José Miguel De la Calle

Socio de Garrigues

jose.miguel.delacalle@garrigues.com

 

La competencia es posiblemente el estímulo más eficaz que existe para la mejora de la productividad de las empresas y para la generación de innovación. Si no fuera por la competencia, probablemente no conoceríamos aún los increíbles avances en la telemedicina o en la industria de los aviones comerciales, ni tampoco tendríamos acceso a las plataformas OTT (Netflix), o a los computadores y smartphones actuales, que ofrecen increíbles prestaciones a sus usuarios. Los productos más sofisticados, desarrollados con tecnología avanzada, mejoran la calidad de vida y son el resultado de grandes esfuerzos económicos que están fundamentalmente motivados en el deseo de las empresas de aumentar o defender su participación en el mercado, o de mejorar su margen de ganancias.

 

De la disputa diaria que se mantiene vigente entre empresarios por cada punto porcentual en cada segmento de la economía, surge siempre un gran ganador: el consumidor, el cual se ve beneficiado con la mejora del producto, la reducción del precio o el incremento de alternativas en el servicio que se acomodan más a sus necesidades y expectativas.

 

Cada que una entidad pública pretende adquirir un bien o un servicio crea un mercado. El mercado de compras públicas constituye una valiosa oportunidad para fomentar la competencia entre los potenciales licitantes y, de esa manera, apropiar sus beneficios. La competencia es el gatillo que permite transformar al país de uno que apenas genera productos ordinarios de mediana calidad fácilmente sustituibles, en otro capaz de sobresalir y desplazar a los tradicionales oferentes mundiales de los primeros lugares de preferencia de los consumidores. Así, la competencia es una palanca esencial para lograr un salto cualitativo en el desarrollo de la economía y el mercado de compras públicas es, por supuesto, determinante en ese objetivo, tratándose del mayor mercado de bienes y servicios del país.

 

Infortunadamente, en esta materia la historia es lamentable: Más del 80 % de los contratos estatales se contratan de forma directa o mediante licitaciones en las que participa un solo licitante. Los mejores ofertantes de cada mercado usualmente no participan en el proceso licitatorio, ya sea por miedo, por falta de publicidad del proceso de contratación, o por falta de confianza en la objetividad y seriedad de la administración pública. Como se ve, la competencia solo se asoma en una porción marginal de los más de 70 billones de pesos anuales que se mueven por esta vía.

 

En ese sentido, por la tolerancia inaceptable y falta de liderazgo del Gobierno en el fomento de una cultura de transparencia y de competencia, y por la ausencia de políticas y normas mucho más estrictas al respecto, el mercado de compras estatales se ha convertido no solo en una de las más grandes historias de corrupción y amiguismo del país, sino además en el derroche de una valiosísima oportunidad para potenciar la competitividad de nuestras empresas en todas las regiones.

 

Mi llamado es para que cortemos este problema de raíz. El país debe trabajar a fondo en la creación de una política de alta prioridad que unifique los mejores estándares para la contratación en todos los municipios y entidades, y que se fije la meta de asegurar que la mayoría de los procesos contractuales de Colombia se realicen a través de mecanismos transparentes de licitación, donde siempre participe un número plural de oferentes y se brinden garantías suficientes para cerciorarse de que, como mínimo, los mejores jugadores de cada mercado y cada región se hagan presentes. Sabemos que el mecanismo de licitación es engorroso y su intensificación puede ser un asunto molesto para las entidades contratantes, pero no podemos olvidar que una política pública como esta, que promueve a fondo la competencia, puede ser bastante más eficaz incluso que la persecución y sanción de los carteles empresariales, que tanto daño le hacen en el país.