Carolina Villadiego Burbano

Investigadora, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)

 

Nadie niega la importancia de combatir la criminalidad ni de sancionar a quienes cometen delitos. Pero hay que entender que no todas las personas capturadas por la Policía son culpables, que cuando la Fiscalía dice que una persona cometió un delito no necesariamente lo hizo, y que no todas las personas han sido encarceladas justamente.

 

Según los datos de la Policía, en el 2015, se realizaron 260.541 capturas, siendo la mayoría de ellas por los delitos de tráfico, porte o fabricación de drogas (29 %), hurto a personas (15 %) y lesiones personales (8 %). Ese año, el Consejo Superior de la Judicatura reportó que se recibieron 134.407 solicitudes de formulación de imputación en los juzgados de control de garantías, sin que se pueda saber cuántas personas se incluyen en dichas solicitudes. En todo caso, parece claro que no todas las personas capturadas son judicializadas penalmente.

 

También, no todas las personas que han sido privadas de la libertad han debido estar en la cárcel. En el 2013, por ejemplo, la Agencia Jurídica de Defensa del Estado dijo que promovía la conciliación en 13.385 pleitos por privación injusta de la libertad; las pretensiones ascendían a $21.055.833.145.972, algo así como un poco más de tres veces el monto de la venta de Isagén. Tantas demandas en contra del Estado deberían llamar la atención sobre el uso injusto de la privación de libertad en el país. 

 

Adicionalmente, no todas las personas acusadas por la Fiscalía han sido condenadas. Por ejemplo, la Fiscalía reportó en el 2015 como actividad procesal de la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana, que hubo 54.112 sentencias condenatorias y 9.384 sentencias absolutorias. Y el Consejo Superior de la Judicatura dijo, en el 2016, que fueron absueltas el 50 % de las personas cuyos casos llegaron a juicio oral.

 

Si todas las personas capturadas o acusadas de cometer delitos fueran responsables, no habría absoluciones ni condenas al Estado por privaciones injustas de la libertad. Por eso, hay que entender que las personas son inocentes hasta que un juez decida lo contrario, y que, en muchos casos, las personas han estado injustificadamente en la cárcel.

 

Pero, además, hay que comprender que aunque alguien haya sido condenado y esté en una cárcel, no puede vivir en cualquier condición en ella. El país está en deuda desde hace muchos años con los reclusos y las reclusas. No solo porque los datos del Inpec muestran que varias cárceles tienen un índice de hacinamiento superior al 200 % (en Cali, Santa Marta, Valledupar, Itagüi y Apartadó), sino porque los derechos a la salud, a la alimentación, y a la integridad personal de los reclusos son diariamente vulnerados.

 

La lucha contra la criminalidad no puede llevar a que dejemos de respetar y garantizar los valores esenciales del Estado de derecho. Y dos ideas son centrales para ello: la presunción de inocencia y la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad. Todos los ciudadanos y ciudadanas deberíamos defender estas ideas en una democracia.