Ante la grave crisis de exclusión pensional en el sistema colombiano de seguridad social, en donde de seis millones de colombianos en edad pensional solamente la tercera parte tiene adquirida su prestación económica, existen varias iniciativas tendientes a combatir esta calamidad, como la pensión asistencial que he promovido desde hace tiempo, la eliminación del literal L en la pensión familiar (que condiciona su derecho a haber cotizado 325 semanas a los 45 años de edad ) o la expedición de una ley que permita a los más de  700.000 colombianos pobres afectados con el Acto Legislativo 001 del 2005 pensionarse con mil semanas y seguir pagando con lo recibido hasta completar las exigidas por la normativa actual.

 

Sin embargo, formalizar una idea como estas no es tarea fácil, pues toda reforma pensional requiere de una profunda y decidida voluntad política, máxime si su objetivo es ampliar la cobertura, disminuir los privilegios y la inequidad del actual sistema. Por tanto, y aunque siempre habrá unos pocos privilegiados que se opondrán tozudamente a cualquier cambio estructural, es necesario el esfuerzo y sacrificio de todos ante el fenómeno demográfico del envejecimiento de la población en nuestro país.

 

El panorama es desolador, si bien es seguro para los actuales dos millones de pensionados, esa seguridad se cimienta en la exclusión; Colombia es un país que empieza a envejecer y el tema pensional es algo que debe preocupar a los nuevos gobiernos, pues hoy se está destinando el 18 % del presupuesto nacional, unos $ 41 billones, para beneficiar solo al 4,2 % de la población nacional y solo el 23 % de los adultos mayores. Si no hay un cambio sustancial, en 10 años solo una persona de 10 tendrá pensión y en poco más de 20 años serán más las personas mayores de 60 años de edad que niños menores de cinco.

 

Empezamos a envejecer y con pobreza, por lo que la seguridad social en pensiones debe ser una prioridad para invitar a los legisladores a forjar un país más justo.

 

La sostenibilidad financiera y la encaminada labor de reducir el pasivo pensional que desde antes de la Ley 100 se tiene han hecho que las nuevas leyes se encaminen al aumento de las exigencias para adquirir el derecho pensional, jugando con las expectativas de miles de personas que les cambian las reglas de manera abrupta, generando que opten por trasladarse al régimen de ahorro individual de los fondos privados creyendo que  van a pensionarse anticipadamente o con mejores mesadas y la mayoría de las veces, al momento en que desean pensionarse, ven disminuida esa posibilidad en las proyecciones que les presentan los fondos, sea porque no pueden obtener una garantía de pensión mínima si no tienen 1.150 semanas de cotización o porque teniendo más de estas, el capital no les permite pensionarse, incluso encontrándose más allá de la edad mínima, ora cuando optan por la devolución de aportes y aparecen errores para la emisión del bono, demorándose años para poder adquirir lo que por derecho les corresponde.

 

Lo anterior representa el contexto donde se ve la necesidad de generar confianza en el sistema para poder fomentar una cultura de cotización a la seguridad social, haciendo ver a las nuevas generaciones la importancia de resguardar riesgos tan inminentes como una enfermedad, un accidente o la muerte, para los cuales se establecieron las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, que buscan garantizar derechos fundamentales como el mínimo vital y la dignidad humana y proteger a la familia de quien sufre una calamidad.

 

Es hora de actuar y corregir el rumbo del régimen pensional, pues actualmente 3,5 millones de personas de la tercera edad que hicieron posible construir la Colombia del siglo XXI se debaten entre la pobreza y la pobreza extrema, sin posibilidad de mejorar su situación. Asimismo, gran cantidad de  jóvenes hoy se encuentran laborando informalmente sin afiliarse a la seguridad social debido a la despreocupación y la desconfianza en el sistema, representando un riesgo latente para el futuro del país. 

 

Oscar Iván Palacio Tamayo

 

Abogado de la Universidad Católica de Colombia