Sala Edición 5 - Imagen Principal

 

Más de 15 expertos se reunieron en la Universidad Icesi (Cali), para hablar sobre la calidad de la educación legal y la formación de abogados en el marco del posacuerdo. El foro, que fue organizado por Legis y las universidades Javeriana de Cali e Icesi, tuvo como protagonistas, entre otros, a Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la jurisdicción especial para la paz; Diego Eduardo López Medina, profesor de la Universidad de los Andes, y a Mario Cajas, jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Icesi.

 

Con este último, ÁMBITO JURÍDICO conversó sobre las preocupaciones y los desafíos de garantizar una formación jurídica para la paz.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Necesita el país una formación jurídica diferente para el posacuerdo?

 

Mario Cajas: En el foro que realizamos, se debatieron dos preocupaciones. La primera es la calidad de la formación jurídica en el país, que es un asunto de fuerte debate en Colombia, y sobre el cual hay unas agendas de reforma. La segunda se refiere a si es necesaria una formación jurídica distinta para la paz, es decir, si se requiere una educación diferente para jueces y abogados, a propósito de los nuevos desafíos que tendrían en el posacuerdo y, en general, en la construcción de la paz.  

 

Á. J.: ¿Y cuáles fueron las conclusiones?

 

M. C.: Hay distintas miradas y matices. Están quienes aseguran que el debate no se debería centrar en los posibles desafíos “coyunturales” del posacuerdo, sino que las facultades de Derecho deberían ponerle un acento diferente a ciertas competencias y enfoques curriculares que contribuyan a recuperar la función social de los abogados de facilitar la solución de la conflictividad social.

 

Por ejemplo, con un aprendizaje situado que reconozca las peculiaridades de los perfiles de conflictividad del país y de las regiones en donde actúan los juristas. También hay quienes piensan que se debería tener una preocupación general por la formación para la paz y la convivencia, pero sin descuidar el fortalecimiento de la formación de abogados para la judicatura y, en general, para el sector público, por ejemplo, dados los desafíos institucionales de poner en marcha una complejísima jurisdicción especial para la paz. Es el caso de las competencias en negociación y solución de conflictos, justicia restaurativa o el apoyo legal a las víctimas.

 

Á. J.: ¿En qué estuvo de acuerdo el nutrido grupo de panelistas invitados al foro?

 

M. C.: De manera general, yo diría que en la necesidad de que las facultades de Derecho pongan en el centro la “función social” de los abogados, es decir, como agentes para la solución de los conflictos en la sociedad. Ese es un asunto que parece obvio, pero que no siempre está presente en los enfoques curriculares y las preocupaciones de la formación jurídica en el país, pues el peso de la educación más “técnica” o “profesional” la suele ocultar. También el debate ético en la formación jurídica, que en buena medida se enlaza con lo anterior. De igual modo, la necesidad de aprender el Derecho desde distintas miradas, como las que ofrece la Historia, la Economía, la Ciencia Política, la Antropología o la Sociología, pero no como disciplinas “agregadas” al campo jurídico, sino como perspectivas que contribuyen a construir ese mismo campo.

 

Á. J.: ¿Qué otros temas se destacaron?

 

M. C.: También se destacó la creciente preocupación de la región por formar abogados con alto nivel académico, así como la calidad de sus profesionales. Esto no solo es importante en la medida en que los juristas de esta zona del país enfrentan los desafíos del posacuerdo, así como también son protagonistas en las necesidades jurídicas del desarrollo social y económico en el Pacífico. En este sentido, creo que el solo hecho de que Cali propicie la reflexión sobre la calidad de la educación legal y debata sobre el papel de la formación jurídica en la construcción de la paz, y que el escenario sea la Universidad Icesi, da cuenta de las preocupaciones que tenemos frente a este tema en nuestra región.

 

Á. J.: En una educación jurídica para la paz, ¿cuáles deberían ser los temas en el currículo de los programas de Derecho?

 

M. C.: Tal como se expuso por distintos ponentes en el foro, debería estar el análisis de los diferentes tipos de conflictos que hay en la sociedad, más allá del conflicto armado. También el contexto histórico, social, político, económico en donde operan las normas. Habría que considerar en mayor medida el perfil del conflicto. Otro aspecto fundamental es el conocimiento de las políticas públicas, un lugar del cual los abogados suelen estar alejados, por ejemplo, poco tenemos en consideración el diseño de esas políticas para la administración de justicia. En suma, es entender que la formación jurídica no es solamente la capacitación técnica profesional, sino que implica el conocimiento de diversos saberes.

 

Á. J.: ¿Y el programa de Derecho de Icesi está haciendo bien esa formación?

 

M. C.: Precisamente, la formación que ofrecemos tiene ese enfoque. La Universidad Icesi no solo estructura todas sus carreras según un núcleo central, que son cursos que se hacen preguntas sobre cómo conocer el mundo desde distintas miradas, por ejemplo, con las Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, la Economía, la ética, las humanidades, y en donde comparten estudiantes que se forman en disciplinas distintas. Todo esto es una gran ventaja para el aprendizaje en Derecho.

 

Además, los estudiantes se benefician de la educación experiencial en la atención a grupos vulnerables y también pueden tomar cursos como justicia transicional o derecho comparado y materias electivas en varias carreras que ofrece la universidad. Y eso no solo abarca los programas de pregrado, tenemos una maestría en Derecho con una profundización en formación de jueces, que es el Derecho Judicial, una de las pocas que existen en el país. Finalmente, nuestra maestría en Investigación en Derecho también analiza el Derecho desde perspectivas críticas y pretende aportar a un mejor conocimiento de la realidad nacional y regional.