Adriana Zapata

Doctora en Derecho

 

Con enorme diligencia, instituciones de la importancia del Banco de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia han venido pronunciándose sobre la falta de valor legal del bitcóin, una especie de las genéricamente llamadas criptomonedas. En uno de los últimos documentos que se han emitido, el Emisor (Q16-1712, BR) alerta sobre los riesgos que implica su uso para el consumidor, pues sus recursos pueden ser objeto de robos cibernéticos, al lado de potenciales evasiones tributarias e imposibilidad de empleo en operaciones de cambio internacional.

 

Particularmente, el origen confuso del bitcóin hace de esta nueva especie un fenómeno imposible de enmarcar dentro de nuestra concepción clásica de los valores monetarios, los cuales, sabemos, están asociados a los atributos de unidad de cuenta, medio de atesoramiento y curso legal. Las criptomonedas carecen del último elemento mencionado, precisamente por su origen no estatal.

 

La moneda legal, que en sí misma es una entelequia, se fundamenta en otra mayor, que es el concepto de Estado. Ambas corresponden a ficciones medievales, que en la modernidad han cedido el paso a la evolución vertiginosa de la aldea global y del internet que será –si es que no lo es ya- el mercado de los mercados, aunque más posiblemente, el casino por excelencia.

 

La soberanía monetaria, que se expresa, sobre todo, en el poder de acuñación, se acompaña igualmente de otras prerrogativas regulatorias y de intervención sobre la moneda y los mercados. Lo cierto es que es en la aplicación de estas facultades en que se concreta el poder estatal de protección del bien público consistente en la estabilidad monetaria y financiera, a la que tienen derecho a aspirar legítimamente los ciudadanos. La mala noticia es que esos poderes tan solo tienen alcance territorial.

 

Reflexionando sobre el euro y sus muchas imperfecciones, se me ocurre pensar que se trata del más importante esfuerzo de coordinación de políticas monetarias a escala multilateral, que evidencia una cesión autoimpuesta de prerrogativas soberanas en pro de hacer viable el esfuerzo colectivo de generar mejores condiciones para los habitantes (aunque algunos preferirían el término de ciudadanos) de la Unión Europea. Esta concepción jamás fue compartida por los ingleses y de allí que el brexit no sea más que un tardío obrar en consecuencia.

 

Nada similar ha ocurrido en el terreno de las finanzas globales. Si bien no son desdeñables los esfuerzos de coordinación -que se remontan a la creación del Comité de Basilea en 1974 bajo de égida del Banco Internacional de Pagos, y alcanzan su cúspide en la creación casi que espontánea del Financial Stability Board en las postrimerías del siglo pasado-, ningún poder ha logrado acotar las posibilidades infinitas de generación de negocios en la red; mejor aún, ninguno ha intentado siquiera desafiarlo seriamente.

 

El recientemente fallecido pensador polaco Zygmunt Bauman, con esas frases lapidarias tan suyas, nos dejó indicado que las instituciones democráticas no fueron diseñadas para manejar situaciones de interdependencia, y que los derechos económicos de las personas han quedado fuera del alcance del Estado. Por esto, sin acotamientos y al garete, el bitcóin ganará en esta apuesta; al final, como ocurre sin excepción en los colapsos financieros –que en este caso doy por descontado-, todos perderemos. Pero no olvidemos que el Derecho Financiero, sea este interno o internacional, evoluciona al calor de las crisis.