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Actualizado hace 1 día | ISSN: 2805-6396

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El IVA es indispensable para el control a la evasión: Ortega

21 de Noviembre de 2018

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Juan Ricardo Ortega

 

Exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

 

El IVA es regresivo, sin lugar a duda, un aumento en el costo de la canasta básica de nuestra muy vulnerable clase media es incuestionablemente traumático e inconveniente. No obstante estos hechos incontrovertibles, personas convencidas de que no hay nada más importante que aumentar el tamaño y poder adquisitivo de la clase media creemos que aumentar los bienes sujetos al IVA es necesario y conveniente, aunque requiere estar acompañado de otras medidas que aminoren su impacto sobre el nivel de vida de esta población.

 

El argumento no es sencillo y requerirá de su paciencia, porque solo al final tendrá sentido. Primero, es importante describir la realidad de la facturación en el país en estos momentos.

 

En Colombia la facturación está divorciada de la logística y de la entrega de las mercancías. El documento que soporta el movimiento de mercancías es, por lo general, una remisión, tema que tratare más adelante. 

 

Como es natural, todo productor quiere atender a sus clientes, entregar el producto de manera oportuna es la prioridad. Luego vienen las prefacturas, tal cual como hacían los restaurantes, y después de varios ires y venires se logra algún acuerdo de montos, valores y a nombre de quién se emiten “las facturas”.

 

Sí, en Colombia es frecuente que la realidad del negocio no coincida con los soportes, inclusive gente muy honrada y comprometida con el país cuadra su contabilidad para que el resultado se aproxime a la realidad, pero muchos soportes son fabricados. Muchos otros, y las gráficas recientes de Juan Camilo Cárdenas lo ilustran de forma clarísima, cuadran su contabilidad para pagar apenas el equivalente a lo que les han retenido, otros más agresivos la cuadran para pagar cero y otros para tributar en promedio un 30 % menos de lo que la ley manda.

 

La compra de facturas para generar gastos ficticios, pagar sobornos -como muy bien lo ilustra Odebrecht-, y generar créditos de IVA que descontar de lo recaudado es algo común que la mayoría de los contadores conocen. Como el IVA se cobra a lo largo de toda la cadena de producción, todo empresario paga IVA sobre sus compras como si fuera consumidor final.

 

La diferencia con nosotros, la gente del común, es que quien produce paga IVA en insumos y servicios, pero también recauda IVA sobre lo que vende.  Aquellos IVA de los costos (insumos que van físicamente en el producto) e IVA sobre los gastos (erogaciones necesarias para que la organización que produce opere) son descontables, es decir, los puede restar en su totalidad de los IVA que recauda y al Gobierno solo le tiene que pagar la diferencia. Esta diferencia es su valor agregado y es sobre este que se determina el neto.

 

Pero esto tiene tanto de largo como de ancho, la buena fe del contador es esencial. ¿Si un empresario paga prepagada para sus funcionarios, son estos IVA descontables?  En mi opinión todo esto son ingresos en especie y por ende consumo de los empleados, son gastos para la empresa y renta gravable de ingresos en especie, cuyos IVA no son descontables por el empleador. Igual ocurre con la compra del carro de lujo del gerente, que también es el dueño de la sociedad. Con las cuotas o gastos del club social, con los tiquetes de avión para el descanso del fin de semana. Existen una infinidad de gastos que hoy por hoy pagan las empresas que no deberían quedar en su contabilidad, que son ingreso en especie de quienes las controlan y cuyos IVA no son descontables. Aquí es donde está la vena rota más grande del sistema tributario colombiano y por donde se desangra el fisco en más de $ 20 billones al año.

 

El contador no tiene mucho margen para oponerse a estas maniobras. Con más de 150 mil titulados, donde abundan las universidades de garaje que titulan y les otorgan el poder de la firma sin ética ni conocimiento, al contador lo remplazan en segundos por un firmón, si así lo desean.

 

En el caso de Interbolsa la evidencia fue contundente, las empresas de los socios que desaparecieron los ahorros del Fondo Premium tenían una contabilidad impresentable. Además, el contador y revisor fiscal eran hermanos, para colmo de males.

 

Por esto los contadores tiene tan poco poder de negociación, son parte de esa población de clase media meritoria y vulnerable que ve cómo le menoscaban los ingresos y capacidad de resistir presiones indebidas por culpa de un sistema que no acredita conocimiento, honestidad y cumplimiento. Su debilidad ha llevado a que prevalezca una cultura de la ‘prefactura’. Y que ella exista se presta para todo tipo de malas prácticas.

 

Entonces, ‘prefacturo’, es decir, sugiero cómo yo creo que a mi contraparte le gustaría presentar sus gastos e IVA descontables y así arrancan los intercambios, para finalmente inventarse de mutuo acuerdo los soportes convenientes sobre quién vende y quién compra qué, por qué precios, etcétera.

 

Aquí es donde se materializa la tóxica distorsión mental que permite que no exista una verdad, todo puede ser una fabricación, lo que abre una caja de pandora de posibilidades donde cualquiera puede terminar si se descuida.

 

A esto agréguenle un inexplicable diseño de la DIAN donde el aplicativo que autoriza los rangos de facturación está divorciado de todos los otros aplicativos claves. Más aún, la DIAN no cuenta con procesos para determinar los rangos de facturación, ni controla que a quien se le expiden rangos de facturación efectivamente declare y pague IVA. 

