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Maximiliano A. Aramburo C.

Profesor de la Universidad Eafit

marambur@eafit.edu.co

 

En el mundo anglosajón son frecuentes, aceptadas y casi inevitables las clasificaciones de las universidades, en general, y de las facultades de Derecho, en particular. Si eso indica de manera clara la calidad de la formación jurídica (o no), es un problema diferente del efecto que tiene en la reputación de las universidades y en la percepción social acerca de su calidad. Frente a la primera cuestión, parece haber consenso en que la respuesta es negativa, por la cantidad de variables que entran en juego en cada clasificación. Con respecto a la segunda, las aristas son más complejas, pero nadie duda del efecto que generan las clasificaciones universitarias, muy a pesar de la habitual conclusión respecto de los primeros lugares: ni son todos los que están ni están todos los que son.

 

Con todo, la discusión alrededor del origen universitario de los integrantes de las más recientes ternas de candidatos a la Corte Constitucional vuelve a plantear la discusión: ¿Qué determina la calidad de una universidad? ¿Es coincidencia que un alto porcentaje de magistrados de altas cortes provenga de las universidades de Bogotá, que, con buenas razones, suelen estar siempre en las primeras posiciones de las clasificaciones? ¿Es una aspiración ingenua de las demás universidades alcanzar lugares de privilegio en las clasificaciones y que sus egresados “compitan” en pie de igualdad con los de las universidades más prestigiosas por los más distinguidos cargos? ¿Debe haber representación “regional”, según la universidad de la que se ha egresado, por ejemplo, en las altas cortes?

 

Solo por poner un ejemplo de otro país, en EE UU, los egresados de Harvard dominan desde hace mucho tiempo la elección de magistrados para la Corte Suprema, con algunas excepciones frente a egresados de Yale, sin que la discusión sea muy amplia; pero evidentemente las consideraciones son diferentes a las de nuestro país y que allí suceda no significa que aquí deba suceder. ¿Qué hay, entonces, detrás del reclamo de mayor diversidad y representación (por ejemplo, regional) en las nominaciones a las altas cortes? Hay departamentos en los que las facultades de Derecho pasan de la veintena, aunque solo unas cuantas de ellas arrastran historia suficiente para que sus egresados, de cierta edad, puedan aspirar a algunos cargos para los que se requiere una experiencia que otros todavía no acumulan. Al mismo tiempo, la educación de posgrado, aun en las regiones, tiene una fuerte presencia de universidades de la capital que han entendido bien las dinámicas de un mercado todavía muy amplio. Si esto fuera poco, como me recordó alguien recientemente, la formación en universidades capitalinas no inhibe por sí sola la capacidad de un jurista de ver o pensar en las diferentes regiones que componen el país, provenga de ellas o no, viva en ellas o no.

 

Sin embargo, el centralismo es una constante de nuestra historia reciente y ciertos hechos, como las nominaciones a cargos como la magistratura constitucional, aunque no pasan de ser anecdóticos, son ciertamente simbólicos. Con ocasión de algún hecho político reciente, en Antioquia, algunos han vuelto a agitar la bandera de la independencia bajo el engañoso (y equívoco) eslogan “Antioquia Federal” (que reclama una similitud, también engañosa, equívoca y oportunista con el movimiento independentista catalán). Uno de los reclamos en los que dice apoyarse este movimiento es la lucha contra el centralismo, y alguien ha puesto el ejemplo de las recientes elecciones a magistrado de la Corte Constitucional como muestra de un cierto ninguneo hacia las mal llamadas “regiones”.

 

Tomado en serio el reclamo para lo que nos interesa, la pregunta obvia sería si la educación jurídica que se imparte fuera de Bogotá está (o puede llegar a estar) al mismo nivel de la que se imparte en las mejores universidades de la capital. Los resultados de las últimas pruebas Saber Pro parecen dar una respuesta afirmativa, pues 13 de las primeras 20 clasificadas son facultades que quedan en ciudades diferentes de Bogotá. Entonces la cuestión, más allá de las inevitables y saludables diferencias que hay entre las universidades, parece estar en otro lado.