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La situación de las cárceles del país continúa en estado crítico y el estado de cosas inconstitucional en esta materia parece sin mejor.

 

Han sido muchos los factores para esta situación y, precisamente, el pasado mes de febrero la Corte Constitucional, en una tutela que impartió órdenes a varias entidades para que avancen en una solución a la crisis, declaró que la política criminal colombiana ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, incoherente y subordinada a la política de seguridad. (Lea: Corte califica la política criminal como populista e incoherente)

 

Ahora, ante la falta de prestación de servicios médicos y de salud en 74 establecimientos carcelarios y la urgencia para atender a la población reclusa, prioritariamente a los internos con VIH (611), cáncer (89), diabetes insulinodependientes (1.112), trastorno pulmonar (188) y psiquiátricos (2.884), el Ejecutivo decretó la emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión del país. (Lea: Conozca la clasificación de los derechos fundamentales de los reclusos)

 

Esta declaratoria le otorga facultades especiales al director del Inpec y a la Uspec para tomar acciones expeditas que permitan hacerle frente a la crisis en términos de contratación directa de obras de mejoramiento en unidades de sanidad, compra de medicamentos y atención urgente de los servicios de salud. (Lea: Así definieron competencias de la Uspec y el Inpec)

 

En este orden de ideas, las primeras medidas adoptadas son:

 

  • Realizar brigadas de salud inmediatas

 

  • Modificar el manual de funciones a cargo del Inpec, para que profesionales de salud que actualmente son funcionarios de áreas administrativas puedan realizar funciones asistenciales y

 

 

(Minjusticia, Comunicado, May. 05/16 )

 

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