Es posible que el Gobierno haya excedido sus facultades al adicionar el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de tipo directivo de la Contraloría General de la República. Por esa razón, el Consejo de Estado suspendió las normas que ordenan la creación de un cargo de contralor auxiliar (artículos 1º y 3º del Decreto 1540 del 2012).

 

Según la providencia, en ejercicio de esta labor reglamentaria, el Gobierno pretendió modificar una norma legal, labor que está atribuida al Congreso de la República.

 

La Sección Segunda precisó que la Ley 4ª de 1992 apenas se refiere a los criterios y objetivos que debe tener en cuenta el Ejecutivo para establecer el régimen salarial y prestacional de los trabajadores del sector público, empleados del Congreso e integrantes de la fuerza pública.

 

Al respecto, recordó que las facultades reglamentarias del Ejecutivo, establecidas en el artículo 189, numeral 11, de la Constitución, fueron instituidas por el constituyente como un mecanismo para garantizar la cumplida ejecución de las leyes, que es el único fin autorizado por ese mandato superior.

 

Así las cosas, las potestades a las que alude el artículo constitucional no pueden ser ejercidas para ampliar o restringir los alcances de la ley, apartándose de su sentido original y auténtico.

 

(Consejo de Estado, Sección Segunda, Auto 11001032500020120049100 (19732012), ago. 29/13, C. P. Gustavo Gómez)