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Juan Manuel Charry Urueña

Abogado constitucionalista. Presidente del Instituto Libertad y Progreso

jcharry@charrymosquera.com.co @jmcharry

 

La justicia ha estado rodeada de escándalos, en la Corte Constitucional, en la Fiscalía General de la Nación, en los tribunales administrativos de Cundinamarca y Meta, y ahora, en la Corte Suprema de Justicia. Se trata de sobornos y coimas para favorecer a una de las partes o para exonerar a políticos de sus responsabilidades.

 

El diagnóstico está claro: politización de la justicia, judicialización de la política, congestión y mora en los despachos, hipertrofia de la Rama Judicial, impunidad y tutelización del Derecho, con los consabidos choques entre las máximas corporaciones. Poco ayudó el Acuerdo Final para la Paz, que partió del supuesto de la ineficiencia y parcialidad de la justicia estatal, por lo cual se propuso la creación de la justicia especial.

 

En el más reciente escándalo resultan involucrados expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y un exfiscal anticorrupción (¡cruel paradoja!). Es cierto que se trata de hechos objeto de investigación, respecto de los cuales los implicados deberán ofrecer explicaciones y ejercer sus defensas, sin que se hayan proferido sentencias condenatorias definitivas, que seguramente tardarán años.

 

Sin embargo, hay antecedentes que indican falta de decoro e imprudencia. De una parte, Francisco Ricaurte fue uno de los magistrados que hizo uso de la puerta giratoria para pasar de la Corte Suprema de Justicia al Consejo Superior de la Judicatura, con la muy dudosa situación de haber sido elegido por colegas en cuya elección él habría participado. De otro lado, Leonidas Bustos, durante el trámite de la reforma constitucional denominada Equilibrio de Poderes, se mostró contrario a que se investigará a los altos magistrados, y más tarde con ocasión de las negociaciones con las Farc, pronunció la frase lapidaria, que desdice del jurista, “el Derecho no puede ser un obstáculo para la paz”, conductas con las cuales demostró su falta de transparencia y su concepción del Derecho como estorbo.

 

La Constitución de 1991 se equivocó al pretender mejorar la política con la intervención de los magistrados en la elección de otros funcionarios. Así mismo, se equivocó al atribuir al Congreso el juicio político de los altos funcionarios judiciales y, simultáneamente, atribuir a las corporaciones judiciales el control de los congresistas en materia penal y de pérdida de investidura; los magistrados no mejoraron la política, esta pervirtió a aquellos. También se equivocó con su procedimiento de elección, pues se incentivan las campañas, cruces de favores, tácticas políticas y distintas técnicas de obtención de votos dentro de las cortes, generando bloques, intereses, confrontaciones intestinas y trabas innecesarias.

 

Se requiere de una profunda reforma a la justicia, en la cual los magistrados no intervengan en su trámite, no hagan gestiones a favor de la institución ni de la permanencia en sus cargos, se establezca un solo órgano de cierre, se desvincule a los magistrados de las funciones electorales y del control de los congresistas, y donde se establezcan controles efectivos a la magistratura.

 

Ahora bien, como el Congreso controla a los magistrados y estos controlan a los congresistas, conviene que la reforma se adelante por una asamblea constituyente, prevista en el artículo 376 de la Constitución, de manera que un órgano especial, conformado democráticamente para el efecto, estudie y adopte la decisión que mejor corresponda.

 

Por último, que la sociedad y los abogados entendamos que la magistratura no es un trampolín para mejores destinos políticos o profesionales, sino una dignidad con la cual se reconoce el estudio, la ponderación y la independencia, que tales cargos requieren para el buen desempeño del Estado.

 

Agradeceré comentarios: jcharry@charrymosquera.com.co