Freddy Ordóñez Gómez

Integrante del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)

@Freddy_Ordonez

 

La corrupción se ha posicionado como asunto central del debate político-jurídico en el marco del proceso electoral presidencial del 2018, centralidad que se refleja, por ejemplo, en las campañas que aluden a la “mermelada”, al costo de la corrupción o al escándalo Odebrecht. También en la postulación de candidaturas por firmas para distanciarse de partidos políticos envueltos en casos de corrupción y en la propuesta de consultas populares, lo anterior, para solo citar los casos, temas o propuestas que más se han difundido en medios y redes sociales.

 

Si bien se considera la corrupción y la lucha contra esta un asunto importante de la actualidad política y social del país, sostengo que este no es el drama nacional, ni la gran prioridad tras finalizar el conflicto armado, mucho menos, el tema sobre el que debe concentrarse y definirse el debate político-jurídico de cara a las elecciones presidenciales del 2018. Contrariando a quienes plantean ello, creo que la injusticia social es el tema que debería tener mayor relevancia en las campañas presidenciales, que el énfasis en la corrupción sirve para ocultar y perpetuar la desigualdad y que es falso (o al menos discutible) indicar que la desigualdad social es consecuencia de la alta corrupción.

 

El más reciente informe sobre desarrollo humano publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que Colombia es el octavo país más desigual por coeficiente de Gini de ingreso entre 188 países, con un Gini de 53,5, superado solo por Lesotho (54,2), Zambia (55,6), República Centroafricana (56,2), Botswana (60,5), Haití (60,8), Namibia (61,0) y Sudáfrica (63,4). Con relación al Índice de Desarrollo Humano, Colombia se encuentra en el puesto 95, muy por debajo de 11 países de la región: Chile (38), Argentina (45), Uruguay (54), Panamá (60), Costa Rica (66), Cuba (68), Venezuela (71), México (77), Brasil (79), Perú (87) y Ecuador (89).

 

Ahora bien, recientemente se difundió el informe Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, realizado por Transparency International. En este, el 30 % de los colombianos encuestados por la organización afirma haber pagado un soborno para acceder a un servicio básico, cifra inferior a la que se presenta en 7 de los 20 países de la región abarcados en el estudio, presentándose el mayor porcentaje en México (51 %). Los colombianos consultados también afirman que aumentaron las situaciones en las que debieron pagar sobornos en los últimos 12 meses. Las cifras del estudio sirven como elemento aproximativo a la corrupción en el país, pero debe aclararse que el trabajo enfatiza en el espacio público, mas no indaga por el sector privado (de 9 instituciones o grupos sociales por los que se pregunta su grado de corrupción, solo 2, ejecutivos de empresas e iglesias, son del sector privado).

 

Si se cruzan las cifras del Índice de Desarrollo Humano y del coeficiente de Gini del PNUD con los resultados del informe de Transparency International, se observa cómo la mayoría de los países donde se pagan más sobornos en la región (México, Panamá, Perú y Venezuela) no coinciden necesariamente con los países que presentan altos índices de desigualdad o bajo desarrollo humano. Lo que permite sostener que es equivocado indicar que la desigualdad social es consecuencia de la alta corrupción y, por el contrario, se puede afirmar que concentrarse en la corrupción es una forma de ocultar la desigualdad y la injusticia social existentes.

 

Esta última tesis fue sostenida por Henrique Napoleão Alves, en un texto publicado en la revista Direito, Estado e Sociedade. En su artículo, el doctor Alves, siguiendo a Jessé Souza, sostiene cómo en Brasil, “el énfasis en la corrupción estatal como el mayor de nuestros males sociales cumple una función central en la perpetuación de las desigualdades”. Este énfasis en la corrupción estatal se enmarca, señala, en una lectura del Estado como ineficiente y corrupto mientras que el mercado (el sector privado) es visto como eficiente y técnico. Así, por una parte, se concentra la discusión y las medidas por implementar sobre el corrupto (público, estatal) y se desvía la atención sobre el corruptor (privado, empresarial), y, de otra parte, se encubren conflictos sociales reales y se anestesia o se cambia el foco de indignación de los sectores subalternos.

 

Lo expuesto permite concluir que los planes, políticas, programas, proyectos normativos y diseños institucionales que se propongan en el debate político-jurídico de la elección presidencial deberán tener un fuerte énfasis en la superación de la desigualdad social y en el cumplimiento de los postulados constitucionales sobre justicia social. Herramientas para ello pueden encontrarse en los contenidos del Acuerdo de La Habana, que se orientan a la garantía efectiva de los derechos económicos y sociales de los habitantes del campo.