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La mediación en el proceso penal colombiano, un saludo a la bandera

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La mediación en el proceso penal colombiano, un saludo a la bandera (Gettyimages)

Eduardo de Jesus Eraso Oviedo

Abogado penalista y especialista en procedimiento penal, constitucional y justicia militar

 

Es preciso señalar que cuando hablamos de la mediación en materia penal nos referimos al mecanismo alternativo de solución de conflictos (MASC) por medio del cual un tercero neutral propicia el espacio para el intercambio de opiniones entre el imputado o acusado y la víctima, para que así puedan confrontar sus puntos de vista y con su ayuda logren solucionar el conflicto suscitado con el delito.

 

Respecto a la mediación en materia penal, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-979 del 2005, estableció que es un mecanismo que genera un espacio importante para que la víctima y el procesado (imputado o acusado) intercambien opiniones y confronten sus puntos de vista, para que, a través de un mediador (una persona neutral) solucionen el conflicto suscitado con ocasión de la conducta punible. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la mediación debe enfocarse en objetivos restauradores, tales como la reparación, la restitución, el resarcimiento de los perjuicios causados, la realización o no de determinada conducta, la prestación efectiva de servicios a la comunidad y el ofrecimiento de disculpas o perdón, entre otros.

 

Así, la mediación es un mecanismo importante al que pueden concurrir la víctima y/o el agresor, ya sea imputado o acusado; se puede acudir desde la formulación de imputación y hasta antes del juicio oral, ante lo cual, se deberá solicitar su aplicación dependiendo de la etapa procesal, ya sea ante el fiscal, el juez de garantías o el juez de conocimiento.

 

Lamentablemente, veo con preocupación la poca utilización que se le está dando a este instituto procesal que ha desarrollado la justicia restaurativa en el proceso penal colombiano.

 

Para nadie es un secreto que la mediación es desconocida y poco utilizada por los operadores judiciales, restándole valor, que ayudaría, en gran medida, a descongestionar nuestro maltratado sistema judicial. El día en que la sociedad colombiana entienda que no todos los problemas sociales se solucionan con cárcel y con penas elevadas y desproporcionadas, y que, por el contrario, le dé aplicación a estos MASC, que buscan efectivizar una verdadera justicia restaurativa, con valores como la reconciliación, el perdón, el olvido y la aplicabilidad de los derechos que ostentan las víctimas de las conductas punibles, nuestro sistema penal mejorará y será más garantista y humanista. 

 

Etapas procesales

 

Con respecto a las etapas procesales, en la que procede la mediación, debemos remitirnos al artículo 524 de la Ley 906 del 2004, la cual puede llevarse a cabo desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de que comience el juicio oral. No estoy de acuerdo en este punto con el legislador, puesto que, como bien sabemos, el derecho de defensa se activa y se empieza a materializar desde antes de la vinculación formal al proceso penal, esto es antes de la audiencia de formulación de imputación. Así, es necesario que este MASC también se active desde las fases primigenias del proceso penal, puesto que, en ultimas, lo que se busca es no congestionar la administración de justicia, restaurándose las garantías del procesado y de la víctima, con la culminación anticipada del proceso penal.

 

Como corolario de lo manifestado, se puede decir que la mediación puede darse en las dos etapas más importantes del proceso penal: (i) investigación y (ii) juicio oral. Es más, se podría acudir a los mecanismos de justicia restaurativa aun cuando el procesado ha sido condenado, por ejemplo, cuando se esté tramitando el incidente de reparación integral, y, para ser más extensivos, también cuando la persona esté cumpliendo efectivamente la pena privativa de la libertad en un establecimiento carcelario. Esto ocurrirá únicamente si la víctima está de acuerdo con esta forma de justicia, que poco o nada utilizamos partes e intervinientes del vigente sistema penal acusatorio, lo que ha convertido a la figura en materia penal en letra muerta.

 

Justicia restaurativa

 

Es importante señalar que la justicia restaurativa no parte, como en nuestro proceso judicial, de la presunción de inocencia. Por el contrario, asume la aceptación de responsabilidad de los involucrados en el hecho que se desea y espera superar. Existen, entonces, falsas concepciones frente a los alcances que se atribuyen al concepto examinado, por ejemplo, el de considerar que la justicia restaurativa solo se aplica en casos de delitos bagatela (delitos menores) o en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. No debemos desconocer que la justicia restaurativa se afinca en el encuentro, la reparación, la reintegración y la inclusión como valores o notas esenciales y que, en definitiva, se trata de una justicia comunitaria que no puede equipararse a la de los jueces o a la tradicional del Derecho.

