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Salomón Kalmanovitz

Economista e historiador

 

 

En la reforma tributaria del 2016, se aumentó la tasa de tributación de las empresas radicadas en zonas francas del 15 % de su utilidad neta al 20 %, manteniendo una ventaja odiosa de frente a lo que deben abonar las sociedades, que es del 40 % en la actualidad y será del 33 %, en el 2018. Según la ley, “las Zonas Francas en Colombia están definidas como un área geográfica dentro del territorio nacional, debidamente cerrada, en el cual se aplica un régimen tributario y aduanero especial. Dentro del régimen existen dos tipos de Zonas, Zona Franca Permanente y Zona Franca Uniempresarial”.

 

El tratamiento preferencial para este tipo de empresas que otorgó la administración de Álvaro Uribe en aras de la confianza inversionista (L. 1004/05) ha tenido un fuerte costo fiscal para el Estado, pero, además, socavó el principio de universalidad y equidad que debe mantener la ley en general y la tributaria, en particular. Para hacer las cosas peores y más costosas, tales empresas quedaron también exentas de las contribuciones parafiscales por concepto de aportes al Sena, ICBF y salud, lo que les representa un ahorro del 13,5 % sobre sus nóminas, algo que el resto de contribuyentes debe sufragar y que la nueva reforma tributaria no quiso disputar.

 

Otras ventajas que tienen estas empresas son las siguientes: los bienes introducidos desde el resto del mundo a la zona franca no se consideran importaciones y, por tal, no pagan arancel e IVA, incluyendo los bienes producidos en Colombia que “importen” a la zona franca y se permite la exportación desde la zona franca al resto del territorio aduanero nacional.

 

La zona franca uniempresarial se define como el estatus que adquiere una sola empresa para obtener las ventajas de zona franca, instalándose en cualquier lugar de Colombia. Su requisito es invertir 50 millones de dólares y generar 150 empleos directos que pueden reducirse a 50, si la inversión es mayor, y aplica no solo a inversiones nuevas, sino a empresas existentes que cuenten con la influencia para que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se lo reconozca.

 

Las zonas francas tenían como objeto original fomentar las exportaciones del país, pero muchas de las que lograron esa favorabilidad se concentran en el mercado nacional y no se molestan con la tarea de conquistar mercados externos. A tales empresas “se les otorga el permiso para funcionar como Zona Franca hasta por un término máximo de 30 años, prorrogable por otros 30”; fueron concedidas por medio de contratos que les garantizaban estabilidad jurídica a perpetuidad. Según Sergio Clavijo, presidente de Anif, las exportaciones de las zonas francas no alcanzan los 3.000 millones de dólares por año, menos del 9 % del total del 2016 y han permanecido estancadas en la última década.

 

El epítome del favoritismo y nepotismo que caracterizó a la segunda administración Uribe fue la concesión a favor de sus hijos, Tomás y Jerónimo, de terrenos adyacentes a lo que sería la Zona Franca de Occidente SAS. Ellos adquirieron 35 hectáreas de uso agrícola en el municipio de Mosquera de las que pudieron vender 554.908 m² con una valorizaron de 100 veces después de su admisión por las autoridades presididas por su padre como zona franca permanente en el 2008, según la crónica de Daniel Coronell.

 

En su brochure, se lee: “las empresas ubicadas en la Zona Franca de Occidente representan importantes industrias del sector manufacturero, logístico, autopartes, empaques, fibra óptica, petróleo, servicios de construcción, pinturas, entre otros”.