Declaran responsabilidad estatal por fallas en atención a pueblo indígena desplazado

En el año 2014, la acumulación de amenazas y los enfrentamientos entre un grupo armado no estatal y la fuerza pública generaron el desplazamiento de al menos 1.300 personas de la comunidad indígena Wounaan del bajo San Juan hacia Buenaventura.

La Sección Tercera encontró que el Distrito de Buenaventura y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) fallaron en la atención humanitaria impactando el derecho de la comunidad a retornar, pues hubo presión sobre su voluntad, dilataron los procesos de construcción de un plan y rompieron la confianza necesaria para su concertación. Incurrieron también en fallas en el diseño e implementación que impidieron la dignidad del retorno, pues obstaculizaron la recuperación del goce efectivo de los derechos de las víctimas y profundizaron los daños que empezaron a causarse con el desplazamiento. Las fuerzas militares, por su parte, incurrieron en fallas en la garantía de seguridad para el retorno, aunque ellas mismas habían certificado una situación de tranquilidad en la región.

La desterritorialización padecida por el pueblo Wounaan de Chachaho, Chamapuro y Aguaclara recondujo todo su pensamiento a la supervivencia, impidió la reedición de sus lugares de fuerza y debilitó el uso de su lengua. También interrumpió los procesos de creación y reproducción de su memoria colectiva y, por tanto, de conservación de su identidad. Además, forzó a sus niños y adolescentes a espacios de aculturización que terminaron por debilitar la reproducción identitaria de todo el pueblo. Todos estos factores aumentaron exponencialmente su riesgo de extinción, dice la sentencia.

Por lo anterior, se declaró la responsabilidad estatal por fallas en la atención al pueblo indígena durante el tiempo en que las comunidades permanecieron desplazadas, y se decretó como medida de justicia restaurativa un acto de perdón.