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Nuevamente, una acción pública de inconstitucionalidad ataca la Ley 1821 del 2016, que aumentó la edad máxima de retiro forzoso para personas que desempeñan funciones públicas.

 

Vale la pena informar que la demanda expone los vicios de forma y de fondo que se presentan, presuntamente, en la nueva la normativa.

 

El demandante sostiene que la convocatoria presidencial para aprobar el proyecto en sesiones extraordinarias fue extemporánea. 

 

Pero también que la Ley 1821 está afectando en forma negativa el concurso de méritos que se está llevando para la provisión de cargos de notario en todo el país.

 

Finalmente, indica que la normativa desconoce los principios constitucionales del debido proceso, la confianza legítima, la buena fe y el respeto por los derechos adquiridos.

 

Corte Constitucional, Demanda D-11940, 01/30/17

 

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