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Reforma al CPACA

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Reforma al CPACA

Lesiona la estabilidad que, en menos de una década, los códigos procesales sean modificados cuando la comunidad judicial ha empezado a asimilarlos, como ocurrió con la Ley 2080 del 2021 en virtud de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y lo que pretenden los enemigos de la oralidad con el Código General del Proceso (CGP).

 

Dado lo extenso de la ley que reforma el CPACA, no se ofrece prudente que rija a partir de su publicación, exceptuando las normas que modifican las competencias de juzgados, tribunales administrativos y del Consejo de Estado (arts. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33), las cuales “solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada” la ley. Es decir, los restantes 77 artículos sí cobraron vigencia inmediatamente se publicó la ley, lo cual es inconveniente, pues lo ideal hubiera sido haber previsto un plazo razonable para que se asimilara la reforma, de tal manera que al entrar a regir hubiese sido estudiada y confrontada por magistrados, jueces, funcionarios, litigantes, asesores, estudiantes, etc. La ley empieza a regir sin que los usuarios de la misma hayan tenido oportunidad de digerirla, como habría sido lo deseable. A pesar de la autorización para crear más despachos judiciales, que, como se ha demostrado, no resuelve la congestión ni se traduce en más justicia, la ley tiene más aciertos que desaciertos.

 

Se ofrece contradictorio que el artículo 35, reformatorio del artículo 162, releve al demandante del deber de remitir simultáneamente por medio electrónico copia de la demanda al demandado, salvo cuando se soliciten medidas cautelares, porque en la jurisdicción contencioso administrativa las solicitudes de cautelas se trasladan oficiosamente al afectado previamente a su decreto, salvo en los procesos ejecutivos. 

 

Es útil la aclaración introducida en el artículo 53, modificatorio del numeral 2º del inciso 4º del artículo 212, que autoriza en segunda instancia la práctica de pruebas cuyo decreto se hubiere denegado en primera instancia. Es decir, independientemente de que sea apelable el auto que deniega el decreto de prueba en primera instancia, también en segunda instancia puede intentarse el decreto y la práctica de la prueba denegada por el a quo.

 

Es afortunada la reglamentación del dictamen pericial sujetándolo a la normativa prevista en el CGP y permitiendo a las partes presentarlo o solicitar su decreto, prevista en el artículo 54, modificatorio del artículo 218. No obstante, se incurrió en una equivocación en el inciso 2º del artículo 55, que la jurisprudencia debe superar, por cuanto se previó que en la providencia que decrete la experticia se definirá el cuestionario que debe absolver el experto “conforme con la petición del solicitante de la prueba”, por cuanto el juez o magistrado debe ordenarle al perito absolver los interrogantes que también plantee el no solicitante de la pericia.

 

Son apreciables los ajustes al trámite del recurso de reposición en cuanto el artículo 61, reformatorio del artículo 242, definió su procedencia “contra todos los autos, salvo norma legal en contrario”, regulación que resuelve la confusión creada al respecto en el CPACA.

 

Se contradice el numeral 5º del artículo 62, reformatorio del artículo 243, que prevé la apelación del auto que “decrete, niegue, o modifique una medida cautelar”, con lo reglado en el numeral 2º del 243A, que prohíbe los recursos ordinarios contra autos “relacionados con el levantamiento o revocatoria de las medidas cautelares”. En mi criterio, debe prevalecer la última norma, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 53 de 1887, por ser disposición posterior.

 

Es acertada la derogatoria del artículo 612 del CGP, que prevé el término adicional de 25 días para el traslado de las demandas a entidades públicas. Un gran acierto de la reforma que está por empezar a regir es la consagrada en el artículo 81, modificatorio del artículo 299, en cuanto autoriza al juez a revisar, aun de oficio, los defectos formales del título ejecutivo “en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución”.

 

Columnista Impreso

30 de Abril del 2021
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