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Óscar Iván Palacio Tamayo

Director de la Fundación Defensa Ciudadana

 

La catástrofe social marcada por el fenómeno demográfico del envejecimiento ya tocó las puertas y las ventanas de Colombia.

Según las cifras oficiales del Departamento Nacional de Estadística (Dane), se estima que, para el año 2019, seremos 50 millones de colombianos. Extrañamente, y nadie lo sabe, para las “estadísticas” no cuentan la mayoría de nacionales residentes en el exterior que, según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, se estiman en 4,7 millones equivalente a un 10 % de la población total.

 

Hoy, la cifra de los colombianos mayores de 60 años asciende a seis millones y se estima que, para el 2050, ese número llegue a 15 millones, es decir, ese grupo equivaldría al 24 % de los habitantes. La expectativa de vida en nuestro país pasó de 50,4 años, en el año 1955, a 75, en el 2017. No obstante, de estas personas en edad pensional, solo 3 de 10 disfrutan de una pensión y, según Asofondos, dentro de 20 años, solo se pensionará uno de cada 10.

 

La totalidad de pensionados en Colombia, que hoy suman 2.260.000 personas, incluidas las de los riesgos de vejez, sobrevivencia e invalidez en todos los regímenes (magisterio, territoriales, Fuerzas Militares, Colpensiones y fondos privados) cuestan 41 billones de pesos, que representan el 18,3 % del presupuesto nacional.

 

La alarma para la mayoría de los expertos económicos se debe a que este elevado costo económico es para pocas personas y, por ende, se han centrado en la esperada “reforma pensional” que no va dirigida a otra cosa que a las decantadas acentuaciones paramétricas de aumentar los requisitos de semanas, edad, cotización y disminuir el monto de la pensión.

 

Ese enorme costo que recaería sobre los empresarios y trabajadores cotizantes que, con esfuerzo, se han formalizado, pero que no compensan la otra Colombia mayoritariamente informal, beneficia solo al 30 % de la población en edad de jubilación. Únicamente en la medida en que se mire para transformar la oscuridad y estrechez de un sistema pensional excluyente y costoso, se podrá generar soporte, confianza y legitimidad en el mismo.

 

Próximos retos

 

Así, la próxima reforma pensional no puede quedarse solo en ajustar los desbalances de los actuales 2,2 millones de pensionados, sino en abordar la cruz social y la catástrofe humana de un país que envejece en la pobreza, pues sería incompleto e insoportable, desde el punto de vista de la equidad, si no se siguen esos lineamientos.

 

El Estado hoy tiene que avizorar y reservar para atender a cuatro millones de colombianos que no tienen ni tendrán pensión y que, en el 2050, ascenderán a 12 millones en las mismas condiciones, con el agravante de que serán muchos más los nacionales mayores de 60 años que los menores de cinco años, lo que significa un país envejecido en la pobreza.

 

La propuesta de todos es la de la formalización del empleo, que en Colombia irradia un contraste del 50 % en las grandes ciudades y hasta del 95 % en las pequeñas ciudades y zonas rurales. Casi nadie cotiza, aun teniendo la capacidad de hacerlo. Se ve lejano llegar a “formalizar” la totalidad del medio empleador, pero se debe avanzar en ello. De lo contrario, cualquier alcancía pensional se quiebra y solo se remienda a través de impuestos.

 

Para que la idea funcione, hay que agregarle una cultura de ahorro en la que niños y jóvenes, por su propia cuenta, tengan la audacia y responsabilidad de asumir una sabiduría intergeneracional de manejo del dinero, las finanzas y las reservas tendientes a cubrir los riesgos latentes de muerte, invalidez y vejez, aportando en las entidades e instituciones debidamente establecidas para asegurarlos, lo que se verá reflejado directamente en la sostenibilidad financiera del sistema.

 

Periódicamente, el Estado logró bajar su deuda pensional de un 280 % a un 170 % del producto interno bruto (PIB), con las leyes 100 de 1993 y 797 del 2003, más el Acto Legislativo 01 del 2005, que la ajustó a un 109 % del PIB, pero a un alto costo social, representado en millones de colombianos, cada año en aumento, que no alcanzan a adquirir su beneficio pensional.

