Oscar Iván Palacio Tamayo

Director de la Fundación Defensa Ciudadana

 

A 24 años de creación del régimen de ahorro individual (RAI), los cuatro fondos privados de Colombia que administran las cuentas pensionales de 14.300.000 afiliados, de los cuales solo la mitad son cotizantes activos, acumulan al momento de esta publicación 208 billones de pesos, equivalentes al 25 % del Producto Interno Bruto (PIB).

 

En todo este tiempo, se ha acumulado ese gran capital, que es fruto de tres factores específicos: (i) las cotizaciones de los afiliados, (ii) los bonos pensionales que se generaron al momento del traslado de quienes se encontraban en el seguro social a los fondos privados y (iii) los rendimientos de las inversiones de estas administradoras. De no ser por esta cifra tan boyante producto de esta modalidad pensional que surgió con la Ley 100 de 1993, la dimensión financiera de Colombia hoy sería similar a la de Bolivia y Paraguay juntos, es decir, muy baja.

 

Indudablemente, el RAI es un elemento dinamizador que fortalece las posibilidades económicas del país con el ahorro interno, proporcionado por el 28 % de la población colombiana.

 

Como abogado debo hacer una diferenciación: los fondos privados son entidades de una excelencia administrativa y con manejo financiero impecable, además han construido ahorro y riqueza nacional que garantiza a sus afiliados poder obtener su pensión al momento de llegar a la edad de retiro. No obstante, comparados los dos sistemas, el régimen de prima media (RPM), que hoy lidera Colpensiones y que cuenta con 2.500.000 afiliados activos y 4.500.000 inactivos, es indudable que las pensiones para las personas que ganan más de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes en este régimen es mayor a las que perciben los afiliados de los fondos privados, en donde reciben hasta cuatro veces menos de lo que recibirían en prima media.

 

Si bien las comparaciones son odiosas, se destaca que si Colombia quiere más inclusión pensional sin llegar a un menoscabo fiscal, es conveniente incentivar que las afiliaciones en el RAI aumenten, pues el subsidio que le da el Estado, aunque se espera que sea para casi el 60 % de sus cotizantes, es mucho menor que el demandado por el RPM.

 

Nuevas oportunidades

 

Desde mi óptica profesional como observador de la dinámica de estas instituciones, los fondos privados de pensiones merecen algunas medidas que, sin dejar el celo con el que han manejado los recursos, democraticen más las oportunidades de todos los colombianos:

 

- No tener miedo y hacer posible la reglamentación del artículo 89 de la Ley 100 de 1993, para que los afiliados que hayan acumulado en su cuenta individual de ahorro pensional el capital requerido para financiar una pensión superior al 110 % de la pensión mínima de vejez (hoy, 230 millones de pesos a cualquier edad) puedan emplear el exceso de dicho capital ahorrado como garantía de créditos de una primera o segunda vivienda o en educación.

 

Lo anterior generaría que se obtenga mayor dinámica económica y aumento en el capital, reglamentándola de tal manera que se limite la disposición, así, la propiedad debería ser del afiliado o, por lo menos, de sus herederos por un tiempo no inferior a 15 años, con el fin de que este mecanismo no se vuelva un desfalco por anticiparse la cuenta pensional.

 

- Generar un mayor porcentaje de inversiones en las grandes obras públicas, tales como las vías 4G, los aeropuertos y en las entidades que faciliten créditos de vivienda y educación en la modalidad de posgrados.

 

- Una mayor cobertura de oficinas, incluso mixtas, en donde se encuentren todos los fondos en poblaciones con más de 20.000 afiliados.

 

- Aumentar el número de miembros de las juntas directivas de las administradoras de fondos pensionales que representen a los pensionados y afiliados.

 

- Estimular, tanto los fondos como las demás entidades financieras, que los afiliados que no cuenten con un producto financiero, como una cuenta de ahorros, lo puedan adquirir sin cuota de manejo, para que “no guarden la plata debajo del colchón” y se les dote de seguridad financiera.

 

Se espera que los fondos pensionales sigan aumentando sus ingresos y que, junto con el Estado y sus administradores financieros, procuren la maduración y seguridad de los rendimientos, para que constituyan una preciada alcancía nacional que, además de garantizar las pensiones de millones de afiliados, sean un estímulo permanente al crecimiento y democratización económica de Colombia.