Sala Edición 5 - Imagen Principal

Claudia Patricia Mora

Socia y Directora del Área de Derecho Ambiental

Pinilla González & Prieto Abogados

 

En una columna anterior, denominada ¿Son la minería y el medioambiente compatibles?, señalé que la singularidad de nuestro país, que comparte riquezas naturales traslapadas con buena parte de los tesoros del subsuelo, se venía resolviendo en favor de las actividades extractivas, pues nuestra economía altamente dependiente del petróleo –y también se pensaba que lo sería de la locomotora de la minería- estaba muy lejos de transitar hacia una economía alternativa.

 

Pues bien, de las consultas populares de los últimos días podría interpretarse que se empieza a cocinar un mandato al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para replantear el sustento de nuestra economía, mientras estos parecen no escuchar.

 

Las personas están cansadas de la velada tensión que se vive en los municipios con la llegada de la actividad minera legal o ilegal: de un lado, se vende la gran oportunidad para generar empleo y riqueza en los municipios, mientras que, por el otro, se revelan los efectos sociales y culturales devastadores de tan pregonada bonanza. Como si fuera poco, el nerviosismo se hace más insufrible con la aparición de políticos oportunistas en busca de réditos.

 

Impactos de las consultas

 

¿Pero, qué tan cierto es que a los pobladores los mueve primariamente un sentimiento de protección de su entorno? Una entrevista realizada al Alcalde de Cajamarca, con posterioridad a la consulta realizada en ese municipio, muestra que, de haber evaluado los impactos de los resultados sobre la generación de empleos formales, tal vez la decisión no necesariamente hubiera sido diferente, pero se hubiera estudiado con mayor conciencia.

 

Si de hablar de la primacía de los aspectos ambientales en el debate se tratara, la mayoría de las poblaciones que hasta ahora se oponen al desarrollo de los proyectos extractivos mineros son agricultores. Sin embargo, poca discusión se le ha dado al impacto ambiental que genera la actividad agrícola por efectos de la deforestación, el uso indiscriminado de plaguicidas o la excesiva demanda de agua, por mencionar solo algunos.

 

Por supuesto, nadie se atreve a cuestionar por razones meramente ambientales el desarrollo de esta labor, sustento del pan coger de muchos colombianos, pero también de grandes terratenientes y empresas. Y menos ahora que en el campo se cristalizarán algunos de los desarrollos de los acuerdos de paz.

 

No se trata de comparar o de llevar al mismo nivel estas actividades, pero sí de hacer un llamado a reflexionar sobre los planteamientos polarizados en las discusiones aparentemente ambientales. Es el momento de analizar sobre la responsabilidad del Estado y de los particulares frente a lo que viene ocurriendo en el país en estos asuntos, y de darle cara y nombre propio a lo que aqueja a unos y a otros alrededor de lo que, en mi opinión, se ha planteado equivocadamente como minería versus medioambiente. No hay nada de positivo en ver el mundo en blanco o negro; la vida, las personas, la misma naturaleza está plagada de matices. Pero interpretar las distintas gamas requiere de objetividad, confianza, respeto y, ¿por qué no?, de desvencijar los corazones. ¿Acaso el Gobierno acompaña a pobladores y empresarios para escuchar y atender sus legítimas preocupaciones buscando alternativas o procurando garantías a unos y otros?

 

Pretensiones legítimas

 

Ciertamente, con las consultas populares los pobladores de estos municipios han hecho valer sus preocupaciones seguramente tan poco valoradas en los procesos participativos contemplados, por ejemplo, en el trámite de las licencias ambientales. Fundados son sus temores cuando ven los efectos que ha causado la minería ilegal en el país o las consecuencias en los municipios cuando el precio del commoditie baja y, entonces, la actividad se paraliza.

 

Pero también son legítimas las pretensiones de quienes de forma legal acuden al llamado de las políticas nacionales que promueven la actividad de explotación del subsuelo, luego de trasegar por los no pocos y muchas veces tortuosos trámites y procedimientos contemplados para ello.

 

¿Y dónde está el Estado para calmar las aprensiones de unos y otros? ¿O para atender el abandono cuando la época de las vacas gordas se acaba? ¿O para educar a ciudadanos y gobernantes en el mejor uso de los recursos provenientes de la actividad productiva? ¿En fin, donde está el Estado garante de tantas cosas en nuestra Constitución?

 

El Ministerio de Hacienda indica que los efectos de la inseguridad jurídica generada por las decisiones de las consultas populares y otras decisiones administrativas que ponen en vilo este principio y, de contera, la actividad extractiva, no han hecho mella sobre la inversión en nuestro país. 

 

Cuesta creer que hechos precedentes que han puesto en duda las ya precarias garantías que otorga una licencia ambiental o un título minero, por más esencialmente revocables que ellos sean, según la Corte Constitucional, no generen un cuestionamiento en todos los sectores económicos: hoy son los recursos naturales no renovables, mañana no sabemos qué otra satanización se podrá gestar.

 

Y si en verdad tendremos que emigrar hacia una economía diferente producto de un sentimiento creciente hacia el rotundo rechazo a la minería y el petróleo, ¿el Gobierno y el Congreso de la República están haciendo algo para prepararnos? Por ahora, se ven muy distantes las soluciones, pero más triste aún, no se ve una sentida preocupación para tocar el fondo del problema.