 

Por esto tal vez es que abundan las sociedades de papel. Las cámaras de comercio poco controlan quiénes son los representantes legales que inscriben en sus registros. No les da curiosidad que personas sin propiedades, sin educación, con muy magros ingresos aparezcan como representantes legales de importadoras.

 

Ya en las investigaciones sobre el ‘zar de la chatarra’ se demostró cómo había gente en sistemas de la cámara de comercio que creaban empresas. La verdad es que la mayoría de empresas que se encontraban contrabandeando, vendiendo facturas ficticias para devoluciones fraudulentas o para reducir renta son cascarones desechables.

 

Como pueden ver, la relación entre el recaudo de IVA y el recaudo en renta es muy estrecho. Si conozco el IVA de las ventas y el IVA de los costos y gastos tengo una idea del margen y, por ende, de la base de renta.

 

Pero hoy día nada de esto ocurre, como solo el 53 % de la canasta está gravada es difícil saber qué pasa en realidad, las combinaciones posibles son demasiadas y la carencia de sanciones serias hacen que inflar gastos gravados sea un deporte nacional. La DIAN termina investigando cadenas de empresas de papel, las investigaciones tienen que terminarse por supuestos sustos a los entes de control y se gastan miles de horas investigando papelería en casos donde lo único razonable sería lo penal, pero la fiscalía proclama no ser ‘chepito’.

 

En occidente, en los países prósperos, las fiscalías imputan cargos por evasión de impuestos todos los meses, la labor es clara, el ejemplo a todo nivel y por todo el territorio es esencial para que el cumplimiento voluntario tenga sentido. En Colombia no existe la voluntad de sancionar.

 

Lo que sí es evidente es que los descuentos aplicados en IVA son enormes. En 2017, las ventas gravadas en todo el país apenas llegaron a $ 579 billones. Si el consumo es cerca del 70 % del PIB, es decir, unos $ 630 billones, una base gravada del 53 % representa $ 340 billones anuales; si supongo que en promedio cada bien se transa por lo menos dos veces, tendríamos unas ventas gravadas de $ 680 billones.

 

Existen modelos detallados del FMI que estiman la evasión entre un 35 % y 40 %, pero así a mano alzada es ya evidente que existe un volumen considerable de ventas que no se facturan, entre un 15 % y un 30 %. Cuando se vende a los informales y se hace remisión de la mercancía y la cancelan en efectivo el omitir ingresos es muy fácil. Por esto Brasil introduce controles electrónicos a los vehículos y documentos electrónicos de carga siempre con factura. Las remisiones son un cheque en blanco, sale mercancía y perfectamente se pueden inventar cualquier cosa, pérdidas, robos, etcétera. Las estadísticas de robos en almacenes en Colombia son anormalmente altas, es fácil argumentar todo se pierde cuando el gasto queda inflado y el ingreso disminuido.

 

Entonces, de los $ 100,5 billones que se recaudan en IVA interno al año se descuentan $ 72,3 billones por pagos de costos y gastos (incluidos parte de los $ 20 billones que se recaudan en las importaciones). El valor agregado promedio es de tan solo 28 %, lo que supondría que del valor total de lo vendido solo 28 % equivale a mano de obra y la remuneración de capital, lo que es irreal. Claramente los gastos gravados están inflados y, como Hernán Rincón y su coautora claramente evidencian, este es el gran hueco del país. Cuando se compara la tributación en Colombia con otros países los ingresos de personas solo tributan 0/8 % del PIB, cuando en América Latina tributan 2,5 % y países de la OCDE cerca de 8,5 %.

 

En personas naturales están los $ 17 billones de recaudo permanente que requiere la DIAN, pero a ellos no van a llegar si no se cierra el vicio de registrar los gastos personales, la finca, el carro, el avión, el yate, el club del yate, el mercado como gastos deducibles de las sociedades.

 

El IVA, su hurto y evasión es penal, es lo único que está claramente tipificado, su control es el que la DIAN tiene mayor probabilidad de fortalecer. Gracias a los desarrollos de México y Brasil la factura electrónica, con documentos electrónicos de transporte, trazabilidad de los vehículos, rangos de facturación aprobados bajo estricto control e inventivos a la clase media y popular que pidan sus facturas electrónicas y se registren son el medio para que esas ventas no reportadas se disminuyan y los gastos ficticios se persigan draconianamente.

 

El costo, oneroso sin duda: el 5 % del aumento del costo de la canasta básica para el 60 % de los hogares. No obstante, el país podría enfrentar este dialogo analizando con mayor profundidad la canasta de consumo de estos hogares y qué es lo que más les duele: ¿el costo de la vivienda?, ¿el costo financiero de adquirir esas viviendas?, ¿arrendamientos?, ¿servicios públicos?, ¿servicios de celular y datos?, ¿educación privada?, ¿prepagada? La evidencia sobre abusos en precios en muchos de estos gastos es bastante conocida. Acordémonos del costo del bulto de cemento cuando la guerra contra Cementos Uno en 2005, de $ 25.000 el bulto bajó a $ 6.000.

 

Los costos financieros de los hogares y los precios de servicios de telefonía y televisión perfectamente aguantan discusiones a profundidad sobre las abultadas utilidades que probables cartelizaciones generan.

 

Gran error se comete pensando que la prosperidad de la clase media está en que no tributen, o que su canasta básica esté exenta. Su prosperidad depende de que el Estado se haga fuerte y el empleo público tenga calidad y justa remuneración. Solo cuando la educación pública sea de calidad y la clase media la use las fracturas de nuestro país de guetos se sanarán.

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