Juan Camilo Serrano Valenzuela

Abogado y asesor tributario

juancserval@gmail.com

 

Mucho se ha especulado en los últimos días sobre las verdaderas causas de la actual situación del transporte aéreo en el país, y si el origen de la inconformidad de un sector de los pilotos de la aerolínea líder es la carga tributaria a la que fueron sometidos desde la aprobación del tristemente célebre IMAN que intentó, sin éxito, eliminar el tratamiento especial del que gozaban los pilotos civiles, que no pagaban impuesto de renta.

 

Si bien es cierto que las últimas reformas tributarias se han empeñado en eliminar beneficios por considerarlos inequitativos y altamente costosos para las finanzas públicas, también lo es que la tributación de este sector no modifica en nada la estabilidad fiscal, y sí afecta gravemente el ingreso de quienes, tradicionalmente, han fundado su estructura económica en una condición privilegiada que los exonera de los impuestos que pagan los demás colombianos.

 

Pero el problema no consiste en definir si un grupo de ciudadanos debe o no contribuir, porque la misma Constitución determina que esa es una obligación de la totalidad de los colombianos y no de algunos únicamente, sino del sistema mismo, que les permite a algunos sectores establecer su modelo económico sobre la base de que no tributan o lo hacen en condiciones especiales, y no pueden ajustar sus estructuras con la agilidad que se quisiera.

 

El sistema está diseñado para estimular algunas actividades económicas, como efectivamente sucede en el país, por lo que se crean condiciones especiales a pilotos, editoriales, hoteles, zonas francas, etc., pero el estímulo, que debería ser transitorio, se convierte en permanente, por lo que se diseñan negocios sin considerar que los beneficios se terminarán algún día, porque, al final, nunca se terminan.

 

Los cambios de las reglas de juego, eliminando abruptamente los beneficios, hacen reaccionar a los beneficiarios con decisiones de choque, que al final perjudican la economía, los ingresos fiscales y el orden público económico, como sucede con los paros y manifestaciones que en nada ayudan al crecimiento y estabilidad económica de los ciudadanos.

 

Resulta entonces contraproducente la eliminación de los beneficios, cuando se hace sin considerar los efectos de dicha decisión, o cuando de manera arrogante se desestima la capacidad de reacción y sus consecuencias, si esa eliminación no se produce de manera gradual, que garantice un proceso de acomodamiento a condiciones nuevas que, aunque sean nocivas para algunos, resulten justas y equitativas para el sistema de contribución impositiva que nos aplica a la totalidad de los ciudadanos.  

 

Por otra parte, no es claro el tiempo necesario para que las inversiones realizadas por inversionistas en sectores económicos estimulados por el sistema tributario con exenciones o tarifas diferenciales y preferenciales puedan lograr los objetivos buscados por dichos beneficios, pero lo que sí es claro es que, en ningún caso, debe establecerse un beneficio perpetuo o en plazos excesivamente largos, ya que desestimula la tributación de otros sectores, y jamás estarán preparados para asumir sus negocios en condiciones de igualdad con los demás contribuyentes; al exigirse una contribución equitativa, sus estructuras de negocio no estarán preparadas para subsistir.

 

No sabemos si la causa cierta del reciente paro en el transporte aéreo obedece, en el fondo, a la pérdida de poder adquisitivo de los pilotos como consecuencia de la eliminación del beneficio de que gozaban hasta el año anterior, o si se debe a otras condiciones, pero lo cierto es que buena parte de las reacciones por el incremento de los impuestos obedece a que no se realizan los ajustes de manera progresiva, que permita acomodarse suavemente a una nueva situación, como tradicionalmente se había hecho con éxito en reformas tributarias anteriores, y que fue despreciada como fórmula en la ley tributaria del año anterior, como si esa transición abrupta contribuyera en algo a la reducción del déficit fiscal.

 

Como casi siempre sucede, se actúa con el deseo sin analizar reacciones y consecuencias de decisiones tomadas al calor de la euforia fiscalista, muy común en los últimos años.