 

Algunas propuestas

 

No podemos caer en la falacia de los técnicos económicos que dicen que el sistema pensional colombiano solo favorece a los más ricos de la población. La verdad es que el 51 % tiene una pensión mínima y hasta el 80 % de los pensionados es de menos de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV); solo el 1 % tiene pensiones privilegiadas, que, generalmente, se predican de las mayores de 10 SMLMV, aunque legales, chocan con la pobreza y exclusión de millones de adultos mayores. En la próxima reforma, sin más, se puede corregir con un gravamen similar al que pagan los asalariados por retención en la fuente, con destinación exclusiva al Fondo Nacional de Solidaridad Pensional.

 

Mi propuesta en el debate gubernamental, y de la reforma en sí misma, es que estos contextos deben de ir juntos, pero no revueltos, diferenciándose en que, por un lado, se debe garantizar la sostenibilidad de los 2,2 millones de pensionados actuales, más los 40.000 que está arrojando el mercado anualmente, la mayoría de los regímenes especiales (maestros y Fuerzas Armadas), y, por el otro, atender a los actuales cuatro millones de colombianos adultos mayores sin pensión, que aumentan en 400.000 cada año, acrecentando este lastre social de envejecer con pobreza.

 

Para estos últimos, no hay que temerle a una pensión que he dado en llamar “asistencial”, siendo el nombre lo de menos, la cual exigiría ser mayor de 70 años en los estratos 1 y 2, no poseer patrimonio y carecer de ingresos económicos, en dos modalidades: una “simple”, conformada por quienes nunca cotizaron o sirvieron al Estado y los que lo hicieron, pero no superaron los siete años, otorgándoles un equivalente a una tercera parte del SMLMV. Y otra “mixta”, para quienes cotizaron o sirvieron más de siete años, pero menos de lo requerido para la pensión de vejez, en cuantía proporcional que iría desde el 35 % hasta el 70 % del SMLMV. Esto significaría un mecanismo decisivo en la superación de la pobreza extrema y la indigencia, con consecuencias positivas para el bienestar de las personas y la dinámica económica en virtud de la capacidad de compra de nuevos consumidores.

 

Pensión familiar

 

Otra manera de disminuir la exclusión pensional será hacer realmente efectiva la pensión familiar, que permite a dos compañeros o esposos unir sus aportes y alcanzar lo requerido para una pensión mínima entre ambos, eliminando un aparte de la normativa: el literal l) del artículo 3º de la Ley 1580 del 2012, que exige individualmente a los que la pretenden haber cotizado el 25 % de las semanas requeridas para la pensión de vejez antes de los 40 años, es decir 325 actualmente.

 

El Congreso de la Republica avocó por 12 años la viabilidad de esta prestación económica, con el objeto de beneficiar a 300.000 familias, pero debido a esta trampa, solamente hay la ridícula cifra de 233 reconocidas, porque casi siempre uno de los dos no cumple, la mayoría de las veces es la mujer, dados los eventos históricos y que su ingreso al mercado laboral fue tardío.

 

En conclusión, la “bomba pensional” es un título que conmueve y preocupa a todos los colombianos y tiene unos efectos políticos para las pretensiones de los interesados en ella, pero es un título sesgado e incompleto, porque se refiere únicamente a las dificultades de los actuales pensionados y los pocos que lo van a lograr. Debe extenderse a la problemática de los millones de nacionales que aumentan, año a año, y no tendrán pensión con un camino inexorable a la pobreza y miseria en la población de los adultos mayores en Colombia. De no tener medidas económicas y sociales tangibles para estas personas, ya no será una bomba pensional, sino una bomba social incontenible.

 

Depende de la prudencia, inteligencia, solidaridad, conocimiento y compromiso de un buen gobierno que marchemos hacia un país más equitativo o nos veremos llamados a competir con Haití, Bolivia o Uganda por el campeonato de la inequidad.