La certificación como OEA: una herramienta para el crecimiento industrial y la lucha contra el narcotráfico

David Espinosa Acuña

 

Abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana y ‘visiting scholar’ de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico

 

A partir del 2001, luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre, se evidenció la necesidad de acrecentar la seguridad y la trazabilidad en la cadena logística a nivel mundial. Producto de esto, una de las primeras iniciativas fue la certificación Customs-trade partnership against terrorism.

 

Posteriormente, la Organización Mundial de Aduanas adelantó un programa internacional que estandarizó estos procesos, para así lograr que los países pertenecientes a esta pudieran implementarlo. A dicho programa y a su respectiva certificación se le dio el nombre de Operador Económico Autorizado (OEA), bajo los lineamientos del Framework of standards to secure and facilitate global trade.

 

A la fecha, son varios los países que han adoptado el programa, entre ellos, China, México, Colombia y algunos miembros de la Unión Europea. De igual forma, la mayoría de los países de América Latina han decidido sumarse a esta iniciativa.

 

Se entiende el OEA como la certificación que otorga la autoridad aduanera a las empresas que están inmersas en el movimiento de mercancía a nivel internacional y que, mediante un adecuado control de riesgos en su cadena de suministro, obtienen el reconocimiento como un operador confiable y seguro. Lo anterior, después de que se realiza un proceso de validación por los entes competentes, en el caso de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Policía Nacional y, en otros, el Instituto Colombiano Agropecuario y el Invima.

 

Dicho cumplimiento genera una serie de beneficios en sus operaciones de comercio exterior y el reconocimiento como una empresa segura, tanto para sus asociados de negocio, como para las autoridades de control.

 

El objetivo de los programas del OEA es establecer unos niveles mínimos de seguridad y facilitar el flujo del comercio internacional, forjando alianzas sólidas entre los sectores público y privado que permitan garantizar la seguridad de toda la cadena de suministro y construir relaciones de confianza, teniendo como último estadio el reconocimiento mutuo.

 

Beneficios

 

Bajo este contexto, la certificación como OEA trae múltiples beneficios. En el momento en que los empresarios toman la decisión de certificarse, deben adelantar actuaciones a nivel interno en materia de gestión de riesgos, evaluando cada uno de los departamentos que componen la compañía y determinando el nivel de seguridad en los mismos. Entre otros aspectos por evaluar, se encuentran: los controles de acceso; la seguridad física, del personal, del contenedor, de las unidades de carga, de los procesos y de la tecnología de la información; los asociados al negocio y demás ítems que permiten que se tenga una adecuada y oportuna gestión del riesgo.

 

Para sistematizar este proceso, múltiples entes del Estado otorgan a las empresas relacionadas con el comercio exterior la certificación como OEA. Por medio de esta, se audita todo lo referente a la seguridad con diferentes alcances, como recursos humanos, procesos, infraestructura, acceso, transporte, proveedores y asociados.

 

Esta certificación tiene tal relevancia para el Gobierno Nacional que este ha decidido otorgar varios beneficios a las empresas que deciden voluntariamente certificarse, enfocados en aumentar la competitividad, pero sin descuidar la lucha antidrogas: responsabilidad indelegable del Estado.

 

Así, se destacan diversos beneficios tributarios, por ejemplo, se les reduce el monto de garantías globales y se les permite actuación directa como declarantes exportadores ante la Dian, la adopción de canales especiales para operaciones de comercio exterior, la disminución de inspecciones físicas por parte de la Dian y la Policía Nacional, la facilitación del embarque en el lugar de este, la supresión de inspecciones intrusivas y la implementación de procedimientos simplificados, entre otros.

 

Fallas

 

Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos y de lo bien que suena teóricamente, en la práctica, muchas empresas han fallado en materia de seguridad. Esto permite a los criminales la filtración y penetración, trayendo como consecuencia la materialización de la contaminación de la carga en diversos escenarios y con sustancias ilícitas, lo que genera graves repercusiones empresariales. Esto, como consecuencia de no tener establecidas unas políticas de seguridad y gestión de riesgo adecuadas que permitan detectar inconsistencias a tiempo.

 

De esta forma, se han presentado casos en donde prestigiosas empresas de distintos sectores industriales tienen un deficiente nivel de seguridad o fallas en los procesos de producción, distribución, comercialización y transporte de sus productos, lo cual pone en entredicho su good will, al desatender los parámetros normativos internacionales de seguridad en la cadena de suministro.

 

Muchas veces, las empresas se quedan relegadas a sus procedimientos comerciales tradicionales, sin implementar técnicas de gestión de riesgo que permitan adaptar su modelo de negocio, para así evitar las formas emergentes de criminalidad en todos los niveles de la operación.

