John Zuluaga

LL.M y Doctorando de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania).

Investigador del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano

www.john-zuluaga.de 

 

 

Como un ejercicio que pretendió redimir tantos y continuos silencios frente a la situación de la justicia criminal en Colombia, un grupo de profesores de Derecho Penal, Procesal Penal y Teoría del Derecho Penal de universidades de todo el país ha presentado un muy importante manifiesto con ocasión de la asunción del nuevo Fiscal General de la Nación.

 

Este ejercicio de expresión profesoral, otrora silenciado con agresiones a la libertad de cátedra o a la vida misma de los profesores, sintetizó múltiples preocupaciones sobre desarrollos y prácticas judiciales que impactan a la justicia penal en Colombia y que ponen en riesgo su acomodo a los postulados propios del Estado de derecho social y democrático. En cuatro niveles de análisis, el manifiesto profesoral abordó las problemáticas más sensibles de la justicia criminal colombiana y puso negro sobre blanco los aspectos que definen su estado actual como gravísimo.

 

En primer lugar, concibió las razones que aclaran la distorsión constitucional de la política criminal colombiana. Tanto los encasillamientos mediáticos como presiones gubernamentales o político partidistas explican no solo la reactividad de impulsos penales y procesales penales, sino, además, el populismo punitivo y la eficacia meramente simbólica de la ley penal, aspectos a los que contribuye, además, la ausencia de sustento empírico y evaluaciones de impacto de las decisiones político criminales.

 

En segundo lugar, se consideraron los efectos de aquel despliegue político criminal en el sistema procesal penal y, específicamente, en la Fiscalía General de la Nación. Cuatro tópicos se han profundizado para evidenciar el desapego a un patrón democrático de investigación penal y respetuoso de las garantías fundamentales de muchos de los perseguidos penalmente. Primero, el abuso de la detención preventiva, convertida en regla general durante la investigación penal y parámetro para medir la eficiencia del proyecto acusatorio de proceso penal. Segundo, las prácticas de recolección de los elementos materiales probatorios y de evidencia física, preponderantemente dirigidas a soportar terminaciones anticipadas con base en acuerdos y negociaciones. Tercero, la función de policía judicial, llevada a cabo por múltiples operadores institucionales rezagando la efectiva realización del principio acusatorio en la investigación penal. Cuarto, la infraestructura y el recurso humano para el sistema acusatorio, cuyo ensanchamiento burocrático estimula una progresiva politización del ente investigador y de las prácticas de investigación penal.

 

En tercer lugar, se advirtió de la importancia de discutir pública y abiertamente los mecanismos de justicia transicional que asumirán las cargas judiciales de transición hacia una situación pacífica en Colombia. Específicamente, se puso énfasis en dos puntos: por un lado, la selección y priorización de los casos en tanto el acuerdo sobre una jurisdicción especial para la paz no desarrolla cláusulas al respecto a la manera de pautas de compensación a la sobrecarga procesal que se avizora. Por otro lado, las alternativas al Derecho Penal, ya que un uso expansivo del procedimiento penal como mecanismo de transición terminaría por extraer y minimizar la maniobrabilidad y las posibilidades adaptativas de otras condiciones para la resolución del conflicto armado.

 

En cuarto lugar, en el manifiesto se planteó una reflexión fundamental sobre el direccionamiento de la Fiscalía General de la Nación. Entre otros aspectos, se hizo un sensible llamado a desburocratizar y, en contra de las prácticas de contratación antecedentes, a la instauración de una verdadera carrera fiscal. Adicionalmente, quedó consignada como actividad prioritaria la necesidad de diseñar de forma clara y precisa el presupuesto de la entidad, de tal manera que la viabilidad presupuestal de la Fiscalía quede asegurada y se puedan cumplir sus importantes funciones sin contratiempos de tipo material.

 

El manifiesto es muy significativo en momentos en los que reflexionar sobre el sistema penal y, especialmente, sobre los problemas que explican su desacomodo al paradigma constitucional de persecución penal, se confunde con afrentas al optimismo institucional que anclado en cierto fetichismo normativo promueve la solución a nuestros problemas. La importancia de dicho ejercicio, además, ha sido positivamente valorada a nivel internacional al punto de encontrar plena acogida entre destacados colegas y profesores como Ernesto Abril (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), Jean Pierre Matus (Universidad de Chile), Raúl Eugenio Zaffaroni (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Sergio Cuarezma Terán (Instituto de Estudio e Investigación Jurídica -INEJ-, Nicaragua) e, incluso, una adhesión unánime por parte de la Asociación Guatemalteca de Derecho Penal y Criminología.