Educación jurídica y ejercicio profesional, ¿falta control estatal?

Johanna Giraldo Gómez

 

Redactora ÁMBITO JURÍDICO

 

Con la reciente expedición y control de constitucionalidad de la ley que establece el examen habilitante para el ejercicio de la profesión de abogado (Ley 1905/18), se han agregado varios ingredientes al debate sobre la calidad de la educación jurídica e idoneidad de los juristas, relacionados, principalmente, con los estándares de calidad de los programas, las competencias y aptitudes profesionales, así como las incidencias de la formación sobre el Estado y la justicia.

 

En primer lugar, se debe recordar que esta ley estableció como requisito para ejercer la profesión (mas no para graduarse) un examen que deberá coordinar el Consejo Superior de la Judicatura, con el cual se pretende, en buena medida, la “depuración” de la profesión de aquellos que no cuentan con las aptitudes mínimas requeridas para llevar a buen puerto las tareas esenciales que se encomiendan a cualquier abogado, porque se ha entendido que existe un déficit en la preparación.

 

Sobre estos primeros pronunciamientos judiciales (sentencias C-138/19 y C-201/19), se destaca la desestimación de la demanda que pretendía que se aplicara el examen a todos los abogados, incluidos los que ya ejercen, y el fallo que indicó que al legislador le es dado exigir títulos de idoneidad, en virtud del riesgo social que implica la profesión.

 

Pero el análisis sobre el estado actual del acontecer jurídico no termina allí. Hace unos meses, se publicó el libro Abogados sin reglas, de Mauricio García y María Adelaida Ceballos, en el que se recogen algunas de las principales conclusiones de una investigación que está desarrollando Dejusticia. Este trabajo presenta un diagnóstico polémico en el que se incluyen estadísticas muy dicientes.

 

Inicialmente, se muestran los resultados de la investigación en materia de pregrados y posgrados, en los que se clasifican en relación con el costo-calidad. Seguidamente, se presentan datos sobre la falta de controles a la profesión y cómo las desigualdades de la educación jurídica se reflejan en el ejercicio profesional. En tercer lugar, los autores exploran las implicaciones de esos resultados. Por último, proponen algunas soluciones.

 

Educación jurídica

 

Los pregrados de Derecho pasaron de 38 en 1993 a 130 en 2007, 178 en 2015 y 192 en 2018, lo que equivale a la creación de tres nuevos pregrados cada semestre, concluye la publicación. Este es un dato alarmante sobre la cantidad de programas que, en la actualidad, cuentan con registro calificado, pero no siempre con acreditación institucional de alta calidad.

 

La metodología consistió en la recolección de información institucional sobre costo y calidad de los programas ofrecidos hasta el 2015, y evaluó conjuntamente dos indicadores de calidad: las acreditaciones y los resultados de las pruebas Saber Pro.

 

 

El informe también enfatizó que los mejores promedios de resultados de las pruebas estatales (2012 a 2015) están en los pregrados de universidades acreditadas y, en particular, los programas de doble rasero. Incluso, los programas no acreditados tuvieron las medias y mínimos más bajos en comparación con otros.

 

Costo de las matrículas

 

Los autores establecieron varios niveles sobre este tema, tomando el promedio del costo de todos los pregrados, así: la mayoría de programas tiene un costo medio bajo (54 %) y medio alto (16 %). Este aspecto varía dependiendo del sector (público o privado) al que pertenezca la universidad.

 

Por ejemplo, en el sector privado priman los programas de costo medio bajo (64 %), seguidos por los de costo medio alto (20 %), y muy pocos programas son de alto costo (6 %) o muy alto (5 %).

 

De otra parte, la mayoría de pregrados oficiales cobran matrículas en los niveles bajo y medio bajo. Esto significa que existe una brecha económica entre lo que pagan los estudiantes de estratos altos y lo que pagan los de estratos bajos. ¿La capacidad económica incide en la formación e idoneidad de los profesionales?

 

Tipos de pregrados

 

La clasificación que presentó el libro combina las referidas variables de calidad y costo, para determinar cuatro tipos de pregrados: alto costo y alta calidad, élite privada; de bajo costo y alta calidad, élite pública; de alto costo y baja calidad, no élite de alto costo, y de bajo costo y baja calidad, no élite de bajo costo.

 

 

Posgrados

 

Para el año 2015, se ofrecían 592 posgrados en Derecho, según constataron los autores, con base en datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, estadística que demostró, según la clasificación de calidad antes enunciada, que el mercado de los posgrados es esencialmente privado y, en su mayoría (57 %), es ofrecido por universidades no acreditadas.

 

 

Techo de cristal

 

La investigación concluyó que cada año se gradúan más mujeres que hombres de los pregrados de Derecho y casi todas las entidades están feminizadas, en términos generales.

 

No obstante, la feminización se ubica en los salarios bajos y disminuye hasta llegar a los salarios altos. Es decir, a pesar de que la profesión es ejercida mayoritariamente por mujeres, aquellas llegan pocas veces a los cargos de alta jerarquía y, cuando lo logran, no siempre comparten las condiciones salariales de sus pares masculinos.

 

 

Conclusiones

 

Como conclusión general, el libro explica que existe una sobreoferta de educación jurídica, es decir, de facultades de Derecho (sobre todo, de naturaleza privada), cuyo crecimiento y calidad ni el Estado, desde fuera, ni los juristas, autónomamente desde dentro, han sido capaces de regular.

 

Además, la educación jurídica está dividida socialmente, según la capacidad de pago de los estudiantes, con el agravante de que existe una correlación entre el precio de las matrículas y la calidad de los estudios.

 

También es protagonista la desigualdad social que viene de las facultades de Derecho y que se reproduce en el ejercicio profesional, pues los autores verificaron la notoria correlación entre salarios y costos de las matrículas pagadas.

 

Finalmente, la investigación demostró que la profesión está mercantilizada, “dominada por litigantes que abusan de las acciones judiciales en medio de un sistema con problemas serios de mediocridad y clientelización”.

 

Por ello, lamentablemente, el mérito cuenta poco y lo que termina prevaleciendo es, en buena medida, el dinero del que se disponga para ingresar a los programas de educación jurídica.

 

Para los autores, la solución está en que las partes involucradas cedan en beneficio del interés general. Esto, debido a que existiría una especie de abuso en la autonomía universitaria, lo que impide verdaderos debates y consensos sobre el estado actual de la educación y los estándares mínimos de calidad.

 

En síntesis, esta investigación es una oportunidad para que la comunidad académica y los actuales juristas confluyan no solo en el diagnóstico de los principales problemas en la enseñanza y ejercicio profesional, sino también en las posibles soluciones (a corto, mediano y largo plazo), donde se atienda al necesario mejoramiento de los indicadores de calidad y se ponga en contexto la relevancia social de esta profesión, pues, además del riesgo social connatural, Colombia es el segundo país con más abogados del mundo en relación con su población.