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Un discreto paso hacia el monismo: arbitraje nacional bajo reglas internacionales

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Nicolás Rosero Espinosa

Abogado por la Universidad Nacional de Colombia

Asociado del Área de Arbitraje del Estudio Echecopar (asociado a Baker & McKenzie International).

 

El Proyecto de Ley 006 de 2019 que cursa en el Congreso de la República, mediante el cual se pretende el mejoramiento de la Ley 1563 del 2012 (Estatuto de Arbitraje), ha despertado distintos tipos de comentarios y/o críticas. En las siguientes líneas se analizará una norma en particular del proyecto, a saber: el artículo 20 (que adiciona el artículo 46A al Estatuto de Arbitraje), según el cual “… adelantar un arbitraje nacional conforme a las reglas del arbitraje internacional o viceversa no es por sí mismo causal de nulidad del laudo …”.

 

Como punto de partida, resulta llamativo que esta norma esté enfocada en el recurso de anulación, considerando que las causales para impugnar la nulidad de un laudo son taxativas y –en principio– el hecho de adelantar un arbitraje bajo determinadas reglas, siempre que las partes lo hayan consentido libremente, no debería ser motivo para afectar su validez. Bajo tal contexto, la norma aparentemente resultaría redundante.

 

No obstante, más allá del énfasis puesto en el recurso de anulación contra el laudo arbitral, el trasfondo de esta norma consiste en que –de forma expresa– se habilita a las partes a escoger libremente las reglas aplicables al proceso arbitral, independientemente de si su carácter es nacional o internacional. La norma, tal cual está planteada, estaría limitada únicamente a la posibilidad de escoger reglas arbitrales con mayor libertad, pero no habilitaría a modificar por acuerdo el carácter nacional o internacional del arbitraje, lo cual seguirá dependiendo de las causales establecidas en el artículo 62 del Estatuto.

La incorporación de una disposición de este tipo en una legislación “dualista”, como el Estatuto de Arbitraje, resulta cuando menos peculiar, dado que este tipo de legislaciones tiene como principal característica establecer un muro entre la regulación correspondiente al arbitraje nacional y al arbitraje internacional. Por el contrario, el artículo 20 antes citado forjaría un puente entre ambos tipos de arbitraje.

 

Lo anterior representa un hito valioso para la modernización y la armonización de la práctica arbitral en Colombia, especialmente en lo relativo al arbitraje nacional, cuya regulación posee una raigambre procesalista, con reglas rígidas que se asimilan en diversos aspectos al proceso judicial, privando al arbitraje de su carácter alternativo respecto a la justicia administrada por el Estado. 

 

Así, las partes podrán aprovechar la flexibilidad del arbitraje internacional para ajustar las reglas de sus arbitrajes locales, según sus controversias lo requieran. De esa manera, el arbitraje nacional podrá irradiarse de las mejores prácticas internacionales en diversos aspectos, tales como plazos, nombramiento de árbitros, manejo de interrogatorios o audiencias, producción de documentos, aplicación de normas de soft law, entre otros. Cabe señalar que ello es natural en legislaciones como la peruana de tipo “monista”, donde arbitrajes eminentemente nacionales pueden conducirse bajo reglas internacionales e, incluso, ser decididos por árbitros extranjeros.

 

Ciertamente, no bastará con la sola aprobación de una norma como el artículo 20 del proyecto para modernizar toda la práctica del arbitraje nacional en Colombia. Para que ello sea posible, además de contar con una legislación arbitral flexible, será necesario el esfuerzo conjunto de litigantes, árbitros, centros arbitrales, jueces y la academia a fin de asimilar, aplicar y difundir a nivel local las más modernas prácticas internacionales en la materia.

 

Sin perjuicio de ello, es un paso discreto –pero relevante– para combatir el “desarrollo todavía limitado del arbitraje en Colombia, como lo advierte la exposición de motivos del proyecto. Además, resulta plausible como una alternativa equitativa para permitir que quienes desean mayor flexibilidad en sus procedimientos arbitrales puedan así pactarlo, sin afectar a aquellos que prefieran mantener el statu quo (o viceversa).

 

Lo más provechoso para el arbitraje en Colombia será darle la oportunidad a esta disposición de convertirse en ley y ser llevada a la práctica, a fin de visualizar sus potenciales efectos positivos. A partir de ello, se podrá evaluar si el modelo de legislación arbitral “dualista” todavía es viable para el país o si ha llegado el momento de optar por una normativa unívoca y ajustada en mayor medida a las exigencias del comercio internacional.

 

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