La plenaria del Senado aprobó la reglamentación de la reforma constitucional a la justicia penal militar (Acto Legislativo 02 del 2012), en tercer debate.

 

La corporación avaló seis modificaciones, entre ellas, la responsabilidad del superior jerárquico por no evitar la ejecución de conductas antijurídicas; la sistematicidad de delitos en contra de una población como condición para reconocer la actuación como de lesa humanidad; la imposibilidad de adjudicar responsabilidad mediata sin evidencias que prueben la participación del uniformado en estructuras jerárquicas al margen de la ley y la competencia exclusiva de la Procuraduría para investigar disciplinariamente a los militares.

 

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que los casos de “falsos positivos”, seguirán siendo tramitados por la justicia ordinaria. “Estamos aquí porque se necesita que en el marco de la democracia el instrumento para la defensa de los ciudadanos, la Fuerza Pública, tenga un marco para su juzgamiento a la luz de la Constitución y el derecho internacional humanitario”, agregó el ministro. 

 

Por su parte, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en el cuarto debate, 60 artículos de los 100 que contiene el proyecto.

 

Contrario a lo que se aprobó en Senado, la Cámara estableció que a los jueces y a los fiscales penales militares debe disciplinarlos una autoridad judicial y no una autoridad administrativa como la Procuraduría. 

 

Según el representante Alfonso Prada, ponente de la iniciativa, otorgar facultades a la Procuraduría para disciplinar a los jueces y fiscales penales militares incidiría negativamente en la preservación de poderes.

 

“El Consejo Superior de la Judicatura disciplina a los jueces y fiscales ordinarios. No hay ninguna razón constitucional para discriminar y crear un fuero en los jueces y fiscales penales militares, entregándoselo al Procurador”, explicó el representante.

 

El cuarto debate del proyecto continuará el próximo lunes.