David Modesto Guette Hernandez                        

Juez de la República y catedrático universitario

 

Desde Aristóteles, con su retórica ornamental, hasta nuestros días, con la retórica instrumental (Perelman, Alexy, Atienza), se ha reconocido el poder de la palabra como mecanismo de convicción. Una realidad inmutable, pero con un nuevo nivel otorgado por la técnica, al masificarla en su poder de difusión, lo que ha dado lugar a una herramienta capaz de movilizar a la opinión pública hacia un lugar u otro, teniendo en cuenta los intereses de quien la controla, al punto de construir un sesgo racional de la razón, capaz de convertir aquello que por naturaleza fue el ejercicio de una impoluta actividad revestida de virtudes, en una deshonrosa y maltrecha función asociada únicamente con lo corrupto.

 

Me refiero a la justicia y a la tarea de los jueces, estos que, tal vez, no tan homogéneos en cuanto a sus valores, pero que en su mayoría representan aquello que de otrora se gloriaban de profesar.

 

Dejaré de lado algunos puntos, para ocuparme de una de las causas de la desacreditación de la justicia: la justicia de los micrófonos. A ella me referiré como el ejercicio o práctica cada vez más habitual que se utiliza para controvertir las decisiones judiciales, cual es utilizar los medios de prensa para expresar lo que debe hacerse por otra vía, aprovechando la capacidad de desinformar y la facilidad de adherir auditorios, cuyos intereses son el morbo y las pasiones.

 

Los jueces que conforman el sistema penal acusatorio en el Distrito de Bogotá se dieron cuenta de esta verdad sabida, pero pocas veces discutida, y entendieron que la desacreditación de la justicia empieza por la contradicción sesgada de las decisiones judiciales a través de los medios de comunicación. Entonces, tuvieron que intervenir por el mismo mecanismo, pero únicamente solicitando prudencia y recordando la independencia y autonomía de la que gozan al tomar sus decisiones y que existe una vía en la que deben actuar.

 

Esto aconteció en el marco del atentado realizado en un centro comercial de Bogotá, y luego de la captura de ocho presuntos implicados. Pero no es el único evento, pues ya es habitual que, por cada capturado dejado en libertad, se reproche la pulcritud del juez, sin saber el trasfondo que motivó su decisión.

 

Es hora de tomar medidas frente a esta práctica. Es momento de encontrar la forma de informar a los que se desinforman, de hacerlos entender que el fiscal es solo una parte del sistema y que la policía judicial y la Sijín, de manera habitual, se equivocan, que los procedimientos de captura cuando vulneran derechos fundamentales deben declararse ilegales y que el juez está encargado de velar por el respeto a la Constitución.

 

De otra manera, y ante nuestro silencio, seguiremos cargando con las consecuencias de los que actúan de manera errada. Entendamos que no se trata de hacer públicas nuestras decisiones, se trata de comprender y hacer parte de la sinergia de esta nueva realidad dialógica, y que la legitimación social, de la que hoy los jueces no gozan, es importante.