Desde la Sentencia T-573 del 2016, emitida por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, el Ministerio de Justicia ofrece asesoría jurídica a la población en condición de discapacidad acerca de la esterilización quirúrgica definitiva, en colaboración con la Red Universitaria para el Reconocimiento y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (RUNDIS).

 

Como se recordará, dicha sentencia aborda el tema del derecho pleno a la capacidad jurídica y toma de decisiones autónomas de las personas con discapacidad, y el consentimiento informado de esta población frente a la esterilización quirúrgica definitiva, haciendo énfasis en que esta comunidad puede decidir sobre su propio cuerpo.

 

Con este documento, la Corte llena el vacío existente en esta línea jurisprudencial, entre las sentencias C-131 del 2014, que habla sobre la prohibición de anticoncepción quirúrgica a menores de edad en condición de discapacidad (excepción), y C-182 del 2016, que trata de los requisitos de interdicción y autorización judicial específica para esterilización quirúrgica de personas en situación de discapacidad mental, mediante el consentimiento de otra persona, precisó el Ministerio de Justicia.

 

Minjusticia resalta que el personal vinculado a los consultorios jurídicos de la RUNDIS está en plena capacidad de atender y asesorar a familias y personas en esta condición.

 

Minjusticia, Comunicado, 27/01/17

 

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