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Daniel Raisbeck

 

¿Por qué pudo la compañía brasileña Odebrecht corromper a gran parte de los gobiernos de América Latina? En Colombia, las denuncias acerca de la corrupción suelen hacerse en términos morales.

 

La senadora Claudia López, por ejemplo, sugiere que la solución al problema consiste en que los votantes colombianos castiguen a los políticos venales y elijan únicamente a personas moralmente probas a los cargos públicos. Los medios de comunicación han adoptado una línea muy similar. Según la revista Semana, “una vez se pase la página del conflicto armado, la batalla que la sociedad colombiana tiene que librar es contra los corruptos”.

 

Esta teoría moral y personal de la causa del problema no considera, sin embargo, que el mismo sistema político y electoral -aquel que todo congresista ha usado para hacerse elegir- está diseñado para promover la corrupción. Inclusive se podría decir que la corrupción no es un problema dentro del sistema, sino que la corrupción es el sistema.

 

Como explica el politólogo Francis Fukuyama en su último libro, Orden y decadencia de la política, desde el siglo XIX, los países que introdujeron la democracia electoral antes de tener un Estado eficaz, transparente y meritocrático se aseguraron de que los partidos políticos compitieran en las elecciones no solo por el control del gobierno, sino también por el control de todo el aparato burocrático estatal. Por lo tanto, las elecciones se convirtieron rápidamente en un juego de suma cero en el cual el ganador podía repartir prácticamente todos los cargos públicos entre sus seguidores.

 

En Grecia, el rey (alemán) Otón I introdujo el sufragio universal masculino en 1864, poco más de tres décadas después de las guerras de independencia contra el Imperio Otomano (1821-1829). Como el Estado no era independiente de la política, “el empleo público se utilizó como una manera de movilizar a los votantes”. Los gobiernos “embutían a sus simpatizantes en el sector público” y, dada la ausencia de una economía real de mercado, “el Estado se convirtió en la principal fuente de empleo” nacional.

 

El resultado para la década de 1870: una administración estatal “inflada e ineficaz (…) déficits fiscales crecientes” y un inepto Estado griego con siete veces más burócratas per cápita que Gran Bretaña. En otras palabras, la crisis actual de la deuda griega tiene raíces profundas.

 

En la mayor parte de América Latina, el proceso fue muy similar. Según el autor Paul Oquist, la causa principal de la violencia en Colombia a partir de la década de 1920 fue la creciente importancia del Estado en la economía. Al ver al aparato estatal principalmente como un empleador, los partidos políticos llegaban hasta la última consecuencia para dominarlo. Bajo el Frente Nacional, la repartición equitativa de la burocracia frenó las matanzas entre liberales y conservadores, pero se mantuvo bajo nuevas reglas el sistema político clientelista; los votos aún se dieron a cambio de puestos en entidades estatales, o “participación” en la jerga burocrática.

 

Según Fukuyama, las economías pueden avanzar pese a los sistemas políticos clientelistas, pero al hacerlo simplemente se incrementa el precio de cada voto: “al crecer la riqueza de los países, los beneficios que los políticos deben ofrecer para sobornar a los votantes se incrementan, y los costos del clientelismo suben drásticamente”. Los turbios negocios de Odebrecht con políticos y funcionarios a través de toda América Latina simplemente reflejan la relación entre economías que logran progresar pese a los políticos, por un lado, y, por otro, políticos que solo pueden mantener sus chanfainas al perpetuar estructuras electorales que paralizan el progreso.

 

Mientras haya clientelismo, difícilmente puede haber una democracia liberal moderna. ¿Cómo surge esta?

 

Según Fukuyama, el mejor semillero es una monarquía absoluta y militarista como la prusiana. Bajo el Gran Elector Federico Guillermo I (1640-1688) y sus sucesores, Prusia creó una burocracia estatal eficaz, abierta al talento intelectual (medido por medio de rigurosos exámenes) e independiente de los vaivenes de la política. Una vez llegó la democracia a Alemania, los partidos competían por el control del Gobierno, pero la tradición y la profesionalización protegían -y aún protegen- a la burocracia de las garras de los políticos.

 

En un país clientelista con una tradición distinta a la prusiana, la única opción de cambio es una revolución pacífica ciudadana. Más allá de clamar por políticos honestos, los indignados deben exigir una real liberalización económica, el fin del Estado empleador y una burocracia limitada bajo el control de profesionales demostrablemente capaces y, sobre todo, sin vínculos a la política electoral.