un balance entre derechos sociales y libertad económica. En ese Estado, utópico por ahora, yo me sumo a una social democracia sin nacionalismos, respetando las eventuales decisiones mayoritarias de otros partidos pluralistas que garanticen la paz, esos derechos mínimos y el equilibrio de poderes, como se conoce en Europa Occidental.

 

Despertando de ese sueño, frente al mundo gris que nos espera, me preocupan dos hechos políticos próximos que, sin darnos cuenta, pueden terminar con la división de poderes, con las libertades y con la propiedad privada.

 

De un lado, antes de un año, se elegirán varios magistrados de la Corte Constitucional. Y, si no estamos atentos, corremos el riesgo de que se elijan magistrados adeptos al derecho de los jueces y que, fallando de acuerdo con su ideología, se plieguen a un Gobierno neomarxista y, en tal virtud, vuelvan pedazos la Constitución en favor del proletariado, llevándose de un tajo la economía de mercado, las libertades y la propiedad privada. Es necesario, entonces, que, esta vez, todos tengamos la oportunidad de presionar para que se elijan magistrados que respeten la división de poderes y los derechos consagrados en la Carta. Que las fuerzas sociales y académicas puedan hurgar a los candidatos propuestos.   

 

Finalmente, no podemos olvidar que todavía está vivo el proyecto de Código Civil y Comercial que, bajo el pretexto de rendir homenaje a un viejo y respetado autor, en realidad, lo que busca es atentar contra la propiedad privada y entregar a la voluntad de los jueces, la facultad de aplicar directamente la Constitución, pasando por encima del mismo Código. Si gana el candidato neomarxista, en un abrir y cerrar de ojos, se aprobará ese proyecto, y se allanará el camino para imponer un populismo revolucionario, sin disparar una bala.        

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