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Catalina Botero Marino

Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los DD HH

@cboteromarino

 

Durante la reciente campaña presidencial en Ecuador, Rafael Correa decidió bloquear en su cuenta de Twitter al candidato de la oposición, Guillermo Lasso, después de que este le escribiera el siguiente mensaje: “Oiga @MashiRafael Mi información patrimonial es pública a diferencia de la lista de sobornados por Odebrecht que su Gobierno sigue ocultando”. En otra ocasión, el entonces presidente bloqueó a una ONG que publicó un estudio que lo ubicaba entre los actores más agresivos en redes, con 166 mensajes violentos. Son solo dos de las decenas de casos de usuarios bloqueados por el expresidente.

 

Pero el bloqueo de usuarios no es una práctica exclusiva de Correa. Si alguno de los 32 millones de usuarios que siguen la cuenta del presidente de EE UU dice algo que le desagrade, puede ser fácilmente bloqueado. Holly Figueroa O’Reilly fue bloqueada, tras enviarle un GIF en el que se veía la incomodidad del Papa Francisco durante la visita de Trump al Vaticano, con la leyenda: “así es, más o menos, como el mundo entero lo ve”. Otro usuario fue bloqueado después de haberse referido a Trump como un “#fakeleader”.

 

Las personas bloqueadas no pueden acceder a los trinos de la cuenta ni participar de la conversación que surge en torno a cada mensaje. Los defensores de esta práctica sostienen que se trata de cuentas personales, que Twitter es una compañía privada y que los presidentes tienen libertad de expresión, lo cual incluye el derecho a definir con quién interactúan en sus redes sociales. Esta respuesta me parece equivocada. 

 

En casos como los señalados, los presidentes hicieron de sus cuentas de twitter un canal para informar al público sobre decisiones de interés nacional, así como para recibir y responder comentarios y preguntas de la ciudadanía. No se trata del uso meramente privado de una cuenta personal. Las cuentas de los presidentes así utilizadas son una poderosa herramienta de comunicación que origina, de forma deliberada, la creación de foros de discusión sobre asuntos de interés general. 

 

Si los presidentes deciden utilizar libremente sus cuentas para comunicar información relacionada con sus funciones, dicha información se convierte en pública. En consecuencia, no puede ser ocultada a una parte de la ciudadanía. Impedir que los críticos puedan acceder a la información de estas cuentas en las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar que el resto de la población viola el derecho de acceso a la información y el derecho a la no discriminación por razones políticas. 

 

Finalmente, limitar la participación de los usuarios que critican al presidente en la conversación “virtual” que este genera viola su derecho a la libertad de expresión. La creación voluntaria de un foro de discusión en internet sobre asuntos de relevancia pública es asimilable a la apertura de un espacio físico -como una plaza- para fomentar la participación ciudadana. El presidente que abre este espacio no puede decidir quién puede participar en la deliberación y quién queda excluido de esta, con fundamento en las opiniones políticas de los participantes. Las interacciones en redes son, hoy, una parte fundamental de la comunicación, la deliberación y la acción política. 

 

Lo anterior no supone que cualquier comentario deba ser admitido. Al igual que sucede con la participación en otros foros, es posible establecer regulaciones razonables y proporcionadas. Lo que no puede hacer un presidente es impedir que algunas personas, por razón de su opinión política, accedan a la información pública de sus redes sociales y al debate posterior en torno a dicha información. Estamos simplemente ante una nueva manifestación de la vieja batalla por el control de los corazones y las mentes de las personas.