El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley estatutaria para fortalecer el marco jurídico que les permite a los organismos de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal.

 

La norma extiende la reserva legal de la información de inteligencia y contrainteligencia de 25 a 30 años. Así mismo, faculta al Presidente de la República para extender la reserva por 15 años más, cuando su difusión suponga una amenaza grave contra la seguridad nacional. 

 

De igual manera, autoriza al Ejecutivo para establecer niveles de clasificación de la información y diseñar un sistema de acceso a la misma por parte de los servidores públicos.

 

Se destaca la creación de tres nuevos organismos: la Junta de Inteligencia Conjunta, una comisión legal de seguimiento a las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el Congreso de la República y una comisión asesora para la depuración de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia.

 

La ley prohíbe vincular a menores de edad a las actividades a las que se refiere, permite interceptar comunicaciones únicamente en desarrollo de procesos judiciales y señala la obligatoriedad de elaborar un plan nacional de inteligencia.

 

Además, adiciona a la Ley 5ª de 1992 un artículo relacionado con las funciones y facultades de la comisión legal de seguimiento a las actividades de inteligencia y contrainteligencia.

 

(Ley 1621, abr. 17/13)