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Carla Juliana Sanabria Durán

Abogada Moncada Abogados

j.sanabria@moncadaabogados.com.co

 

¿Se desequilibró la balanza en el trato de los trabajadores nacionales y extranjeros en Colombia? La salida de nacionales del país, los efectos de las remesas, el asilo y el refugio son los temas tradicionalmente estudiados respecto a la migración; otros temas, como la trata de personas, el tráfico de migrantes, los intercambios comerciales y la migración laboral merecen especial atención. La migración laboral involucra un movimiento de personas que impacta internamente los asuntos del país, por lo que se deben analizar sus implicaciones, forzando la pregunta inicial.

 

Si bien gran parte de los migrantes cuentan con competencias laborales que les permiten ingresar al mercado nacional, muchos lo hacen desconociendo las condiciones laborales y migratorias que están reguladas en nuestro país, permaneciendo en la clandestinidad y, en ocasiones, sometiéndose a circunstancias indignas que, además de convertirlos en víctimas de empleadores inescrupulosos que ofrecen salarios inferiores, imposibilitan su acceso a seguridad social, entre otras condiciones desventajosas.

 

Históricamente, la migración en Colombia se ha caracterizado por ser escasa, de carácter regional, principalmente proveniente de Venezuela y Ecuador. La llegada de viajeros extranjeros al país ha crecido en los últimos años. Según Migración Colombia, en el 2014, llegaron al país 2.051.918 extranjeros; en el 2015, 2.389.410; en el 2016, 2.699.196, y a junio del 2017, 1.474.819, principalmente de Venezuela, EE UU, Argentina, Brasil, México y Ecuador. De estos ingresos, corresponden a visas de trabajo, en el 2014, 81.557; en el 2015, 79.918; en el 2016, 68.352, y a junio del 2017, 32.298. El ingreso irregular no permite tener estadísticas confiables sobre la verdadera cantidad de extranjeros ocupando puestos de trabajo.

 

Según datos oficiales, el número de trabajadores extranjeros legales en Colombia no alcanza al 1 % del total de trabajadores formales. Sin embargo, la percepción en el mercado es diferente, ya que es cada vez más evidente la integración al mercado de personas extranjeras de diferentes nacionalidades, que sugiere una transformación y desplazamiento de la oferta local versus el ingreso de competidores en condiciones diferentes de mercados foráneos.

 

Migración y desempleo

 

El Dane señaló que el desempleo a junio del 2017 fue del 8,7 % y que los trabajadores informales entre abril y junio del 2017 corresponden al 46,8 %. Según un estudio de la Universidad del Rosario, para mayo de este año, la informalidad laboral en Colombia llegó al 65 %, y solo 7,8 de los 22 millones de trabajadores ocupados están vinculados al Sistema de Seguridad Social, cifra que contradice lo informado por el Dane.

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1429 del 2010, se derogaron los artículos 74 y 75 del Código Sustantivo de Trabajo, que regulaban la proporción e igualdad de condiciones entre trabajadores colombianos y extranjeros. Este mecanismo de control establecía que todo empleador que en planta tuviera más de 10 trabajadores, debía ocupar “una proporción no inferior al noventa por ciento (90 %) de colombianos con respecto al total de trabajadores ordinarios, y no menos del ochenta por ciento (80 %) del personal calificado o de especialistas o de dirección”. Esta condición debía estar certificada por el Ministerio de Trabajo, legitimando el porcentaje como requisito del Ministerio de Relaciones Exteriores para efectos de trámites de visas de trabajo.

 

También los tratados de comercio internacional que preveían aumento de flujos migratorios en el país y el ingreso de capital e inversión extranjera le dieron paso a la reforma migratoria del 2013 (Decreto 834), que buscaba darle mayor dinamismo a la forma de desarrollar los negocios en Colombia y mayor celeridad y eficiencia en el trámite de visas, a fin de que el sistema migratorio dejara de ser un obstáculo para el desarrollo del país.

 

Nueva reforma legal

 

Hoy, nos encontramos frente a una nueva reforma en materia de visas, que empieza a regir en noviembre del 2017 (Res. 6045/17), en la que, entre otras cosas, se eliminó la visa temporal TP-4, visa “de trabajo”, introduciendo el concepto de “Permiso de trabajo”, el cual podrá ser concedido a los tres nuevos y únicos tipos de visa que se otorgarán: visitante, migrante o residente, sin necesidad de requisitos especiales, como se exigía anteriormente.

 

Adicionalmente, por la delicada situación interna que vive Venezuela y debido al masivo ingreso de personas del vecino país, el Gobierno promulgó la Resolución 5797 del 2017, estableciendo que desde el 3 de agosto y hasta el 31 de octubre del 2017, los ciudadanos venezolanos que cumplan los requisitos, podrán tramitar un permiso especial de permanencia, hasta por dos años, que, entre otras cosas, les permite ingresar al mercado laboral de manera regular. Por eso, Migración Colombia reportó que 24 horas después de la entrada en vigencia de la citada resolución, 22.000 venezolanos regularizaron su situación de los 200.000 que se encuentran en el país.

 

A la hora de tomar estas medidas, se desconoce si el Gobierno está considerando la desaceleración económica de los últimos tres años, que también afecta este fenómeno migratorio. Aunque se afirma que es solo un tema de percepción, el panorama es desalentador y sus efectos ya se dejan ver: el cierre de empresas, el aumento de la cartera vencida de las instituciones financieras, los despidos masivos, el incremento de la delincuencia e inseguridad en las calles y una migración laboral sin control, que puede ser tan lesiva como el contrabando.

 

La migración laboral debe desarrollarse en condiciones que garanticen la dignidad humana, la seguridad e igualdad, pero sin afectar a los nacionales. En el cuatrienio 2010–2014 denominado “Prosperidad para Todos”, se legisló sobre la necesidad de afianzar la “Política Integral Migratoria” del país y percibimos unos pocos cambios. En el Plan de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, brillan por su ausencia políticas de Estado que involucren a todos los actores, que permitan al país estar preparado para la coyuntura, garantizando los derechos de trabajadores nacionales y extranjeros. El país está en mora de la implementación y la ejecución de una política migratoria realmente integral.