Las reacciones preliminares de la prensa frente a las ternas del presidente Santos para la Corte Constitucional han resaltado varias cosas: la ausencia de candidatos regionales, el monopolio de algunas universidades particulares que ya se perciben como “cercanas” al mandatario y el compromiso con temas como la paz y la sostenibilidad fiscal.

 

Varias de esas voces han cuestionado lo “académicas” que resultan las ternas, en una acusación indirecta que subraya lo poco aterrizado que resulta el trabajo de académicos frente a los problemas del país (señalando así una desconexión entre su trabajo y la “vida real”, que pasa por lo, a veces, “inútil” y en exceso sofisticado del trabajo académico) y la distancia negativa que hay entre su trabajo y la “verdadera” operación del Derecho (juicio dentro del cual ellos son menos abogados por trabajar en una aparente investigación ingenua de lo jurídico, y no en el juego sagaz del litigante en Derecho). Estas acusaciones son erradas, pero, además, injustas.

 

La Corte Constitucional necesita académicos (y, ojalá, académicas) justamente para hacerle frente a los dos retos que mencionó Santos durante la presentación de las ternas: el posacuerdo y el balance del impacto económico de los fallos constitucionales. Varios de los candidatos le han apostado a la profesionalización de la academia jurídica como proyecto para transformar la enseñanza y el ejercicio del Derecho. Isabel Jaramillo y Carlos Bernal son ejemplo de esto. Sus apuestas profesionales pasan por defender el análisis del Derecho no como praxis, sino como objeto de investigación. Ambos han abordado el estudio de lo jurídico con excepcional rigor para medir y explicar los efectos distributivos (sociales, políticos y económicos) de leyes, jurisprudencia y políticas públicas. Sus apuestas han implicado así analizar lo jurídico en contexto, fortaleciendo la práctica reflexiva en torno a su operación. Hacerlo en contexto, de paso, permite resaltar una novedosa condición en el ejercicio investigativo del Derecho: no es el de biblioteca, pero sí el de la comprensión de vínculos e interacción constante con actores sociales, económicos y élites del poder.

 

Los retos que pone Santos para ellos apuntan, dada la particular coyuntura, justamente a funcionar sobre todo esto. Su entrenamiento y experticia en investigaciones sobre distintas dimensiones del Derecho (privado, constitucional, internacional) y las formas en las que se conecta con la realidad, exceden así la experiencia práctica de litigantes y operadores (generalmente expertos en uno solo de estos campos de forma exclusiva).

 

Pero la coyuntura también obliga a otros mensajes: democracia, independencia, transparencia. No se valen ternas de “una”, fidelidades de partido o nepotismos. Experimentada como es, de ser elegida la candidata Cristina Pardo, se vería impedida en temas cable (en particular, el de la paz), por su reciente cargo en Presidencia justamente relacionado con asuntos primordiales dentro de la agenda de Santos. Pero, además, por las alianzas políticas a las que responde, la selección de la doctora Pardo pondría seriamente en duda la sinceridad de manifestaciones de una muy buena parte de partidos, movimientos y legisladores, por procurar transformaciones significativas a las prácticas clientelistas de la política en el país. Menos mal, dentro de su misma terna, hay nombres poderosos que satisfarían estas promesas, al igual que el respeto por las minorías, fundamental para la Corte Constitucional. Esperemos entonces un golpe de opinión del Congreso frente al Ejecutivo, en los tiempos de la mentada anticorrupción. 

 

Lina Fernanda Buchely Ibarra. PhD en Derecho, abogada y politóloga. Directora del programa de Derecho de la Universidad Icesi.