Toda criminalización indica una suerte de claudicación: la calidad de último recurso que supone la ley penal parte de la imposibilidad de acceder a soluciones menos costosas. De esta forma, penalizar una actividad sin evidencia de alguna magnitud de daño que pueda orientar la tarifa penal resulta una medida altamente controversial.

 

Los argumentos que señalan la crueldad de las corridas de toros pueden ser legítimos para quienes no las apreciamos ni comprendemos sus códigos, como aquel que dice dispensar en la arena una dignidad ritual al toro, superior a la de cualquier otra actividad que involucre animales. Aspecto con el que los taurófilos responden a los señalamientos sobre la humillación y vejación a que es sometido el animal. Pero más allá de estas consideraciones, la libertad de los individuos en la elección de sus preferencias, sin producir perjuicios a los demás, merece ser ponderada en un sentido más estricto que aquel resultante de la imposición de unas mayorías que posiblemente ignoramos esos códigos hasta su negación. Una democracia constitucional procura conjurar ese peligro.

 

De ahí que luego del cambio de destinación de la plaza de toros La Santamaría en la alcaldía de Gustavo Petro, bajo el argumento de que los taurinos podían hacer su fiesta en cualquier otra parte (imagino que posiblemente en El Campín), una sentencia de la Corte Constitucional y un auto de cumplimiento ordenaron su reapertura. En respuesta, una turba de inconformes protagonizó violentos disturbios contra aficionados y policías en la reapertura de la plaza de toros, con las consecuentes novedades médicas y judiciales de este tipo de desmanes. Sorprendentemente, el mismo tribunal le acaba de notificar al Congreso un plazo de dos años para cumplir con una reglamentación que el país suponía ya surtida en ambas instituciones.

 

La fiesta brava es una manifestación cultural que, pese a no convocar a grandes mayorías en Colombia, es también una actividad económica que genera empleos, impuestos y produce toros de lidia. Pero, sobre todo, se halla uno rara vez ponderado: produce algún tipo de bienestar en quienes participan de ella, se reitera, sin causar perjuicios a los demás. Caso similar al de las corralejas, el coleo y las riñas de gallos, que comparten la misma suerte de la tauromaquia en lo que atañe a la falta de claridad sobre los perjuicios que se les atribuyen. Y en este punto hay que hacer claridad: la penalización de una actividad cuando no existe lesión social que pueda preciarse de ser concreta, hace parte de una modalidad conocida como crimen sin víctima. Con estas medidas, las sociedades, particularmente sus mayorías, asumen no solo la decisión política, sino también el costo de imponer penas aun cuando el daño causado no resulte tangible o evidente. Cosa diferente es disponer castigos ideando alguna magnitud de daño que forzadamente lo justifique, como puede ser el caso del martirio del animal sin consideración alguna sobre sus posibles excepciones.

 

En países desarrollados, el sacrificio de ganado goza de una estricta regulación por la cual debe ser aturdido (atontado) para que su muerte resulte menos cruel. Las modalidades de “aturdimiento” van desde choques eléctricos hasta calculados balazos, cuyo objeto es restringir la llegada de oxígeno al cerebro, al tiempo que se surte la etapa de desangre. Como ser sintiente debe experimentar la respectiva disminución de sus fuerzas hasta la última gota de vida. De tal suerte, es dudosa la proposición que asegura la muerte tranquila de pollos, vacas, cerdos y demás animales de corral que conforman el menú de buena parte de la humanidad y para los cuales el beneficio de la anestesia sigue siendo desconocido. Eso para no hablar del proverbial suplicio de la langosta cuyo aturdimiento en agua hirviendo la sitúa en la misma antesala del infierno.

 

Por lo tanto, si de penalizar el sufrimiento animal se trata, quienes no disfrutamos de la fiesta brava deberíamos considerar la posibilidad de condenar la actividad de la manera menos gravosa y castigar a los taurófilos, a duras penas… con nuestra ausencia. Porque si recurrimos a determinar el nivel de daño a partir del martirio del animal, en algún punto tendríamos que coincidir con los vegetarianos sobre la dieta de “crimen” que nos deleita. Aunque por fortuna y para tranquilidad de muchos omnívoros, por el momento, aquellos siguen siendo minoría.

 

Diego Rengifo Lozano

Profesor universitario

drengifol@hotmail.com