Andrés Barreto González

Of Counsel en Moncada Abogados

Miembro Fundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional

Miembro de la International Bar Association.

 

Como se reseñó en Ámbito Jurídico el pasado 23 de mayo, fue sancionada la Ley 1834 de 2017, “Por medio de la cual se fomenta la economía creativa – Ley Naranja”. Para mí, que en su momento tuve la oportunidad de participar en su redacción y trámite como parte del equipo del senador Iván Duque, fue motivo de gran satisfacción ver que Colombia promulgue legislación pertinente, necesaria, pero sobre todo de vanguardia y en donde quepamos todos: creativos, abogados, agentes estatales, empresarios y emprendedores.

 

La cultura, la creatividad y el emprendimiento se han venido usando como un eslogan de campañas y programas, pero ¿qué herramientas garantizan que el ecosistema creativo y los diferentes actores puedan articularse?

 

Para responder a esta pregunta la ley busca recoger un concepto derivado de un muy juicioso estudio económico y técnico elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Buitrago, Duque 2013), el cual identifica, visibiliza y cuantifica la economía creativa.

 

Esta oportunidad infinita que se desprende de la creatividad y creación humana busca una protección legal en Colombia a través de este instrumento, el cual tiene por objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas en el país, impulsar aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, así como en la creatividad y la cultura, los cuales se fundamentan en derechos de propiedad intelectual (Art. 1, Ley 1834 del 2017).

 

Como todos los fenómenos jurídicos y económicos los hechos anteceden su enunciación, es así como se debe partir del hecho de que la economía naranja ya existe, es una realidad, en nuestro hemisferio tenemos diferentes y variadas manifestaciones de ello, en otros Estados el valor económico de este sector es una realidad tangible, así como una prioridad estatal y económica.

 

Basta pensar en Broadway en Nueva York, en los teatros londinenses, las producciones cinematográficas en Hollywood o Bollywood, todo lo que viene asociado a la gastronomía, desde las creaciones culinarias hasta el diseño del menú, la curaduría de la música, la arquitecta de los inmuebles, o en infraestructuras más grandes como museos, teatros y óperas, espacios para conciertos, para tener ejemplos de cómo las cadenas que jalonan la economía creativa son inmensas y cuentan con un valor en creación de trabajo, desarrollo de talentos, derechos de propiedad intelectual, exportaciones y regalías, inter alia.

 

Si la economía naranja fuera un país sería la cuarta economía del mundo (BID, 2103), ahora pensemos en el potencial que este sector de la economía tiene en un país como Colombia en el que hay diseño, moda, música, producciones televisivas, guiones, teatro, escritores, publicistas, desarrolladores de aplicaciones, ferias, fiestas, en fin; talento real y potencial por desarrollar.

 

Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), Colombia tiene un sector cultural y creativo que representa más del 3 % del PIB. Este aporte es mayor que el que hace el café y la minería al PIB nacional.

 

Tras la caída de las exportaciones en general, pero especialmente tras el fin de la llamada “bonanza minero energética”, y ante la crisis de las economías tradicionales asociadas a commodities, es imperativo analizar nuevos escenarios en donde varios Estados ya nos llevan ventaja al haber identificado el valor de sus creaciones en conjunto. Es así como hoy pagamos por marcas, licencias, registros, descargas, bienes y servicios estrictamente asociados a este concepto de economía creativa y derechos de propiedad intelectual.

 

En este contexto, la Ley Naranja procura un mejor tratamiento a la cultura desde el punto de vista económico, institucional y legal. La Ley 1834 del 2017 busca, entre otras, desarrollar lo siguiente:

 

 

-Otorga a los departamentos y municipios la posibilidad de acceder a infraestructura cultural para que todas las expresiones artísticas puedan tener más espacios de participación (incluso en los OCADS).

 

 

-Incluye que, en la jornada única escolar, la formación artística tenga el mismo plano y el mismo peso con otras fuentes de conocimientos, como lo han hecho otros países que le apuestan al capital humano.

 

-Establece que los emprendedores culturales tengan la posibilidad real de acceder a crédito de largo plazo y en mejores condiciones.

 

-Busca que la industria cultural y al mismo tiempo los artistas puedan beneficiarse del entorno cultural regional en la coproducción en la distribución en el manejo y lo que tiene que ver con la defensa de la propiedad intelectual, y se le está dando vida al sello “Creado en Colombia”.

 

¿Qué sigue?

 

Evidentemente el reto actual es lograr la reglamentación de la ley, así como la articulación de los diferentes actores público privados y mixtos, en torno a la implementación y adecuado desarrollo del instrumento.

 

La ley contempla que el Gobierno Nacional otorgue incentivos para las personas naturales y jurídicas que ejerzan mecenazgo, patrocinio y/o auspicio de las actividades definidas dentro de los sectores de la economía creativa.

 

También se busca que, a través de la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter), se creen líneas de crédito y cooperación técnica para el impulso a la construcción de infraestructura cultural y creativa en los entes territoriales.

 

Estos proyectos estarán orientados principalmente a infraestructura urbana que estimule estos sectores, infraestructura dedicada a museos, bibliotecas, centros culturales, teatros y otros, e infraestructura digital tendiente a democratizar el acceso a conectividad e internet de alta velocidad.

 

 

Igualmente, se busca promover la adecuada financiación que permita desarrollar la economía creativa. Para esto, el Banco de Desarrollo Empresarial y Comercio Exterior - Bancoldex abrirá líneas de crédito para emprendimientos creativos, a través de la Unidad de Desarrollo e Innovación (iNNpulsa Colombia) y el Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

 

Al fin de cuentas la ley busca crear un ecosistema institucional que soporte la economía naranja, e implica generar un cambio estructural dentro de los sectores tradicionales.

 

En este contexto debemos desarrollar el país a través del inmenso potencial que se tiene, es por ello que, como lo dice “La Economía Naranja” (Buitrago, Duque 2013), hay que exprimir la naranja y sacarle jugo a esta ley.