 

Es transcendental tener en cuenta que, en relación con la justicia premial en Colombia, las penas aumentaron considerablemente con la Ley 890 de 2004, para que, entre otras cosas, la fiscalía tuviera mayor ámbito de movilidad para negociar con el procesado. Lo cierto es que, con esto, pocos delitos tienen pena mínima de cinco años, por este motivo debemos acudir al inciso segundo del artículo 524 del Código de Procedimiento Penal, que estipula que en los delitos con pena superior a cinco años la mediación será considerada para otorgar algunos beneficios durante el trámite de la actuación o relacionados con la dosificación de la pena o el purgamiento de la sanción.

 

Ahora bien, propongo que, si queremos mantener el tema de la justicia restaurativa en el ámbito personal del bien jurídico de la víctima, debería existir una reforma del artículo 524 de la Ley 906 del 2004, en donde, por ejemplo, se aumente la pena mínima de 5 a 8 años, para que así esta importante figura tenga un real impacto en nuestro sistema jurídico penal, y así se pueda aplicar la misma a varios tipos penales.

 

Conclusiones

 

- Para finalizar, y teniendo en cuenta la Sentencia C-979 del 2005 de la Corte Constitucional, es importante destacar que la mediación es un mecanismo que genera un espacio institucional para que la víctima y el ofensor (imputado o acusado) intercambien opiniones y confronten sus puntos de vista, para que, a través de un mediador neutral, logren solucionar el conflicto suscitado con ocasión de la conducta punible.

 

- La mediación puede orientarse a objetivos restauradores, tales como la reparación, la restitución, el resarcimiento de los perjuicios causados, la realización o abstención de determinada conducta, la prestación de servicios a la comunidad o el ofrecimiento de disculpas o perdón (L. 906/04, art. 523, inc. 2°).

 

- Si tenemos en cuenta el ámbito del derecho internacional, las cuatro principales formas de reparación son la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción y garantía de no repetición, las cuales son complementarias entre sí, a fin de lograr la reparación adecuada.

 

- La restitución se realiza a través de acciones orientadas a devolver, en la medida de lo posible, a la víctima a la situación que se encontraba antes de ser afectada por el ilícito. Tiene un alcance que trasciende lo meramente pecuniario en cuanto atañe al restablecimiento de todos sus derechos que le permitan continuar con una vida normal en su entorno social, familiar, de ciudadanía, laboral y económico.

 

- La indemnización se identifica con las medidas orientadas a lograr el resarcimiento de los daños generados por el ilícito y que sean cuantificables económicamente (daños físico y mental); la pérdida de oportunidades de desarrollo; los daños materiales y la pérdida de ingresos incluido el lucro cesante; el daño a la reputación o a la dignidad, las disminuciones patrimoniales.

 

- La rehabilitación corresponde al conjunto de acciones que se orientan a proporcionar a la víctima la atención y la asistencia que requiera desde el punto de vista médico, sicológico, social y jurídico.

 

- La satisfacción y las garantías de no repetición atañen a aquellas acciones dirigidas, de una parte, a deshacer el agravio inferido a la víctima y, de otra, a impedir que vuelvan a realizarse conductas con las cuales se afectaron sus derechos, las cuales deben ser adecuadas a la naturaleza y magnitud de la ofensa.

 

- Se trata de un mecanismo al que pueden acudir la víctima o el ofensor, este último en su condición de imputado o acusado, desde la formulación de la imputación y hasta antes del inicio del juicio oral. La solicitud se formula ante el fiscal, el juez de garantías o el juez de conocimiento, atendiendo la etapa en que esa solicitud se formalice.

 

- Ahora bien, en lo que hace al otro ámbito de aplicación de la mediación (L. 906/04, art. 524, inc. 2°), es decir respecto de los delitos perseguibles de oficio con pena superior a cinco años, la mediación resulta perfectamente aplicable, pero sus efectos son sustancialmente distintos, particularmente en lo que tiene que ver con la acción penal. En este evento, la mediación únicamente será considerada para otorgar al imputado, acusado o sentenciado, beneficios procesales durante la actuación, en el momento de la imposición de pena para efectos de su dosificación o en la fase de ejecución de la sanción.

 

Gran desconocimiento

 

Por último, considero que una de las dificultades que se encuentra para la aplicación de la mediación penal en el país es su flagrante desconocimiento por parte de los operadores de la justicia. Si bien esta figura está en el Código de Procedimiento Penal, se requiere su reglamentación para ser más operable. La fiscalía, que es la entidad encargada de reglamentarla, apenas tiene una manual de instrucciones donde terminan por confundir la mediación con la conciliación y sin darles los alcances que tiene la mediación penal, resultando inoperable esta novedosa figura.

 

Finalmente, creo que, para efectivizar este instituto procesal, debe haber apoyo irrestricto del ente acusador, de los jueces y, claro está, con la voluntad de Estado, aportando los recursos económicos y logísticos para fomentar y desarrollar la mediación penal como mecanismo de justicia restaurativa para que sea una realidad en Colombia, y no se quede en simple letra muerta, convirtiéndose en un simple y deshilvanado saludo a la bandera.

 

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