 

Experiencia local

 

En el caso colombiano, una empresa (se reserva el nombre) a lo largo del tiempo desarrolló sus procesos de producción y distribución de manera informal, situación que fue aprovechada por agentes externos conocedores de esta deficiencia para infiltrarla, hasta utilizar sus mecanismos para el transporte de sustancias ilícitas. Consecuencia de lo anterior, los delincuentes utilizaron la razón social y su reputación para alivianar los filtros de las autoridades competentes, sin tener en cuenta el proceso sistemático de inspección que se hace a nivel portuario.

 

Esta realidad no solo afecta moralmente al Estado, sino también el aparato productivo del país, aumenta la inseguridad, disminuye la competitividad, permea todos los niveles sociales y deforma la estructura del Estado social de derecho.

 

En el sector industrial cobra más relevancia, toda vez que este no puede crecer sin tener en cuenta la realidad del sitio geográfico donde se encuentra. Las empresas que manejan cierta cantidad de recursos y transportan mercancías hacia otros países son el blanco perfecto de los grupos que trafican estupefacientes. Dada la actividad desplegada por estas empresas, son el canal perfecto para concretar los negocios delictivos de dichos grupos.

 

Tal situación no se puede abordar desde un punto de vista simplista, como el depósito de un paquete con droga dentro de la carga. Los delincuentes realizan estas actividades con suma minucia para concretar la contaminación de una carga o aprovechar cargos críticos para lavar activos. Estos toman en cuenta las vulnerabilidades de las empresas, específicamente, actividades que están a la merced del azar o la informalidad. El ajuste y el control de los procesos de selección, el seguimiento de cargos críticos, la verificación de proveedores y la auditoría de recursos económicos dificultan la materialización del riesgo.

 

Omisión estatal

 

Lo paradójico de todo este asunto es que, a pesar de que las cifras oficiales evidencian el aumento del narcotráfico por la modalidad de contaminación en la cadena de suministros, son cada vez más las diferentes personas naturales y jurídicas en la sombra de la informalidad. Estas emergen frente a la pasiva y perpleja omisión del Estado, que acompaña los procesos de certificación como el simple cumplimiento de un requisito, sin ningún compromiso frente a la disminución del riesgo, con lo que se desdibuja el espíritu del decreto-ley que consagra el OEA y se obtienen beneficios estatales, sin aportar su responsabilidad social para prevenir esos delitos. De allí la importancia de que se regule de manera estricta las entidades que puedan acompañar estos procesos de certificación, para que su idoneidad dé cuenta de su fiabilidad final.

 

Actualmente, las autoridades y organismos de inteligencia tienen información que demuestra que uno de los eslabones más débiles de la cadena de suministros es el de la carga, porque la mercancía está siendo contaminada por grupos delincuenciales o de narcotráfico que buscan certificarse y blindarse de los diferentes controles, situación que beneficia a estas organizaciones, que reciben el acompañamiento gratuito en el proceso de certificación por parte de empresas o particulares que no tienen un sistema riguroso de gestión de riesgos, a cambio de contratar otros servicios, como, por ejemplo, de vigilancia y seguridad privada.

 

Sin duda, la certificación OEA le permite al país ser mucho más competitivo en materia de comercio, tener menores costos de transacción y el mínimo de revisiones e inspecciones, con el fin de facilitar y abaratar la actividad comercial, pero esto solo será posible en la medida en que la Dian implemente diferentes iniciativas de control junto con los organismos encargados de vigilar la actividad de las empresas, con los demás operadores de la cadena logística. Solo de esta forma la figura tomará relevancia, al blindar la cadena entre quienes tienen mayor responsabilidad en los procesos de importación o exportación.

 

Para que Colombia pueda cumplir los compromisos internacionales en materia de políticas públicas que lleven a las buenas prácticas y a mejorar el comercio, como los adquiridos cuando se incorporó a la Ocde, se debe establecer una legislación o regulación que permita determinar que quienes participen en los procesos de certificación como OEA tengan como mínimo un sistema de riesgos documentado y administrado por un gestor de riesgos; estudios de confiabilidad a todos sus asociados de negocio (provedores, clientes y empleados); seguridad física, del personal, de los procesos, del contenedor y demás unidades de carga; un plan de inspección; matriz de riesgo calculada por cada proceso y capacitación y entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas. 

 

La figura del OEA es la herramienta más importante y el programa de comercio mundial más seguro. Por tal razón, si Colombia adelanta estos procesos de manera más rigurosa y con un importante marco normativo, estaremos en el prestigioso número de los países que gozan de una regulación internacional para enfrentar y prevenir el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de activos.