Este plan, aprobado hoy por el Consejo Superior de Política Criminal, tiene como objetivo proteger los derechos de las personas que se encuentran en el territorio nacional y enfrentar efectivamente la criminalidad que pone en riesgo el ejercicio de los mismos. Igualmente, incluye acciones orientadas a la prevención del delito, la reconstrucción de los lazos comunitarios en el marco de la justicia restaurativa, la resocialización, entre otros. Adicionalmente, todos los lineamientos, acciones, productos y actividades contenidos en el plan atienden e integran enfoques transversales, partiendo de la base de que la sanción penal debe ser la última de las alternativas del Estado para el tratamiento de las conductas criminales, según informó el Ministerio de Justicia.